Tras años de impunidad y olvido, las familias de tres guardaparques asesinados podrían entender qué les sucedió si sus casos llegan a la justicia transicional producto del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC en 2016. (Este reportaje forma parte del Especial Tierra de Resistentes que puede ser visitado aquí) Wilton Orrego patrullaba un bosque del Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta el 14 de enero de 2019, cuando desconocidos lo interceptaron y le dispararon cinco veces. Orrego, de 35 años, murió horas después en un hospital de Santa Marta, dejando a su esposa, una hija adolescente y dos años de trabajo como guardaparques de un rincón del Caribe colombiano donde conviven hermosas playas, avistadores de aves y turistas, junto a grupos criminales pugnando por las rutas para sacar droga del país. Su asesinato puso de relieve una tragedia poco conocida en Colombia: cuidar las selvas, los ríos, los páramos y, en general, la riqueza natural del segundo país más biodiverso del mundo entraña altísimos niveles de riesgo. En los últimos 25 años, al menos 11 guardaparques han muerto de manera violenta mientras cuidaban las áreas naturales a su cargo, impotentes ante los intereses de negocios millonarios como el narcotráfico, la minería ilegal y la guerra. A pesar de tratarse de empleados estatales dedicados y convencidos del valor de su misión, historias como las de Martín Duarte del Parque Nacional Sierra de La Macarena, Jairo Varela del Paramillo y Jaime Girón del de Serranía de los Churumbelos tristemente muestran un patrón similar: sus casos han quedado en la impunidad absoluta, sus familias se sienten abandonadas por un Estado olvidadizo y sus colegas continúan trabajando en condiciones igual de precarias.