Cada nuevo año trae consigo diferentes desafíos y en Bolivia el 2019 es año de elecciones presidenciales. Mongabay Latam escogió cinco temas que estarán en el centro del debate ambiental.

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1. Los temas ambientales en la agenda política de un año electoral

En octubre, Bolivia elegirá a su presidente. A pesar de la polémica, el actual mandatario, Evo Morales, se presentará a la reelección por cuarto período consecutivo. Ante este panorama, los defensores y expertos en medio ambiente pronostican un pesimista futuro, sobre todo teniendo en cuenta las decisiones del gobierno de Morales enfocados en la promoción de industrias extractivas en ecosistemas sensibles.

Iván Zambrana, director ejecutivo de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, organismo del Estado encargado de los asuntos relativos al cambio climático, asegura que la propuesta ambiental del oficialismo, para el nuevo período presidencial, continúa siendo la hasta ahora implementada. “Se seguirá trabajando en los lineamientos establecidos en la Agenda Patriótica 2025 para continuar con los avances en la integración de la dimensión ambiental al desarrollo”.

Carlos Mesa, expresidente boliviano y el principal candidato opositor para los próximos comicios, incluye en su programa de gobierno algunas propuestas ambientales. Entre ellas destaca el cambio de la matriz energética para que se “abandone gradual y responsablemente el modelo extractivista y su dependencia de combustibles fósiles”; la diversificación productiva, para disminuir la presión sobre los recursos naturales; la adopción de buenas prácticas mineras; el mejoramiento de la productividad y el rendimiento de los cultivos y de la ganadería “en lugar de ampliar irresponsablemente la frontera agrícola”.

Cecilia Requena, ambientalista y colaboradora en la elaboración del programa presidencial de Carlos Mesa, señala que, sin embargo, aún falta convertir estas propuestas en medidas concretas.

Requena repara en que el desafío de Bolivia no se avecina nada fácil pues “se trata de hacer una transición de un modelo extractivista a actividades productivas viables a largo plazo”. Un propósito complejo si se considera que la arcas fiscales de Bolivia están sostenidas principalmente sobre la exportación de gas.

Para Marco Antonio Gandarillas, investigador responsable de Incidencia Política del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), en época de elecciones existe el peligro de conceder favores políticos. El sociólogo, investigador desde hace más de 15 años en temas de hidrocarburos y minería, señala como ejemplo que las cooperativas mineras han solicitado que se anulen todo tipo de requisitos ambientales para operar dentro de áreas protegidas, desde licencias ambientales hasta estudios de impacto ambiental.

Oscar Campanini, director del CEDIB, explica que “el gobierno está considerando esas peticiones a cambio de apoyo político electoral”. Aunque esa aprobación podría menoscabar el apoyo de algunos sectores ambientales, estos son reducidos en capacidad de movilización y económica si se le compara con sectores productivos. “El sector cooperativista mueve realmente a mucha gente y tiene un poder económico y político impresionante”, agrega Campanini.

Para Roger Cortez, director e investigador del Instituto Alternativo, una red global de investigadores bolivianos sobre temas de economía y modelos alternativos de desarrollo, explica que el régimen de Evo Morales se enfrenta a un creciente desgaste político debido a que ha ido mutilando algunos de sus principales apoyos, entre ellos, el de los cooperativistas mineros. Según Cortez, Mesa puede capitalizar ese desgaste si es que logra elaborar una plataforma, que rescate los beneficios sociales que ha logrado Morales, y proponer una plan sólido para modificar la matriz productiva e ingresar en un nuevo modelo de desarrollo.

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2. ¿Qué pasará con las áreas naturales protegidas?

Las cooperativas mineras que se encuentran ejerciendo presión para poder operar en áreas protegidas “han tenido un crecimiento impresionante en los últimos cinco, ocho años” señala Campanini. La cifra exacta de empresas y proyectos por ahora no existe y CEDIB se encuentra actualmente realizando un estudio para determinarla.

La principal zona de expansión y explotación de estas cooperativas, que son principalmente auríferas, es en los Yungas, al norte de La Paz, una de las nacientes de la cuenca del Amazonas.

