Cuando Yusak Yaluwo fue elegido jefe del distrito de Boven Digoel en el 2005, con 35 años, asumió control de un área en el corazón de una vasta extensión de jungla. El distrito yace en la esquina más oriental de Indonesia, en la provincia de Papúa. “Cuando sobrevuelas la isla, incluso hoy en día, la mayor parte de lo que ves son extensiones ininterrumpidas de selva tropical”, dijo Bruce Beehler, biólogo del Instituto Smithsoniano, que ha pasado las cuatro últimas décadas dedicándose al estudio de los árboles y las aves de Nueva Guinea.

En el resto del sur de Asia, estos paisajes se han ido destruyendo poco a poco durante el último medio siglo. Las actividades humanas, que han llevado a la deforestación, tienden a trabajar de manera gradual. Primero llega la tala, que fragmenta y daña la integridad de la selva, trae carreteras que actúan como un conducto para mayores presiones. La selva dañada se vuelve propensa a los incendios y, por último, es evidente que va a ser reemplazada con plantaciones.

La consecuencia es que las selvas intactas o primarias, que almacenan la mayor parte del carbono y sostienen la mayor parte de la fauna silvestre, son cada vez más escasas. Papúa tiene más de este tipo de selva que cualquier otra provincia en Indonesia, con distritos como Boven Digoel, entre los más grandes en el país, que se extiende a lo largo de 27 000 kilómetros cuadrados, en su mayoría jungla virgen.

La isla de Nueva Guinea está dividida entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

Algunas de las especies que han evolucionado aquí son icónicas, como las aves del paraíso de colores brillantes. La isla tiene unos altos niveles de endemismo, con especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Muchas más especies permanecen desconocidas para la ciencia y aún no han sido descubiertas, dijo Beehler. “Te puedo asegurar que las selvas de Digul (la cuenca del río) son extremadamente ricas y probablemente albergan millones de especies de invertebrados, microorganismos y plantas”, dijo. “Podrían contener en su química todo tipo de minucias que podrían ser muy útiles para la humanidad en el futuro si nos hiciésemos con ellas”.

Las poblaciones indígenas de Nueva Guinea, compuestas de clanes que hablan cientos de lenguas diferentes, han vivido en estrecha relación con la selva durante miles de años. Su identidad y su cultura permanecen profundamente vinculadas al mundo natural. Para cuando Yusak tomó posesión de su cargo en el 2005, muchas personas bajo su jurisdicción aún perseguían formas de vida que dependían de la caza, la recolección de fruta y la transformación de la fécula procedente de la palmera de sagú. Estas actividades han tenido un impacto muy pequeño en la selva.

Yanuaris Kobi, un miembro de la tribu Auya, en Boven Digoel. Imagen de Nanang Sujana para The Gecko Project.

Quizás el poder más transformador del que dispone un jefe de distrito —conocido en Indonesia como un bupati— es la facultad de emitir permisos para grandes plantaciones. Este tipo de plantaciones puede traer inversiones a los distritos con unas economías básicas y unos presupuestos limitados. Pero si no se gestionan con cuidado, también pueden poner a la población y el medio ambiente en una trayectoria de colisión con una forma de desarrollo que puede ser explotadora y destructiva.

En el 2005, ya había señales de advertencia. Boven Digoel fue el escenario de la primera plantación a gran escala en el sur de Papúa, una anterior a que Yusak tomara posesión de su cargo. Había sido desarrollada por un conglomerado surcoreano y desencadenó prolongados conflictos con la población indígena, que se quejó de que sus tierras habían sido tomadas sin una compensación adecuada y que sus fuentes de alimento y sus plantas medicinales habían sido destruidas.

Un ave del paraíso.

Pero Yusak no prestó atención a estas advertencias. Documentos gubernamentales muestran que en diciembre del 2007 Yusak ejerció su poder para emitir permisos generosamente y emitió permisos que cubrían siete bloques de selva colindantes. El mayor de ellos se extendía más de 60 kilómetros (40 millas) del este al oeste. Visto en un mapa, se apilan para formar un único bloque que mide 800 kilómetros cuadrados, un 10 % del distrito. Si se colocase encima de Londres, cubriría toda la ciudad casi dos veces. En Papúa, crearía un agujero gigante en la selva tropical.

