- Comunidades indígenas y campesinas han ganado varias batallas judiciales contra las industrias extractivas pero aseguran que esas decisiones no se han acatado por completo. Al mismo tiempo,las concesiones mineras, petroleras y la industria palmera siguen creciendo en la Amazonía.
- Las políticas ambientales del gobierno de Lenín Moreno no se han diferenciado mucho de las de Rafael Correa. Las nuevas áreas protegidas intentan salvaguardar especies nuevas y emblemáticas.
El 2018 fue un año ambiguo para el medioambiente en Ecuador. Por un lado, el gobierno de Lenín Moreno se mostró más abierto al diálogo, distanciándose de su antecesor Rafael Correa. Por otro, sus políticas ambientales variaron poco o nada. El otorgamiento de concesiones mineras y petroleras, principalmente en la Amazonía, sigue siendo una constante y el mar ecuatoriano sigue enfrentando diversas presiones, sobre todo por cuenta de la pesca ilegal.
A pesar de la fuerte tensión, este año también hubo hitos positivos. Las sentencias a favor de dos comunidades indígenas, la de Río Blanco, en la provincia de Azuay, y la de Sinangoe, en Sucumbíos, ordenaron detener la extracción minera. A la victoria de Río Blanco y Sinangoe en 2018, se sumó la de los afectados por la contaminación de Chevron en la Amazonía, que tras varios años de defensa ganaron el caso en la Corte Constitucional. La declaratoria de áreas para proteger especies recién descubiertas o brindar refugio a animales emblemáticos como el cóndor andino, también estuvieron presentes este año.
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El cambio: de Rafael Correa a Lenín Moreno
“El cambio entre Correa y Moreno solo ha sido de forma, no de fondo”, opina Eduardo Pichilingue, ambientalista y defensor de los Derechos Humanos. No hay transformación de fondo porque las fronteras petrolera y minera se han seguido expandiendo, el sector indígena está inconforme con las decisiones del presidente y califica al diálogo como infructífero porque, a pesar de que Moreno y sus ministros los reciben, no consideran sus pedidos.
Luisa Lozano es dirigente de la mujer en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y dice que en este 2018 las políticas ambientales “no han mejorado para nada”. “Quieren aparentar que están respetando los derechos pero por debajo siguen persiguiendo a quienes protestan por sus tierras e insisten en entregar concesiones mineras dentro de territorios indígenas”. Lozano recuerda que el 11 de diciembre de 2017 el presidente Moreno dijo que iba a detener las concesiones mineras mientras no se cumplieran todos los requisitos, incluida la consulta previa. Pero un año exacto después, asegura que esto no se ha materializado.
El abordaje ambiental del presidente Moreno sigue siendo difícil de entender para algunos. Aunque para otros, como María Espinoza de Amazon Frontlines, el mensaje del presidente es clarísimo: el nuevo ministro de Ambiente, que asumió funciones el 3 de diciembre, tiene experiencia en el sector petrolero y minero. “Si tú pones frente a la cartera de Estado que tiene la obligación de conservar y proteger a un hombre que tiene un perfil petrolero y minero, estás diciendo muy claramente cuál es la intención y el valor que este gobierno le está dando a los temas ambientales y territoriales”, comenta.
Para Eduardo Pichilingue, a través de la designación del nuevo ministro y del avance minero y petrolero, Moreno está logrando lo que Correa no pudo: “irse más a la derecha para allanar el camino, sin que eso resulte aún más incoherente con su discurso”. Correa nunca pudo con la minería, continúa Pichilingue, ni con la Ronda Sur Oriente, es decir, la licitación de los campos petroleros en el sur de la Amazonía ecuatoriana. “En sus mejores sueños Correa hubiese querido poner un ministro petrolero en el Ministerio de Ambiente sin que se le viniera todo el movimiento indígena encima”, dice, y coincide con Luisa Lozano, de la Conaie, en que Moreno “pacta superficialmente con todos los sectores, entrega dádivas y lo de fondo no cambia”.
Para los consultados, no basta con que Moreno los reciba en su despacho si al final no los escucha; no basta con que haya sentencias favorables con las comunidades, si no se cumplen. Hay un malestar generalizado que se ha manifestado en las exigencias de las mujeres amazónicas y en la marcha por el Agua.
