Organizaciones indígenas y de la sociedad civil advierten que la aprobación de la norma debilitaría la institucionalidad ambiental y vulneraría los derechos de los pueblos indígenas.Proyecto de ley de Hidrocarburos fue exonerado del debate en la Comisión de Pueblos Indígenas y puede discutirse en el Pleno del Congreso peruano en cualquier momento.El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas lograron ponerse de acuerdo esta semana sobre seis puntos, pero aún no se sabe si estos serán incluidos dentro del texto que será discutido en el Pleno. En un contexto político complicado, cuya prioridad es discutir y aprobar las reformas políticas y de justicia planteadas por el Ejecutivo, el Pleno del Congreso incluyó en su agenda del martes último el proyecto de ley 2145, “Ley de promoción de la industria de hidrocarburos”. Organizaciones indígenas y grupos de la sociedad civil advierten que la aprobación de esta norma implicaría el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas peruanos. El dictamen, aprobado en junio por mayoría en la Comisión de Energía y Minas, modifica más de 30 artículos de la antigua Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 26221), la cual data de 1993, y busca promover las inversiones en el sector, en un momento de reducción de la producción de los hidrocarburos en el país. El proyecto de la Ley de hidrocarburos podría ser discutido en cualquier momento en el pleno del Congreso. Foto: Agencia Andina. Las diferencias entre el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) alrededor de este proyecto de ley han sido evidentes. El fondo del asunto es el debilitamiento del primero en materia de regulación ambiental. Sin embargo, se confirmó que ambas carteras llegaron a ponerse de acuerdo esta semana en seis puntos, los que fueron remitidos ya a la Comisión de Energía y Minas a través de un oficio del 18 de setiembre, firmado por la ministra del ambiente. Si bien el documento no ha sido socializado, se sabe que ya no se considerará como “vinculante” la opinión del Minem en todas las normas o dispositivos que tengan incidencia en las actividades de hidrocarburos. Es decir, que el Minem no tendrá la última palabra, en este caso, en las decisiones de carácter ambiental. También, tanto el Minam como el Minem acordaron que serán las empresas inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del Senace, entidad del Minam que tiene a su cargo la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados de los proyectos de inversión, las que seguirán recabando la información relacionada a los aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, y no Perupetro, como se indica en el proyecto. Lea más: Perú: sembrando bosques donde hubo minería en Madre de Dios Otro punto que se resalta es que se acordó eliminar las facilidades que se habían introducido para la exploración petrolera, que permitía que para realizar la exploración sísmica solo se requiera de una declaración de impacto ambiental, lo que implicaba una evaluación más simple que un estudio ambiental. Al tanto de estos acuerdos, Vanessa Cueto, representante de la ONG DAR, sostuvo para Mongabay Latam que el mayor problema es que no existe certeza que estos acuerdos sectoriales se incluyan en el dictamen que será discutido en cualquier momento en el pleno. “Si es que hay un texto nuevo, que incluye las observaciones del Minam, este debe ser socializado y conocido por la ciudadanía”, expresó la especialista, quien sostiene que el proyecto de Ley de hidrocarburos, además, debe ser sometido a una consulta. Por su parte, las organizaciones indígenas consideran que la celeridad para aprobar esta norma responde al “lobby petrolero” que es apoyado principalmente por el partido mayoritario del Congreso, Fuerza Popular. Ruth Buendía, secretaria de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), sostuvo el martes en conferencia de prensa en el Congreso de la República, que este proyecto de ley debía ser sometido al debido proceso de consulta de los pueblos indígenas. Ruth Buendía estuvo en el Congreso de la República alertada sobre el posible debate del proyecto de Ley de hidrocarburos. Foto: Aidesep. Días antes, Aidesep envió una carta al Legislativo y al Ejecutivo donde solicitó que el proyecto sea consultado, tal como lo estipula la ley 29785 (ley de consulta a los pueblos indígenas) y el Convenio 169 de la OIT. El comunicado precisa que hay precedentes de consulta de leyes y sus reglamentos, como la Ley Forestal en 2011. La organización indígena insiste en que el proyecto de promoción de la industria de hidrocarburos no puede colocar como juez y parte a Perupetro, empresa