Los siete permisos fueron emitidos a siete empresas diferentes. Yusak nos dijo que estas estaban vinculadas a un conglomerado de Malasia llamado el Genting Group. Pero dos de sus directivos insistieron en que Genting nunca los había incorporado o poseído. Demostrar de quién eran propiedad resultó no ser tan fácil como parecía.

Los archivos corporativos obtenidos de una base de datos gubernamental pública en Indonesia revelan que las siete empresas fueron constituidas en un periodo de ocho días en febrero del 2007. Según nuestra investigación, las empresas fueron registradas en lo que parecían ser direcciones falsas o tapaderas. Para algunas de ellas, la dirección no existía. Otras nos llevaron a tiendas pequeñas, donde nadie tenía ningún conocimiento de las empresas.

Cada una de las empresas tenía dos accionistas diferentes. Localizamos a una de esas personas, una mujer cerca de los 60 años, en su casa, una habitación en una pensión apretujada en un callejón estrecho en el sur de Yakarta, la extensa capital de Indonesia ahogada por la contaminación. Insistió en que ella nunca había estado involucrada en la empresa o en un puesto similar en cualquier otra empresa. En el momento en que la empresa fue inscrita, con su nombre como fundadora, estaba trabajando como conserje en un banco. El número de su documento nacional de identidad demostró que era la misma persona mencionada en los archivos corporativos. “Solo soy limpiadora”, dijo. “De ninguna manera podría crear una empresa”.

El proyecto fue dividido en siete concesiones, cada una asignada a una empresa ficticia diferente en el 2007.

La dirección de otra accionista que aparecía en los archivos corporativos nos llevó a una barrida en Yakarta. La mujer no estaba en casa, pero su padre estaba vendiendo fruta en la calle. Dijo que no tenía ninguna idea de que su hija hubiera sido conectada a semejante empresa. También ella había estado trabajando como limpiadora en un banco en el momento en que las empresas fueron inscritas.

Las pruebas sugerían que quienquiera que crease las empresas, no fueron las personas nombradas en los archivos corporativos. La plantación se podría convertir un día en la mayor del país. Pero sus orígenes estaban envueltos en misterio.

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Las misteriosas empresas ficticias permanecen inactivas, la idea de una megaplantación se desvanece. Hasta que, un día, apareció Chairul Anhar. Yusak nos dijo que él y Chairul se conocieron por primera vez en el 2009, en un restaurante en Jayapura, la capital de la provincia de Papúa. Dijo que Chairul había llegado a la ciudad en un avión privado, acompañado por un hombre llamado Dessy Mulvidas, que habría tenido un papel fundamental en el plan que vino después. Chairul le dijo que el Menara Group había comprado las siete empresas, pero los permisos iniciales habían vencido. Necesitaba que Yusak los renovara.

Yusak nos dijo que recibió propuestas de “muchos” inversores que buscaban tierras en su distrito, de las cuales rechazó casi todas. “No iba a emitir permisos a cualquiera”, dijo en una entrevista reciente en un centro comercial de Yakarta. El enfoque de Chairul le ofreció la oportunidad de reactivar una inversión inmensa en el distrito, siempre que el bupati resucitase los permisos. Pero el empresario que se había acercado a Yusak era una incógnita. ¿Quién era Chairul Anhar?

Las apariciones ocasionales de Chairul en los medios de comunicación hasta ese momento muestran que no era la primera vez que lanzaba planes grandiosos. En enero del 2007, fue descrito en artículos periodísticos como presidente de una empresa llamada PT Indomal Usahasama que tenía planes para un “Centro de Aceite de Palma” por valor de mil millones de dólares en una isla remota en el mar de Molucas. Cuatro meses después, fue identificado en una publicación comercial como presidente de PT Destini Marine, una empresa que afirmaba había reservado pedidos por valor de 200 millones de dólares para construir petroleros y buques de carga para clientes de toda Europa.

