- Un informe de Climate Advisers alerta que el hecho de no conocer si se cometieron delitos ambientales no es excusa para que las empresas o los inversores financieros no sean procesados judicialmente.
- El caso de la empresa estadounidense Lumber Liquidators es un buen ejemplo para poner a otros en alerta de los peligros que conlleva no saber de dónde proviene la madera que se comercializa.
Las empresas y sus inversionistas se exponen a muchos riesgos legales y financieros al comercializar —a veces, sin estar al tanto— productos de madera obtenida de forma ilegal, según un nuevo informe.
El informe, publicado a comienzos de mes por la consultora Climate Advisers, radicada en Washington D.C., recomienda a las autoridades de EE. UU. adoptar otras medidas más allá de la legislación específicamente ambiental para combatir cualquier delito asociado con la producción ilegal de madera.
“A pesar de que hubo progresos, sigue habiendo falta de transparencia en los sectores más propensos a la tala ilegal de bosques —como la industria ganadera o del aceite de palma, la soja o la madera—, lo cual significa que posiblemente los inversionistas no sepan que se exponen a riesgos financieros al invertir en empresas que están vinculadas con la deforestación”, explica el informe.
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Son muy altas las posibilidades de que las empresas se involucren en ese tipo de actividades: Interpol calcula que el volumen anual de la explotación forestal ilegal está entre 50 000 millones y 150 000 millones de dólares.
En su informe, Climate Advisers pone como ejemplo el caso de Lumber Liquidators en 2016, esa empresa estadounidense pagó más de 13 millones de dólares en concepto de multas y bienes decomisados por haber importado madera que había sido obtenida en forma ilegal en el Extremo Oriente de Rusia.
El roble de Mongolia que usó la empresa para fabricar pisos de madera provenía de bosques que albergaban a dos de las especies de grandes felinos más raras del mundo: el tigre de Amur, o tigre siberiano (Panthera tigris tigris) y el leopardo de Amur (Panthera pardus orientalis).
Deforestación de tierras para dar lugar a la producción de aceite de palma en la concesión PT Megakarya Jaya Raya (PT MJR), en la provincia de Papúa. La isla de Nueva Guinea alberga el tercer bosque tropical más grande del planeta y sufre mucha presión de parte de las industrias de la madera y el aceite de palma. “Las operaciones de esta empresa dejaron un rastro de transacciones corruptas y de destrucción de hábitat”, dijo el Fiscal General Asistente John C. Cruden, en un comunicado del Departamento de Justicia. “Ahora deberá pagar por buscar ganancias en forma tan despiadada y negligente”, agregó.
Lumber Liquidators fue procesada bajo la Ley Lacey, que data de 1900 y prohíbe el tráfico ilegal de vida silvestre. En 2008 fue modificada y se agregaron especies de plantas y productos como la madera y el papel.
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Pero para Anthony Mansell, Director de Políticas e Investigación de Climate Advisers, se puede hacer mucho más. Según Mansell, el informe resalta que actividades como la explotación forestal ilegal también podrían combatirse mediante otras leyes. “En los delitos forestales se producen las mismas infracciones o violaciones a la ley que con el lavado de dinero, la corrupción o el crimen organizado, por ejemplo”, dijo Mansell en una entrevista.
La próxima Lumber Liquidators
Cada vez hay más ejemplos de empresas implicadas en la deforestación ilegal o el robo de tierras con beneficios financieros, según Susanne Breitkopf, Gerente de Políticas de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés). Esta agencia es una organización sin fines de lucro radicada en el Reino Unido que busca exponer delitos ambientales a través de investigaciones en el campo, y fue responsable de exponer la participación de Lumber Liquidators en el comercio ilegal de madera.
El precio de las acciones de Lumber Liquidators se desplomó casi un 90 %: pasaron de valer 119,44 de dólares antes de que se desatara el escándalo en 2013 a menos de 20 dólares en 2015.
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“Este caso tuvo grandes consecuencias para el sector”, declaró Breitkopf en una entrevista. “Nadie quiere convertirse en la próxima Lumber Liquidators. Pero si los inversores no controlan dónde invierten el dinero, pueden exponerse a grandes riesgos”.
Otro caso fue el de United Cacao, que en 2017 fue eliminada del registro del Mercado Alternativo de Inversiones (AIM, por sus siglas en inglés) de la Bolsa de Londres después de que la EIA la hubiera acusado de financiar la deforestación ilegal de más de 111 km2 (43 millas cuadradas) de la Amazonía peruana. En febrero de 2017, el periódico Mail on Sunday, del Reino Unido, publicó un artículo en el que revelaba que el precio de las acciones de United Cacao había caído un tercio en apenas dos años. Y la describió como “una inversión desastrosa”.
Aplicar la ley en forma más amplia
El informe de Climate Advisers menciona algunas leyes de EE.UU., no específicamente ambientales, que pueden usarse contra las empresas implicadas en la explotación forestal ilegal, como la Ley de Prácticas de Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) o leyes contra el lavado de dinero o contra el fraude por correo o teléfono. La FCPA ya se aplicó en numerosas demandas internacionales contra empresas acusadas de ser cómplices del terrorismo.
El informe brinda un ejemplo hipotético de un inversor estadounidense que financia a un productor agrícola a sabiendas de que ofrecerá sobornos a distintos oficiales para que hagan la vista gorda respecto de la tala ilegal de árboles.
“Debido a su alcance global, el potencial de aplicación de la FCPA en delitos ambientales es muy alto y poco explorado”, sostiene el informe. “Por medio de sobornos, las empresas sin escrúpulos consiguen derechos de tierras, impiden el cumplimiento de regímenes regulatorios y logran exportar y comercializar productos agrícolas provenientes del tráfico ilegal”.
Mansell dijo que una de las ventajas de aplicar leyes que no fueran la Ley Lacey (o la Ley sobre Especies Amenazadas), como la FCPA, era que resultaba más sencillo combatir delitos ambientales.
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“Es muy difícil demostrar si un ejemplar pertenece a una especie en particular”, declaró Mansell, al referirse a las cuestiones técnicas necesarias para demostrar que un tipo de madera específico fue talado en forma ilegal. “Lo mismo sucede con el lavado de dinero, independientemente de dónde ocurra”.
La conclusión del informe de la EIA de 2013 que destapó el caso de Lumber Liquidators es que las empresas y los inversionistas deberían ser más cuidadosos cuando se trata de madera proveniente de países donde se sabe que las prácticas ilegales son moneda corriente.
Sin embargo, Breitkopf señaló que no era nada sencillo aplicar leyes adicionales en estos casos. “Concuerdo en que hay más leyes que permiten combatir este tipo de actividad ilegal, pero delitos como la corrupción y el lavado de dinero son muy difíciles de probar”, explicó.
Imagen de portada: En 2015 se realizó la mayor incautación de madera peruana, de un barco llamado Yacu Kallpa. Fotografía cortesía de la EIA.
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