- La destrucción de la Amazonía encierra un negocio lucrativo para los deforestadores, que puede rondar los 750 millones de dólares anuales, y afecta santuarios como los bosques del Amazonas y el Darién.
- Todo para sustentar la demanda interna de madera, pues el país no tiene una industria forestal rentable y sostenible.
Los rastros del tráfico ilegal de madera están en toda Colombia. Por el río Atrato y el Putumayo, en el corazón de la Amazonía colombiana, las barcazas suelen arrastrar árboles arrancados de las selvas protegidas del Amazonas y el Darién. En las carreteras principales y secundarias, los camiones transportan troncos, mientras evaden con trampas los controles de las autoridades ambientales. En los aserraderos y en los almacenes de las capitales va a parar buena parte de esta madera talada. Muchos ciudadanos, sin saberlo, compran estos productos para sus salas y habitaciones. No conocen su origen ilegal, pero hacen parte de la cadena que está destruyendo los bosques del país.
El tráfico de madera es un negocio multimillonario. Su fuerza devastadora se concentra en las mayores joyas de la diversidad, en las especies de árboles más valiosas y escasas. La tala selectiva arrasa ecosistemas específicos y acaba con tipos concretos de flora. La tala ilegal en Colombia ocasiona el 10 % de la deforestación, según los cálculos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
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Un caso atípico
Abril es un mal mes para los negociantes de la zona 12 de octubre, un barrio de Bogotá famoso por comercializar muebles de madera fina. La lluvia evita que las tiendas promocionen sus productos. Jorge Moreno está sentado en su local de tres metros cuadrados. “Esto no es negocio”, dice. “Yo compro una butaca de pino en $45 000 (15 dólares) y la revendo en $70 000 (23 dólares). Con las sobras tengo para comer y pagar por el alquiler de ese espacio, que vale $1 000 000 (332 dólares). Debido a todas esas leyes ambientales cada vez se saca menos madera. Se vende menos”.
Como a Jorge, a la mayoría de comerciantes de muebles en la capital de Colombia no les importa el origen de la madera. “Es posible que venga de Caquetá o de Chocó. Últimamente recibimos mucha de Chile”, dice otro. Las diferencias son notables: “Un bloque de cedro de aquí me vale $180 000 (60 dólares) y con eso hago la cabecera de una cama que vendo a $600 000 (200 dólares). En cambio, con un bloque de pino chileno que me cuesta $90 000 (30 dólares) hago lo mismo y lo vendo en $200 000 (66 dólares). Ya viene sin hongos y seca, entonces la gente compra más”.
Las cifras del sector maderero en Colombia son diferentes a las de otros países latinoamericanos. Desde el año 2014, el país comenzó a importar el triple de madera de la que usa y exporta. Venezuela, que no tenía industria forestal ni altas exigencias ambientales como las de la Unión Europea, era uno de los principales mercados. Madera mojada, de especies finas u otras, todo podía pasar por la frontera. Pero la crisis económica de la nación vecina golpeó esta industria colombiana y el 2016 las exportaciones cayeron a 30 millones de dólares al año.
Hace unos años esa cifra era de 82 millones de dólares y Venezuela representaba el 41 % del mercado. “Sin ellos nos quedamos en el aire”, dice Alejandra Ospitia, directora de Fedemaderas (Federación Nacional de Industriales de la Madera), gremio que reúne a gran parte de los madereros del país.
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indican que Colombia está desaprovechando su potencial forestal. De las más de 24 millones de hectáreas aptas para la plantación de árboles con fines maderables, hay solo 644 000 sembradas. La solución para satisfacer la demanda interna (unos 5,3 millones de metros cúbicos de madera al año) ha sido abrirle las puertas a la madera de Chile y Brasil. Según el gobierno, entre ambos países aportan el 35 % del consumo local.
Aunque las autoridades señalen la dependencia de la importación de madera, existe también un mercado ilegal que subsiste del tráfico de especies al interior del país. Así lo revela una cifra contundente del Ministerio de Ambiente: el 47 % de la madera que se vende en Colombia es ilegal. Es decir, cada año se comercializan 2,5 millones de metros cúbicos de manera ilícita. Son miles de troncos que viajan desde la selva por río y tierra eludiendo los débiles controles de las autoridades para luego terminar en manos de vendedores de muebles.
