- Durante 50 años la Ensenada de Chapaco ha recibido los relaves mineros de una planta de procesamiento de hierro.
- Monitoreo muestra un caudal de desecho minero de hasta 9.506 m3/día, dos veces el promedio permitido.
Chile se encuentra actualmente definiendo el futuro de una de las minas de hierro más importantes del país. Se trata de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), la que es acusada de verter sus relaves mineros al mar sin autorización ambiental.
Esta empresa opera en Huasco, ciudad portuaria ubicada en la región de Atacama, al norte de Chile, un lugar declarado como zona de sacrificio hace seis años por el Gobierno, por sus altos índices de contaminación.
La minera, que pertenece al grupo CAP (Compañía de Acero del Pacífico), que es el principal productor de minerales de hierro en toda la costa oeste americana, el mayor productor siderúrgico en Chile y el más importante procesador de acero del país, ha sido denunciada repetidas veces por la población por causar daños a la salud, al medio ambiente y a las producciones agrícolas y pesqueras.
Pero esta vez el escándalo ha tomado proporciones distintas. La organización de conservación marina Oceana ha denunciado a la Compañía Minera del Pacífico (CMP) por arrojar sus desechos mineros en la Ensenada de Chapaco, sin la autorización respectiva. La denuncia se hizo ante La Superintendencia de Medio Ambiente que es la encargada de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los permisos ambientales. Este organismo inició un proceso sancionador y ha acusado a CMP de cometer 20 infracciones. El vertimiento de relaves al mar, fuera de la norma, es una de ellas y fue catalogada de gravísima. La empresa arriesga el cierre de sus operaciones.
En respuesta, la empresa presentó al organismo un Plan de Cumplimiento. Es decir, un paquete de acciones y metas para que, dentro de un plazo fijado por la autoridad, se cumpla con la normativa ambiental. Pero mientras la Superintendencia evalúa la propuesta de la empresa, el relave minero continua siendo vertido al océano.
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Relaves tóxicos
Los relaves mineros son el residuo resultante de procesos industriales generados para extraer el metal de interés —en este caso el hierro— de la roca. En dichos procesos son utilizados métodos de extracción química. Es por ello que, dependiendo del mineral procesado, los relaves pueden contener concentraciones de arsénico, cobalto, níquel, mercurio, plomo, zinc, así como residuos de procesamiento como cianuro de sodio, lima y otros ácidos.
Debido a la toxicidad de los relaves mineros, el vertimiento de estos desechos al mar está prohibido en gran parte de los países del mundo con excepción de Noruega, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Francia, Turquía y Chile. Según datos del Grupo de Expertos Científicos Independientes, que asesora al sistema de las Naciones Unidas, sobre los aspectos científicos de la protección del medio marino (GESAMP), solo 16 de las 2500 grandes minas industrializadas de todo el mundo vierten sus relaves mineros al mar.
En Chile, según el catastro de marzo de este año, realizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, existen un total de 740 depósitos de relaves en todo el territorio nacional. El depósito de CMP, en la Ensenada de Chapaco, es el único marino y existe desde hace 50 años.
Según coinciden diferentes estudios científicos, entre los principales impactos de los relaves marinos se cuenta la asfixia de organismos bentónicos —como las estrellas y soles de mar— y la alteración física del hábitat; la reducción en la abundancia de especies y biodiversidad de las comunidades marinas; toxicidad directa por el contacto de metales pesados; riesgo en la salud de las personas por consumo de peces contaminados por bioacumulación de metales. Lo anterior, ha sido reconocido y citado por el Senado de Chile, en un proyecto de ley ingresado en 2012, que busca prohibir los relaves marinos.
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Una historia de contaminación sin regulación
El proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), cuenta la historia de cinco décadas de contaminación marina. Según detalla el documento, las descargas al mar de los desechos de esta mina de hierro, comenzaron en 1978 cuando no existía en el país regulación ambiental. En aquella época, los desechos eran arrojados en la costa a la altura de las rocas que desaparecen bajo el agua o aparecen, según sea la marea. En 1993 empezó a operar el emisor submarino mediante el cual se depositan los relaves, hasta el día de hoy, a 350 metros de la costa y a 35 metros de profundidad.
Ese mismo año entró en vigencia la Ley de Medio Ambiente y en 2001 la autoridad de evaluación ambiental aprobó el proyecto “Mejoramiento Tecnológico para la Producción de Concentrados de Minerales de Hierro” presentado por CMP. En dicho proyecto, según señala la Superintendencia, el depósito de relaves no fue evaluado ambientalmente debido a que estaba autorizado desde 1993 y que, según había declarado la empresa, era monitoreado constantemente.
