Hoy en día, en verano, la corriente ya no existe. A su paso por la ciudad deja un montón de rocas descubiertas que brillan en medio de pozas de aguas estancadas la mayor parte del tiempo. Las autoridades locales, pobladores y expertos señalan a un mismo responsable: la palma africana. Esa que está secando el río, que invade sus acuíferos y humedales, y que incluso se ha metido dentro de la Reserva Mico Quemado.

Tras conocer cómo empieza la expansión de las primeras plantaciones de palma en la Amazonía de Perú y la amenaza del desplazamiento de especies nativas en Colombia, les presentamos la tercera parte de este Especial de Mongabay Latam que narra el problema de la escasez de agua, sus consecuencias y la amenaza a un área protegida.

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La fiebre del aceite de palma

 

Doña Rosa Contreras vive a unas cuantas cuadras de la casa de Enny y ella sí recuerda cuando el Río Pelo era peligroso para quienes se atrevían a cruzar su caudal. Ella tiene unos 30 años viviendo en el sector. Dice que durante casi un año tuvo problemas de abastecimiento de agua pero que ahora, en invierno, la cosa está un poco mejor. “En el verano, sí, no la ponen”, dice la señora de casi 70 años, quien pide que no le tomemos fotografías porque anda vestida muy “informal” y el pastor de su iglesia podría ver las imágenes publicadas.

 

 

El ingeniero Oscar Pagoada, gerente regional del estatal Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), reconoce que tienen problemas para abastecer de agua a la ciudad. Hasta hace unos ocho años la matriz de distribución era de un 60 % de agua superficial, del Río Pelo; y un 40 % de pozos. Eso ha cambiado radicalmente pues ahora el río solo provee el 30 % y de 39 pozos se obtiene el 70 %. De cualquier forma, entre los dos sistemas no alcanzan a cubrir la demanda de la ciudad. “Antes el río producía 150 metros cúbicos por segundo, ahora, si acaso, llega a 40 metros cúbicos por segundo”, explica el funcionario de la empresa encargada de suministrar el agua.

Esto es producto “de todos los problemas que se han dado: del cambio climático, la siembra de palma africana, la deforestación”, refiere Pagoada.

 

 

Y es que en las últimas dos décadas, El Progreso ha sufrido un cambio notable en sus patrones de producción agrícola. Durante cien años la ciudad prosperó, bien o mal, a la sombra de miles de hectáreas de banano sembradas en todas direcciones. Hace unas dos décadas, tras extraerle a la tierra sus mejores cosechas, las transnacionales bananeras estadounidenses modificaron su modelo de negocios y dejaron las fincas en manos de terratenientes locales y, en el mejor de los casos, de cooperativas formadas por sus extrabajadores, y se quedaron solo comprando la fruta.

Hace algunos años, cuando llegó la fiebre de los altos precios del aceite, muchos propietarios botaron sus fincas bananeras y establecieron grandes extensiones de palma africana. Datos del Departamento Municipal Ambiental (DEMA) fijan conservadoramente entre 3500 y 4000 hectáreas de palma sembradas alrededor de El Progreso, donde antes había banano y bosque. La ciudad está ubicada en el extremo Este del Valle de Sula, una de las áreas más productivas de la zona norte de Honduras, a 48 kilómetros de San Pedro Sula.

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Mico quemado: una reserva atacada por la palma

 

Cuando la parte del Valle de Sula que rodea a El Progreso se saturó de palma, caña de azúcar y banano, las primeras manchas de palma aparecieron en el Refugio de Vida Silvestre Mico Quemado, una zona productora del agua que abastece precisamente a El Progreso y a otros municipios.

“El problema que teníamos es que prácticamente todo el suelo del valle estaba cubierto por palma y caña, y las pocas áreas de suelo eran las áreas de laderas y de montañas. Entonces los campesinos llevaron sus siembras a la montaña” explica Fredy Aguilar, director del DEMA.

La reserva está ubicada en la cordillera del mismo nombre, al oriente de El Progreso, pero compartida con otras dos ciudades: El Negrito y Santa Rita. Comprende 28 000 hectáreas.

