La minería amenaza el territorio de la comunidad indígena Cofán de Sinangoe en Ecuador

Una nueva lucha contra la minería se lleva a cabo en la Amazonía ecuatoriana. Esta vez es liderada por la comunidad indígena Cofán de Sinangoe, asentada en la provincia de Sucumbíos, en el norte del país. Por más de un año se han estado resistiendo a actividades mineras artesanales y de gran escala que amenazan la conservación de su selva y fuentes de agua, en especial los ríos Aguarico, Cofanes y Chingual, donde los habitantes pescan. “Nuestros abuelos nos han enseñado a encontrar lo que necesitamos dentro del territorio”, asegura Álex Lucitante, defensor de Sinangoe. “Eso se conserva hasta ahora en la zona y es lo que la hace especial. Es lo que a nosotros nos identifica”, dice.  

Dirigentes y representantes de 15 comunidades y organizaciones indígenas de la zona se reunieron el pasado 24 de abril para discutir sobre las diez concesiones mineras que ya se registran en el catastro minero de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y que afectan directamente a la comunidad de Sinangoe. Durante la reunión, los comuneros expresaron su preocupación por el posible uso de mercurio para las actividades de explotación y pidieron al Estado acciones claras frente a esta situación. “Exigimos que se anulen de manera inmediata todas las concesiones mineras en la cabecera del Río Aguarico y que se prohíba la minería en nuestros territorios, fuentes y nacimientos de agua, zonas de recarga hídrica, zonas especiales para la conservación, bosques protectores y ecosistemas frágiles”, pidió Mario Criollo, presidente de la comunidad de Sinangoe. Los representantes presentes apoyaron unánimemente esta exigencia y aseguraron que los ayudarían en su lucha.

En la comunidad, de 36 familias y aproximadamente 190 habitantes, se cuenta que miles de cofanes vivían de la pesca y la caza en la zona pero que las invasiones de colonos y las nuevas enfermedades, asociadas a cambios en su forma de vida, fueron acabando con ellos. “Nosotros como pueblo Cofán históricamente hemos vivido de esto. No hay otra cosa mejor para la comunidad de Sinangoe; vivimos en conexión con la naturaleza para obtener nuestra alimentación y medicinas”, explica Lucitante. Peces como el bocachico, el cucha o guaña, las doradas o los sábalos, son fáciles de conseguir gracias al cauce correntoso del río Aguarico. Las actividades de recolección se realizan en épocas determinadas del año, dependiendo de la abundancia de animales o vegetales y del ciclo de la naturaleza; básicos para la supervivencia de la comunidad y la reproducción de las especies.   

“Nuestros abuelos nos llamaban pueblo nómada pero no es que simplemente viajáramos porque sí. Se viajaba de acuerdo a la temporada”, cuenta Lucitante. Lo hacían para recolectar frutas y de acuerdo a sus recorridos también dejaban algún sembrío. Con el tiempo, cuando regresaban, el cultivo ya estaba listo para la cosecha. Lo mismo pasa con los animales estacionarios como el mono araña, que se encuentra en la parte alta del territorio. Los comuneros van hasta allá en unos meses específicos, cuando saben que están listos para consumir.

Lo que preocupa ahora es que el funcionamiento de los ciclos del entorno natural donde vive la comunidad de Sinangoe  se ve amenazado por las actividades mineras. Su supervivencia podría estar en peligro.

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Más de un año de monitoreo territorial

Las cosas vienen cambiando desde inicios del 2017. Alrededor de 70 personas de la comunidad de Sinangoe desarrollaron procesos de monitoreo ambiental permanente en su territorio para detectar actividades que atentaran contra la conservación del lugar. Se crearon unos grupos, de entre 7 y 15 personas, que salen cada quince días para realizar recorridos que pueden durar hasta 5 días. En este tiempo monitorean y toman evidencias que permitan fundamentar su preocupación. En el primer trimestre del 2017, la comunidad registró al menos 50 invasores que realizan minería ilegal y cacería con métodos no convencionales, —trampas o  trampas de escopetas armadas—.

También, a inicios del 2017, Sinangoe elaboró una ley propia para definir las actividades que están o no permitidas dentro de su territorio. “Este documento reseña y regula las actividades que los comuneros y los externos pueden realizar o no”, asegura María Espinosa, defensora de Derecho Humanos y parte del equipo técnico de la organización Amazon Frontlines. Por ejemplo, esta ley prohíbe la pesca no convencional —con uso de dinamita o veneno—, la cacería de animales silvestres con fines lucrativos y la instalación de trampas de escopetas armadas. Además, especifica que las actividades de cacería solo las pueden ejercer los habitantes de la comunidad. De la misma manera, la minería a cualquier escala está prohibida, sobre todo si se usa mercurio y maquinaria pesada que pueda alterar el ecosistema o la morfología del lugar.

La ley se hizo pública en septiembre del 2017 apalancada en el derecho a la autodeterminación, reconocido por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, Espinosa asegura que las autoridades estatales no tienen un conocimiento apropiado de este derecho y consideran que la única ley válida es aquella que ellos han escrito. “Hubo mucha sorpresa cuando dijeron que la ley estaba contraviniendo a la Constitución y a la ley formal del país, pero se les explicó que (la ley propia) se ampara en la Constitución y elementos internacionales”.

