La detención del barco chino produjo una intensa indignación en el Ecuador. Un año después, el caso ha sido olvidado por un país sumido en discusiones políticas coyunturales. Según Felipe Vallejo, director de la organización no gubernamental Equilibrio Azul, la discusión que se podría haber generado sobre la sobreexplotación de recursos marinos y la pesca ilegal jamás se dio. “La realidad es que en el Ecuador se pesca irregularmente todos los días”, dice.

Mongabay Latam intentó acceder a información oficial del Ministerio de Acuacultura y Pesca respecto a la pesca ilegal en el país. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, este medio no obtuvo respuesta.

Cuando se creó, en 1988, la reserva marina de Galápagos, para intentar controlar la pesca ilegal los barcos pesqueros chinos “se ponían en el límite para recibir el pepino de mar que era capturado por la gente de Galápagos” dice Santiago Bucaram, economista especializado en recursos costeros. Fue tal la avidez por el pepino de mar, altamente apetecido en Asia, que en apenas tres décadas la especie se puso en riesgo de extinción.

En Galápagos hay 38 especies de pepino de mar, pero solo una se pesca para comercializar. Tal fue la depredación de la especie que en 1992 se prohibió definitivamente su pesca, pero, en la práctica, jamás se detuvo. Desde 2004, el número ha estado por debajo de 13,5 pepinos por cada 100 metros cuadrados. Desde entonces solo ha caído.

 

El escándalo por el buque chino con las 300 toneladas de pesca ilegal terminó con una declaración de triunfo del entonces Ministro de Ambiente. Pero la pesca ilegal en el Ecuador no viene solo de las flotas industriales —nacionales y extranjeras— que operan en áreas adyacentes a la zona económica exclusiva de Ecuador.

Santiago Bucaram, explicaba en 2017 que para las especies altamente migratorias en peligro de extinción, como los tiburones, la actividad pesquera de la flota artesanal palangrera del Ecuador continental era también un riesgo. El palangre es un arte de pesca de alto impacto, que consiste en una línea horizontal de varios kilómetros de las que salen varias líneas de anzuelos.

Un palangre puede tener diez mil anzuelos, que atrapan todo cuanto pasa por ellos. Diseñado para la pesca comercial (picudos, pez espada, atunes, DORADOS), por su dimensión y su incapacidad para distinguir entre especies, también captura, tortugas, lobos y aves marinas, mantarrayas y, por supuesto, tiburones. Felipe Vallejo dice que a los tiburones se los ha pescado tanto que “ los están acabando en el mar continental, incluso en áreas protegidas ya no se los ve. En cambio, uno va a cualquier puerto pesquero y ve tiburones muertos por todos lados”. Según un informe de WWF, los recursos sobreexplotados en el Ecuador son peces pelágicos pequeños —como la sardina o pinchagua, la macarela y el chuhueco—, ciertas especies de peces demersales, de lento crecimiento como los pargos, los meros y las chernas la concha prieta y el cangrejo azul. El tiburón ocupa un lugar especial en la sobreexplotación, porque su pesca en el Ecuador solo está permitida si es incidental. Es decir, si se los atrapa por accidente.

 

 

La flota artesanal continental ecuatoriana está compuesta por más de 45 mil embarcaciones. La mayoría zarpa del puerto de Manta hacia las Galápagos. La definición de ‘pesca incidental’ fue hecha en un decreto ejecutivo firmado por el entonces presidente Rafael Correa (en julio de 2007). Según explica Bucaram, es arbitraria porque “quienes deciden la condición de incidentalidad de la captura son los mismos pescadores”. De acuerdo a un estudio de 2015, se capturan, por los menos, un cuarto de millón de tiburones cada año. Según Bucaram, “esta cifra hace dudar que la pesca de tiburón, hecha por la flota artesanal ecuatoriana, sea incidental. Por el contrario, más parece una pesca dirigida: el objetivo no declarado de dicha flota”. Bucaram explica en su ensayo que una porción sustancial de la captura de estos tiburones se obtiene en el borde de la reserva marina de Galápagos. “Las embarcaciones artesanales ecuatorianas no están obligadas a llevar sistemas satelitales de rastreo, por lo que potencialmente podrían haber ingresado, desde el continente, sin ser detectadas a las aguas de la reserva marina para pescar.” Una fuente del Ministerio de Acuacultura y Pesca, que pidió que su identidad se mantenga en reserva, dijo a Mongabay Latam que la pesca dirigida de tiburones, tanto en el continente como en las Galápagos, es un secreto a voces: “Los pescadores dicen ‘ah ponemos esa arte de pesca —el palangre— porque es la buena para tiburones’. Lo hacen de forma totalmente abierta, y es irónico porque también es superoculto: el gobierno insiste en que no hay pesquería de tiburón”.