Algunos años después, CMP presentó a la autoridad de evaluación ambiental, el proyecto “Ampliación y Mejoras Operacionales en Planta de Pellets”. En 2010, dicho proyecto fue aprobado con condiciones y se autorizó mediante la Resolución de Calificación Ambiental RCA 215. La condición para autorizar las operaciones de la empresa era que esta debía presentar, en un plazo de 18 meses, “una propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Además, la empresa, una vez aprobado el proyecto, debía implementar el sistema en un plazo máximo de dos años.
En 2013, para dar cumplimiento a lo que se le había exigido, CMP presentó, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto “Actualización del sistema de depositación de relaves de planta pellets”. Dicho proyecto proponía prolongar el emisario submarino hasta aguas profundas del mar. A 6,6 km de la costa y a una profundidad de entre 200 y 800 metros.
En esa propuesta la empresa señalaba, entre otras cosas, que “se estima que el proyecto, en fase de operación, es susceptible de generar o presentar efectos adversos significativos (…) específicamente sobre la cantidad y calidad de los recursos renovables, en virtud de la cantidad de residuos sólidos asociados al sistema de depositación de relaves mineros en el fondo del mar. Asimismo, existen en el área del proyecto, especies de flora que pudieran ser afectadas en la etapa de construcción y que se encuentran en estado de conservación (en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas)”.
Debido a los impactos ambientales que el nuevo sistema de depositación de relaves auguraba, la autoridad evaluadora hizo 490 observaciones. La empresa debía entregar soluciones a cada una de ellas, si es que quería ver aprobada su propuesta. Pero en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo.
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Las ilegalidades del relave
Sin un nuevo sistema de depositación de relaves, CMP continuó vertiendo sus residuos al mar de la misma manera en la que venía haciéndolo desde 1993. Ello, a pesar de que el permiso que se le había otorgado, por medio de la RCA 215, estaba “condicionado al cumplimiento de todos los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas”. Juan Pablo Sanguinetti, abogado de la Fundación Relaves explicó a Mongabay Latam que “el permiso de CMP es un permiso con condiciones. Si estas no se cumplen, el permiso no existe”.
Al mismo tiempo, según se especifica en el proceso sancionatorio, el efluente que CMP vierte en el mar, sin autorización, tampoco cumple con las condiciones de flujos máximos autorizados y composición del residuo. El documento señala que este ha sido descargado al mar “con un porcentaje de sólidos inferiores al 50 % y por un caudal superior al que fue aprobado ambientalmente –en la RCA 215— correspondiente a 4.700 m3/día”. Los monitoreos publicados en el mismo documento especifican, por ejemplo, que entre el 6 y 7 de septiembre del 2016, el caudal promedio fue de 9.506 m3/día. Es decir, el doble de lo permitido.
Victoria Caroca, química de Fundación Relaves, advierte que los desechos mineros que son vertidos al mar deben cumplir con condiciones específicas en cuanto a su solidez. “Si el efluente es demasiado líquido, en lugar de decantarse en el fondo marino, se dispersa en el agua provocando mayores efectos contaminantes”.
Por otro lado, Sanguinetti señaló que “hay excepciones establecidas en diferentes decretos ley y acuerdos, donde se autoriza verter al mar. Ello, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que el material vertido sea inocuo” es decir que no sea dañino. Sin embargo, el abogado enfatizó en que “se ha demostrado que ese no es el caso de CMP”.
En efecto, en 2015, Bernard Dold, jefe de área en Geoquímica Aplicada de la Universidad Tecnológica de Luleå, Suecia y presidente de SUMIRCO (Sustainable Mining Research & Consultancy) realizó un estudio, para la Subsecretaría de Pesca, sobre el relave marino de CMP. Según la investigación, los óxidos de hierro, contenidos en el relave, son disueltos en el mar al entrar en contacto con ciertas materias orgánicas. En ese proceso de disolución, se liberan elementos trazas a la columna de agua. Específicamente Magnaneso, Cobre, Arsénico, Vanadio y Galio.
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Las consecuencias de 50 años de relave
Héctor Zuleta, presidente de la federación de pescadores artesanales y representante de la mesa de pesca de Huasco, contó a Monagabay Latam que, en su juventud, buceaba en la Ensenada de Chapaco. Ahí, recogía los mariscos que nacían en las praderas marinas.
