- La nacionalidad indígena Waorani de Pastaza presentó una acción de protección en la que pide no se licite un bloque petrolero en su territorio hasta que la Asamblea Nacional promulgue una ley de Consulta Previa, Libre e Informada.
- Los Waorani alegan afectación a sus tradiciones, autogobierno y formas de vida. Expertos manifiestan que una explotación petrolera traería graves impactos ambientales en una zona megadiversa, bien conservada y poco intervenida.
Los constantes anuncios hechos por el gobierno ecuatoriano, en 2018, de licitar algunos de los bloques petroleros de la llamada Ronda Suroriente tienen en alerta a muchas comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana y en especial a la nacionalidad Waorani de Pastaza.
La preocupación se centra en el bloque petrolero 22, con un tamaño cercano a las 200 000 hectáreas y que se superpone en un 16 % con territorios de las 16 comunidades de esta nacionalidad, en una de las provincias amazónicas que, en opinión de varios expertos, se encuentra en muy buen estado de conservación.
La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.
El pasado 27 de febrero los Waorani, acompañados por otras nacionalidades indígenas como los Shiwiar, Andes, Achuar, Cofán, Siona, Siekopai, Kichwa, Shuar, Sapara, marcharon en la ciudad de Puyo hasta llegar a la Corte de Justicia. Allí entregaron una Acción de Protección para garantizar su derecho a la Consulta Previa Libre e Informada y a la autodeterminación.
“Esto se da ante la amenaza de que nuevamente el bloque 22 se licite y ante el anuncio del ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García, de que va a enmendar o completar las consultas de 2012”, asegura María Espinoza, abogada de los indígenas. En 2012 el gobierno realizó consulta a los indígenas pero estos denuncian que fueron “engañados deliberadamente por el Estado”. Según dice la abogada, lo que pretenden los Waorani es que la licitación del bloque 22 no se dé hasta que en Ecuador no exista la consulta previa libre e informada como ley y no solo como un decreto que es visto como “un simple trámite burocrático y no como un derecho”.
Días después de recibida la Acción, los jueces respondieron a la solicitud y citaron audiencia para el día 13 de marzo. Sin embargo, los Waorani no quedaron conformes porque, según dicen, la reunión fue citada en la ciudad y no en territorio indígena para garantizar una amplia participación, no se reconocieron las medidas cautelares que pedían y no se les asignó un traductor oficial imparcial ─la mayoría de Waorani no habla castellano─. “El que hasta ahora ha servido de traductor estuvo vinculado a los hechos de 2012 y tiene una postura favorable al petróleo, si él es el traductor se genera un conflicto de intereses”, asegura Espinoza.
Pero la solicitud de los Waorani no fue respondida y la audiencia inició, como se tenía previsto, el 13 de marzo en la ciudad de Puyo. Una vez iniciada, las mujeres indígenas comenzaron a cantar sin cesar en su idioma hasta que la jueza decidió cancelar la diligencia, ya que tampoco se presentó un traductor oficial.
Los cantos hacían referencia a una justicia occidental que no entiende ni respeta el mundo Waorani y en los cuales también se quejaban por trato discriminatorio y falta de garantías. Todavía no se sabe la fecha de la nueva audiencia ni dónde se realizará.
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La riqueza ambiental de Pastaza
La abogada Espinoza asegura que las áreas donde viven las 16 comunidades Waorani son de las mejor protegidas y conservadas del territorio amazónico y los impactos de una actividad petrolera podría generar daños irreparables a los ecosistemas.
Santiago Ron, profesor principal en la Escuela de Biología de la Universidad Católica del Ecuador y PhD en Ecología, Evolución y Comportamiento, coincide en destacar la riqueza biológica de la provincia de Pastaza. “Es especial porque es una de las provincias que tiene menos carreteras y está mejor conservada. Es la que tiene mayor área de bosque prístino y es uno de los últimos bastiones de extensiones grandes de Amazonía que no han sido alteradas por el ser humano en Ecuador”, le dice a Mongabay Latam.
Pero no solo eso, Ron también resalta su importancia en términos de biodiversidad, en especial de anfibios y reptiles, que son los grupos que mejor conoce: es la segunda provincia con mayor número de anfibios con un total de 182, solo superada por Napo con 205 y en el caso de los reptiles es la primera en Ecuador con 143. “Para dar una idea de la importancia de Pastaza puedo decirle que a pesar de su tamaño, dentro de un país pequeño como Ecuador, tiene más anfibios (182) que toda Argentina (172), que es un país gigantesco”.
Al ser preguntado por los posibles impactos que generaría la entrada de la industria petrolera, Ron asegura que lo más nocivo es la apertura de carreteras, un fenómeno que se ha visto muy claro desde que empezó la explotación petrolera en la Amazonía de Ecuador a finales de los 60. Recuerda que en ese entonces, en el sector de Lago Agrio, se abrió una carretera que unía a esa ciudad con Quito y, según dice, inmediatamente empezó un proceso de colonización a los lados de la carretera que produjo una enorme cantidad de bosques destruidos.
“Si te fijas en un mapa de deforestación del Ecuador es como ver una versión un poco modificada de un mapa de carreteras. Donde tu ves que hay vías, inmediatamente la gente ingresa y empieza a destruir bosques y es algo que ocurre hasta en áreas protegidas como el Parque Nacional Yasuní”, dice Ron.