Otra preocupación de la defensora de Derechos Humanos es que el Estado sigue sin asumir responsabilidades concretas en esta zona, que además se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe Coca y tiene dentro de su territorio bosques de montaña y selváticos. La comunidad está ubicada en la ceja de selva y parte de su territorio se extiende hasta la alta montaña, hasta las estribaciones del volcán Reventador. “La comunidad se encuentra dentro de un área protegida. La propiedad la reclama el Ministerio del Ambiente, es decir, el Estado, y es él el que controla qué actividad se permite o no dentro del área”, explica Espinosa. “Eso es en la teoría, pero en la práctica, el Ministerio no está ejerciendo ningún tipo de control. Es la comunidad la que ejerce autoridad y lo hace porque es dueña ancestral del territorio. Toda esta figura de Parque y áreas protegidas que se suponía era una figura de conservación, termina desconociendo la propiedad ancestral de las comunidades indígenas. El dueño originario controla pero nada es suyo en la formalidad”, añade.

En en Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Cayambe Coca del Ministerio del Ambiente se reconoce el artículo 407 de la Constitución que “prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas”. El artículo especifica que las áreas protegidas podrán explotarse a petición de la Presidencia “y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular”. Sin embargo, la comunidad denuncia que las diez concesiones entregadas por la ARCOM fueron otorgadas de manera inconsulta, a pesar de que la necesidad de una consulta también se estipula en el artículo 57 de la Constitución. “Estas concesiones empezaron a operar en playas […] y han destruido totalmente la ribera del río Aguarico”, dijo Lucitante. Espinosa concuerda en que estas concesiones afectan de forma fundamental los cuerpos de agua más importantes de los que se surte la comunidad Cofán.

El Plan de Manejo además especifica que este parque enfrenta una presión por la amenaza de la expansión de la actividad minera, y la presencia de ello “acarrearía graves problemas sociales y el deterioro ambiental a corto plazo”. Determina también a Sinangoe como un área crítica dentro de la zona. Sin embargo, al mismo tiempo reconoce la potencialidad de la actividad extractiva y, dice el informe, “se espera a futuro aumentar la presión para efectuar actividades de prospección y exploración minera, actualmente limitadas por la inaccesibilidad de la región”.

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Denuncias previas

Antes de hacer pública su ley propia en junio del 2017, Sinangoe emitió una alerta temprana tras recibir amenazas de mineros ilegales en el río Cofanes y por eso la Fiscalía de Sucumbíos decidió abrir una investigación por delitos contra la fauna. Además, cinco instituciones ambientales y legales —el Ministerio de Ambiente, la ARCOM, la Secretaría del Agua, la Gobernación de Sucumbíos y la Defensoría del Pueblo—, se comprometieron a verificar estas denuncias y elaborar un informe sobre los hallazgos. “Coinciden en que hay actividades de invasión y minería, las cuales generan un impacto al ambiente”, dice Espinosa. Pero también asegura que hasta ahí llegaron, no pasaron de la simple coincidencia.

La comunidad sigue a la espera del reconocimiento del lugar. Solicitaron una perita antropóloga para que hiciera una investigación sobre los impactos socioculturales de las actividades mineras, sin embargo, la visita agendada para el 2 de mayo no se dio. El presidente de Sinangoe está a la espera de que dicha inspección se realice en las próximas semanas. “La relación va mucho más allá de simple propiedad. Ellos tienen una relación espiritual y si se alteran estas formas de vida, se altera su supervivencia y los Cofán dejan de ser Cofán”, asegura Lucitante, defensor de Sinangoe.

La comunidad denunció que las actividades mineras empezaron en el río Aguarico en febrero de este año y están 250 metros por fuera de las concesiones, sobre el lecho del río. Pero no solo eso, durante los últimos monitoreos ambientales se han avistado al menos 20 mineros que trabajan por fuera de las concesiones demarcadas. “Al principio la lucha que inició Sinangoe fue en contra de la minería de pequeña escala o artesanal, como se conoce en la zona. Estaban en las orillas del río lavando el oro con dragas, motobombas y con bateas también”, contó Lucitante.

Representantes de la comunidad viajaron a Quito el pasado jueves 3 de mayo y marcharon hasta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allí se reunieron con el presidente de la entidad, Julio César Trujillo, a quien le entregaron un informe sobre las denuncias ya presentadas en la Fiscalía Provincial de Sucumbíos y la Defensoría del Pueblo, que detallan la falta de respuesta oportuna al problema que enfrenta la comunidad. Los representantes también se reunieron con Alfredo López, subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio de Ambiente, para pedir información sobre las licencias ambientales que han sido otorgadas a las diez concesiones mineras ya entregadas y alertaron que sus comuneros “han encontrado personas trabajando fuera de los límites de las concesiones Puerto Libre y Prosperidad, es decir, dentro del Parque Cayambe Coca”, cuenta Brian Parker, defensor de Derechos Humanos y parte del equipo técnico de Amazon Frontlines.

Cinco concesiones más están en trámite en el catastro minero: Las Pizarras, El Dorado, Boreal, Ushaue y Fortaleza. Todas se traslapan con el área protegida del Parque y con Sinangoe, dice Parker. “La comunidad exige que las autoridades hagan una visita técnica de manera urgente para hacer una muestra de suelo y agua, y así comprobar que no haya uso de mercurio durante las actividades mineras”.

Con respecto a denunciar todo esto en la Fiscalía General del Estado, el abogado asegura que los líderes de Sinangoe tienen la intención de hacerlo para así dejar por sentado su preocupación a nivel nacional. Mongabay Latam se comunicó con la Fiscalía para conocer el estado de las denuncias hechas a nivel provincial, sin embargo, no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.

Ahora la comunidad se prepara para pelear por el hogar que sus ancestros les dejaron como herencia y les encomendaron cuidar. A pesar de la preocupación, los Cofán de Sinangoe empiezan a caminar con optimismo en la defensa de su comunidad, siempre repitiendo: “nuestro territorio es nuestra vida”.

*Foto de portada: Jerónimo Zuñiga/Amazon Frontlines