- Las amenazas y actos de violencia contra las comunidades indígenas parecen haber aumentado de forma significativa desde que el presidente Jair Bolsonaro, con su lenguaje incendiario, ascendiera al poder.
- Los líderes indígenas dicen que Bolsonaro ha ayudado a incitar violencia contra los indígenas, aunque el gobierno lo niega. Un funcionario dijo que la administración “detendría la ilegalidad”. Al menos 14 reservas indígenas han sido invadidas o amenazadas con la invasión
A principios de febrero, uno de los principales líderes indígenas de Brasil, Rosivaldo Ferreira da Silva, conocido como Cacique Babau, celebró una reunión de urgencia con funcionarios del gobierno y organizaciones defensoras de los derechos humanos para denunciar un plan para asesinarlos a él y su familia.
Pidió que las autoridades actuaran urgentemente para investigar el plan y proporcionar protección. Después voló a Brasilia donde fue recibido por el líder de la fiscalía general de Brasil, que trabaja con fiscales federales independientes.
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Babau es uno de los líderes del grupo indígena tupinambá, de 4600 miembros, que vive en la Reserva Indígena Tupinambá de Olivença, de 47 000 hectáreas en el estado sureño de Bahía, dentro de los biomas de Caatinga y el Bosque Atlántico —lugares que han sufrido una gran deforestación debido a la expansión de la agroindustria. Hace diez años, FUNAI, la agencia del gobierno responsable de los asuntos indígenas, declaró la zona como reserva, pero todavía no se ha conseguido la demarcación total a causa de largos retrasos del Ministerio de Justicia en la publicación del documento final de aprobación.
La creación de la reserva ha sido una fuente continua de conflictos. Los propietarios de tierras y de hoteles han desafiado el derecho de los grupos indígenas a ocupar el territorio, sobre todo ahora que la tierra ha aumentado su valor de forma significativa con la llegada de grandes productores agrícolas que buscan más lugares para plantar cultivos de exportación.
Babau afirmó que tenía “pruebas sólidas” de una reunión reciente en el pueblo de Itabuna entre grandes propietarios y policías militares y civiles para debatir un plan para asesinarlo. Uno de los planes, dijo, era detenerlos a él y su familia en una autopista, meter armas y drogas en su coche y matar a todos los pasajeros, entre ellos sus dos sobrinas pequeñas, para después alegar que Babau había devuelto los disparos.
Babau informó al diario Folha de S. Paulo de que el objetivo del pequeño grupo de conspiradores era “meter la mano en el territorio tupinambá”. Sobre todo, le preocupaba el plan de ensuciar la imagen pública de los indígenas: “Somos tupinambás y no tememos a la muerte”, dijo. “Lo que nos causa repulsa es el plan de ensuciar nuestro nombre. Vivimos pacíficamente toda nuestra vida y después, cuando morimos, ¡dicen que somos narcotraficantes! ¡Eso es como matar a alguien dos veces!”.
Hasta ahora, la Secretaría de Justicia del gobierno de Bahía, a la que Babau dirigió su denuncia, ha rechazado comentar el caso. La fiscalía publicó una nota de prensa en la que afirmaba que “acompañaría el trabajo de las autoridades para garantizar la seguridad de Babau y su familia”.
Un grupo de 25 antropólogos e investigadores que han trabajado con los tupinambás publicaron una declaración el 13 de febrero en la que pedían a las autoridades que “lleven a cabo una investigación urgente de las amenazas y planes de asesinato que se hacen contra el pueblo tupinambá”, “para tomar medidas inmediatas y efectivas que protejan a los tupinambás, en particular al cacique Babau”, y que el gobierno complete el proceso de demarcación para, con suerte, acabar con los años del conflicto.
Sin embargo, puede que la demarcación no sea posible: el presidente Bolsonaro ha dicho que se opone vehementemente a más demarcaciones de territorios indígenas, y el gobierno ha mencionado esta reserva de forma específica como uno de los casos que quiere reexaminar para ver si la demanda de los indígenas es válida.
