“Sabemos que los campesinos no lo hacen porque no tienen los recursos para pagar la mano de obra que eso implica”, le dijo a Mongabay Latam Mayra Manchola, experta ambiental del municipio de San Vicente del Caguán, en el Caquetá, el municipio más deforestado del país. “Están pagando entre 500 000 y un millón de pesos (entre 175 y 350 dólares) por hectárea. Las disidencias de las Farc dieron luz verde para deforestar y los terratenientes están aprovechando”, dice.

Algo similar asegura el científico Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y quien dirigió la oficina territorial de Parques Nacionales en la Amazonía durante diez años. Él afirma que, hace un mes, las disidencias de la guerrilla de las Farc que no se desmovilizaron tras la firma del acuerdo de paz le dijeron que ellos van a seguir parcelando y entregando el área de los parques Tinigua y La Macarena. “Otra vez un actor armado ilegal es el que está repartiendo las tierras, esa es la inoperancia de este Estado. No hay catastro, no hay registro y nadie recupera nada”, dice.

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Lo que se ha hecho (y lo que no)

 

Aunque este fenómeno era previsible desde antes de que se firmara la paz con las Farc, que dominó por décadas esa región e impuso normas que hicieron más costosa la explotación de los recursos ambientales en la Amazonía, las fuentes consultadas por Mongabay Latam aseguran que el Gobierno no se preparó lo suficiente para enfrentarla. Además, el Acuerdo de Paz incluyó medidas como la formalización de 7 millones de hectáreas de tierras, lo que incrementó la expectativa de titulación incluso en áreas protegidas de bosques y se ha convertido en un incentivo para acaparar tierras sobre todo en la Amazonía.

Aún así, hoy no hay una estrategia puntual contra esta problemática en particular sino contra la deforestación en su conjunto, explica Valentina Rozo, investigadora de la ONG Dejusticia y una de las accionantes de la tutela que garantiza los derechos de la Amazonía. Algo similar dice Botero: “una cosa es la deforestación y otra cosa es el acaparamiento. El acaparamiento es una cosa muy complicada porque significa recuperación de tierras”.

La acción del Gobierno ha estado enfocada más bien en promover la articulación y la coordinación de las entidades que tienen responsabilidad en controlar la deforestación. Para eso, hace menos de un año crearon la Comisión Intersectorial contra la Deforestación, donde tienen asiento los ministros de Ambiente, Defensa, Minas, Transporte, Agricultura y la Alta Consejería para el Posconflicto. Allí, los funcionarios comparten información y diseñan estrategias para combatir este fenómeno. Así, el Ministerio de Agricultura y el de Ambiente se pusieron de acuerdo para definir la línea de la frontera agrícola ─el límite del suelo rural que separa las áreas donde las actividades agropecuarias están permitidas, de las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley─. Este documento es clave porque permitirá hacer un manejo adecuado del uso del suelo para definir los planes de ordenamiento territorial. La norma fue anunciada en medios de comunicación en octubre del 2017 y finalmente el 21 de junio de este año el Gobierno nacional dejó en firme la Frontera, indicando que su tamaño es de 40 075 960 hectáreas, de las cuales solo son cultivables 7,6 millones.

“Uno esperaría que de esa línea para adentro, los propietarios tengan estímulos como la formalización y que los que están por fuera comiencen a ser fiscalizados. ¿O vamos a esperar que sea el patrón de allá el que defina esas normas?”, dice Botero, refiriéndose a los terratenientes y grupos armados que están promoviendo el acaparamiento.

Aunque el Gobierno lleva trabajando un año y medio en definir las estrategias de articulación, las entidades siguen trabajando separadas, como reconoció Wendy Arenas, la encargada del medio ambiente de la Alta Consejería para el Posconflicto el pasado 15 de mayo, durante el primer taller entre el Gobierno, la sociedad civil y la ONG Dejusticia para atender las órdenes del fallo de la Corte Suprema sobre la Amazonía.

“El problema es que el sector ambiental ha trabajado aislado y aunque se ha hablado mucho de tener una visión integral se sigue trabajando sectorialmente”, dijo.

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De lo nacional a lo local

 

Según las entidades que participaron en este taller, que pretendía identificar los “cuellos de botella” para enfrentar la deforestación en la Amazonía, la descoordinación se ha evidenciado en las estrategias que tienen que ver con el control y el monitoreo a la deforestación, donde juegan un papel clave el Ministerio de Defensa ─que lidera a la Fuerza Pública─ y la Fiscalía que es la encargada de judicializar e investigar las conductas criminales asociadas a la deforestación, como el acaparamiento de tierras.

El Gobierno creó una subcomisión de seguridad donde estas entidades coordinan acciones para combatir a las redes criminales que están fomentando la tala y la quema de bosques para acaparar tierras. Sin embargo, sus resultados han sido modestos. La Fiscalía creó un eje temático para delitos ambientales que incluye la deforestación pero hasta ahora sólo tiene cinco fiscales disponibles en todo el país para atender estos casos.

