Amenazas a líderes indígenas y sociales no cesan en Colombia

El panorama para los defensores sociales y ambientales en Colombia empezó muy mal en 2019. Solo en enero ya iban 17 líderes asesinados y decenas de amenazados. El presidente Iván Duque aseguró que la guerrilla del ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo, Caparrapos, Pelusos y Los Pachenca serían los principales responsables de los homicidios. De hecho, el 31 de enero, el gobierno colombiano presentó el cartel de los hombres más buscados y ofreció recompensas que van desde los 500 millones hasta los 4000 millones de pesos (entre 158 000 y poco más de 1 millón de dólares). Los montos más altos son para Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Chamorro Acosta, alias Antonio García; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito. Los tres del ELN.

Los líderes indígenas tampoco han escapado de los asesinatos y amenazas. Recientemente circularon varios panfletos contra educadores, comunicadores y líderes en el departamento de Putumayo. Entre ellos se encuentra Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). Mongabay Latam habló con él sobre estas amenazas, la seguridad en los territorios y las preocupaciones ambientales de los pueblos ancestrales.

Su nombre apareció en un panfleto el pasado 17 de enero, ¿a qué cree se debe esta amenaza?

Desde 2017 los líderes defensores de Derechos Humanos hemos sido declarados “objetivo militar” en el país.  Esto tiene que ver con intereses económicos que se tejen en los territorios y a la incomodidad por los llamados y denuncias oportunas que hacen nuestras autoridades indígenas ante las entidades de Gobierno a nivel central. Esto hace que haya cierta represión contra nuestra actividad. Hemos interpuesto demandas y tutelas (mecanismos jurídicos para la defensa de derechos fundamentales) a favor del territorio y de esta manera hemos impedido que se den licencias o se otorguen bloques para proyectos mineros y petroleros. Eso se cruza con intereses de muchos sectores del país.

El 17 de enero recibimos un panfleto emitido por un grupo denominado Águilas Negras, bloque sur de las autodefensas, donde hacen unas amenazas contra siete líderes, entre los cuales estoy yo, y nos daban 24 horas para salir de la zona (Putumayo) o de lo contrario atentaban contra nosotros y nuestras familias. El panfleto también señalaba represalias contra autoridades y gobernadores indígenas que están en la región. Eso nos preocupa mucho porque estamos hablando de más de 240 personas.

¿Qué hicieron luego de recibir estas intimidaciones?

En el marco de la coordinación de Derechos Humanos de la OPIAC nos pronunciamos de manera contundente rechazando este tipo de actuaciones. Hasta la fecha esta es la primera vez que salgo en un panfleto, a pesar de que he tenido amenazas telefónicas previamente. Iniciamos una acción urgente que se envió a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Ministerio del Interior para que ellos adelanten las acciones pertinentes y se establezca una protección efectiva para los líderes amenazados.

Queremos que las Naciones Unidas hagan un llamado e insten al gobierno de Colombia para que tome medidas concretas que lleven al cese de los asesinatos de líderes indígenas y sociales en el país. No puede ser que estén amenazando a casi toda la dirigencia indígena del Putumayo, incluyendo presidentes de organizaciones indígenas como la Organización Zonal Indígena del Putumayo (Ozip), y en general, asociaciones de cabildos creadas por el decreto 1088 de 1993.

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?

En este momento no hemos tenido la primera llamada de la UNP. Sabemos que la Defensoría ha oficiado a esta entidad y a la Fiscalía, pero no hay resultados. No se sabe de dónde provienen estas amenazas, qué intereses hay sobre ellas ─aparte de asesinar─.  La acción del gobierno ha sido lenta y precaria. Más bien nula.

Con la llegada de este nuevo gobierno los asesinatos a líderes se incrementaron en cerca de 50 %. Creemos que el gobierno nacional debe tomar acciones contundentes y concretas, tanto individuales como colectivas.

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Pero, ¿usted tiene esquema de protección?