El costo de esas transacciones es alto. Si se cruzan las cifras estimadas del tráfico ilegal con los precios comerciales de la madera, los expertos señalan que este negocio puede representar alrededor de 750 millones de dólares al año, es decir, casi la tercera parte de lo que mueve el narcotráfico dentro del país, según Planeación Nacional. Gran parte de la madera ilegal que se extrae en Colombia se lava como legal en algún punto de la cadena de comercialización.
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Todo empieza en el corazón del bosque
Ignacio* es un maderero del río Caquetá. Extrae “palos finos” de territorios indígenas ubicados en la región amazónica. Lo hace por encargo de un “patrón” que tramita las licencias de aprovechamiento forestal ante Corpoamazonia, la autoridad ambiental encargada de proteger el bosque en esa zona.
Esa licencia le da el aval para talarlos y especifica en qué zona del bosque puede ser cortado. Se trata de una autorización que certifica que esa actividad no destruye el ecosistema. Pero hay una trampa: muchas veces la tala no se realiza en el lugar autorizado sino en un espacio prohibido del bosque, más conveniente para el maderero. Así, como sucede en Perú y Bolivia, estas licencias de aprovechamiento forestal terminan siendo usadas para blanquear la madera extraída ilegalmente de bosques no autorizados.
Mario Barón, director de Corpoamazonia, lo reconoce. “Un porcentaje de la madera aprovechada no se extrae del predio autorizado”. La jurisdicción de esa autoridad ambiental comprende los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, al sur de Colombia, que se extienden a lo largo de 223 000 kilómetros, casi el tamaño de todo Ecuador. Según Barón, para controlar esa área de bosques densos y ríos caudalosos solo hay 30 ingenieros forestales. La conclusión es sencilla: es demasiado trabajo, imposible para tan pocas manos.
Recorrer el río Putumayo evidencia lo que el país sabe de memoria. Por la ausencia de control, la región amazónica colombiana terminó convertida en uno de los dos grandes focos de explotación ilegal de madera en el país. Por ese gran afluente, que marca además la frontera del país con Ecuador y Perú, salen barcazas cargadas de madera ilegal, incluso es posible ver los troncos flotando en el agua.
Las observaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) indican que dos de los municipios que están sobre la ruta del río Putumayo —Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo— figuran entre los 10 más deforestados de Colombia. Los datos señalan que la madera talada en esta zona tiene como destino las grandes ciudades como Medellín y Bogotá, pero también otras intermedias, como Pereira y Neiva.
El otro gran punto de tráfico de madera ilegal es Chocó, un departamento con bosques húmedos que conforman una de las regiones más biodiversas del mundo. Allí, el caudaloso río Atrato es la ruta de los taladores. Aquí la tala está asociada a la deforestación. Hay puntos críticos desde el lugar de nacimiento de ese cuerpo de agua, en El Carmen, sobre la cordillera Occidental, hasta su desembocadura en el mar Caribe, que pasa por Riosucio y Unguía. Estos dos últimos pueblos, ubicados en el corazón del tapón del Darién, en los límites con Panamá, son el segundo y cuarto más deforestados del país. Entre ambos suman 18 000 hectáreas de bosques arrasados solo el 2016.
En esta región el recorrido de la madera es largo y sinuoso. La que viene de Riosucio, Bajirá y el bajo y medio Atrato sale hacia Turbo (Antioquia), y desde allí se distribuye a las capitales del Eje Cafetero. La madera que se se extrae del Darién termina en cargamentos en los puertos del Pacífico, desde donde se redistribuye por todo el país.
¿Quiénes están detrás de esta actividad? Es difícil saberlo, pero para Miguel Pacheco, un ingeniero forestal peruano de WWF que lleva una década trabajando en la Amazonía colombiana, es posible que el tráfico ilegal esté en manos de pequeñas bandas. Están talando incluso dentro del Parque Nacional Natural Los Katios, un territorio de 72 000 hectáreas enclavadas en el Darién y declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Hasta esas tierras, las más profundas y bravías, llegan los traficantes de madera para conseguir especies preciadas y escasas, como el cedro, la caoba y el roble. Invadir estos bosques es simple: engañan a quienes hacen las veces de autoridades en las carreteras.