En el nivel local, la gente se queja de que esa falta de personal repercute en el poco éxito de los operativos que se llevan a cabo bajo el esquema de ‘burbujas ambientales’, la estrategia más visible contra la deforestación en el país, que tuvo su primer piloto en el departamento del Caquetá. Son reuniones semanales donde funcionarios del sector Defensa y Ambiente (liderados por las corporaciones autónomas regionales (CAR) y Parques Nacionales) y las autoridades locales (alcaldes y gobernador) se sientan a compartir y analizar información para luego planear operativos de reacción inmediata contra los deforestadores.

Desde que se implementó la burbuja, en diciembre de 2016, el Ejército ha capturado a 110 personas, pero debido a la falta de personal de la Fiscalía ninguna de ellas, a pesar de haber sido capturadas en flagrancia, están presas. “La autoridad ambiental queda en ridículo. Cómo va a exigir que se cumplan las normas si las sanciones no se cumplen. Es una pérdida de esfuerzos”, afirma la experta ambiental Mayra Manchola.

Además, alcaldes como Humberto Sánchez de San Vicente del Caguán, el municipio más deforestado de Colombia, aseguran que la estrategia de las burbujas ha sido inútil. Incluso, el mandatario afirma que dejó de asistir a estas reuniones porque “parecen un club de amigos que se sientan a tomar café para hablar de la problemática que ya conocemos, como si se hicieran solo porque hay que hacerlas”.

Esas dificultades, en opinión de Ederson Cabrera, que lidera el equipo de monitoreo a la deforestación en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), muestran que ha sido difícil generar impactos en el nivel local. “El proceso de hacer presencia institucional en el territorio es lento. Donde hay conflictos armados o sociales es donde está el bosque y durante largos años estas zonas han estado aisladas, sin presencia del Estado”, explica.

A esto se suma que la responsabilidad del control y el monitoreo sigue recayendo en las autoridades ambientales, como las corporaciones autónomas regionales (CAR) y Parques Nacionales Naturales de Colombia, que son las que tienen menos capacidad operativa, técnica y de presupuesto para enfrentar a los actores que promueven la deforestación para acaparar tierras.

Por ejemplo, la Corporación Autónoma del Guaviare que cubre un área de 53 000 kilómetros cuadrados de territorio ─un poco más que el tamaño de Costa Rica─ estaba operando hasta diciembre del año pasado con solo 11 funcionarios. Aunque durante 2018, gracias a recursos del programa Visión Amazonía ─que con financiación de los gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido tiene el reto de reducir la deforestación a cero en esta región para el 2020─ pudo contratar a 21 funcionarios más, el equipo de trabajo ha sufrido amenazas contra sus vidas por parte de las disidencias de la guerrilla de las Farc, lo que les ha impedido tomar acciones si no están acompañados del Ejército.

Incluso, a finales del 2017, un equipo de 11 personas de la Corporación que estaban haciendo una capacitación en la vereda Caño Flor del municipio de Miraflores  fue retenido durante una noche por hombres del frente de alias ‘Gentil Duarte’. Aunque al otro día los dejaron ir, gracias a la intermediación de la población local, los disidentes de las Farc han dicho que el director de la seccional Guaviare tiene que ir a hablar con ellos y han dado los nombres de dos funcionarios para que la población los retenga y se los entregue. Este año, además, circuló un panfleto entre el norte de Guaviare y el sur del Meta donde declaran a las autoridades ambientales como objetivo militar.  

“Después de la sentencia que salió en la Corte hemos tenido más atención de la Fuerza Pública pero antes de eso duramos mucho tiempo pidiendo acompañamiento. Yo no puedo mandar sin acompañamiento a mi gente para que vaya a hacer operativos o conceptos técnicos porque me los matan”, dice el director de esa regional, César Meléndez.

El Ministerio de Defensa asegura que, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, son los sectores que más han impulsado la estrategia contra la deforestación, pero tienen que priorizar acciones y están atendiendo otros desafíos como el combate a las disidencias de las Farc, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la situación en las fronteras que “eventualmente redundará en impactos para el medio ambiente”, como le dijo a Mongabay Latam el viceministro de esa cartera, Aníbal Fernández de Soto. “Hay que entender que arrancamos de cero, y ahora tenemos un mecanismo de seguimiento (la comisión intersectorial contra la Deforestación y las Burbujas), estamos persiguiendo casos concretos y el problema está más mapeado. Hay más claridad y más conciencia. Hay resultados pero esto es un proceso”, agregó.

