En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas conversamos con el abogado e investigador Leonardo Tamburini, para analizar algunas de las principales demandas de estas poblaciones. Los pueblos indígenas representan el 8% de la población de América Latina, sin embargo los niveles de pobreza de estos grupos bordean el 14% y el 17% si hablamos de extrema pobreza en la región. Esta información extraída del estudio “Latinoamérica indígena en el siglo XXI”, elaborado por el Banco Mundial y difundida en el 2016, brinda un panorama de la situación de estas poblaciones. Las Naciones Unidas, en una publicación que anuncia la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, señala que “en la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo” y resalta que “la comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida”. Bolivia es uno de los cuatro países que alberga la población más grande de indígenas en Latinoamérica y para evaluar la situación de estos pueblos, Mongabay Latam conversó con Leonardo Tamburini, abogado e investigador argentino especializado en temas indígenas, que vive desde hace más de 20 años en Bolivia. Leonardo Tamburini. Foto: El Deber. En los últimos meses, se ha criticado la política energética de Bolivia, el desarrollo de proyectos extractivos dentro de áreas protegidas y territorios indígenas, se ha cuestionado la aplicación de la consulta previa, libre e informada en la implementación de algunos proyectos, e incluso se debate hoy la posibilidad de abrirle las puertas al fracking para aprovechar el gas no convencional. ¿Cómo evalúa actualmente el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia?¿Considera que hay avances o retrocesos? No todo es blanco o negro, pero se puede decir que en franco retroceso, pese a que subsisten algunas políticas favorables a los pueblos indígenas y se cuenta con un fuerte marco normativo constitucional que reconoce sus derechos. ¿Cuáles diría entonces que son las tareas pendientes y urgentes que tiene el gobierno? En términos generales, que el amplio reconocimiento de derechos se traduzca efectivamente en implementación concreta de los mismos, así como una de las más importantes: devolver la autonomía de acción y decisión a los pueblos indígenas, puesto que sus dirigencias están muy debilitadas y cooptadas por el propio gobierno. Desde afuera, las noticias que llegan de Bolivia suelen estar ligadas al desarrollo de una política extractiva que colisiona con los derechos de los pueblos indígenas en el país, ¿qué opina usted de esto? Es correcto, no solamente colisiona con los derechos indígenas, sino con los derechos al y del medio ambiente, los derechos humanos. Algunos pobladores de Tatarenda Nuevo durante una movilización realizada en mayo de 2017 en rechazo a la represa Rositas. Foto: Isapi Rua. ¿Se está aplicando correctamente la consulta previa, libre e informada frente al desarrollo de nuevos proyectos dentro o alrededor de territorios indígenas? En realidad lo que no reconoce el gobierno boliviano es que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y la autonomía, a definir sus propias prioridades de desarrollo y a establecer un marco de entendimiento con el Estado, siendo que claramente este derecho madre está reconocido en la Constitución. De ahí que todos los derechos, no solo el de la consulta previa, vienen transgredidos cuando se definen proyectos de desarrollo que afectan los territorios indígenas, que por si acaso, están prácticamente todos con título de propiedad indivisible e imprescriptible para los pueblos indígenas. Hay dos noticias que han llamado la atención en los últimos meses, una de ellas es la construcción de una carretera que atravesará el TIPNIS, tema que había sido zanjado tras la marcha indígena de 2012 en la que se logró declarar la intangibilidad de esta área protegida. Este escenario no existe más, ¿Cuál es su evaluación de este tema? La decisión de construir esa carretera se tomó en contra de lo que los mismos pueblos habían decidido. Nos acercamos a un nuevo escenario de conflicto si es que las obras penetran la reserva, están todavía fuera del territorio titulado por los indígenas. Demuestra que las decisiones políticas del gobierno están por encima de las normas, los derechos y los riesgos de conflicto social que éstas puedan acarrear. Vigilia de indígenas. Foto: Ricardo Gutiérrez. El otro caso es la política de exploración y extracción de hidrocarburos que permitiría actividades dentro de áreas protegidas y territorios indígenas, ¿Qué opina de esto?¿Cómo lo toman los líderes indígenas? Esa normativa es parte de la arquitectura jurídica regresiva aprobada en los últimos tiempos, exigida por las empresas petroleras para poder trabajar en un marco de legalidad aparente dentro de estas áreas. La dirigencia indígena nacional y de varias organizaciones nacionales y locales, están muy presionadas por el gobierno o directamente divididas, por tanto sus posiciones no responden actualmente a la defensa de sus derechos, sino a las presiones que el gobierno ejerce a través de la amenaza de interrumpir los proyectos que realiza en las comunidades. Paralelamente, está el comienzo de un nuevo modelo de gobernanza promovido desde el gobierno que es la creación de las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas, ¿Le parece una buena iniciativa? Es lo más rescatable de estos tiempos, porque importa una mirada estratégica de construcción del Estado Plurinacional a largo plazo. De todos modos hace falta que el Estado en general, nacional, departamental, municipal, cambie para entender la realidad indígena del país. ¿Es sencillo el camino para lograr que un municipio se convierte en una AIOC o cree que hay puntos por ajustar? Todas las vías son muy burocráticas e innecesariamente complejas. Es un proceso al revés: el que tiene que cambiar es el Estado que sigue siendo monocultural y no como ahora, donde los indígenas tienen que cumplir múltiples requisitos para establecer sus gobiernos propios. Uno encuentra ciertas contradicciones en el gobierno de Morales, por un lado desarrolla una política extractiva intensa que puede ir más allá de los territorios indígenas y por otro promueve temas como las AIOC’s, ¿Cómo debemos entender esto? Son dos políticas que por ahora corren de manera paralela y no se cruzan. En el momento que lo hagan, que la AIOC pretenda entorpecer la política extractiva, la cosa va a cambiar. Aunque creo que es ya tarde para poder frenar el empoderamiento que tienen los indígenas respecto a ser autónomos. Con diferentes avances y problemas, los pueblos originarios de Perú y Bolivia buscan recuperar formas de gobernanza propias. Con ello, consideran que podrían ejercer sus derechos básicos y los conflictos se reducirían notablemente. Foto: Flor Ruíz. Esta misma contradicción se percibe al comparar sus discursos en espacios internacionales, donde resalta la importancia de proteger la Madre Tierra y luego su ministro de energía anuncia la llegada del fracking, ¿Qué opina de esto? Que es así. El Vivir Bien para el Gobierno es una estrategia de apropiación estatal de la renta petrolera para promover medidas desarrollistas para su base social. Entonces para ellos no hay contradicción, porque del extractivismo depende su nuevo concepto de Vivir Bien. En este contexto, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social de Bolivia promueve una herramienta como el “navegador indígena”, ¿Puede explicarnos de qué se trata este proyecto? Es una herramienta de monitoreo de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que mide los niveles y las brechas de reconocimiento e implementación de tales derechos a nivel nacional y a nivel comunitario. Se hace a través de encuestas nacionales y locales realizadas por los mismos pueblos. ¿Qué ventajas cree que brindará?¿Debería el gobierno considerar esta información en la toma de decisiones? Me parece que el Gobierno debería considerar esta información por cómo es generada, pero sobre todo son las organizaciones indígenas que debieran adoptarla como política de generación de su propia información. ¿Han detectado un vacío de información? Muchos, pero precisamente el Navegador Indígena está ahí para llenarlos. Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a la audiencia por el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Que deben recuperar la autonomía de acción y decisión para impulsar una agenda que, visto el contexto latinoamericano actual, podría erigirse como la verdadera alternativa a las visiones hegemónicas de desarrollo para sus pueblos.