- El deficiente sistema estatal de otorgamiento de licencias para la explotación forestal en Brasil ha facilitado la tala excesiva del lapacho, un árbol cuya madera se exporta casi a $2500 por metro cúbico.
- Este proceso está causando muchísimo daño a la Amazonía, porque los caminos que se construyen para transportar los leños abren vías de acceso hacia el interior del bosque tropical y generan fragmentación.
El lapacho de Brasil es una de las especies arbóreas más valiosas del mundo y uno de los blancos preferidos de la explotación forestal ilegal, y los mercados de exportación principales son EE. UU. y Europa.
El deficiente sistema de otorgamiento de licencias, combinado con la constante tala ilegal e indiscriminada del lapacho (anteriormente denominado Tabebuia spp. pero reclasificado como Handroanthus spp.), han causado graves daños al bosque tropical de Brasil, según una investigación de Greenpeace Brasil.
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El alto valor de la madera de lapacho –que como piso de interior o exterior puede venderse a $2500 por metro cúbico en las terminales de exportación de Brasil– lo convierte en un blanco muy rentable para los leñadores, aunque deban acceder al bosque profundo para talarlos.
El informe indica que el daño ambiental resultante está afectando gravemente a la Amazonía brasileña: los caminos ilegales posibilitan el acceso al bosque tropical profundo, generan degradación y fragmentación forestal, dañan la biodiversidad e intensifican la violencia en las zonas rurales.
El fraude es la raíz del problema
El informe, Imaginary Trees, Real Destruction, revela que “la tala ilegal de lapachos se ve posibilitada por la debilidad del proceso estatal de otorgamiento de planes de gestión forestal”, un problema que el gobierno federal quiere resolver con un sistema de seguimiento e inventario nacional.
Una investigación de campo realizada por Greenpeace en el sudoeste del estado de Pará descubrió que algunos ingenieros forestales corruptos falsifican los inventarios forestales, sea clasificando en forma deliberada a especies arbóreas poco deseables como valiosas comercialmente, sobrestimando el volumen de los árboles valiosos o registrando especies que no existen. Al confiar en esos inventarios fraudulentos, las agencias estatales otorgan créditos que permiten talar y transportar árboles inexistentes. Esos créditos forestales luego se usan para “maquillar las cuentas” de los aserraderos que procesan la madera de lapacho de forma ilegal dentro de las unidades de conservación protegidas de Brasil o las reservas indígenas.
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Los altos niveles de fraude y de explotación ilegal de lapachos son posibles gracias a que no existen estudios de campo realizados por el gobierno en las áreas que cuentan con PMFS y a que tampoco existe un sistema nacional de otorgamiento de licencias de explotación forestal, al menos hasta este mes.
Si bien algunos responsables son capturados, hay muchos otros que continúan inadvertidos.
La consecuencia es que “Hoy en día, se puede decir que es casi imposible garantizar si la madera que proviene de la Amazonía brasileña fue extraída en forma legal o no, ni mucho menos, que en la operación no se produjeron violaciones de los derechos humanos o de leyes ambientales”, aseguró el activista de Greenpeace Rômulo Batista.
“Brasil necesita con urgencia un sistema de gobernanza y cumplimiento forestal que pueda asegurar que la madera proveniente de la Amazonía brasileña es extraída en forma legal y en respeto de los derechos de las comunidades indígenas y otros habitantes tradicionales”, comentó.
Brasil avanza hacia la adopción de un sistema nacional de seguimiento de la madera
“Para modificar este escenario, Brasil necesita un sistema de gobernanza forestal que comience por el Sinaflor [el Sistema Nacional de Control del Origen de los Productos Forestales]. Este sistema [de seguimiento e inventario] (…) tiene que ser transparente y accesible al público para poder ser realmente eficaz”, contó Batista a Mongabay.
Todos los estados brasileños tenían como plazo hasta el 2 de mayo de este año para registrar sus sistemas de control forestal en Sinaflor, el sistema de seguimiento e inventario forestal lanzado en marzo de 2017 por IBAMA, la agencia de protección ambiental federal de Brasil. Sinaflor es un sistema digital de alcance nacional que permite hacer una verificación cruzada de datos de todos los inventarios estatales y federales. Implementarlo debería contribuir a superar las deficiencias de los sistemas estatales y facilitar la detección de fraudes en cualquier punto de la cadena de suministro de madera.