Chairul Anhar

Los denominadores comunes que aparecían en ambas inversiones eran afirmaciones audaces, informes de patrocinadores de Malasia anónimos y el hecho de que desaparecieron sin rastro. Después, dos años después, se presentó como propietario del Menara Group. El nombre, con menara que significa “torre”, transmitía la idea de un conglomerado imponente. De hecho, no había muchos indicios que sugiriesen que la sociedad era algo más que una pequeña empresa. Tenía una oficina en un bloque de pisos en Yakarta, pero no hay ningún historial del establecimiento de plantaciones, no hay una página web, ni presencia digital virtual.

En los distritos rurales con escasos medios financieros en Indonesia como Boven Digoel, los gobiernos locales tienden a contar con grandes inversores para que asuman responsabilidades que van mucho más allá de los límites de sus negocios. Bajo el amparo de la “responsabilidad social empresarial”, esperan que empresas mineras y de plantaciones construyan carreteras y presten apoyo para la atención médica y la educación. A cambio de las riquezas que obtendrán del aceite de palma, las empresas están legalmente obligadas a plantar y ceder parcelas de terreno —equivalente a una quinta parte de la zona autorizada— a los agricultores locales. Yusak nos dijo que vio al Menara Group como un inversor genuino que podría cumplir con estas obligaciones y que Chairul prometió que lo haría.

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Unos meses después de que Chairul se hiciese cargo del proyecto Tanah Merah, se encontró con un obstáculo importante. Una noche en abril del 2010, Yusak fue arrestado por la KPK, la agencia anticorrupción de Indonesia. La agencia se había hecho eco de una serie de pagos sospechosos con cargo al presupuesto de Boven Digoel y descendieron súbitamente poco después de que Yusak aterrizase en el aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en Yakarta. Esto marcó una importante caída en desgracia. El año anterior, Yusak había dirigido la campaña en la provincia de Papúa para el eventual ganador de las elecciones presidenciales de Indonesia del 2009. Ahora, era transportado a una cárcel de máxima seguridad en Yakarta a la espera de juicio.

Los delitos de Yusak que fueron expuestos en el juicio, eran sorprendentemente ordinarios. Cuando apenas llevaba tres meses en su cargo, había hecho arreglos para que el gobierno del distrito pidiese un préstamo bancario por valor de 6 mil millones de rupias (unos 580 000 dólares en el 2005) para comprar un petrolero por valor de 3,5 mil millones de rupias (340 000 dólares) y se transfirió el saldo a sí mismo. Durante los dos años siguientes, instruyó repetidamente a un subordinado para que sacase dinero para su uso personal. Para cuando acabó, según la KPK, Yusak había desviado unos 64 mil millones de rupias, equivalente entonces a casi 7 millones de dólares.

Un hombre y un niño Auyu en Boven Digoel. Imagen de Nanang Sujana para The Gecko Project.

Actos de corrupción tan descarados no eran extraordinarios en la política regional de Indonesia. Desde el 2003 en adelante, mientras Indonesia se embarcaba en un programa de descentralización del poder, bupatis, alcaldes y gobernadores regionales asumieron el control de grandes presupuestos y burocracias flexibles. Abandonados en gran medida a su suerte, muchos encontraron la tentación de la corrupción demasiado fuerte para resistirse. Sacar dinero de los presupuestos y participar en estafas de contratación demostraron ser modelos comunes, procesados de manera habitual por la KPK. Los inversores también financiaban campañas electorales corruptas —en las que los candidatos distribuían dinero para garantizar los votos— con la expectativa de recibir permisos de negocios una vez que el candidato elegido tomara posesión del cargo.

La KPK también ha descubierto a políticos que recibían sobornos en efectivo a cambio de emitir permisos para minas y plantaciones. Investigaciones y estudios, incluidas las realizadas por la KPK, muestran que este tipo de corrupción tiene lugar de una manera mucho más habitual de lo que podrían sugerir los procesos judiciales. El mismo Yusak dijo que los pagos por permisos, en todos los niveles del gobierno, eran la norma. “Esa es la cultura de Indonesia”, nos dijo, aunque insistió en que él no se había dado el gusto. En el momento del arresto de Yusak en el 2010, la ONG Indonesia Corruption Watch dijo que se habían presentado más de 500 peticiones a la KPK para investigar la corrupción entre los líderes regionales.