La misma postura tiene el profesor David Romo, del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de San Francisco de Quito y uno de los directores de la estación de biodiversidad Tiputini de la universidad que funciona en el Parque Nacional Yasuní. “Lo que podemos decir sobre Pastaza es que comparte la misma diversidad del resto de la Amazonía ecuatoriana y sospechamos que debe haber muchos endemismos”. Además, comenta que el gobierno local tiene proyectado que un tercio del territorio sea área protegida provincial y que actualmente un cuarto de la provincia es considerada parte de la Reserva de Biósfera Yasuní.
“Estos ecosistemas de alta biodiversidad son muy sensibles y frágiles en muchos aspectos. No es lo mismo realizar explotación petrolera en un desierto como en Arabia, donde no tengo biodiversidad que perder, que hacerlo acá en la Amazonía”, dice Romo.
El investigador asegura que la posición de los Waorani es el camino a seguir porque antes de continuar con la explotación del petróleo, “debemos pensar en proteger la biodiversidad y buscar la forma de hacer un aprovechamiento sustentable”. Lo mismo piensa Santiago Ron: “la preocupación de los indígenas es totalmente justificada porque una vez se inicie la explotación petrolera se abrirán nuevas carreteras y eso tendrá consecuencias ambientales severas”.
Ron asegura que uno de los momentos más críticos es cuando finaliza la explotación petrolera porque, sin presencia de la compañía, la deforestación que se había dado en los bordes de las carreteras se multiplica exponencialmente. Según dice, eso es lo que probablemente ocurra con el bloque 16 en el Parque Nacional Yasuní cuando termine su vida útil, “la deforestación que desde ya está avanzando, se disparará aún más”.
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¿Por qué la oposición?
“Queremos vivir libres, sanos y felices. Nuestro territorio no está en venta”. Es una de las frases que más repite Inés Viviana Nenquimo Pauchi, dirigenta de la Coordinación Waorani de Pastaza (CONCONAWEP).
En conversación con Mongabay Latam, Inés asegura que tienen miedo de aceptar a las petroleras porque destruirían sus ríos y selvas. “Sabemos muy bien qué les ha pasado a los compañeros del norte. Ellos ya no son iguales, no tienen agua limpia, ni bosque sano, ni pescado. Todo eso les ha causado muchas enfermedades. Incluso, otros Waorani que viven con petroleras ahora viven en pelea, división y corrupción. Los líderes ya no son fuertes”, comenta.
Pero la política extractivista del gobierno parece ser una apuesta para mediano y largo plazo. En noviembre de 2018 el ministro Carlos Pérez expresó su preocupación por la demora en la entrega de licencias ambientales para nuevos pozos y plataformas del bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini ─el famoso ITT cerca y dentro del Parque Nacional Yasuní entre las provincias de Orellana y Pastaza─. “Según los datos de Petroamazonas EP, el Gobierno tiene la intención de extraer un 49 % más de petróleo del ITT en el próximo año (2019)”, dice el periódico El Universo de Ecuador.
En el XIII Encuentro Anual de Energía, Minería y Petróleo ENAEP 2018, realizado el 23 de octubre del año pasado, el ministro Pérez aseguró que por el momento solo se iban a licitar los bloques 86 y 87 de la Ronda Suroriente para “evitarles conflictos sociales a las empresas”, pues estas áreas presuntamente no coincidían con comunidades.
Pero esas afirmaciones tampoco les daban seguridad a los indígenas. Oswaldo Nenquimo, vocero de los Waorani, recuerda que el gobierno en 2012 hizo una consulta sobre petróleo en su territorio y que en 2018 el ministro Carlos Pérez anunció la licitación de la Ronda Suroriente en la que se encuentra el bloque 22. “En ese entonces las comunidades fueron vulneradas y engañadas con la consulta. La gente del gobierno llegó a recoger firmas a cambio de panes y colas, como una hora y luego se iban”, dice.
“Hemos reclamado al gobierno que deje este bloque fuera de la tienda de negociaciones y junto con Defensoría del Pueblo y Conconawep hemos pedido información pública para ver cómo fue la consulta. No tienen consentimiento de las comunidades y hemos presentado la acción de protección después de una caminata pacífica en Puyo”, añade Nenquimo. Según el vocero Waorani, con ayuda de la Defensoría convocaron hace un tiempo a una audiencia pública en territorio indígena pero las entidades del gobierno nunca llegaron.
La defensa de los Waorani le pidió a la jueza Esperanza del Pilar Araujo Escobar, del Tribunal de garantías penales con sede en el cantón Pastaza, que dejara sin efecto su providencia del 1 de marzo. “Estamos pidiéndole que señale nueva fecha y hora para la audiencia, que la autorice en territorio y que en caso que la niegue justifique su decisión”, dice María Espinoza. Al cierre de este texto se seguía a la espera de una nueva fecha de audiencia.
Los Waorani de Pastaza se mantienen firmes en sus peticiones. Creen que el bloque petrolero 22 no debe salir a licitación hasta que la Asamblea Nacional elabore una ley de consulta previa, libre e informada que les brinde las garantías que aseguran no tienen hoy y que tampoco tuvieron en 2012 cuando fueron consultados. “Si explotan el bloque podrían destruir nuestra cultura. El gobierno debe saber que nuestro territorio no está en venta, nosotros somos de allí, no somos de ciudad. Somos de la selva”, afirma Inés Nenquimo.
*Imagen principal: Territorio Waorani. Foto del ya extinto Ministerio de Justicia del Ecuador.
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