La falta de estadísticas es un problema en el Ecuador, país que, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es uno de los 25 en el mundo con mayor producción de pesca en el mar. De acuerdo al organismo, la producción ecuatoriana pasó de 643 176 toneladas en 2015 a 715 357 el año siguiente: un incremento de más del 11 %. Según la Cámara Nacional de Pesquería —que aglutina a la mayor parte de la flota atunera ecuatoriana y de pelágicos pequeños, a industrias de producción de pescado fresco, congelado, en conservas y harineras— entre 2012 y 2017, la pesca aportó anualmente al Ecuador alrededor de 1500 millones de dólares en exportaciones. Además, dice el gremio, la industria emplea directamente a alrededor de 108 mil personas. La industria formal que es, en términos económicos, altamente productiva, tiene un costo en conservación: es tan grande que el Estado no alcanza a monitorear y vigilar la actividad pesquera en el Ecuador —lo que permite que la pesca ilegal prospere, explica el exfuncionario de pesca.

El exfuncionario, que solicita reserva de su identidad, dice a Mongabay Latam que en el Ecuador no hay una medida ni cuantificación oficial de cuánto suma la pesca ilegal en el país. Hay “mucha ‘cifra negra’” dice el exfuncionario. En el Ecuador hay cerca de 300 inspectores de pesca, pero “no todos están cumpliendo su labor. Es algo que pasa en todo el mundo, si el fiscalizador no hace bien su trabajo, la cifra reportada no es verdadera.”

La información de cuánto produce la pesca ilegal, en términos económicos, es solo referencial. El precio del kilo de la aleta de tiburón es de 650 dólares. Si el barco chino, que fue detenido en 2017 en la reserva marina de Galápagos, llevaba 300 toneladas de tiburón y la aleta es el 5 % del peso de un tiburón promedio, podría decirse que el carguero llevaba unas 15 toneladas de aletas: potencialmente casi diez millones de dólares solo en esa captura. Vallejo considera que a la hora de determinar cuánto le cuesta al Ecuador la pesca ilegal, es necesario considerar el dinero público invertido en producción pesquera. “Al igual que en otros países, toda esta sobrepesca es subsidiada, si no, la pesquería no sería negocio”. Por ejemplo, en el Ecuador, los combustibles que utilizan los pescadores en sus embarcaciones están subsidiados. “La pesca recibe varios tipos de subsidios y apoyos que, sumados, dan muchos millones de dólares al año”. Es así como Vallejos sentencia que “vamos a terminar con las especies marinas con plata pública” dice.

 

 

Más de 9500 toneladas de plásticos vertidos al mar

La contaminación por plástico es uno de los mayores desafíos ambientales en los océanos del planeta. Cada año, se vierten en los mares del mundo hasta 13 millones de toneladas de este material. La producción de plástico, según el programa para el medioambiente de las Naciones Unidas, seguirá su curva ascendente: de casi cero en la década de 1950 se ha disparado hasta 262 millones de toneladas en 2013. Para 2050, se estima que la producción alcanzará las 1800 toneladas.

