Jaime Mendo, profesor principal del departamento de Manejo Pesquero y Medio Ambiente de la Facultad de Pesquería de la Universidad Agraria La Molina en Perú, señala que en este país, principal productor de harina de pescado en el mundo y poseedor de la pesquería más grande del planeta basada en una sola especie, “las capturas históricas han venido cayendo desde la década de 1990”.

En Chile, el 62 % de las pesquerías están sobreexplotadas o agotadas. En Colombia, el camarón, el segundo producto pesquero de exportación, también está sobreexplotado. De hecho, según afirma Juan Manuel Díaz, gerente regional de Ciencias de la Fundación Mar Viva, «de una flota camaronera de más de 30 barcos, el año pasado no operaban más de 15. La otra mitad está oxidándose en los muelles de Buenaventura».

Mongabay Latam investigó sobre la situación actual de los mares en Chile, Perú, Colombia y Ecuador y preparó un especial sobre cada país.

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Pesca Ilegal

 

En agosto de 2017, el barco carguero chino Fu Yuan Yu Leng 999 fue detenido cuando atravesaba las aguas de la reserva marina del parque nacional Galápagos con 300 toneladas de pesca, entre ellas especies protegidas de tiburón.

La detención del barco chino produjo una intensa indignación pero “la realidad es que en el Ecuador se pesca irregularmente todos los días”, dice Felipe Vallejo, director de la organización no gubernamental Equilibrio Azul.

 

 

En este país la pesca de tiburón solo está permitida si es incidental. Es decir, si se los atrapa por accidente. Pero, de acuerdo a un estudio de 2015, la pesca artesanal ecuatoriana captura por los menos 250 000 tiburones cada año para satisfacer, principalmente, la demanda del mercado asiático. Esa cifra, según Santiago Bucaram, economista especializado en recursos costeros, demuestra que más que incidental, la pesca de tiburón es una pesca dirigida.

Bucaram explica que una porción sustancial de la captura de tiburones se obtiene en el borde de la reserva marina de Galápagos. “Las embarcaciones artesanales ecuatorianas no están obligadas a llevar sistemas satelitales de rastreo, por lo que potencialmente podrían haber ingresado, desde el continente, sin ser detectadas a las aguas de la reserva marina para pescar.” Una fuente que pidió que su identidad se mantenga en reserva dijo a Mongabay Latam que la pesca dirigida de tiburones, tanto en el continente como en las Galápagos, es un secreto a voces. Pero, a pesar de eso, el gobierno insiste en que no hay pesquería de tiburón”.

Algo parecido ocurre en Colombia donde “lo que los pescadores argumentan es que los tiburones caen accidentalmente, pero si uno va a las bodegas de esos barcos lo que encuentra es básicamente tiburón”, dice Juan Manuel Díaz.

En Colombia, la Armada Nacional ha incautado un total de 122 toneladas en los últimos tres años siendo los tiburones y atunes las especies favoritas de la pesca ilegal pues producen grandes rendimientos económicos.

 

 

En Chile, el Servicio Nacional de Pesca, calcula unas 320 mil toneladas anuales de recursos marinos extraídos de manera ilegal, siendo la merluza la especie más vulnerable. Según las autoridades de pesca de este país, el sector artesanal es el principal infractor registrándose capturas de hasta 4,5 veces por sobre las cuotas autorizadas.

Pero la pesca ilegal no es únicamente artesanal. En Perú se estima que entre 120 y 150 mil toneladas de anchoveta son pescadas cada año, sin ser registradas, para la producción de harina de pescado ilegal, ya sea por empresas autorizadas o por plantas ilegales.

La información de cuánto produce la pesca ilegal, en términos económicos, es solo referencial. El precio del kilo de la aleta de tiburón es de 650 dólares. Si el barco chino, que fue detenido en 2017 en la reserva marina de Galápagos, llevaba 300 toneladas de tiburón y la aleta es el 5 % del peso de un tiburón promedio, podría decirse que el carguero llevaba unas 15 toneladas de aletas: potencialmente casi diez millones de dólares solo en esa captura. 

 

 

El carácter irregular de la actividad hace imposible saber a ciencia cierta los números reales del problema. Sumado a la clandestinidad de la actividad, los países suelen no contar con los recursos ni con los instrumentos para fiscalizar adecuadamente las actividades pesqueras, como tampoco para medir la biomasa existente de las diferentes pesquerías.

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Una débil gobernanza

 

Controlar la pesca ilegal permitiría en parte reducir la sobreexplotación de recursos aunque hay consenso en que el problema fundamental radica en fallas de gobernanza.

En el caso de Perú, la administración del ambiente marino es compleja, con múltiples instituciones gubernamentales que administran y gestionan las costas y los recursos del océano. A pesar de que existen avances en la coordinación interinstitucional de los asuntos marinos, la política pesquera sigue definiéndose con una óptica sectorial y no con un enfoque ecosistémico, señala un estudio de Cepal y OCDE.