La solicitud es que se rezonifiquen ciertas áreas protegidas y “en los extremos, llegan a pedir que se eliminen”, dice Campanini. Dichas solicitudes se enmarcan en una política que el gobierno ha implementado para viabilizar ciertos proyectos extractivos estratégicos. Es el caso del Parque Carrasco que se modificó para viabilizar la construcción de la represa Ivirizú, de la carretera que pasa por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) o de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía que se rezonificó para posibilitar la exploración y explotación de hidrocarburos.

Cortez considera que, al disminuir las exportaciones de gas, se ha provocado una insuficiencia de disponibilidad de dinero para satisfacer las demandas del sector dirigencial de las cooperativas mineras. Lo anterior ha causado conflictos entre el gobierno y este sector, uno de los principales en cuanto a apoyo electoral. De ahí que las solicitudes para levantar las restricciones ambientales y penetrar en zonas protegidas, tengan cabida en las consideraciones del gobierno. “De hecho, de alguna manera, ya lo ha concedido. Cerrando los ojos ante las penetraciones ilegales y aumentando las concesiones en áreas protegidas” dice el analista.

Entre las empresas que buscan instalarse en zonas protegidas se encuentran las de origen chino, de capitales públicos o mixtos, que “son, de hecho, los principales proveedores de capital y obras públicas en Bolivia”, explica Cortez. El problema, es que “las empresas chinas tienen un modo de operar que obedece a los más bajos estándares en temas ambientales, laborales y de derechos humanos”, asegura Gandarillas.

Al respecto, Zambrana asegura que “existe un sesgo xenofóbico” y que nunca antes hubo tal nivel de crítica cuando se trataba de empresas de otra nacionalidad, como alemanas.

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3. El desafío energético

El panorama hidrocarburífero de Brasil y de Argentina, los principales mercados del gas boliviano, cambió. Argentina pasó de ser un importador de gas a transformarse en productor y se prepara para comercializar gas natural licuado extraído del reservorio Vaca Muerta. Incluso venderá a Brasil y a un precio más bajo.

Brasil, por su parte, pretende aumentar la producción de los campos del Presal y disminuir sus importaciones. De hecho, en los últimos meses, dichas reservas generaron excedentes por lo que la demanda del gas boliviano disminuyó.

Sumado a esto, las reservas de gas en Bolivia se han reducido.

“El país enfrenta un escenario económico, en términos de exportación de gas, muy complejo”, explica Campanini. “Eso está haciendo que el gobierno intensifique a más no poder las nuevas exploraciones de hidrocarburos” agrega.

La penetración al interior de la reserva Tariquía es, probablemente, el mejor ejemplo de ello. Pero ese no es el único caso. Una intensa exploración de gas y petróleo se ha desarrollado desde el año pasado en el norte amazónico. De llegar a la explotación, según las distintas fuentes consultadas por Mongabay Latam, tendría gravísimos impactos debido a la gran diversidad ecosistémica del Amazonas.

Según señala Zambrana, Bolivia es el país de la región que más ha invertido, en relación a su producto interno bruto, en implementación de energías renovables. Además, asegura que el país está enfocado en “diversificar sus fuentes de producción para no exportar solamente gas sino electricidad”. Ello a partir de hidroeléctricas, termoeléctricas de gas natural y biomasa.

En ese sentido, importantes proyectos hidroeléctricos se encuentran en estudio, como la represa Cachuela Esperanza, la binacional con Brasil, o el enorme proyecto hidroeléctrico Chepete y Bala. Sin embargo, estos proyectos “no dejan de tener altos impactos debido a que la mayor parte de ellos son mega represas que están en la amazonía”, dice Campanini.

Así, la protección de las áreas protegidas de Bolivia también depende del desafío de encontrar soluciones a la depresión del mayor inyector de recursos del país. Diversificar la matriz energética y productiva es, para Bolivia, un desafío ineludible que, en opinión de los expertos, ya debería estar siendo abordada si es que se espera detener la depredación de los ecosistemas bolivianos.

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4. La deforestación y la frontera agrícola

En diciembre de 2015, Bolivia se comprometió a terminar con la deforestación ilegal para el 2020, pero el panorama actual no da muestras de que el objetivo vaya a ser alcanzado.