Sí, nos aplican el decreto ordinario que tiene la UNP que consiste en un casco, un chaleco, un auto blindado y hombres armados. Sin embargo, para los pueblos indígenas la protección también viene desde lo tradicional, lo espiritual y lo ancestral. Hemos construido una propuesta de decreto para la protección diferencial pero está engavetada en los escritorios de la UNP. Necesitamos que haya más voluntad política del gobierno nacional, más cuando están amenazando y asesinando a nuestros líderes. Lo máximo que nos han permitido es tener de acompañante a un guardia indígena, que también debe contar con las capacitaciones exigidas por el gobierno.

En los esquemas de protección hay varias falencias. Por ejemplo, los carros blindados son muy pesados y exigen alto consumo de combustible, pero solo permiten que llenemos el tanque una vez al día. Esto es complicado porque nosotros solemos tener rutas extremadamente largas, de hasta 14 horas por carretera. En caso de que el protegido no tenga dinero, el carro se queda sin gasolina y debe esperar hasta el día siguiente, en el lugar que sea, para poder llenar nuevamente.  Eso pone en grave riesgo la seguridad de muchos líderes. Los escoltas tampoco tienen suficientes viáticos para desplazarse y a veces solo les autorizan dos o tres días fuera de la ciudad, y en el caso de nosotros, muchas veces permanecemos hasta ocho días en cada territorio. La UNP asegura que no hay muchos recursos y hasta ahora se conoce que solo hay presupuesto para garantizar escoltas hasta junio de este año.

¿Cuáles son las zonas más peligrosas en este momento?

Tenemos una zona bastante delicada en Putumayo. En el departamento de Amazonas tenemos varios reportes de denuncias y Caquetá también preocupa. Incluso, en departamentos como Vaupés, donde era menos frecuente saber de amenazas, también se están presentando algunos hechos. Esto en cuanto a la Amazonía, pero también hay indígenas de otras zonas en grave riesgo, sobre todo en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó.

¿Cuáles han sido los pedidos de los pueblos indígenas?

Cesar los asesinatos de líderes indígenas en los territorios. No podemos esperar a que haya un decreto o un papel más para defender la vida, eso debe ser inmediato.

La Fiscalía debe ser efectiva en las investigaciones, porque para unas cosas sí investiga y para estos casos no.  Son muchas las preguntas: ¿quién está emitiendo las amenazas?, ¿existen las Águilas Negras o no?, ¿se desmovilizaron los paramilitares? Es necesario ver con qué instrumentos vamos a proteger a los dirigentes. Hemos pedido una reunión en el Putumayo con autoridades de alto nivel del gobierno y con las autoridades locales e indígenas para hacerle seguimiento a estos hechos.

Usted asegura que las amenazas, en gran parte, se deben a la defensa que los indígenas hacen de los territorios, ¿cómo está la situación en la Amazonía?

Hay muchas bandas criminales llegando al Putumayo y en general a la Amazonía. El conflicto está recrudeciendo en la zona porque también están las disidencias de las FARC y todos se lucran del narcotráfico. Está el tema de minería ilegal que nos preocupa bastante, hace poco estábamos denunciando que los ríos Caquetá, Putumayo y Amazonas están contaminados con mercurio y los grandes proyectos petroleros están generando graves afectaciones.

Al parecer muchos de los problemas están relacionados con el medio ambiente…

Como decía, nos preocupa el tema de la minería legal e ilegal. Incluso, una de nuestras propuestas en la consulta del Plan Nacional de Desarrollo era la modificación y reglamentación al código minero, pero fue rechazada por el Ministerio de Minas.

