- Desde que tomara el poder en 2016, Michel Temer ha recortado drásticamente los programas sociales de Brasil, lo cual ha afectado sobre todo a familias rurales pobres. Estas medidas de austeridad también han afectado de forma negativa al mundo natural ya que se ha eliminado un programa social relacionado con la sostenibilidad.
- En 2013, el programa de ayudas Bolsa Familia ayudó a 14 millones de brasileños, un éxito reconocido internacionalmente. En 2016, el presidente Temer se comprometió a reducir el número de personas que recibían la ayuda de Bolsa Familia en un 10 por ciento. Para 2017, recibían ayuda un millón y medio de personas menos que en 2014.
CAMPOS LINDOS, Brasil – Seu Raimundo Miranda, de 61 años, es un agricultor y productor de miel que vive con su mujer y tres hijos en una casa pequeña que construyó el mismo a las afueras de Campos Lindos en el estado de Tocantins. Hasta 2016, su mujer recibía una ayuda económica vital del programa brasileño Bolsa Familia. Después, la ayuda se detuvo de repente sin que les dieran una razón para ese cambio.
Su mujer llamó repetidamente a la oficina local de ayudas para explicar lo importante que era ese dinero para la familia y rogó que se restituyera la ayuda. Todas las veces le negaron la ayuda sin darle explicaciones.
Raimundo, su mujer y sus hijos vivían antes en el campo, donde cultivaban la tierra y criaban ganado, pero tuvieron que mudarse a la ciudad después de que varios miembros de la familia se pusieran enfermos tras un envenenamiento por pesticidas. La pequeña parcela en la que Raimundo planta sus cultivos no es muy productiva y la gente de la ciudad le roba constantemente lo poco que crece.
“Todo esto es muy doloroso para nosotros”, dice. Muchos días, los padres tienen problemas para llevar suficiente comida a la mesa para sus hijos adolescentes, uno de los cuales ahora trabaja como jornalero por un sueldo bajo, despejando la tierra para un agricultor de soya. “No me gusta que haga ese trabajo y sé que no lo tratan bien, pero necesitamos el dinero”, explica Raimundo.
Esta familia es solo una de las miles en Brasil que sufren de una privación cada vez mayor, ya que, en los últimos años, el gobierno nacional ha utilizado la extrema crisis económica del país como justificación para la implementación de lo que los críticos llaman medidas severas de austeridad.
Los recortes en la financiación a instituciones y programas de gran importancia para la salud y el bienestar de las comunidades rurales pobres de Amazonas y el Cerrado han tenido unos efectos especialmente notorios, según las ONG, académicos y analistas que han establecido una relación convincente entre estas reducciones drásticas y el descenso en la calidad de vida en estas áreas.
“Es un programa de austeridad [del gobierno] devastador, más grande que cualquiera de los que se han visto en Europa, excepto por Grecia”, dijo David Stuckler, Profesor de Análisis de políticas en la Universidad Bocconi de Milán, Italia.
El análisis de la financiación destinada a programas sociales en diferentes legislaturas —las de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), Dilma Rousseff (2011-2016) y Michel Temer (2016-actualidad)— muestra cómo se han apartado significativamente de los programas que invertían en ayuda económica y social para las comunidades rurales pobres.
Estas medidas de austeridad no solo afectan las vidas de personas como Seu Raimundo Miranda. Las reducciones presupuestarias también pueden afectar de forma negativa al mundo natural, ya que los programas sociales relacionados con la sostenibilidad se reducen y las comunidades rurales tienen menos capacidad para cuidar los bosques y otros recursos naturales, y son más susceptibles de explotar esos recursos para llegar a cubrir unas necesidades económicas básicas.
Reducciones en el programa Bolsa Família
Más de 50 millones de brasileños vivían en la pobreza en 2016, con sueldos de 387 reales (unos 100 dólares) al mes, según IBGE, el Instituto Federal de Geografía y Economía. El programa Bolsa Família (PBF), iniciado en 2003, pretende eliminar la pobreza y el hambre al proporcionar ingresos directamente a familias pobres y extremadamente pobres. También aborda la cuestión del dominio económico masculino, ya que el noventa y tres por ciento de los beneficiarios son mujeres.
En 2013, Bolsa Família ayudó a unos 14 millones de familias —una cuarta parte de la población del país— y fue reconocido de forma internacional como uno de los programas más grandes y de mayor éxito entre los de esas características.
En 2016, el presidente Temer se comprometió a reducir el número de personas que recibían la ayuda de Bolsa Família en un 10 por ciento. Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social utilizaron la retórica de “combatir el fraude” para defender esta reducción, sosteniendo que estaban reforzando el sistema para garantizar que los beneficiarios realmente cumplían los criterios de “ingresos bajos”.
“Lo que el gobierno federal siempre ha defendido es la necesidad imperativa de aplicar los recursos públicos correctamente”, dijo un portavoz del gobierno. “Cuando la dirección actual tomó el mando, miró con lupa [para eliminar familias del programa] la trayectoria del programa y descubrió que 1.1 millones en ayuda se estaban pagando de forma incorrecta”.