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Acciones tardías

 

A pesar de todos estos obstáculos, corporaciones autónomas regionales (CAR) como la del Guaviare (CDA) están tomando acciones para sancionar a los deforestadores. Ya han impuesto multas por el orden de los 400 y 500 millones de pesos (140 000 a 175 000 dólares), dependiendo del número de hectáreas deforestadas. Pero Meléndez, su director, reconoce que el cobro va a ser complicado porque “la gente no va a querer pagar voluntariamente sino que vamos a tener que hacer cobros coactivos”. Es decir, hacer seguimiento sobre las propiedades de los deforestadores para embargarlas, rematarlas y venderlas y así poder cobrar esas multas. Un proceso legal que es tedioso, lento y que en todo caso, no ataca el acaparamiento de tierras.

“No deberíamos endosarle el problema de la acumulación de tierras al sector más débil del Estado, el ambiental, cuando no fuimos capaces de resolverlo ni con un Acuerdo de Paz. Arranquemos por quién administra las tierras y los baldíos de la nación. Nadie se pone en la piel de lo que es el patrimonio colectivo”, dice Rodrigo Botero de la FCDS.

Se refiere a la Agencia Nacional de Tierras que es la máxima autoridad en el país en este tema y que ejecuta la política de ordenamiento social de la propiedad rural, gestiona el acceso a la tierra y administra y dispone de los predios rurales como los baldíos, que son propiedad de la nación. Esta Agencia está a cargo, además, del Fondo Nacional de Tierras que se creó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc y que busca tener tres millones de hectáreas para darle predios a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y que el Estado ha reconocido que están deforestando como un mecanismo de subsistencia.

Aunque una de las maneras de adquirir tierras para el Fondo es aprovechar los baldíos de la nación que son, además, los que más están siendo acaparados en la Amazonía, muchos de estos no se pueden adjudicar porque son territorios protegidos por la ley forestal. Aún así, el director de la Agencia, Miguel Samper, le dijo a Mongabay Latam que adoptaron dos medidas para tomar acciones sobre ellos y así responder a la creciente demanda de tierras en la región.

La primera es un mecanismo “inédito e innovador”, en palabras de Samper, que busca entregar derechos de uso sobre esos baldíos a personas que se comprometan a hacer un uso sostenible de esos territorios. Eso quiere decir que esas personas podrían usar los territorios de reservas forestales para desarrollar proyectos productivos y acceder a créditos y subsidios a través de contratos de uso. “Ya estamos trabajando en la configuración e identificación de los potenciales acreedores de esos contratos. Nunca, desde 1959, cuando se aprobó la ley de zonas de reserva forestal, se había pensado una alternativa para los campesinos que están en esas áreas de inseguridad jurídica”, dice.

La segunda medida sí está dirigida a atacar el acaparamiento y busca que quienes hayan accedido a esos baldíos cometiendo delitos contra el medio ambiente queden vetados de todos los programas que la Agencia está llevando a cabo en materia de acceso, derechos de uso o formalización de la propiedad rural. Además, contra los acaparadores de tierra ya se están realizando investigaciones con las autoridades ambientales para interponer denuncias penales.

“Estamos trabajando con juntas de acción comunal y con el Ministerio de Ambiente para enviar un mensaje muy contundente: aquel que atente contra el medio ambiente no va a acceder a un solo centímetro de tierra”, dice Samper.

Sin embargo, ambas medidas fueron aprobadas por el consejo directivo de la entidad hace solo dos meses y medio. Por eso, que se puedan implementar y tener éxito para combatir el acaparamiento de tierras terminará siendo responsabilidad del próximo Gobierno. Lo mismo ocurrirá con las medidas que se definan para responder a la sentencia que le garantiza derechos a la Amazonía.

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Lo que viene

 

El pasado 17 de junio, el uribista Iván Duque, del partido de derecha Centro Democrático, fue elegido como presidente de los colombianos. Aunque su programa de gobierno no menciona la palabra deforestación ni a la Amazonía, propone el desarrollo de actividades productivas y de conservación para reducir el impacto del cambio climático.

En cuanto a su propuesta sobre tierras, que tiene que ver con el fenómeno del acaparamiento, ha dicho que va garantizar que la política de acceso sea equitativa pero “partiendo siempre del respeto a la propiedad privada y la tenencia de la buena fe”. Es decir, en su gobierno se respetarán los derechos de propiedad a los actuales dueños de los predios que podrían haberlos adquirido por acaparamiento.

Aún así, Duque ha dicho que va a quitarle a las mafias y a los grupos armados ilegales “todos los recursos que tienen para sus actividades ilegales”, lo que significaría un ataque frontal a los grupos armados que están acaparando tierras en la Amazonía.

En pocos días se sabrá exactamente qué herramientas le deja este Gobierno al próximo en materia de lucha contra la deforestación y los motores que la generan, como el acaparamiento. En menos de 5 días se sabrá cuánta voluntad política hay desde el nuevo Gobierno para enfrentarla, es decir, si se seguirá el ejemplo de Brasil, que enfrentó la deforestación como una política nacional, o si se seguirán “apagando incendios a medida que el problema avanza”, tal como lo manifiestan muchos expertos en materia ambiental en Colombia. 

*Foto de portada:  Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Artículo publicado por antonio
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