 

 

Según estudios de la Fundación Ecológica Mico Quemado, en la reserva hay 8 especies de anfibios, 27 de reptiles, 90 de aves y 22 de mamíferos, entre los que destacan los monos carablanca, olingo y araña. También se han identificado en el área armadillos, venados, lepasiles y varios felinos, cuya existencia está amenazada por el avance humano y de cultivos industrializados, como la palma africana.

Aguilar, el director del DEMA, explicó que la siembra de palma en suelos de vocación forestal dentro de la Reserva Mico Quemado fue particularmente notoria entre el 2012 y el 2015, pero luego los precios del aceite en el mercado internacional comenzaron a caer y eso frenó la expansión.

Mico Quemado es una de las 91 reservas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH).

Carlos Escobar, presidente de la fundación, señaló que actualmente hay 640 hectáreas de palma dentro de la reserva, que se suman a la deforestación promovida para sembrar granos básicos. La palma africana invadió la montaña pese a que una ley de 1994 prohíbe el cultivo de plantas exóticas en las áreas protegidas de Honduras.

El Río Pelo nace en Mico Quemado y serpentea por la reserva a lo largo de 7 kilómetros para llegar hasta El Progreso, pero antes de eso el agua es captada por la represa El Salto, la que se encarga de abastecer del recurso hídrico a los ciudadanos, aunque ahora a cuenta gotas. Pero el área protegida alberga también 28 microcuencas, las que en un 50 % “están colapsadas”, confirma Escobar, de la Fundación Ecológica Mico Quemado. Esas microcuencas abastecen a sistemas de agua de diversas colonias y aldeas, independientes del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa).

 

 

Ese colapso se debe en buena medida a lo que Escobar  llama “la invasión de la palma africana en la parte alta de la montaña” y que, a su criterio, provoca un perjuicio porque cada planta de palma demanda diariamente entre 25 y 30 litros de agua. Esto disminuye la filtración hacia niveles subterráneos, que es de donde se alimentan los pozos; impide la formación de maleza, lo que genera la erosión del suelo porque la escorrentía arrastra todos los nutrientes que fortalecen la tierra; y adicionalmente muchos productores usan químicos que también van a dar a las microcuencas y a las aguas subterráneas.

“Entonces a mayor extensión de un cultivo de estos (palma africana), y a mayor deforestación, las cuencas van a terminar desapareciendo, ya hay algunas que están totalmente colapsadas. Usted pasa por algunas de ellas y lo que mira son piedras”, apuntó Escobar, quien además de ecologista es catedrático universitario retirado y administrador de empresas agrícolas.

“Y los que están allí, en su mayoría, son pequeños productores porque en nuestro país no existe un plan de desarrollo agrícola. Usted siembra lo que quiere, donde le da la santa gana, sin tener los análisis, sin tener un estudio de prefactibilidad para saber si es rentable el cultivo o no. Entonces cuando estos cultivos no dan, se abandonan, hay pérdidas y el daño ambiental allí queda”, sostiene.

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La palma seca los acuíferos

 

Al escenario de una reserva atacada por la palma africana hay que sumarle la preocupación de los ambientalistas frente a la llegada de la electricidad a Mico Quemado. Temen que se instalen más pobladores en el área además de los 9051 habitantes que viven dentro, distribuidos en 78 comunidades, según el último censo del 2016. Esto ha provocado un daño que, por el momento, para algunos es imperceptible, pero que podría cambiar el equilibrio en la reserva.

“Las torres de energía eléctrica generan, igual que las torres de telefonía celular, una radiación frecuencial no ionizada y eso hace que, por ejemplo, los murciélagos se confundan al comunicarse, porque ellos se comunican a través de ondas. Los murciélagos son importantes porque hacen una función de diseminación de las semillas para que pueda haber regeneración vegetativa. También las torres producen pérdida apícola. Es decir, hay daños para las abejas”, explica Escobar.

Pero el daño no sólo es en la montaña. En la parte plana, en el Valle, al norte de El Progreso, había unas 2000 hectáreas de acuíferos que se mantuvieron a salvo durante los 100 años en que los suelos estuvieron sembrados de banano.