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Lo malo: deforestación, petróleo, minería y palma en la Amazonía
El Parque Nacional Yasuní es el más grande de Ecuador, con una gran importancia ambiental y cultural. Sin embargo, la exploración petrolera dentro de él es una constante. El proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) mostró este año la deforestación por causa de esta industria dentro del área protegida. MAAP analizó imágenes satelitales para estimar la deforestación, tanto directa como indirecta y estos fueron los resultados: por el impacto directo (infraestructura petrolera) 169 hectáreas y por impacto indirecto (actividad agrícola a lo largo de las carreteras creadas) 248 hectáreas. Esto sumaría 417 hectáreas, es decir, 117 más de las que fueron aprobadas en una consulta popular en la que participaron los ecuatorianos a inicios de este año.
“Hay planes para muchas más plataformas y carreteras de acceso para explotar el campo Ishpingo en el bloque petrolero ITT. Nuestros resultados indican que el gobierno debe considerar de nuevo esos planes ya que han perdido más de 400 hectáreas dentro de Yasuní”, afirma Matt Finer, investigador y director de MAAP.
Otro proyecto, pero esta vez minero, que durante 2018 preocupó en términos de deforestación fue Mirador. Un análisis con base en imágenes satelitales mostró cómo durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017, ya se habían deforestado 1307 hectáreas de bosque. A Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, lo que le ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”.
En octubre de 2018, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, dijo que no se realizaría ninguna licitación de bloques petroleros, “como lo tenían previsto”, supuestamente para evitar conflictos sociales a las empresas. Sin embargo, sí se licitaron los bloques 86 y 87, en la provincia de Pastaza, ubicados en territorio de los pueblos indígena kichwa y sápara. Benito Bonilla, de Fundación Pachamama, comenta que además de esos bloques hay otros que se están renegociando en el centro norte de la Amazonía para repotenciar la producción de los pozos. “Están revisando las áreas donde ya ha habido explotación petrolera”, dice.
Otra actividad no extractiva —pero mundialmente conocida por sus efectos en el medioambiente, y que sigue creciendo en el Ecuador— es la siembra de la palma africana. Durante el Primer Encuentro de Pueblos, Comunidades y Naturaleza Frente a la Palma Aceitera, en octubre de 2018, se concluyó que la palma es “la primera causa de deforestación de bosques y selvas primarias en Ecuador y otros países de Latinoamérica”. Aunque no hay datos disponibles del 2018 sobre las plantaciones, la producción entre 2016 y 2017 creció en un 5 %, es decir, se produjeron 152 000 toneladas métricas adicionales que en 2016. La provincia con más producción es Esmeraldas —casi el 50 %— pero en una entrevista para un reportaje sobre la palma africana en Ecuador de Mongabay Latam, Nathalia Bonilla, de la organización Acción Ecológica, dijo que “el crecimiento de la palma hacia la Amazonía, en Sucumbíos, se está volviendo cada vez más agresivo”.
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El desafío: un mar inmenso para vigilar
A pesar de su pequeño tamaño, Ecuador cuenta con un área marítima cinco veces superior a su extensión en tierra. Dentro de sus aguas, el país tiene una enorme biodiversidad y cuenta con el privilegio de tener las islas Galápagos, una zona de alto endemismo, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO y un gran centro de generación de información científica.
Sin embargo, durante 2018 el mar ecuatoriano también tuvo que combatir la creciente pesca ilegal que se sigue dando en Sudamérica. El Ministerio de Acuacultura y Pesca del Ecuador asegura que durante 2018 ha ejecutado diferentes estrategias para atacar el fenómeno, entre las cuales están: la creación de una Comisión Multisectorial; la disposición de más de 200 inspectores de pesca distribuidos en todo el perfil costero, verificando que las capturas de las embarcaciones tengan origen legal; un Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; un sistema de trazabilidad completo para la exportación de tiburones (aletas, cuerpos y subproductos), seguido de guías de movilización de pesca incidental para el transporte y comercialización; e inspecciones a las empresas exportadoras para verificar que el producto que está por salir del país no corresponda a especies prohibidas.
Aun así, la pesca ilegal es difícil de controlar. Felipe Vallejo, director de la organización Equilibrio Azul, asegura que la discusión que se podría haber generado sobre la sobreexplotación de recursos marinos y la pesca ilegal jamás se dio. “La realidad es que en el Ecuador se pesca irregularmente todos los días”, dice. Por su parte, la pesca de tiburón ─una de las más preocupantes debido a su alta demanda en los mercados asiáticos─ preocupa no solo a nivel industrial sino artesanal. “Es dudoso que la pesca de tiburón, hecha por la flota artesanal ecuatoriana, sea incidental. Por el contrario, más parece una pesca dirigida: el objetivo no declarado de dicha flota”, asegura Santiago Bucaram, economista especializado en recursos costeros.