Como consecuencia, en 2016 y 2017 las familias que recibían ayuda sufrieron reducciones importantes. En julio del año pasado, la cifra cayó en 544 000, la mayor reducción mensual desde el inicio del programa Bolsa Família hace 15 años. En total, en julio de 2017 recibieron la ayuda un millón y medio de personas menos que en julio de 2014.
Sin embargo, la promesa de Temer de reducir el programa en un 10 por ciento no se materializó. Aunque en 2016 hubo una caída drástica en el número de beneficiarios, la cifra volvió a subir en 2017. Todavía está por ver si el gobierno realizará más recortes en su búsqueda de familias que solicitan la ayuda de forma fraudulenta.
La desaparición de la Bolsa Verde
Silvia Pinto dos Santos es pescadora y madre de tres hijos. Vive en el estado de Bahía, donde practica y enseña métodos de pesca sostenible, además de limpiar el plástico y otros residuos de los ríos locales. De 2012 a 2017, Silvia recibió del gobierno 300 reales (80 dólares) cada tres meses para su importante trabajo de conservación. El pasado octubre, la ayuda dejó de llegar de repente y le dijeron que no la iba a recuperar.
El principal objetivo de la Bolsa Verde, creada en 2011 por el gobierno de Dilma Roussef como parte de su programa “Brasil libre de pobreza extrema”, era proporcionar objetivos fiscales a las personas pobres que se comportaran de forma respetuosa con el ambiente.
Se daba cada tres meses un paquete crediticio a aquellos que preservaran los recursos naturales en los bosques, reservas y asentamientos. Se incluyó en el programa a ribereños tradicionales, poblaciones indígenas, Quilombos (comunidades de descendientes de esclavos fugitivos) y otras comunidades rurales.
“Bolsa Verde me ayudó mucho. Soy madre y vivo sola con tres hijos. Podía comprar comida en el supermercado y material escolar para los niños”, dice Santos. “Era un alivio saber que estaba ahí y que podía cubrir los costes básicos de mis hijos, incluso cuando no llegaba a casa con suficiente pescado para una semana”.
Esta iniciativa innovadora unía los objetivos de la conservación, la protección sostenible de la biodiversidad y la erradicación de la pobreza extrema en Brasil. La ayuda llegaba a familias en algunas de las regiones más remotas de Brasil.
En 2015, con Rousseff, el presupuesto del programa se recortó. En 2016, con Temer, las reducciones fueron mucho más severas. Después en 2018, Bolsa Verde se eliminó de los presupuestos provisionales por completo, llevando el programa a su fin y haciendo que 50 000 familias perdieran unos ingresos importantes.
“Desde que se eliminó, mi vida ha sido muy difícil”, dice Santos. “Estoy aquí sola con mis tres hijos; era un seguro de vida para nosotros”.
Este año el Ministerio del Ambiente ha buscado nuevas fuentes de financiación para el programa y hace poco envió una propuesta al Fondo Amazonía.
Las evaluaciones realizadas y los datos obtenidos del Programa Bolsa Verde en 2015 revelaron que el 88 por ciento de los beneficiarios eran mujeres, generalmente con un nivel de educación bajo y poco acceso a agua de calidad, saneamiento básico e infraestructura. Los beneficiarios eran conocidos como “Guardianes del bosque” y, según el Ministro del Ambiente, protegían 288 000 kilómetros cuadrados, un área del aproximadamente el mismo tamaño que Italia. El 94 % de este territorio estaba dentro del bioma del Amazonas.
Un empleado del ministerio, que habló con la condición de mantener el anonimato, explicó que el programa se eliminó porque se veía como una “iniciativa de bienestar” característica del gobierno anterior. “Era mucho más una decisión política que una cuestión técnica o presupuestaria”, dijo el funcionario. También parece posible que la pérdida de los Guardianes del bosque beneficie a los acaparadores de tierras que quieren aprovecharse del robo de tierras ilegal y la deforestación.
El programa de Adquisición de Alimentos sufre recortes graves
Antonio Jose Alexandre Viera, de 54 años, vive en Formosa, un pequeño asentamiento en el estado de Tocantins. Antes vendía tapioca, arroz, judías, maíz, lechuga, patatas y calabazas al gobierno como parte de su Programa de Adquisición de Alimentos (PAA). Esta iniciativa federal compra verduras a pequeños agricultores a precios de mercado regional y se la ofrece a instituciones públicas como escuelas, restaurantes, hospitales y las fuerzas armadas, además de utilizarla como suplemento alimentario para las personas que viven en la pobreza.