La KPK descubre de manera habitual a políticos indonesios en el acto de recibir sobornos en efectivo.

El proyecto Tanah Merah permanecía en las primeras fases de lo que podría ser un largo proceso de permisos. Chairul necesitaba varios permisos para cada una de las siete empresas —del bupati, del gobierno provincial y del ministro de silvicultura—. Cada uno de estos permisos dependía del anterior. El arresto de Yusak amenazó por crear una congelación burocrática en Boven Digoel que podría paralizar su progreso. A esto se sumó que estaba previsto que su mandato finalizara solo cuatro meses más tarde, en cuyo momento un nuevo político, uno potencialmente menos favorable a un plan tan inmenso, podría ser elegido para reemplazarle.

A pesar de su encarcelamiento, Yusak se esforzó por continuar con su carrera política como si nada hubiese pasado. Incluso cuando la KPK nunca había perdido un caso contra una persona acusada de corrupción, la comisión electoral del distrito permitió a Yusak presentarse a la reelección. Aunque estaba detenido en Yakarta y no fue capaz de hacer campaña en persona, su equipo de campaña continuó en su nombre, apoyado por su esposa, Ester Lambey. El 31 de agosto del 2010, ganó un segundo mandato.

En una entrevista con un periodista llevada a cabo en prisión dos meses después de su reelección, Yusak atribuyó su triunfo a sus logros durante su primer mandato. “La comunidad me eligió porque puedo satisfacer sus necesidades, dar respuesta a sus deseos”, dijo. Una semana después de que se publicase la entrevista, fue condenado por corrupción y sentenciado a cuatro años y medio de cárcel.

Un hombre Auyu llamado Charles y su familia atraviesan la selva de camino a su granja en Boven Digoel. Imagen de Nanang Sujana paraThe Gecko Project.

A primera vista, el arresto de Yusak debería haber congelado el proceso de permisos, o al menos su papel en dicho proceso. Fue suspendido de su cargo tres semanas antes de las elecciones. Durante meses, debido a que estaba en la cárcel, pero había ganado la votación, la burocracia no sabía muy bien qué hacer con él. El parlamento del distrito quería reinstalarlo como bupati; otros, incluida la KPK, estaban en contra de ello. Con el acuerdo final, fue investido en su cargo en marzo del 2011, pero inmediatamente se le hizo “no activo”, para evitar la farsa de que un distrito fue administrado desde una celda de la cárcel. Su compañero de papeleta, Yesaya Merasi, fue nombrado bupati en funciones en su lugar.

Pero descubrimos un rastro de documentos gubernamentales que muestran que mientras él estuvo encarcelado en la isla de Java, a 3600 kilómetros de la capital del distrito de Boven Digoel, Yusak continuó teniendo un papel activo impulsando el proyecto Tanah Merah para que avanzara. Durante este periodo de tiempo, firmó decretos que afirmaban que cada una de las siete empresas adquiridas por Chairul habían completado satisfactoriamente las evaluaciones del impacto ambiental. Yusak negó haber emitido estos permisos específicos, pero nos admitió que había firmado documentos en la cárcel.

“En ese momento, todavía ocupaba oficialmente el cargo”, dijo. “Por lo que, cuando había una carta, la firmaba”.

Segunda parte: ‘La clave es ocultar a la persona que en realidad está a cargo’

Mientras Yusak trataba de obtener los permisos desde una celda en prisión, Chairul estaba buscando patrocinadores adinerados para el proyecto en inmediaciones más lujosas. Un empresario malayo con buenas conexiones nos afirmó que Chairul lo contactó y le hizo una oferta para ser parte de un acuerdo ambicioso en Papúa. Relató cómo Chairul había llegado a su reunión en un hotel cinco estrellas en Kuala Lumpur en un Bentley y desdobló un mapa mientras explicaba el proyecto. El empresario, quien rechazó la oportunidad, describió a Chairul como un “charlatán”. “A las personas como Chairul les decimos Alí Babas”, indicó, haciendo referencia a una expresión idiomática malaya en la que compañías fantasma acceden a contratos y otros los ejecutan. “No les gusta ensuciarse las manos”.