“Debajo del mar, es igual que arriba en la tierra. Hay cerros, cuevas, bosques… ahí está la vida. Así era la Ensenada, pero desde hace años que todo eso se tapó. Está todo cubierto de arena”. Chapaco dejó de ser, hace décadas, un sector de pesca. Hoy, los pescadores salen de la bahía, mar afuera, para poder pescar. Los más perjudicados, explica Zuleta, son los mariscadores cuya fuente laboral se encuentra en sectores cercanos a la costa. “Antes, a 10 minutos de camino encontrábamos mariscos. Hoy tenemos que andar mínimo dos horas para encontrar algo” dice. “Nuestras preocupación es esa. Que cada vez quedan menos terrenos donde ir a trabajar”.
Lo anterior es confirmado por el proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente el cual señala que “se puede identificar ausencia de determinadas especies en el sector de la Ensenada Chapaco, en comparación con otros fondos marinos del sector. Se revela una disminución tal de recursos que puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”.
De hecho, la misma empresa reconoció los efectos del vertimiento al señalar que, si cerrara el actual sitio de depositación de relaves, “se prevé que se produzca una mejora gradual del hábitat para las comunidades bentónicas, en un mediano largo plazo. Los efectos positivos anticipados sobre la abundancia de los peces y las comunidades de macrofauna intermareal y submareal, posiblemente tengan a su vez un efecto positivo sobre los mamíferos y las aves de la costa”.
“Las tragedias ambientales y sanitarias de Ventanas, Huasco, Coronel y Mejillones hablan mejor que mil palabras. Chile no merece esto” declaró el Presidente Sebastián Piñera durante su primer mandato. El mandatario hacía referencia a las cuatro zonas que han sido declaradas “de sacrificio”, entre ellas Huasco. Y es que los 9000 habitantes de esta ciudad puerto conviven no solo con la planta de hierro de CMP, sino también con cuatro unidades termoléctricas a carbón, pertenecientes a AES Gener. En 2012, Huasco fue declarada zona latente por material particulado (PM10) o zona de sacrificio, tras constatarse que las concentraciones anuales de PM10 estaban sobre un 80 % del límite establecido por la norma.
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Miedo al desempleo
Actualmente, la Superintendencia se encuentra evaluando el Plan de Cumplimiento que presentó la empresa, en respuesta al proceso sancionatorio que se abrió en su contra. El Plan cuenta con una serie de medidas para cumplir rápidamente y satisfactoriamente con la normativa ambiental.
Carlos Pineda, Gerente General de CAP Minería, declaró a medios nacionales que “ha sido un muy buen plan de cumplimiento el que estamos presentando a la Superintendencia de Medio Ambiente, que realmente nos compromete con soluciones de largo plazo y de muy buen nivel, para poder dar una sustentabilidad a esta fuente laboral y a nuestro negocio que mantenemos en el Valle del Huasco”.
CMP se comprometió a que si dicho plan es aceptado por la autoridad, dejará de arrojar relaves al mar en un plazo de 12 meses. Si el Plan, en cambio, no es aceptado, el proceso sancionatorio continuará su curso y la autoridad podría determinar el cierre de las faenas. Ello, al menos, durante el tiempo que tome construir una infraestructura para dejar los relaves en tierra.
El Ministro de minería, Baldo Prokurica, se trasladó hasta Huasco en apoyo a los trabajadores de CMP que temen la pérdida de sus empleos, en caso de que la empresa se vea obligada a cambiar su tratamiento de residuos industriales en el corto plazo. “Hay funcionarios que extreman las disposiciones”, declaró Prokurica, a propósito de las exigencias medioambientales. “Queremos que el medio ambiente mejore, pero queremos también que los tiempos para que estos cambios se produzcan sean los necesarios para evitar efectos que nadie quiere” añadió.
La provincia de Huasco tiene actualmente una tasa de desempleo del 11 %. Una de las más altas del país. Es por ello que autoridades de gobierno han señalado que “la paralización o cierre de parte de los establecimientos de CAP, representaría una situación de enorme gravedad, dada la enorme cantidad de puestos de trabajo que aporta la compañía”.
Luego de la visita del ministro Prokurica, el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, señaló en un comunicado que aunque “la comunidad de Huasco y las asociaciones ambientales son contrarias a cualquier paralización de faenas y su consecuente pérdida de fuentes laborales (…) solicitamos que el Gobierno deje a las instituciones funcionar de manera seria, exentas de presiones mediáticas (…) No nos parece razonable que mientras se evalúe técnicamente el Plan de Cumplimiento de un titular infractor ambiental, las autoridades del gobierno avalen una alarma pública de despidos para adelantarse al rigor técnico de las instituciones. Aquello no es digno de un país responsable, ni habla bien de nuestra democracia”.
Foto Portada: Oceana-Claudia Pool