También pasaron cosas que parecieran increíbles. Por ejemplo, en 2017 se capturó al barco chino Fu Yuan Yu Leng 999, con un cargamento de 300 toneladas de tiburones al interior de la Reserva Marina Galápagos y esa misma flota volvió a aparecer cerca del lugar este año. Walter Bustos, exdirector del Parque Nacional, asegura que “esta vez tuvimos la precaución de anticiparnos y la Armada del Ecuador ya realizó vuelos de aproximación y señales aéreas claras para advertir que están cercanos a espacio nacional y áreas protegidas”.
La vigilancia es compleja y a eso se suma que muchas flotas suelen justificar como incidental la pesca ilegal, “pero nosotros hemos encontrado varias embarcaciones en Galápagos que tenían únicamente tiburón a bordo. Esto da cuenta de que no era una pesca incidental”, asegura Bustos.
Cecilia Torres, de Mingas por el Mar, una fundación que promueve la conservación de los océanos, le dijo a Mongabay Latam que a pesar de todos los obstáculos y problemas a los que se enfrentan los mares, tienen parte de su esperanza en la decisión que tomó este año la Asamblea Nacional, en la que aprobó la vinculación de Ecuador al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP); un documento de la FAO para impulsar la lucha contra la pesca ilegal. Ese acuerdo se basa en la efectividad que tienen los controles sobre los puertos por donde pasa la mayor parte de la carga de pesca a nivel mundial, incluyendo aquella ilegal. “Queda que el gobierno implemente las medidas necesarias para que se cumpla”, afirma.
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Lo feo: continúan vulneraciones contra pueblos indígenas
Durante el gobierno de Rafael Correa más de 100 personas fueron víctimas de hostigamiento judicial: durante protestas, marchas y manifestaciones para defender su territorio, el agua y otros derechos como acceso a educación intercultural bilingüe. Eran detenidos y acusados de delitos como daño al bien ajeno, sabotaje y paralización de los servicios públicos. En el año y medio de gobierno de Lenín Moreno esta situación ha cambiado, pero a medias.
Luisa Lozano dice que muchos casos de hostigamiento judicial en contra de indígenas siguen sin investigarse y hay quienes continúan con problemas en sus procesos judiciales. “Quedan pendientes muchos compañeros. También se sentenció a Pepe Acacho, luego le dieron el indulto, pero no quiere decir que fue por voluntad del gobierno sino que es un derecho amparado en la Constitución”, opina Luisa. Acacho, de la nacionalidad shuar, había sido vinculado a la muerte del profesor indígena Bosco Wisuma en 2009 durante una protesta en contra de la ley de aguas, promovida por el entonces presidente Correa.
Otro tema que no ha cambiado en el 2018 es la consulta previa. Según Lozano, sigue igual. “Tienen una estrategia de reunir a la gente y ofrecer obras, como si eso fuera consulta previa cuando no es así. Se siguen abriendo más concesiones a nivel de la Amazonía. Por ejemplo, en el proyecto Cóndor Mirador no hubo consulta y allí han hecho un daño ambiental terrible”.
Lozano dice que aunque Moreno se muestra más abierto al diálogo, sigue impulsando sus políticas extractivas. Una actitud similar tendrían los miembros de su gabinete. El 14 de noviembre un grupo de mujeres amazónicas fue recibido por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Venían desde el Puyo para exigirle al gobierno que paralizara las concesiones petroleras porque significaban una agresión a los pueblos indígenas amazónicos. Ese día, el ministro dijo que se tomarían las decisiones que el presidente considerara convenientes. “Siempre precautelando el interés de los 17 millones de habitantes que son la responsabilidad del Gobierno Nacional”. Las mujeres amazónicas regresaron a sus territorios con esa respuesta ambigua.
Verónica Potes, que acompañó a las mujeres amazónicas en ese día y medio de vigilia en el edificio del Ministerio de Hidrocarburos, dice que ese falso diálogo terminó con un “ya veremos, vamos a hacer consulta pero no es vinculante”. Una respuesta que revela que la apertura del gobierno tiene sus límites.
A pesar de que en Ecuador la consulta previa es un derecho constitucional, la abogada Potes asegura que ningún proyecto en el país tiene consulta previa. “La consulta previa es posterior, dicen: ‘ah, no la hice, pero no importa, mañana la hago’, cuando los proyectos ya están en marcha”.
