El tráfico de madera se sostiene con documentos que contienen información falsa: se declaran árboles inexistentes en las concesiones forestales para luego justificar el volumen con el ingreso de madera extraída de zonas prohibidasLas regiones donde se concentra esta actividad ilícita abarcan áreas protegidas y el departamento de Santa Cruz. La plaza principal de San Carlos, un pequeño poblado ubicado a 110 km de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, luce tranquila. Es mediodía de un martes de abril y hay poco movimiento en sus calles. El lugar está rodeado de abundante vegetación y desde allí se puede ver una parte del frondoso bosque que protege el Parque Nacional Amboró. Los habitantes de esta comunidad dicen que la biodiversidad del parque no está a salvo. Desde hace décadas, se ha convertido en uno de las zonas predilectas de los traficantes de madera ilegal en Bolivia. San Carlos pertenece a la provincia de Ichilo y es uno de los siete municipios que rodean este área protegida. Desde este lugar las comunidades campesinas que habitan la zona batallan para evitar el saqueo de sus árboles, principalmente de la mara (Swietenia macrophylla King), especie conocida como caoba. Por eso demandan más acciones de control. Los tres operativos que se realizan en el parque al año no son suficientes para controlar el problema. Víctor Hugo Chávez, director de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la alcaldía de San Carlos, cuenta que los pobladores de las comunidades permanentemente “ven pasar por el río o en transporte pesado a los callapos o trozos de madera”.