En una serie de entrevistas en noviembre, realizadas por videoconferencia, Chairul, que ahora tiene 52 años, nos aseguró que trató de garantizar la financiación para desarrollar el proyecto Tanah Merah. Estimó que costaría $1.4 mil millones convertir el bosque en una plantación. Pero nadie lo respaldó, así que recurrió a otros inversores con una base más sólida que pudieran acceder al capital requerido.

Las fechas de los acuerdos que siguieron, no obstante, indican que estaba vendiendo los derechos del proyecto casi tan pronto como los había obtenido. “No creo que su intención fuera establecer un negocio de aceite de palma”, afirmó una fuente que tenía información de primera mano sobre los acuerdos subsecuentes del Menara Group. “Era establecerlas [a las compañías], obtener permisos relevantes y venderlos a un inversor. Estaban vendiendo permisos en papel, básicamente”.

A finales de 2012, la mayoría de las acciones en seis de las siete compañías de Boven Digoel habían sido vendidas. Los documentos publicados en la bolsa de valores de Malasia muestran que un 90 % de la participación en solo dos de las compañías se vendió por un total de $80 millones. Para el momento en que se firmó el acuerdo, el proyecto todavía tenía que abrir caminos; el valor estaba basado solamente en permisos. La cantidad que se pagó por las otras cuatro compañías nunca se hizo pública, pero con base en las que sí se hicieron públicas, los permisos en papel para las siete compañías podrían valer en conjunto un total de más de $311 millones.

Alfonso Kobi lleva su pesca a Meto village, Boven Digoel. Foto de Nanang Sujana para el Proyecto Gecko.

Dichos permisos no tienen costo oficial en Indonesia. Los jefes del distrito como Yusak tienen la obligación de emitirlos, si deciden hacerlo, a quien quiera que consideren apto para dar uso a la tierra. Los permisos no se pueden comprar y vender legalmente. Pero se puede, de manera bastante legal, comprar y vender compañías que tengan permisos. Un comercio en ascenso en empresas ficticias con un solo activo —un permiso para una parcela de tierra de plantación— ha persistido en el país en los últimos 15 años.

Son razones perfectamente legítimas para que esto ocurra. Los conglomerados que dominan la industria de aceite de palma controlan sus propiedades a través de redes de filiales comerciales individuales, cada una de las cuales administra una sola plantación. Si deciden vender una de estas plantaciones, pueden hacerlo por medio de una filial comercial.

No obstante, el sistema deja un margen considerable para prácticas menos legítimas. Les da a los bupatis, que son propensos a la corrupción, la posibilidad de generar activos que ascienden a grandes sumas de un plumazo. Las investigaciones previas del Proyecto Gecko y Mongabay revelaron que dos bupatis aparentemente obtuvieron beneficios de su control sobre las licencias en Borneo al emitirlas a compañías ficticias que pertenecían a sus amistades y familiares. Estas amistades y familiares luego las vendían a firmas importantes de aceite de palma, que estaban dispuestas a pagar millones de dólares a personas cercanas a un político.

Deforestación en el proyecto Tanah Merah. Foto de Nanang Sujana para el Proyecto Gecko.

Para aquellos que quieren ocultar dichas conexiones, y mover activos y dinero sin control, hay opciones disponibles. Pueden utilizar paraísos fiscales, como Chipre o las Islas Caimán, que permiten a las compañías ser sociedades anónimas y que casi ningún dato sobre ellas sea de acceso público. También pueden utilizar accionistas y directores nominales, en el cual un testaferro alquila de manera efectiva su nombre al propietario real y así lo protege del escrutinio público.