Viera dice que el programa les daba una buena suma de dinero, incluso después de que se construyera una presa cerca que inundó los campos donde producían la mayoría de sus cultivos. Sin embargo, haces tres años, el PAA se retiró a toda la comunidad. A los lugareños les dijeron que lo restituirían pronto, pero las promesas cayeron en saco roto.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) destacó el PAA ante la comunidad global como ejemplo de éxito de un programa que fomenta la agricultura familiar y reduce la inseguridad alimentaria y nutricional, y la ONU compartió detalles estructurales del PAA con otros países vulnerables en América Latina y África.
Sin embargo, el programa ha sufrido unos recortes presupuestarios escarpados que lo han reducido de 840 millones de reales (225 millones de dólares) en 2012 a 360 millones de reales (96 millones de dólares) al año en 2017.
El Programa Nacional de Cisternas se seca
El Programa de Cisternas, introducido durante la legislatura de Lula, y que se vio como una gran innovación, lleva tecnologías punteras de gestión y almacenamiento de lluvia a las comunidades más secas y pobres de Brasil. La Asociación Semiárida de Brasil, una red de más de tres mil entidades de la sociedad civil, tuvo un papel muy valioso en el desarrollo y la aplicación de esta política.
Desde 2003, más de 1.3 millones de cisternas han sido instaladas y han ofrecido agua potable y agua para producción agrícola durante la estación seca. El programa ganó el Future Policy Silver Award en 2017, presentado por el World Future Council y la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación (CNULD), en reconocimiento a su forma de empoderar a las mujeres rurales y por su promoción del desarrollo rural sostenible de las poblaciones en extrema pobreza.
Sin embargo, desde 2015, el programa ha sufrido grandes reducciones en el presupuesto y ha caído de 377 millones de reales (100 millones de dólares) en 2013 a 46 millones de reales (12 millones de dólares) en 2017.
El Ministerio de Desarrollo Social defiende que su decisión de reducir la inversión en el programa es resultado de un éxito que no habían anticipado. “El Ministerio y sus socios pudieron entregar más de 1.3 millones de cisternas, un objetivo más alto de lo que había previsto el gobierno federal en 2014, que era 1 millón para 2017”, dijo un portavoz. “De este modo, los recursos destinados al programa se revisaron y se establecieron nuevas directrices”.
Sin embargo, según la ASA, los recortes presupuestarios han llevado a que más de 350 000 familias no reciban tecnología necesaria para obtener agua potable, mientras que más de 600 000 familias no recibirán tecnología de agua para producción agrícola. Quizás este paso atrás del programa llegue en el peor momento para los que viven en la pobreza, ya que el país se ve afectado por una sequía cada vez más intensa, y los científicos avisan de que el cambio climático podría acarrear sequías incluso más graves.
El impacto socioeconómico de los recortes de presupuesto
Marcelo Neri, profesor en la Fundación Getulio Vagas y antiguo presidente del Instituto de Investigación Económica Aplicada, ve las reducciones drásticas en programas sociales en un contexto histórico. Señala que entre 1991 y 2015, gobiernos sucesivos invirtieron mucho en mejorar la condición humana. Ahora, dice, la marea de la voluntad política ha cambiado. “La élite [rica] en Brasil se ha cansado de ver caer la desigualdad”, dice. “También hay una gran insatisfacción relacionada con lo que gasta el gobierno por los enormes escándalos de corrupción”.
Aun así, avisa de que no se pueden condenar ciegamente todos los recortes presupuestarios, ya que la economía de Brasil se encuentra en una situación precaria. Afirma que algunos recortes tenían que hacerse. Lo que le preocupa es la decisión de dónde se tenían que hacer: “Está claro que esas decisiones no iban a favor de los pobres”, concluye.
La época en que la ONU pregonaba los programas sociales de Brasil como puntos de referencia para que otros países los emularan parece haberse acabado, al menos por ahora. En lugar de eso, los expertos señalan a los graves recortes en los programas como una causa relacionada con la intensificación de la pobreza, el desempleo y la desigualdad en las comunidades rurales de Brasil.
El año pasado, la extrema pobreza aumentó por tercer año consecutivo en un 11 por ciento, atrapando a 14,8 millones de brasileños, mientras que la mortalidad infantil subió por primera vez en 20 años. Mientras tanto, la concentración de riqueza creció en el norte, noreste, sur y centro-oeste del país.
La reducción de la red de seguridad de los programas sociales (que ha dejado a la gente en la pobreza sin opciones económicas) y la rápida expansión industrial y agrícola en el Cerrado y el Amazonas (que da pocos trabajos agrícolas nuevos y suele forzar a un éxodo hacia suburbios urbanos), se han combinado para reducir la calidad de vida y fragmentar las identidades culturales rurales.
“Hay claros signos de deterioro social, pero no veo que el debate en Brasil esté muy preocupado”, dijo Neri.
La colaboradora de Mongabay, Anna Sophie Gross, estuvo acompañada en su viaje por Thomas Bauer, fotógrafo y realizador que lleva más de 20 años documentando y apoyando a las comunidades en el Cerrado y el Amazonas. Ha producido casi todas las fotos y vídeos para esta serie.
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