Según cifras de gobierno, en las áreas costeras del Ecuador viven cerca de 2 millones de personas: el 13 % de la población total. De las más de 4 100 000 toneladas de desechos que se producen en el país anualmente, el 11 % corresponde a plástico. Es decir, 451 mil toneladas. Aunque no existen cifras claras sobre qué porcentaje de ese total llega hasta el mar ecuatoriano, el informe Basura Marina del programa para el medioambiente de las Naciones Unidas, estima que más de 9500 toneladas de plásticos vierte el país al océano pacífico. El equivalente al peso de 48 ballenas azules, el mamífero más grande del planeta.

A pesar de ello, un informe de las Naciones Unidas señala que “el país ha impulsado una serie de medidas para fomentar el “desarrollo limpio” y abordar el problema de la contaminación desde tierra firme”.

En efecto, el Ecuador es parte de la campaña Mares Limpios de la ONU, que busca que “los gobiernos, las empresas y la sociedad civil se comprometan para reducir drásticamente la contaminación por plásticos en los océanos”.

En 2014, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos prohibió el comercio, distribución, expendio y entrega de bolsas plásticas desechables. Según una nota del programa de Ambiente de las Naciones Unidas, un programa de gestión de residuos en la isla de Santa Cruz, la más poblada de las Galápagos, ha logrado hasta un 45 % de recuperación de residuos sólidos reciclables, el porcentaje más alto en Ecuador.

La investigadora Kate Huyvaert, de la Universidad de Colorado, señala en una investigación que la presencia de plástico en los cadáveres de pichones de albatros muertos en la isla Española, en las Galápagos, era de 0 % en 2007. Cuatro años después, había subido a 20 % y en 2016, encontró plástico en cuatro de cada diez casos. Un reporte de la organización no gubernamental Mingas por el mar, dice que entre el 25 de marzo y el 30 de junio de 2018 recogió más de 4 mil kilos de plásticos en jornadas de limpieza comunitaria en 26 playas de 2 localidades del Ecuador. De esas cuatro toneladas, el 17 % eran insumos de pesca abandonados. El 83 % restante, era basura producida en centros urbanos. De ese total, apenas el 16 % era material reciclable.

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Estado de conservación 

Felipe Vallejo, de la fundación Equilibrio Azul, dice que la situación de los océanos en el Ecuador es más precaria que nunca: “contaminación, impacto pesquero, cambio climático, no hay datos completos como en otros países”. Vallejo señala que “hay mucha gente valiosa en el Ministerio del Ambiente y en las áreas marinas protegidas, a la que le interesa de verdad preservar los mares ecuatorianos, pero el principal problema es la falta de recursos”.

Según Felipe Vallejo, las declaratorias de áreas protegidas no siempre son eficientes: “Muchas de estas áreas marinas son áreas protegidas de papel: están en un decreto, pero la realidad es que no hay ningún tipo de protección. Si decretamos áreas protegidas pero no las dotamos de recursos, en realidad no cuidamos al mar”.

En el parque nacional Machalilla, al igual que en la reserva marina de Galápagos, dice un funcionario del Ministerio de Pesca que prefiere el anonimato, “se pesca todos los días, aunque se supone que está prohibido”. Ni siquiera Galápagos, que es la que mayores recursos tienes, alcanza a ser debidamente controlada: la dirección del parque nacional Galápagos tiene cuarenta funcionarios en tareas de control y patrullaje, dos lanchas oceánicas, cinco lanchas costeras rápidas, dos botes inflables para bahía y un hidroavión. Es muy difícil abarcar el mar que debe controlar con tan limitados recursos.

La Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Ecuador Continental (Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Santa Elena), actualmente está conformada por 19 áreas en las 5 provincias costeras del Ecuador continental y abarcan una superficie de 679 295 hectáreas. A esas áreas se suman los dos parques nacionales costeros: Galápagos y su reserva marina, y el parque nacional Machalilla.