El informe de 2011 del Banco Mundial “Los maestros titiriteros” revela en detalle cómo dichas estructuras corporativas han sido utilizadas para encubrir a los beneficiarios en alrededor de 150 casos de corrupción en cargos públicos altos, que en conjunto suman $50 mil millones en todo el mundo. Hay razones legítimas para que las compañías utilicen nominales designados y en muchas jurisdicciones es legal hacerlo. En Indonesia, sin embargo, la práctica fue prohibida por la ley de inversiones de 2007.

Examinamos la propiedad de las siete compañías que tienen los derechos del proyecto Tanah Merah luego de que el Menara Group presumiblemente tomara control de ellos. Los registros corporativos muestran que un solo día de enero de 2010, las acciones de las siete compañías se transfirieron a 14 particulares diferentes: dos por cada compañía, ninguno de los cuales aparecía más de una vez. Cada uno también fue mencionado como director o presidente.

Visitamos las direcciones que figuraban en 11 de los accionistas mencionados. Una era una pensión barata en la que nadie había escuchado hablar de la persona mencionada. En otra dirección, la esposa de un accionista negó que haya estado involucrado. La dirección de un tercer accionista, Sarbani, resultó ser la casa de su exsuegra. Ella afirmó que él se había mudado hace bastante. En los documentos, Sarbani había sido titular del 5 por ciento del patrimonio en una compañía valuada en más de $40 millones. Sin embargo, su exsuegra aseguró que él era un hombre pobre con un trabajo de salario bajo como cobrador de deudas en Sumatra. Le pareció un tanto ridícula la idea de que pudiera ser copropietario de una importante compañía de plantaciones.

Una pensión en Jakarta, la dirección registrada de un hombre que tenía acciones multimillonarias en una compañía de plantaciones.

Una fuente interna del Menara Group, que habló con la condición de que su identidad permaneciera anónima, confirmó que muchos de los accionistas no eran los verdaderos propietarios de las compañías y que sus nombres fueron usados como testaferros. Identificó a uno como el chofer de Chairul. También confirmamos que la esposa del chofer había sido mencionada como accionista.

Algunos de los accionistas eran figuras más importantes. Incluían a Chairul, aunque su nombre aparecía en solo una de las compañías. Otro accionista era Mohamed Hekal, quien fue electo para ocupar un lugar en el parlamento de Indonesia en 2014. (Hekal no respondió las consultas al respecto). También estaba Dessy Mulvidas. Había aparecido junto a Chairul cuando recién conoció a Yusak en 2009 y había trabajo como hombre clave de Chairul en Papúa, nos dijo el exbupati. Dessy apareció en el plan en los años siguientes —en las oficinas de Jakarta cuando se vendieron las compañías, y en pueblos de Boven Digoel preparando el terreno para que comenzara el proyecto. La fuente interna del Menara Group describió a Dessy como el “pionero” detrás del plan. “Él es la clave”, indicó la fuente. “Él fue el encargado de principio a fin”. La fuente con información de primera mano de los acuerdos del Menara Group describió que Dessy lideraba a otros accionistas.

Lo que se descubrió fue una red de particulares, algunos de los cuales han sido titulares de patrimonio en las compañías y otros, claramente, no. Chairul no buscaba ocultar que él era el que movía los hilos. Pero la pregunta de por quién los movía era imposible de responder.

“Ciertamente, la cuestión para muchos de estos tipos de planes es ocultar a la persona real en control”, nos explicó en un correo electrónico Jason Sharman, uno de los autores de “Los maestros titiriteros” y experto en corrupción en cargos públicos altos. “Las compañías con accionistas y/o directores nominales son una manera común de hacer esto”.

El desafío que se pone de relieve en “Los maestros titiriteros” y más recientemente por la investigación extensa de los papeles de Panamá, es que las estructuras corporativas poco claras pueden ocultar quién se beneficia de las actividades de las compañías. En los casos en los que esos beneficios dependen de permisos o contratos emitidos por autoridades gubernamentales, se levanta la sospecha de que esas autoridades pudieron haber sido efectivamente titulares de patrimonio en las compañías tras bambalinas. No encontramos evidencia de que hubiera corrupción en el proceso del permiso ni en ninguno de los acuerdos del proyecto Tanah Merah. Sin embargo, Chairul Anhar parecía haber generado más de $300 millones en activos con única base en permisos emitidos por el gobierno. La estructura de las compañías ocultaba a las personas que se beneficiaban cuando esos activos se vendían.