Según IBAMA, para marzo de este año, 21 estados ya estaban listos para usar la nueva plataforma digital, incluidos Amazonas, Roraima y Tocantins. Los estados restantes, que no estaban listos en ese momento, eran Bahía, Espíritu Santo, San Pablo, Santa Catarina, Pará y Mato Grosso. Los últimos dos son los mayores productores de madera de la Amazonía Legal.
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IBAMA confirmó a Mongabay que todos los estados cumplieron con la fecha límite propuesta y registraron o integraron sus sistemas estatales en Sinaflor. Los estados de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Pará, Santa Catarina y San Pablo ya contaban con sus propios sistemas digitales de control forestal, que pudieron integrarse en Sinaflor.
A partir del 2 de mayo, todos los proyectos forestales nuevos en Brasil tendrán que registrarse en el sistema nacional. Los planes de explotación forestal que hubiesen sido presentados antes de esa fecha tendrán como fecha límite para ser registrados el 31 de diciembre. Los oficiales esperan que la vinculación de los sistemas estatales y nacionales resulte en menos fraude y niveles más bajos de tala ilegal de lapachos.
En búsqueda de fraudes
En el estudio, los investigadores de Greenpeace y la Universidad de San Pablo analizaron 586 Autorizaciones de Explotación Forestal (AUTEF) emitidas por la Secretaría de Ambiente y Sustentabilidad de Pará (SEMAS) entre 2013 y 2017. La agencia clasifica al lapacho (Handroanthus spp.) como una especie que se puede talar, y establece cuotas según los volúmenes de lapacho existentes en cada sitio. Cuando se aprueba un PMFS, en la documentación para la AUTEF debe constar la cantidad total de lapachos y el volumen de leños que serán extraídos del sitio autorizado. En base a esas cifras se generan los créditos comerciales.
Los investigadores compararon la densidad forestal de lapachos registrada con la publicada en la literatura científica y en los inventarios de cinco bosques tropicales nacionales de Pará. Después de un análisis exhaustivo, se descubrió que más del 77 % de las AUTEF declaraban volúmenes de lapacho hasta diez veces mayores que los niveles naturales de la especie, por lo cual se sospechaba que en más de 450 casos había existido fraude.
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Entre octubre y noviembre del año pasado, Greenpeace, en conjunto con la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de la Universidad de San Pablo, e IBAMA, también llevó adelante estudios de campo en seis Áreas de Gestión Forestal (AMF) en Pará. Así, descubrió que en esas AMF había identificaciones botánicas incorrectas y sobreestimaciones del volumen de madera declarado en los inventarios forestales, y que se habían registrado especies arbóreas inexistentes. Esas prácticas se usan, normalmente, para disimular la explotación forestal ilegal.
El ejemplo de Mato Grosso
Según IBAMA, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA) en Mato Grosso ha completado el traspaso de su sistema Sisflora a Sinaflor, lo cual es una buena noticia para evitar fraudes. Sin embargo, los recortes de financiación son un obstáculo serio para hacer un seguimiento estatal de la madera apropiado. “Estamos mejorando la gestión ambiental; invertimos en técnicos y equipamiento e hicimos ofertas para adquirir imágenes satelitales de alta resolución. Sin embargo, en términos de acción, [el presupuesto] está casi en cero”, contó a Mongabay André Baby, secretario de la SEMA en Mato Grosso. “Hay escasez de recursos públicos”.
El estado de Mato Grosso tiene uno de los índices de deforestación más altos de todo Brasil, debido a la expansión de la producción de soya y carne: el 20 % de la deforestación total detectada en la Amazonía Legal entre agosto de 2016 y julio de 2017 se produce allí, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) y un estudio hecho por la ONG Instituto Centro de Vida (ICV).
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En particular, preocupa a los ambientalistas el volumen de deforestación que no está permitido ni del cual se hace un seguimiento: el 90 % de las 130 000 hectáreas (501 millas cuadradas) de bosque tropical arrasadas en el período 2016/2017 en Mato Grosso no fue autorizado por la SEMA. Aun así, esa situación fue mejor que la del período 2015/2016, cuando la cifra fue del 95 %.
Al ser entrevistado por Mongabay, el secretario de la SEMA hizo referencia a datos más positivos acerca de la situación forestal en Mato Grosso. Indicó que, si bien hubo allí un aumento del 49 % de la tala ilegal en el período 2014/2015, esa cifra fue del 16 % durante 2015/2016 y del 10 % en 2016/2017.