“Esas áreas que se encontraban naturalmente como acuíferos se sembraron de palma y esas áreas se secaron”, confirma Fredy Aguilar, de DEMA.

Y añade que las afectaciones a los acuíferos no sólo se perciben en El Progreso, sino en otras ciudades del Valle de Sula, como Puerto Cortés y Choloma, donde también hay grandes extensiones de palma africana.

 

 

“Toda la parte baja del municipio (El Progreso) ahora es palma y eso antes se mantenía húmedo, eran humedales. Ahora eso ya no existe. (…) El ecosistema que había allí, que tenía una flora y fauna, todo eso desapareció, porque las plantas y árboles que había atraían cierto tipo de animales. Como la palma es un monocultivo, se desplazó toda la fauna que existía”, dice Aguilar. Entre los animales destacaban los osos hormigueros, distintos tipos de aves, pizotes, serpientes y algunos tipos de primates.

Y como suele suceder, cuando algo le pasa a la tierra, tarde o temprano el daño repercute en los humanos. Oscar Pagoada, del Sanaa, dice que especialmente en verano la capacidad de proveer agua apenas alcanza para dar el servicio durante 6 horas en algunas partes de la ciudad, en otros sectores se benefician durante diez horas y los que tienen más suerte durante 18 horas. Fredy Aguilar y Carlos Escobar sostienen que las cosas están peor, que hay colonias donde el agua llega cada dos o tres días, causando severas alteraciones en la calidad de vida.

Aguilar explicó que han hecho mediciones junto con el Sanaa y que los caudales en las diferentes cuencas y subcuencas han bajado entre un 65 y un 85 %.

El perjuicio no es solo por racionamientos, mantener una batería de 39 pozos implica un incremento en los costos operativos mensuales del Sanaa, por concepto de energía eléctrica, que supera las 600 000 lempiras (unos 25,000 dólares), aunque en algún momento fue de un millón de lempiras (unos 42,000 dólares), lo que se traslada a las facturas de los usuarios, como Enny Gutiérrez, que tiene un año sin agua, aunque sí le llega el cobro. Cuando el agua era suministrada principalmente por gravedad, desde la represa El Salto, los costos eran menores y la gente pagaba menos.

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“Se compra fruta de palma”

 

Para Héctor Castro, director de la Asociación de Industriales de Palma Africana, la afirmación que este cultivo seca los suelos “es una falacia total”. Pone como ejemplo que entre El Progreso y Tela hay plantaciones “que llevan 100 años y están renovando las fincas. Si se secaran los suelos tendrían que emigrar a otros sitios a sembrar”.

Señala que en esa región hay más precipitación y más rendimiento por hectárea, “porque lejos de secar los suelos los enriquece, porque las hojas de la palma allí mismo quedan y es materia orgánica que se incorpora al suelo”.

Reconoce que “lo del bosque, sí, no se puede negar que ha habido, de repente -no como Malasia e Indonesia- pero sí han habido algunos bosques, no bosques primarios, pero bosques secundarios o terciarios que se han depredado por el empuje económico del ser humano”.

 

 

Según Castro, al establecer una plantación lo que hacen es cambiar un bosque por otro, tal vez no igual a un bosque primario, “pero cuando usted compara la palma con un bosque secundario o terciario, verá que el intercambio por carbono y el tema de la liberación de oxígeno es muy similar” al generado por la palma.

Él representa a una industria que en Honduras ha crecido de forma exponencial. En el 2006, un censo palmero realizado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería determinó que existían 2371 plantaciones para un área total de 89 100 hectáreas a nivel nacional. En ese mismo año el Congreso Nacional aprobó el “Acuerdo marco para la competitividad de la palma africana y otras palmáceas” (Acuerdo 089-06, publicado en el diario oficial La Gaceta el 13 de marzo de 2006), con el que se buscó renovar las plantaciones existentes y ampliar en al menos 28 000 el número de hectáreas a cultivar. Se contemplaba el sumar asistencia técnica y financiera. Otro de los objetivos planteados por la ley fue instalar al menos dos plantas extractoras más de aceite crudo.