Un cuerpo creciente de legislación internacional reconoce el rol que tienen las sociedades anónimas en facilitar la corrupción trasnacional y el lavado de dinero. La Ley estadounidense de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (US Foreing Corrupt Practices Act, FCPA), por ejemplo, exige que las compañías estadounidenses garanticen que no están — intencionalmente o de otra manera — enviando dinero a autoridades gubernamentales extranjeras. Tom Foz, fiscal de Texas y experto en cumplimiento de la FCPA, nos indicó que la utilización de compañías ficticias y accionistas nominales “ciertamente encendería múltiples alarmas” para cualquier inversor que se encontrara bajo la jurisdicción del FCPA.

“Una entidad como tal pondría en alerta a una compañía estadounidense sobre la realización de alguna actividad ilegal”, nos explicó. Aseguró que la estructura corporativa detrás del proyecto de Tanah Merah, si bien está presumiblemente bajo el control del Menara Group, “huele mal”.

Tercera parte: ‘No recuerdo los nombres de los accionistas’

En octubre de 2011, una firma constructora y de explotación forestal de Malasia llamada Wijaya Baru Global, cuyo accionista principal era miembro del parlamento de ese país, se convirtió en la primera en firmar un acuerdo con el Menara Group por una parte del proyecto Tanah Merah. Sus operaciones comerciales en Malasia estaban en problemas. Se descubrió que fue parte de uno de los casos de corrupción más grandes de Malasia, que surgió a partir de la creación de una nueva zona de libre comercio. En 2009, el funcionario operativo jefe de una subsidiaria de Wijaya Baru había sido acusado de defraudar a un organismo gubernamental en relación con el escándalo. (Fue absuelto en 2017). Su empresa maderera dentro de Malasia se había reducido luego de que expiraran sus derechos de explotación forestal en Borneo. El acuerdo de Papúa ofreció a la firma una nueva oportunidad multimillonaria.

Según el anuncio del acuerdo en la bolsa de valores malaya, Wijara Baru, poco después renombrada Tadmax Resources, acordó comprar el 90 por ciento de participación en dos de las siete compañías Boven Digoel por $80 millones. Los cuatro accionistas de estas compañías incluían a Indra Yunaidi, quien es el hermano menor de Chairul y Dessy Mulvidas, su mano derecha. Los otros dos accionistas eran nominales designados: el chofer de Chairul y el cobrador de deudas. La fuente que tiene información de primera mano del acuerdo dijo que pensaba que los nominales designados estaban actuando según las instrucciones de Dessy. (Dessy no respondió las consultas sobre esta historia y no pudo ser localizado en ninguno de sus domicilios en Jakarta).

Los $80 millones pagados por Tadmax no pasaron por estos accionistas. En realidad pasaron por dos compañías ficticias adicionales en Singapur, cada uno con un solo accionista. Nuestra fuente interna del Menara Group confirmó que ambos eran nominales designados y que ninguno recibió nada de dinero. Contactamos a uno de ellos, Adwir Boy, por WhatsApp. Afirmó que no había estado involucrado con la compañía y que Dessy Mulvidas había utilizado su nombre. Cuando se le preguntó sobre la venta de las acciones, dijo “No sé nada sobre eso, el señor Vidas se encargó de eso”. El dinero se pagó a los abogados de los nominales designados, según muestran los anuncios de la bolsa de valores. A partir de allí se pierde la pista.

El río Kia fluye por el Digul en el pueblo de Meto. Foto de Nanang Sujana para el Proyecto Gecko.