De todos modos, tales índices de deforestación ilegal no son auspiciosos para los compromisos climáticos futuros que acordó el estado. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) 21 de 2015, realizada en París, el estado de Mato Grosso se comprometió a alcanzar un índice de deforestación ilegal cero para el año 2020. Y en la COP 23 de 2017, anunció que recibió 178 millones de reales (USD 56 millones) de Alemania y el Reino Unido para ampliar sus programas de reducción de la deforestación. Sin embargo, tal inversión será de poca ayuda si, al igual que en el vecino estado de Pará, no se hace un esfuerzo por eliminar las prácticas fraudulentas, implementar sistemas de inventario y seguimiento de la madera y combatir a nivel estatal y federal las operaciones de explotación forestal ilegal a gran escala.
“Las empresas están al tanto”
A pesar de que el sistema nacional de seguimiento, Sinaflor, representa un gran paso hacia la reducción del fraude forestal, será exitoso solo en parte, dado que el gobierno no tiene la capacidad de llevar a cabo inspecciones en el sitio de las Áreas de Gestión Forestal, como sostiene Jeanicolau de Lacerda, de la Coalición Brasil sobre Clima, Bosques y Agricultura.
“Esta brecha es la puerta de entrada hacia la ilegalidad. El control [en el sitio] es difícil, y la seguridad de los bosques solo se podrá garantizar si hay una vigilancia frecuente en el sitio”, explicó a Mongabay.
Sin embargo, los gobiernos federales y estatales de Brasil no son los únicos capaces de frenar la deforestación ilegal, sostiene Greenpeace. En el estudio que llevó a cabo, reveló que los participantes de toda la cadena de suministro de madera hacen la vista gorda ante el fraude.
De los 142 PMFS analizados, 115 trasladaron los créditos de lapacho al sistema estatal Sisflora. De esa cantidad, 79 generaron créditos sospechados de ser ilegales entre marzo de 2016 y septiembre de 2017, y la madera obtenida, probablemente en forma ilegal, fue exportada por 53 empresas e importada, a su vez, por 116 empresas y comercializada en 30 países.
Según Greenpeace, durante ese período, 37 empresas estadounidenses importaron 10 171 metros cúbicos de lapacho, lo cual convierte a EE. UU. en el principal destino de este tipo de madera. Entre los principales compradores se encuentran las siguientes empresas: Thompson Mahogany Company, de Pennsylvania, con 1797 metros cúbicos; International Lumber Imports IC, de Florida, con 1318 metros cúbicos; y UFP International LLC, de Georgia, con 834 metros cúbicos.
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Junto a Europa, EE. UU. recibe el 97 % del lapacho exportado de Brasil. En el período 2016/2017, once países europeos adquirieron 9775 metros cúbicos, entre los que se encuentran Francia (3002 metros cúbicos), Portugal (1862 metros cúbicos), Bélgica (1754 metros cúbicos) y Holanda (1549 metros cúbicos). El resto de las exportaciones se dirige sobre todo a Japón, Canadá, Israel, China, Argentina e India.
Por lo general, todos esos países y empresas consideran que los cargamentos de lapacho son legales, al igual que la documentación que los acompaña. “Las empresas, que se niegan a adoptar medidas de mitigación de riesgos para evitar contaminar sus cadenas de custodia, confían en los documentos oficiales, que no garantizan ni el origen ni la legalidad de la madera que adquieren”, informa Greenpeace.
Lacerda, consultor forestal de Precious Woods, una empresa maderera suiza certificada, afirma que muchas empresas de importación y exportación están al tanto de que compran madera ilegal, y también saben que al hacerlo ahorran dinero: “La producción [ilegal] no paga impuestos ni se hace responsable de los costos de un plan de gestión forestal adecuado, por lo que resulta entre 30 % y 40 % más económica. Nuestra empresa, por ejemplo, no puede competir con la madera ilegal que se comercializa en el mercado brasileño. El problema es que la madera certificada es poco conocida, inclusive entre los consumidores finales de países ricos”, concluye. “Mientras [los consumidores] sigan sin saber qué están comprando y no se opongan, la situación seguirá siendo exactamente la misma”.
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Referencias:
“Imaginary Trees, Real Destruction (2018), Greenpeace Brazil, University of São Paulo Luiz de Queiroz College of Agriculture, Brazilian Institute for the Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA), https://www.greenpeace.org.br/hubfs/Greenpeace_Report_Imaginary_Trees_Real_Destruction_March_2018.pdf