La deforestación también es otro temor porque avanza aceleradamente en Caquetá, Putumayo, Guaviare, pero también en los demás departamentos amazónicos. Pensamos que tiene que ver con el posconflicto porque esos territorios han quedado abandonados y están llegando muchos grupos especuladores a talar grandes extensiones de tierra para cultivos de uso ilícito. Los megaproyectos petroleros siguen siendo un punto muy fuerte de discusión y revisión porque se están adelantando sin el consentimiento previo libre e informado, violando la consulta previa. Muchas veces nos toca demandar para que se nos restablezca ese derecho y, sobre todo, para que se reconozca que en cierto territorio hay pueblos indígenas. Esa labor la hace la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, pero no está cumpliendo con ese deber.

En algunas regiones donde hay disidencias de las FARC están diciendo que nunca se han desmovilizado y que no son disidencias, que siguen siendo guerrilla. Ellos están empezando a tener control sobre la zona y a pedirnos recursos para rearmarse.

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¿En cuáles departamentos están teniendo más conflictos petroleros y mineros?

En el tema petrolero están Putumayo y Caquetá  y en el tema minero están Caquetá, Vaupés y Guainía.

Hace poco las organizaciones indígenas se reunieron con el gobierno para discutir el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué se concertó?

Terminamos la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo en su cuarta fase. En octubre se suscribió una ruta metodológica con el gobierno para la Amazonía, en la cual se definieron 13 diálogos de saberes que deben hacerse en los territorios para conocer cuál es la visión de país que tienen los pueblos indígenas.

Una de las apuestas para la región amazónica estaba sustentada en tener un fondo verde en relación al pago por servicios ambientales. Esto  tiene que ver con el cuidado que ha habido milenariamente, a través del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, en la conservación de los bosques y que estos recursos sean administrados por las autoridades indígenas locales, no como sucede en este momento, que llegan los fondos y se canalizan a través del Ministerio de Ambiente y de ONG y los recursos se quedan en terceros.

En el tema educación se logró la universidad indígena para la Amazonía, lo cual es un logro muy importante. Se revisó el tema de autoridad ambiental, sin embargo, está en discusión jurídica y este punto no se pudo concertar.

Del total de las propuestas, cerca del 96 % fueron aprobadas por el gobierno nacional y ya estamos trabajando en indicadores y metas. También se acordó un presupuesto de 10 billones de pesos para el capítulo diferencial indígena del Plan Nacional de Desarrollo; el éxito estará en el seguimiento y en cómo los indígenas podrán acceder a esos recursos.

Acaba de mencionar el tema de autoridades ambientales indígenas, ¿cuál era la propuesta?

A pesar de que durante siglos hemos ejercido el gobierno propio, queremos que nos permitan mayor administración y control del territorio, que son acciones que no adelantan  las corporaciones autónomas regionales (CAR). Muchas veces no hacen su labor, y por el contrario, sus órdenes y resoluciones favorecen los intereses de las grandes empresas petroleras y mineras, afectando así nuestros territorios. Ellos no coordinan con las autoridades indígenas y nos están perjudicando porque contaminan nuestros ríos, acaban con las plantas de nuestras medicinas y nuestra cultura.

Claramente esta propuesta genera ampolla en otros sectores que tienen intereses comerciales sobre los territorios. Ya se han pronunciado negativamente los empresarios, los ganaderos, los petroleros y otros gremios que lograron ponerle freno al proyecto y engavetarlo después de que fue consultado en el marco de una mesa de concertación en la consulta previa. La viceministra de Ambiente nos dijo que parte de lo que se acordó ahí era supuestamente inconstitucional.

Finalmente, ¿qué opina sobre la idea de los gobernadores de Guainía y Guaviare de expandir la frontera agrícola y permitir actividades extractivas?

Es un tema que debe revisarse con las autoridades ambientales e indígenas en los territorios, y en todo caso, los proyectos que afecten la vida de los pueblos indígenas se tienen que consultar.  En el caso del Guainía, cuando el gobernador se pronunció sobre la minería a gran escala hubo un pronunciamiento fuerte de los indígenas, el cual fue apoyado por la OPIAC y lo mismo ocurrió en el departamento de Guaviare porque sin duda estas decisiones afectarían los territorios en especial los ríos y demás fuentes hídricas.

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