Las estrategias que hoy ejecuta el Gobierno no han demostrado aún la eficiencia esperada y muchas otras no han entrado en operación.Autoridades locales ya no confían en las acciones planteadas por el Gobierno Nacional. Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán, el municipio más deforestado de Colombia, ha dicho que las reuniones para atacar el problema son completamente inútiles. Hay un bolero que dice que lo mejor para el olvido es la distancia y ese es uno de los argumentos que repiten los expertos consultados para este especial para explicar por qué la deforestación en Colombia sigue creciendo a pesar de que las alertas son cada vez más frecuentes y especializadas. Sobre todo en la Amazonía, uno de los lugares más biodiversos del planeta pero también más apartados y olvidados por el Estado colombiano ha estado ausente. Esta región concentró el 65,5% de la deforestación en el 2017, es decir, se perdieron unas 144 147 hectáreas de bosques, el doble de la cifra de 2016. La principal causa ha sido el acaparamiento de tierras, o la acción sistemática de deforestadores en zonas de reserva forestal o protegidas por la Nación que están siendo usurpadas ilegalmente por actores armados y por personas ajenas a los territorios. Hasta ahora la acción del Gobierno para controlar este fenómeno estaría siendo insuficiente, como afirmó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos. Aún así, esta orden judicial es una oportunidad histórica para voltear el tablero a favor del medio ambiente: la Corte le dio al Gobierno un plazo de cuatro meses para plantear soluciones concretas para frenar la deforestación. La aplicación de estas medidas, sin embargo, quedará en manos del Gobierno del presidente Iván Duque que se posesionará este próximo 7 de agosto. El último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio Ambientales (IDEAM) no es alentador. La entidad detectó que en los primeros tres meses del 2018 la deforestación aumentó más que lo que se había registrado en años anteriores y se mantienen activos ocho núcleos de deforestación, de los cuales seis están en la Amazonía. La situación es particularmente crítica en los parques nacionales que conectan la Amazonía con la cordillera de Los Andes y la Orinoquía, que son un corredor clave para el tránsito de especies entre estas regiones. Como se mencionó en las entregas anteriores de este especial, solo uno de esos parques, el Tinigua, con una extensión de 280 000 hectáreas que se localizan entre los departamentos de Meta y Caquetá, perdió 5620 hectáreas de bosque en el primer trimestre del 2018, –el equivalente a unas 7800 canchas de fútbol– y que hoy son praderas para cultivos y ganadería extensiva.