Una oleada de conflictos indígenas
La amenaza contra los tupinambás y su líder no es un caso aislado. Desde principios de año, se ha sabido de acciones contra los indígenas en todo Brasil. En un artículo reciente Repórter Brasil, servicio de noticias sin ánimo de lucro y medio colaborador de Mongabay, informó que al menos 14 reservas indígenas habían sido invadidas o amenazadas de invasión.
Desde que empezó el 2019, los acaparadores de tierras han sido particularmente atrevidos en sus acciones contra dos grupos indígenas en el estado de Rondônia: los uru-eu-wau-wau, que sufrieron una gran invasión por parte de taladores ilegales el 12 de enero, y los karipunas.
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El 20 de enero, dos hombres karipunas del pueblo Panorama caminaban por el bosque para reunirse con médicos de la Secretaría Especial de la Salud Indígena (SESAI), cuando descubrieron a 20 invasores en territorio indígena.
Los deforestadores no hicieron caso a la petición de los indígenas de que se marcharan. “¡Los invasores han construido carreteras y han talado mucho bosque!”, dijo un líder indígena a la ONG Greenpeace. “Dicen que van a invadir nuestro pueblo, quemar nuestras casas, matar a nuestras gallinas, matar a nuestros tres líderes principales… ¿Es que FUNAI no ve lo que le están haciendo a nuestra gente? ¡No lo entiendo!”.
Sin embargo, parece que, en este mandato de Bolsonaro, FUNAI ya no está en posición de responder con firmeza. El nuevo gobierno la sacó del poderoso Ministerio de Justicia y la dividió en dos, pasando la responsabilidad de la demarcación de territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, famoso por su favoritismo hacia la agroindustria y su hostilidad con los derechos de los territorios indígenas. Las tareas cotidianas de la gestión de FUNAI se encuentran ahora bajo la responsabilidad del nuevo Ministerio para las Mujeres, la Familia y los Derechos humanos, un ministerio comodín que seguramente tenga poca financiación y sea débil. “No sabemos cómo vamos a hacer nuestro trabajo sin tener contacto directo con la policía federal [que sigue perteneciendo al Ministerio de Justicia]”, dijo un empleado de FUNAI que habló de forma anónima.
A pesar de estos cambios, el gobierno sigue teniendo el deber de aplicar la ley. La rama de Rondônia de la fiscalía, ha llamado la atención al gobierno de Bolsonaro en repetidas ocasiones para que actúe y saque a los invasores de las reservas uru-eu-wau-wau y karipuna. Ha advertido que “la situación está empeorando cada vez más hasta llegar a ser insostenible”, con el riesgo de que haya “conflictos sangrientos”.
Los karipuna son particularmente vulnerables debido a las sucesivas olas de ocupación que han sufrido. El primer golpe llegó en el siglo XX cuando Percival Farquhar, un emprendedor rico de Pennsylvania, en EE.UU., aceptó el desafío de construir la vía férrea Madeira-Mamoré que unía Brasil y Bolivia para la exportación de caucho del Amazonas.
Tras vencer enormes problemas logísticos, Farquhar completó la vía, pero el coste humano fue terrible: se calcula que 6000 de los 20 000 trabajadores de la construcción murieron, sobre todo de malaria y fiebre amarilla. Los karipuna, que habían atacado a los trabajadores, fueron reprimidos de forma brutal y obligados a trabajar para los señores del caucho.
Durante el siglo XX, los karipuna siguieron sufriendo y muriendo, en particular a causa de enfermedades introducidas, por lo que su población cayó hasta solo cuatro en los años 70. Después los números empezaron a recuperarse y en 1988 se inauguró oficialmente una reserva karipuna. Hoy en día se sabe de 58 karipunas. Sin embargo, podría haber más sin contactar. A veces se ven pequeños grupos adentrándose en el bosque.
Hoy en día, los karipunas son demasiado pocos y demasiado débiles para organizarse de forma efectiva contra ciertos acaparadores de tierras. También creen que la actual ola de ataques podría ser especialmente malintencionada y motivada por la rabia que sintieron los intrusos cuanto el líder karipuna Adriano Karipuna viajó a Nueva York en abril de 2018 para denunciar públicamente las amenazas a las que se enfrenta su pueblo en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.