El país es parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), una iniciativa regional liderada por los gobiernos de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. “La iniciativa busca la adecuada gestión de la biodiversidad y los recursos marinos y costeros, mediante un manejo ecosistémico y establecimiento de estrategias regionales gubernamentales conjuntas”, explica el Ministerio de Defensa. “Esta decisión se implementa a través de áreas núcleo, en nuestro país, son las Islas Galápagos”. El CMAR tiene entre sus propósitos, propiciar el manejo y la conservación de los recursos marinos, mejorar y consolidar la gestión de las Áreas Marinas Protegidas que conforman el corredor, establecer un marco regional que facilite el desarrollo y le gestión integral del corredor, compatible con las políticas y legislaciones nacionales, entre otros.

Según el Ministerio de Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, desarrolla “algunos proyectos de cooperación alineados a las necesidades de esta zona, con fondos del GEF, de la BMZ; organismos intergubernamentales y cooperación técnica como FAO, PNUD, COI UNESCO, GIZ y organizaciones no gubernamentales, como WWF, CI Ecuador”. Además, dice el Ministerio, una de las prioridades del Ecuador ha sido la preservación del ecosistema manglar, “a través de los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar entregados a usuarios tradicionales y ancestrales de este ecosistema, promueve la conservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos”. Según el organismo, se habrían entregado 52 acuerdos que abarcan una superficie de más de 68 mil hectáreas de manglar.

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La amenaza de los derrames de petróleo

El Ecuador es un país petrolero. A diferencia de la idea generalizada, el primer hallazgo de crudo no fue en la Amazonía, sino en el pequeño pueblo pesquero de Ancón, donde en 1911 una compañía británica explotó los primeros pozos petroleros del país. Más de un siglo después, el mar del Ecuador sigue repleto de petróleo y gas licuado. Junto al de Ancón, hay 10 campos petroleros. Al sur, cerca del refugio de vida silvestre isla Santa Clara, está el campo Amistad.

La península de Santa Elena, el punto más saliente del país hacia el Pacífico, está divida en bloques petroleros marcados desde la B01 a la B05. Son los únicos bloques petroleros ecuatorianos que no están en la Amazonía, donde existen 82 más.

El derrame de petróleo es una amenaza constante en el océano ecuatoriano. En 2008, la rotura de una tubería en la refinería de Santa Elena, contaminó casi un kilómetro cuadrado en aguas de la costa frente al balneario de La Libertad y cerca de Puerto Lucía. En los últimos 5 años ha habido al menos un derrame de petróleo considerable en Esmeraldas. El más reciente, fue en la playa de Las Palmas, donde se derramaron 20 barriles de crudo liviano. La zona, muy cercana a la frontera con Colombia, vive en un estado de abandono y desidia hace varias décadas, registrando los números más altos pobreza, analfabetismo y homicidios por cada cien mil habitantes.

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Proyectos de ley detenidos en la Asamblea Nacional

Las medidas de conservación y protección de los espacios marinos en el Ecuador están plasmadas en una serie de cuerpos legales. La norma suprema que rige el cuidado de los océanos en el país es la Constitución de la República, “a través de los artículos relacionados a los derechos de la naturaleza, ecosistemas frágiles y conservación del patrimonio natural del Estado”, según el Ministerio de Ambiente.

Además, a nivel internacional, el Ecuador está adherido a algunos convenios Internacionales como la Organización Marítima Internacional, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL). “El país, en el marco de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 14, presentó 14 compromisos voluntarios nacionales que contribuirán a la protección del océano” dice el Ministerio de Ambiente.

La Ley de Pesca, que data de 1974, es quizá la pieza de legislación que mayor incidencia tenga en la salud de los océanos en el Ecuador, por la gran dimensión de sus flotas pesqueras, tanto industrial, como artesanal.

En la Asamblea Nacional del Ecuador (el poder legislativo) reposan tres proyectos de reforma a esta ley, sin que ninguno haya prosperado. El Ministerio de Acuacultura y Pesca redactó, en diciembre de 2017, un proyecto de ley para sustituir completamente a la actualmente vigente. Santiago Bucaram, economista experto en recursos naturales, lo calificó de “un buen comienzo” que necesitaba “algunas mejoras”. Sin embargo, hasta septiembre de 2018, el proyecto de ley ni siquiera había sido presentado ante la Asamblea Nacional.