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Lo bueno: Nuevas zonas de protección y triunfos judiciales emblemáticos
A pesar de las dificultades presupuestales a las que se enfrentan las entidades que trabajan con áreas protegidas en Ecuador, 2018 fue testigo de grandes proyectos que intentan cuidar la biodiversidad de este país sudamericano.
Luego de casi seis años de trabajo, el Grupo Nacional de Trabajo sobre el Cóndor Andino, liderado por el Ministerio de Ambiente, aprobó en febrero la declaratoria de 34 763 hectáreas, en Río León (entre los municipios de Oña, Nabón y Santa Isabel en la provincia de Azuay, así como Saraguro en la provincia de Loja) para proteger al cóndor andino, una especie en peligro en la cordillera de Los Andes. Fabián Rodas, de la organización Naturaleza y Cultura Internacional, asegura que “río León es un área remota, con poca gente, cercana a los páramos del centro y sur del país, y con corrientes aéreas ascendentes propicias para el vuelo de los cóndores. Y sus acantilados, además, son perfectos para anidar y descansar”.
Otra buena noticia para Ecuador fue la declaratoria del Chocó Andino como Reserva de la Biósfera. En ella se encuentran nueve bosques protectores, tres Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS), múltiples reservas privadas y un Parque Nacional: la Reserva Geobotánica del Pululahua. Más de 73 000 hectáreas de la nueva Reserva de Biósfera corresponde a ocho áreas núcleo, es decir, lugares donde los bosques tienen un mejor estado de conservación y son importantes por su biodiversidad y por los servicios ambientales que proveen. “Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo. La Reserva de Biósfera le confiere a este territorio herramientas adicionales para la conservación de la biodiversidad, pero también a nivel local en términos de desarrollo sostenible de sus habitantes”, dice Jorge Ellis, responsable del sector ciencias naturales de la UNESCO y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Los esfuerzos privados tampoco se quedaron atrás. Tal fue el caso de la Fundación Ecominga y su reserva Drácula, en la región noroccidental de Ecuador, en el Chocó biogeográfico. Precisamente, en esta reserva se confirmó la presencia de una nueva especie de lagartija (Anolis dracula). Esta es la única área protegida en Ecuador que en este momento protege el ecosistema donde habita este reptil.
De acuerdo con Mario Yañez, biólogo e investigador del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador, esta especie los ha motivado bastante para reflejar la alta diversidad que contiene la cuenca del Río Mira (entre Ecuador y Colombia). “La fundación Ecominga ha sido una de las instituciones que ha auspiciado la investigación y que pretende generar un sistema de reservas para llenar un vacío en el sistema de conservación”, comenta.
Los fallos judiciales también fueron protagonistas en 2018. En julio, la Corte Constitucional ratificó la decisión que obliga a la empresa Chevron a pagar 9500 millones de dólares a los afectados para la reparación y remediación de los daños sociales y ambientales que —según auditorías y peritajes— dejó la operación de la petrolera en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, en el noreste del país. En la práctica, los afectados no han recibido ninguna reparación y la empresa insiste en que cumplió con sus obligaciones.
Otro caso emblemático fue el de la comunidad de Río Blanco. El 1 de junio de este año el juez Paul Serrano suspendió la explotación minera del proyecto Río Blanco, en la provincia de Azuay. Comuneros habían interpuesto una acción de protección debido a la contaminación en su territorio y afirmaban que no se habían respetado los procedimientos legales, como el derecho a la consulta previa. Esta última violación fue el principal argumento para interrumpir la operación. No obstante, hasta el momento la empresa no ha abandonado el territorio y las autoridades competentes no han cumplido con su parte.
A la victoria judicial de Río Blanco se suma la de la comunidad Cofán de Sinangoe que denunció la existencia de 52 concesiones mineras sobre el área aledaña a su territorio ancestral. “Han ganado en segunda instancia pero a pesar de eso, una de las mineras canadienses que opera en la zona, que se llama All Metal, sigue haciendo actividad, están desconociendo un fallo judicial y no hay ninguna tutela efectiva”, opina María Espinoza.
A pesar de que estas decisiones judiciales son interpretadas como positivas para las comunidades, Espinoza considera que no son acatadas de manera obligatoria por las instituciones competentes. “Las autoridades que deberían hacer seguimiento muy riguroso a estas disposiciones y que se cumpla la sentencia, como la Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero) y el Ministerio de Ambiente, no están haciendo lo suyo”. Todavía hay bastante en que trabajar.