 

 

Pedro Solano, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental considera que “no está clara la separación de competencias entre distintas autoridades sean municipales, regionales o nacionales”. En opinión de Renato Gozzer, ingeniero pesquero, y Juan Carlos Sueiro, director de pesquerías de la organización de conservación marina Oceana, ello repercute en ineficiencia a la hora de fiscalizar y monitorear la actividades ilícitas. Ejemplo de ello es el inexistente registro de pescadores que imposibilita saber cuántas personas están pescando en el mar peruano ni cuántos recursos se están extrayendo.

Algo parecido ocurre en Colombia donde “Parques toma una decisión, el alcalde toma otra, el Gobierno Nacional otra, finalmente no se ponen de acuerdo, el tema llega al juez y este decide algo completamente distinto” ejemplifica el capitán Francisco Arias, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar). Además de la escasa articulación entre los diferentes organismos que gestionan el mar colombiano, Juan Manuel Díaz, critica la influencia del sector industrial pesquero a la hora de determinar las cuotas de extracción. “Ellos tienen mayor músculo político para influenciar las decisiones y finalmente las cuotas de pesca sobrepasan las que se recomiendan desde el punto de vista científico y técnico. Eso no contribuye a frenar la sobreexplotación de los recursos”, apunta.

Chile es quizás el mejor ejemplo a la hora de dimensionar las influencias de la industria en el manejo que el sector público hace de los recursos pesqueros. Actualmente este país se encuentra revisando su ley de pesca que fue aprobada en 2012 por medio de una demostrada corrupción. Según las evidencias judiciales, la industria pesquera cometió cohecho, al pagarle a parlamentarios y otros protagonistas del sector, para que aprobaran esta ley que entregó a perpetuidad los derechos de pesca a siete grupos económicos.

 

 

Aunque la revisión de la Ley de Pesca incluye cambios en las concesiones marítimas y la modernización del Servicio Nacional de Pesca, para dotar al organismo de mejores instrumentos para fiscalizar actividades ilegales, la iniciativa no termina de convencer al sector artesanal ni tampoco a los organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas pesqueros y de conservación marina. Para muchos, estos cambios no solucionan el cohecho que está al origen de una ley que piden sea derogada por inconstitucionalidad.

En Ecuador, el Ministerio de Acuacultura y Pesca redactó, en diciembre de 2017, un proyecto de ley para sustituir completamente a la actualmente vigente. Santiago Bucaram, lo calificó de “un buen comienzo” que necesitaba “algunas mejoras”. Sin embargo, hasta septiembre de 2018, el proyecto de ley ni siquiera había sido presentado ante la Asamblea Nacional.

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Un mar de contaminación

 

Cada año se vierten en los mares del mundo hasta 13 millones de toneladas de plástico. Con el tiempo, la basura que flota en la superficie del mar se vuelve frágil debido a la radiación y comienza a fragmentarse en microplásticos provocando grandes impactos en aves y peces.

La investigadora Kate Huyvaert, de la Universidad de Colorado, señala en una investigación que la presencia de plástico en los cadáveres de pichones de albatros muertos en la isla Española, en las Galápagos, era de 0 % en 2007. Cuatro años después, había subido a 20 % y en 2016, encontró plástico en cuatro de cada diez casos.

 

 

la producción de plástico, según el programa para el medioambiente de las Naciones Unidas, seguirá su curva ascendente: de casi cero en la década de 1950 se ha disparado hasta 262 millones de toneladas en 2013. Para 2050, se estima que la producción alcanzará las 1800 toneladas.

Para hacer frente a este problema algunas iniciativas se han adoptado. En 2014, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos prohibió el comercio, distribución, expendio y entrega de bolsas plásticas desechables y en mayo de este año, el Congreso chileno aprobó la ley que prohíbe las bolsas plásticas en todo el comercio a lo largo del territorio nacional.

El científico Martin Thiel, investigador de basura marina, señala que si bien es un buen inicio, se trata solo de un paso. “Estamos rodeados de productos plásticos desechables: botellas, envoltorios de comida rápida, etc. Esa cultura de los plásticos desechables tenemos que eliminarla si realmente queremos lograr, de manera eficiente, minimizar las cantidades de plásticos que llegan al medio ambiente”.

 

 

Otras fuentes de contaminación como las aguas residuales afectan a los océanos en América del Sur, principalmente en las zonas de alta concentración poblacional y también de atractivo turístico. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Tumaco, Buenaventura y San Andrés en Colombia son algunas de ellas. De hecho, desde hace 20 años el Invemar ha venido haciendo un monitoreo de la calidad de las aguas marinas colombianas y ha encontrado que el principal problema tiene que ver con el mal manejo de las aguas residuales de las poblaciones costeras.