estatal responsable de negociar y supervisar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en Perú, pues esta elaboraría (según la propuesta normativa), las líneas base ambientales de los proyectos, rebajando las exigencias para incrementar ganancias. Observaciones del Minam En agosto, el Minam envió un oficio sobre el texto sustitutorio al Congreso en el que se refería al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del cual tiene rectoría. En el documento, el Minam deja en claro su posición frente a la posibilidad de que Perupetro se encargue de levantar la información (línea base) sobre los aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales de los lotes a ser promocionados y puestos a disposición de inversionistas. Este era uno de los puntos sobre los que el Minam no estaba dispuesto a transar, porque afectaría la calidad técnica de los estudios ambientales pues Perupetro —para el Minam— no cuenta con las capacidades necesarias para elaborar la línea base de un estudio ambiental. Eduardo Guevara, viceministro de Hidrocarburos, ya había dejado entrever en una entrevista, que estaban dispuestos a retroceder y a tomar la recomendación del Minam, es decir, aceptarían que las líneas base no las haga Perupetro sino que sean de competencia del Senace, organismo público especializado adscrito al Minam y que forma parte del SEIA, responsable de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados de mayor envergadura de los proyectos de inversión pública o privada. Organizaciones indígenas exigen que el proyecto sea sometido a una consulta previa. Foto: Oefa. Para Wilbert Rozas, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República, no hay que perder de vista que el proyecto de ley que se propone debatir ha sido exonerado de debate en la comisión parlamentaria que él preside, a pesar de impactar directamente en temas ambientales e indígenas. Uno de los principales cuestionamientos del Minam es al Artículo 4 del proyecto de ley de hidrocarburos que dice lo siguiente: “Las normas o dispositivos reglamentarios de otros sectores o niveles de gobierno que tengan incidencia en las actividades de hidrocarburos, deberán contar con la previa opinión favorable vinculante del Minem para ser aprobados o emitidos, según corresponda, salvo lo dispuesto en la norma XIV del Título Preliminar del Código tributario”. De acuerdo con el Minam, este artículo debilita su función en la toma de decisiones relacionadas con la protección ambiental. Tras el acuerdo entre los dos ministerios, esta es una de las observaciones que sería incluida en el texto sustitutorio que será debatido en el Pleno de Congreso de la República. Lea más: Ecuador: Intag retoma su historia de lucha para enfrentar nuevo proyecto minero Sector petrolero Según información de Perupetro, de los 43 contratos de explotación y exploración de hidrocarburos vigentes, 20 están paralizados por situación de fuerza mayor, la mayoría por temas sociales y ambientales. Uno de los puntos más polémicos es la ampliación de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos hasta por 30 años más, buscando impulsar la inversión sectorial. De acuerdo a la ley, los contratos se firman con plazos diferenciados: concesiones de gas por 40 años y los de petróleo por 30 años. De aprobarse el proyecto, se uniformizarían los contratos a un plazo de 40 años, pero las empresas con contrato vigentes podrían pedir ampliación por 20 años más, previa fundamentación de sus razones, historial y un plan de inversión. Así, un conjunto de lotes, principalmente aquellos privatizados en los años noventa, cuyos contratos están por vencer, podrían ampliar por 20 años más su tiempo de vida, gozando de contratos petroleros de hasta 60 años. Si bien el viceministerio de Hidrocarburos sostiene que la norma garantizará los estándares ambientales y permitirá el dinamismo del sector, los representantes de pueblos indígenas cuestionan que se refuerce el modelo hidrocarburífero frente a las tendencias de impulso a las energías renovables, las cuales tienen una participación marginal en la matriz energética primaria y secundaria. Cuestionan también los daños ambientales y a la salud originados por más de 40 años de explotación de petróleo en el país. En su último mensaje por Fiestas Patrias, Martín Vizcarra, presidente de la República, sostuvo que en materia energética se trabajaría para contar con una matriz diversificada, con énfasis en fuentes renovables como la energía solar y eólica. Sin embargo, queda en suspenso cuál será la posición presidencial con respecto a la promoción de los hidrocarburos vía el cuestionado proyecto de ley.