Los karipunas, al igual que los uru-eu-wau-wau, han hecho peticiones urgentes tanto a las autoridades federales como las estatales para recibir protección policial. Dicen que, hasta ahora el gobierno no ha actuado con ninguna medida significativa. El MPF teme que la ofensiva de los acaparadores de tierras complete el proceso que lleva en curso más de un siglo: la aniquilación de los karipunas. Es un aviso de “genocidio inminente”.
También se está informando de otros asaltos violentos a los derechos indígenas en diferentes partes de Brasil.
Los pankararus, un grupo indígena del estado de Pernambuco en el noreste de Brasil, han sufrido conflictos mucho tiempo. El 28 de octubre, el mismo día que Bolsonaro obtuvo la victoria electoral, la violencia contra ellos volvió a dispararse cuando un grupo de intrusos prendió fuego a su consultorio médico.
Los intrusos también amenazan a los grupos indígenas tembés y timbiras en la Reserva Indígena Alto Rio Guamá en el estado de Pará. Uno de sus líderes, que desea permanecer en el anonimato, dijo que los indígenas han recibido cartas de amenaza que decían que “el tiempo de Lula [antiguo presidente del partido de los trabajadores de tendencia izquierdista] se ha acabado y ha llegado la hora de Bolsonaro”. Además, parece ser que otros cinco territorios indígenas cerca de la ciudad de Altamira en el estado de Pará también han sido invadidos.
Los grupos indígenas plantan cara
Algunos grupos indígenas luchan contra lo que algunos líderes llaman “ley de la selva”. Los guajajaras, un gran grupo indígena en el estado de Maranhão, han establecido patrullas de “guardianes de los bosques”, en las que ya participan hasta 120 indígenas. Se enfrentan a los taladores y los echan. “No sé cuántas veces hemos sacado a los taladores de nuestro territorio”, dijo Tainaky, uno de los guardianes.
Sin embargo, muchos indígenas temen que, sin acciones decisivas de las autoridades, el estado de derecho se deteriorará. “Las invasiones se intensificarán”, predijo Adriano Karipuna. “Bolsonaro proclama que los indígenas no necesitan territorio y que son vagos, que son como los animales de un zoo, y ahora el hombre que dice esas cosas terribles está en el poder”.
Esequiel Roque do Espírito Santo, subsecretario de políticas de promoción de la equidad racial en el nuevo Ministerio de Familia, Mujeres y Derechos Humanos, niega que el gobierno de Bolsonaro esté frenando la acción policial. En una visita a la Reserva Indígena Uru-eu-wau-wau en febrero para evaluar la invasión de enero dijo: “queremos enviar un mensaje de que el estado está cerca, que estábamos ahí para detener la ilegalidad”. Sin embargo, en la Reserva Uru-eu-wau-wau aún no han recibido ayuda importante de la policía.
La antropóloga Daniela Alarcon, una de las signatarias de la carta de apoyo a los tupinambás, teme que las declaraciones incendiarias que Bolsonaro hizo en el pasado puedan incitar a la violencia. Le dijo a Mongabay: “Las repetidas declaraciones antiindígenas que Bolsonaro ha hecho funcionan como luz verde para que los que trabajan contra los indígenas se tomen la ley por su cuenta. Creen que tendrán el apoyo del gobierno y que estarán legitimados si lo hacen”.
Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionario (CIMI), cree que ha habido un giro peligroso de políticas con el nuevo presidente: “Estamos siendo testigos de una nueva fase en la adquisición ilegal y criminal de territorios indígenas por parte de grupos económicos. Los acaparadores de tierras se sienten alentados y amparados por las políticas indígenas del gobierno de Bolsonaro. La retórica contra los derechos constitucionales de los indígenas que se escuchó durante la campaña se refleja en las leyes administrativas”.
En efecto, el presidente hizo promesas extravagantes a la agroindustria y a los ruralistas, la élite rural de la nación, durante su campaña electoral, y estos respondieron a su vez convirtiéndose en sus aliados políticos. Si se toman los acontecimientos recientes como referencia, y si la violencia y la explotación rurales ascienden, los grupos indígenas de Brasil y la selva amazónica podrían pagar un precio muy alto para satisfacer a la base política de Bolsonaro.
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