En 2017, el gobierno boliviano aprobó la ley de “Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques” que permitió la regularización de las deforestaciones ilegales cometidas entre 1996 y 2012. Con ella, se habilitaron 4 988 000 hectáreas que beneficiaron a más de 20 000 productores agrícolas y pecuarios del país. En palabras de Gandarillas, se trató de “un gran perdonazo” que ha traído como consecuencia el incentivo de la deforestación ilegal. “Lo que hemos visto, a través de una serie de organizaciones que hacen monitoreo, es que ha habido un incremento muy fuerte de la deforestación porque el sector cree que viene un segundo perdonazo”, afirma el experto de CEDIB.

Para Requena, ese tipo de medidas actúan como una trampa que le permiten al gobierno “cumplir”, al menos en el papel, con los compromisos de París.

Por otra parte, se ha incentivado y facilitado la tala de pequeñas superficies, en el oriente del país, para pequeños productores provenientes del occidente. Tal es el caso de las 55 hectáreas tumbadas el año pasado en la reserva Tucabaca, en Santa Cruz. Tras el desmonte, 33 familias se asentaron en el lugar con la autorización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

Campini explica que gran parte de estos campesinos abren frontera agrícola y posteriormente alquilan o venden la tierra. En algunos casos se trataría de tráfico de tierras “que es algo que se está empezando a denunciar”, asegura.

En la “Agenda Patriótica 2025” del gobierno se plantea la ampliación de la frontera agrícola, de las poco más de tres millones de hectáreas que tenía para 2013, a 13 millones de hectáreas para reforzar la seguridad alimentaria. El principal producto sembrado hoy en el país es la soya que busca abastecer, también, un mercado al que Bolivia apunta a participar: la producción de biodiesel.

De hecho, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz, aseguró que en 2019 se incrementará la producción de las oleaginosas y trigo para que se pueda abastecer tanto al mercado interno como el mercado de exportación y también la producción de biocombustibles. Zambrana, sin embargo, asegura que se trata de un aumento en el rendimiento productivo, lo que no implica mayor extensión de los cultivos para la fabricación de biodiesel, ni tampoco de etanol, otra de las incursiones energéticas en las que se encuentra Bolivia. Esta vez, a partir de la caña.

La expansión de la frontera agrícola es así un importante desafío al que Bolivia se enfrenta aunque, en opinión de conservacionistas, no hay pruebas de que sea realmente una prioridad de gobierno.

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5. Tráfico de jaguares

En 2018, 14 países firmaron el Plan Jaguar 2030 que busca atacar el tráfico de colmillos y de partes de este felino priorizando cuatro acciones: la conectividad, las acciones que cada país debe tomar para proteger a esta especie y sus ecosistemas, la conservación de los corredores donde habitan los felinos, y la identificación y establecimiento de 30 paisajes prioritarios de conservación.

Entre 2013 y 2018 unos 171 jaguares fueron masacrados en los bosques bolivianos, víctimas del mercado asiático que demanda sus colmillos y otras partes como la piel, la cola o los testículos que, sumados, alcanzan los $US 1 295 000 por animal. Hasta la fecha, las autoridades han incautado, de manos de contrabandistas chinos, un total de 684 colmillos de jaguar.

A pesar de que este delito ocupó, el año pasado, la atención de la sociedad boliviana y de la justicia que condenó, por primera vez, a traficantes de jaguares, Bolivia no ha suscrito oficialmente el Plan Jaguar 2030.

En opinión de Gandarillas, “si es que hay presión ciudadana, es probable que se firme el acuerdo”. Sin embargo, señala que “hay una brecha muy grande entre la firma y la acción”.

Por ahora, no ha habido ningún pronunciamiento oficial respecto a la implementación de medidas que apunten a solucionar este problema.

Por otro lado, Gandarillas explica que “el jaguar habita en zonas en riesgo por cooperativas mineras y empresas chinas”. De este modo, la vulnerabilidad de este animal, considerado casi amenazado por la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN), se vincula también con los otros ya mencionados importantes desafíos ambientales de Bolivia.

Requena señala que, en Bolivia, debido a la cantidad de problemas ambientales, existe una multiplicidad de causas por las que la ciudadanía se está pronunciando, entre ellas el tráfico de jaguares. En opinión de la ambientalista, debido a la creciente imparcialidad del poder judicial, “si hay algún espacio que queda es el de la resistencia ciudadana”. Sin embargo, “lo que hace falta es una especie de paraguas que sea capaz de armonizar y articular todas estas causas, en un movimiento ciudadano de alcance nacional poderoso”.

Foto Portada: WCS

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Michelle Editor/a

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