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Los papeles que lavan la madera
En la vía Mocoa – Puerto Garzón, en Putumayo, suele haber retenes de la Policía. Con frecuencia, detienen camiones cargados con troncos para verificar que todo esté en orden. Los uniformados paran un tractor repleto de madera. Le piden los papeles que certifiquen su legalidad, los leen y luego le permiten seguir su rumbo. Unos minutos después, el agente encargado de la revisión confiesa que no sabe diferenciar entre los tipos de especies que el vehículo trasladaba y que tampoco tiene contacto con alguna autoridad ambiental. El salvoconducto decía que llevaba madera de la especie sapán, y el agente tuvo que creerlo.
Para cortar y transportar madera en Colombia es necesario tener ese permiso, denominado la guía de transporte. Lo expide la autoridad ambiental de la región luego de hacer un estudio del bosque y certifica que la madera proviene de bosques autorizados y que su explotación no destruye el ecosistema. Son hojas de papel que especifican la cantidad y la especie que se puede extraer. También muestran qué empresa o persona es responsable de la explotación forestal, cuál es el origen y destino de la madera, y cuánto se demorará transportándose. Sin ese documento las autoridades pueden decomisar la carga.
En los últimos dos años retuvieron una cantidad que puede parecer alta, pero que en realidad es insignificante: 64 000 metros cúbicos. Eso equivale, más o menos, a 1790 camiones cargados.
El control de esas guías de transporte ha sido la herramienta que las autoridades de Colombia usan hace 25 años, pero hasta el Ministerio de Ambiente reconoce que no ha generado los resultados esperados. Hay muchos caminos para falsificar estos documentos.
Miguel Pacheco, desde su experiencia, ha podido identificar cómo funciona esta trampa. Explica que lo más usual es que los comerciantes no esperen el permiso de aprovechamiento forestal que les deben dar las autoridades ambientales. En vez de eso, eligen otra ruta: contactan a productores que ya cuentan con papeles aprobados para transportar cierto volumen de madera. Luego, usan esos documentos como una especie de cheque en blanco para sustentar cualquier cantidad de madera extraída de bosques prohibidos.
“Sabemos que en Puerto Leguízamo (Putumayo) hay sitios que se dedican a vender estos permisos, y cuando llegan al puesto de control de Puerto Asís, la madera ya está legalizada. Puede que el salvoconducto diga ’20 bloques de achapo’ y que en realidad lleven 50 de cedro, y como no hay báscula para pesar el camión, pues pasa”, explica Pacheco.
Las dificultades que genera este problema pueden resumirse en una historia que cuenta Yarina Mesa, representante legal de Madera Masecas, un depósito ubicado en el barrio 12 de octubre, en Bogotá. Con uno de los salvoconductos en la mano, asegura que, pese a que en el papel está registrado que los transportadores cargaban 77 metros cúbicos de madera, ella solo recibió 33. Las dudas quedan en el aire: el camión pudo haber usado el mismo documento para hacer más ventas, o varios camiones pudieron haber llevado el mismo papel para justificar sus cargas.
Aunque las indagaciones son todavía incipientes, algunas pistas indican que el tráfico ilegal de madera tiene tentáculos internacionales. “Hay una ruta entre Colombia y Panamá de tráfico de personas y de oro ilegal que podría estar utilizándose para comercializar madera”, dice Luis Gilberto Murillo, el exministro de ambiente. Según él, además del Pacífico, hay otro camino en el que ese fenómeno se repite. “Se ha registrado tráfico ilegal de madera en la frontera con Perú”, advierte.
Las pesquisas apenas comienzan pero, por ahora, las cifras indican que la madera ilegal continúa abasteciendo, esencialmente, el mercado interno colombiano. Y mientras el potencial forestal para explotar los bosques no se aproveche de manera sostenible, los delincuentes ingresarán a bosques biodiversos para extraer ilegalmente especies por unos cuantos pesos. Y más en estos tiempos, tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, cuyo desarme empezó paulatinamente en 2016, el año que coincide con un incremento disparado —del 44 %— de la deforestación. Los guerrilleros abandonaron los bosques y otras estructuras delincuenciales, más interesadas en rentas como el tráfico ilegal de madera, los están invadiendo ahora.