Si, como dice Vallejo, el estado de los mares es el peor posible, y la falta de recursos es la constante, las declaraciones rimbombantes y sobreentusiastas del gobierno y los ministros de ambiente de turno no serán sino solo promesas de papel.

Foto Portada| Flota pesquera en Salinas, puerto continental. Foto:depositphotos.

 

Actualización: 

A lo largo de la preparación de este reportaje, nuestro reportero buscó contantemente obtener declaraciones por parte del Ministerio de Acuacultura y Pesca. Sin embargo, hasta el día de la publicación, no recibió respuesta por parte del organismo. Las informaciones entregadas por este medio se basan así en datos extraídos de estudios científicos.

Sin embargo, el 5 de noviembre 2018, la Embajada del Ecuador en Chile emitió una réplica, a través del medio de comunicación chileno biobio.cl, que republicó este reportaje, en la cual incluye la versión del Ministerio de Acuacultura y Pesca. Esta carta detalla las medidas adoptadas por el Estado del Ecuador en la lucha contra la pesca ilegal tales como:

-La creación de una Comisión Multisectorial, conformada por funcionarios de Fiscalía General, Pesca, Ambiente, Defensa y Finanzas, que ejecuta operaciones de control en la Zona Económica Exclusiva.
-La disposición de más de 200 inspectores de pesca distribuidos en todo el perfil costero, verificando que las capturas de las embarcaciones tengan origen legal.
-Un Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.
-Un sistema de trazabilidad completo para la exportación de tiburones (aletas, cuerpos y subproductos), seguido de guías de movilización de pesca incidental para el transporte y comercialización.
-Inspecciones a las empresas exportadoras para verificar que el producto que está por salir del país no corresponda a especies prohibidas.

El Ministerio también hace una aclaración en tres puntos del reportaje:

-La Subsecretaría de Recursos Pesqueros registra alrededor de 15 000 embarcaciones artesanales y no 45 000 como menciona el texto.
-Los palangres utilizados por las embarcaciones artesanales no superan 3000 anzuelos mientras que el reportaje señala que pueden llegar a tener hasta 10 000 anzuelos.
-Todas las embarcaciones artesanales e industriales, cuentan con un dispositivo de monitoreo satelital, que es controlado por el centro de monitoreo satelital, contrariamente a lo expuesto en el artículo.

En vista que la información oficial no fue proporcionada, utilizamos publicaciones científica y entrevistas a profesionales especializados en temas pesqueros:

-Para establecer el número de embarcaciones, utilizamos una publicación científica del biólogo Jimmy Martínez, ex Subsecretario de Pesca, en la que se asegura que la flota pesquera artesanal ecuatoriana asciende a 45 000 embarcaciones.
-Respecto a los palangres, utilizamos información descrita en la Resolución No. 009-2005 de la Autoridad Interinstitucional de Manejo de la Reserva Marina de Galápagos. También utilizamos información publicada en reportes de Pew Science; publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y reportes de Santiago Bucaram, economista experto en recursos costeros, quien actualmente se desempeña en el Banco Interamericano de Desarrollo. Igualmente hicimos referencia a una investigación científica publicada, en 2014, en la revista científica estadounidense Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems.
-Respecto a los sistemas de monitoreo satelital, nos basamos en la Ley de Pesca del Ecuador y su Art. 1.9. que establece que “Los armadores pesqueros industriales deberán usar el diario electrónico e instalar en sus embarcaciones dispositivos de rastreo satelital (…) los armadores artesanales tienen la obligación de llevar y presentar al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca la bitácora física y los equipos requeridos por la Autoridad Marítima Nacional”. Según este artículo, el monitoreo satelital obligatorio es exclusivo de las naves industriales, información confirmada por Santiago Bucaram en entrevista.

Lea aquí la carta completa emitida por la Embajada del Ecuador en Chile.