 

 

Para ello se gestionaron créditos, en una primera etapa, por 11,9 millones de dólares, incluyendo uno de 7 millones de dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El decreto en ese momento preveía beneficiar a poco más de 700 productores. Las inversiones incluyeron la contratación de firmas especializadas para la creación de viveros que proveyeran más de 1 millón de plantas.

Según el Acuerdo 089-2006 los valores de las exportaciones en 1990 eran por el orden de 1,7 millones de dólares, cifra que subió a 53,1 millones de dólares en 2004 (antes de la ley). Tras echarse a andar el plan, las exportaciones llegaron a 426,6 millones de dólares en el 2017, de acuerdo a los datos del Banco Central de Honduras.

Esto ha hecho que el negocio pase de pequeñas cooperativas a ser dominado por dos grandes corporaciones: Dinant y Grupo Jaremar, que procesan más del 80 % de la producción y exportación de aceite de palma y de productos elaborados (con marcas de margarinas, aceites, manteca y jabones entre otros). También son importantes procesadores y productores: Aceydesa, Palcasa, Hondupalma y varias cooperativas campesinas.

 

 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería establece que la cadena agroalimentaria de la palma está conformada por 7300 productores, 10 intermediarios, 11 extractores, 4 refinadores, 9 exportadores y 3  distribuidores. Esa estructura podría tambalearse a partir de 2021 por la intención europea de vetar las importaciones de aceite a causa del daño causado a los bosques y al agua.

Una de las alternativas podría ser obtener certificados de sostenibilidad que demuestren que el aceite proviene de productores que respetan el medio ambiente. Sin embargo, Castro reconoce que no es fácil porque mantener esos certificados resulta oneroso y en Honduras la mayoría son productores pequeños, de escasos recursos.

“Son miles de productores que no tienen título de propiedad y entonces, como no tienen título de propiedad, no se pueden certificar. Ahora que han bajado los precios, incluso los pocos que tienen título de propiedad no están anuentes a hacerlo porque saben el impacto económico de la acreditación, y mantenerlo no es poco, y los ingresos han mermado por el impacto de los precios internacionales”, reconoce.

Sin embargo, el ecologista Carlos Escobar asegura haberse reunido con ejecutivos de algunas empresas exportadoras de palma y ellos sostienen que solo compran fruta de productores certificados, no de los que tienen cultivos en refugios de vida silvestre, como Mico Quemado.

Pero los pequeños productores no certificados siguen cultivando y vendiendo a través de “centros de acopio”, lugares de almacenamiento que funcionan con apenas algún rótulo: “Se compra fruta de palma”. Esos centros son administrados por una o dos personas que pesan y compran la fruta. El destino final de esta producción se desconoce.

Héctor Castro reconoce que muchos pequeños productores, sin certificar, le venden a las grandes procesadoras, y otro número importante están integrados en cooperativas, que igual venden en el mercado local como de exportación.

En los alrededores de El Progreso hay dos grandes procesadoras, Grupo Palcasa y Hondupalma, que compran la producción de la zona. Mongabay Latam se puso en contacto con personal de Hondupalma para hablar del tema y de Palcasa, pero no hubo respuesta. Tampoco respondieron los mensajes el Ministro de Ambiente, Antonio Galdámez; ni Arnaldo Bueso, funcionario del Instituto de Conservación Forestal.

Mientras tanto, es poco lo que se está haciendo para revertir la crisis hídrica en El Progreso. Los productores en Mico Quemado han desistido, por el momento, de ampliar sus cultivos porque el precio de la palma está en descenso y el mercado europeo parece cerrarse. ¿Pero qué pasará si la situación de mercado se revierte?

Las autoridades municipales dicen haber llegado a un acuerdo con ellos para erradicar el cultivo en la reserva una vez que cumpla con su vida útil y, mientras tanto, lo irían sustituyendo por cultivos más amigables con el medio ambiente, como el cacao y la pimienta gorda. Lo malo es que la palma tiene una vida útil de hasta 25 años y hay plantaciones que apenas tienen 8 años. Paralelamente la población de El Progreso va creciendo y dentro de poco las nuevas generaciones podrían conocer el Río Pelo solo en los libros de historia.