En Paita, al norte de Perú, un diagnóstico socioeconómico y ambiental, realizado en el año 2014, indicaba que el Puerto de Paita era el vertedero de la ciudad. Las causas que llevaron al puerto a esta situación crítica tienen sus orígenes en las empresas pesqueras ubicadas en la bahía, la antigüedad del sistema de desagüe y la actividad pesquera que arroja sus desechos directamente al mar.

La situación no ha cambiado. Al contrario, el problema de contaminación marina en Perú se agudiza.

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Industrias en conflicto

 

El mar de Colombia, de Ecuador y de Perú posee intereses extractivos en el área de los hidrocarburos. El subsuelo del mar ecuatoriano está repleto de petróleo y gas licuado. En el pequeño pueblo pesquero de Ancón, una compañía británica comenzó a explotar en 1911 los primeros pozos petroleros del país. Hoy, junto al de Ancón, hay otros 10 campos petroleros.

Colombia por su lado se encuentra actualmente en un “boom” de exploraciones petroleras offshore. Datos de 2017 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) hablaban de 24 contratos offshore y un total de 12 áreas disponibles en el Pacífico y 33 en el Caribe. Aunque hasta el momento solo hay dos bloques en explotación, la extracción de hidrocarburos en el mar preocupa debido a los impactos que puede generar.

 

 

En 2008, la rotura de una tubería en la refinería de Santa Elena, en Ecuador, contaminó casi un kilómetro cuadrado en aguas de la costa. En los últimos 5 años ha habido al menos un derrame de petróleo considerable en Esmeraldas. El más reciente, fue en la playa de Las Palmas, donde se derramaron 20 barriles de crudo liviano.

Es por ello que la concesión de cinco pozos petroleros dentro del mar en el norte del Perú alertó a la población. Aunque los decretos que entregaban los cinco lotes fueron derogados meses después, continúa la preocupación por la posibilidad de futuros proyectos.

 

 

Chile, por su parte, aunque no tiene proyectos offshore, posee 4 zonas declaradas de sacrificio debido a la contaminación provocada por la actividad industrial. Lugares “olvidados por los sucesivos gobiernos que han seguido permitiendo la instalación de nuevas industrias contaminantes, aun cuando el impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente ha sido inmenso” señala la ONG Oceana. Termoeléctricas, plantas de refinería y fundición de cobre, de hierro, de hidrocarburos, de productos químicos, relaves o pasivos, acopios de carbón, puertos donde se embarcan y desembarcan productos contaminantes. Continuos derrames de petróleo y varamientos de carbón han empeorado, a través de los años, el panorama devastador de estos lugares.

Además la industria salmonera, ubicada en el sur del país, ha provocado graves daños al medio ambiente.

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Las susceptibilidad de las áreas protegidas

 

En 2010 Ecuador, Colombia, Chile y Perú firmaron las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Un conjunto de 20 compromisos a cumplir de aquí al 2020 entre los que consta proteger al menos el 10 % de las aguas territoriales.

De los 27 ecosistemas marinos y costeros reconocidos a nivel global, 24 están en el Ecuador. No en vano, a mil kilómetros del continente, está uno de los santuarios naturales más importantes del planeta: las islas Galápagos, cuya preservación ha sido fundamental para comprender cómo funciona la vida en nuestro planeta.

 

 

La Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Ecuador suman el 11,6 % del total de las aguas territoriales. Colombia también ya ha cumplido y superado la meta protegiendo el 13,73 % de su mar y Chile pasó este año a tener el 40 % de su área marina bajo algún sistema de protección convirtiéndose en referente mundial de conservación.

Perú en cambio se ha quedado atrás con menos del 4 % de su mar bajo algún tipo de protección. Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, señala que “es grave para un país que se precia de ser una las pesquerías más importantes del mundo”.

Los beneficios de estas áreas están asociadas a la conservación de los ecosistemas marinos y al combate de la sobrepesca y la pesca ilegal. Pero los desafíos no acaban con la declaración de estas áreas puesto que la efectividad de esta protección solo puede ser realidad si viene acompañada de planes de manejo y presupuestos asociados que permitan monitorear, fiscalizar e investigar asegura el científico chileno Stefan Gelcich. El problema, puntualiza, es que ninguna de las áreas que han sido declaradas recientemente en Chile incluyen un presupuesto.

Felipe Vallejo, de la fundación Equilibrio Azul coincide en que las declaratorias no siempre son eficientes puesto que “muchas de estas áreas marinas son áreas protegidas de papel y si no las dotamos de recursos, en realidad no cuidamos el mar”.

Los invitamos a sumergirse en los cuatro especiales desarrollados en Chile, Colombia, Ecuador y Perú:

 

Foto Portada: imagen registrada en Pucusana, Perú, por Oceana.

Artículo publicado por michelle
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