El acuerdo de octubre de 2011 fue condicional, su compleción dependía del ministro de bosques indonesio, Zulkifli Hasan, quien emitió cartas de exención de responsabilidades forestales que podrían rezonificar de manera formal la tierra para el desarrollo. Estas cartas, junto con los permisos que autorizan a las compañías a extraer madera en las concesiones, fueron los últimos obstáculos reguladores para que el proyecto avanzara. A principios de diciembre, seis semanas luego de que se anunciara el acuerdo, se conoció la noticia de que Anuar bin Adam, un mayor retirado del ejército y empresario, estaba compitiendo para tomar control de Tadmax al comprar por completo a su accionista principal.

El informe, en el New Straits Times, indicó que la adquisición de Anuar recibió el respaldo de “un grupo de empresarios indonesios poderosos”. Citó una fuente cercana a Anuar que afirmó que podría “abrir muchas puertas en Indonesia” y que si adquiría la firma, esto podría convertirse “claro en las siguientes semanas”. El día después de que se publicara el informe, se confirmó que Anuar adquirió la compañía. Menos de una semana después, el 14 de diciembre de 2011, Zulkifli Hasan firmó cartas de exención de responsabilidades forestales para ambas compañías y así permitió que se completara el acuerdo. (Hekal no respondió a las consultas).

El siguiente mes, en enero de 2012, Tadmax agregó a alguien de influencia a su junta. Da’i Bachtiar, un exjefe de la policía nacional de Indonesia, quien acababa de completar un período de tres años como embajador de Indonesia para Malasia, fue nombrado director no ejecutivo independiente. En un correo electrónico, Da’i nos relató que Chairul le había pedido que ayudara a Tadmax con las inversiones del Menara Group en Indonesia, pero que estaba “rara vez involucrado” en las operaciones comerciales. Renunció a la junta en 2014. Afirmó que no podía hacer comentarios sobre la estructura del Menara Group y que no era un accionista.

Estructura de la propiedad de dos compañías con derechos sobre el proyecto Tanah Merah, luego de la venta a Tadmax Resources.

Los acuerdos con Tadmax fueron de carácter público porque la firma está registrada en la bolsa de valores de Malasia y eso impone un nivel de transparencia en sus operaciones. Una gran parte del proyecto Tanah Merah se vendió de una manera mucho más secreta. Los registros corporativos muestran que en la segunda mitad de 2012, el 80 por ciento de la participación en cuatro de las otras compañías de Boven Digoel se transfirieron a accionistas nuevos en el Medio Oriente.

Los accionistas nuevos fueron un cuarteto de compañías con nombres genéricos y ninguna presencia en línea. Estaban registrados en los Emiratos Árabes Unidos (EAU): dos en Dubai y dos en la zona de libre comercio Ras Al Khaimah. Estas son paraísos fiscales, lugares en donde las regulaciones son hechas de manera deliberada para permitir a los accionistas ocultar sus identidades. La propiedad de estas cuatro compañías todavía no queda clara hasta hoy en día.

Greenpeace ha publicado una gran cantidad de pruebas que vinculan a estas cuatro compañías de Boven Digoel al Grupo Hayel Saeeh Anam, un conglomerado multimillonario propiedad de una de las familias más adineradas de Yemen. El grupo es un gran comerciante de aceite de palma a través de su subsidiaria Pacific Inter-Link con base en Malasia. Luego de que las acciones desaparecieran en las firmas anónimas de EAU, los miembros de la familia del Hayel Saeed Anam reunieron a las juntas de cuatro compañías de Boven Digoel, muestran los registros corporativos. No obstante, Pacific Inter-Link ha negado reiteradamente que ellos o el Hayel Saeed Anam Group hayan sido propietarios de las compañías alguna vez. Nos relató en una declaración que los miembros de la familia habían reunido a las juntas “a título personal”.

Estructura de la propiedad de dos compañías con derechos sobre el proyecto Tanah Merah, luego de la venta a las compañías anónimas en los EAU.

En todos los acuerdos, el Menara Group conservó una pequeña parte del patrimonio de las compañías Boven Digoel. Tadmax y las sociedades anónimas de EAU tomaron entre el 80 y el 90 por ciento. Las acciones restantes fueron transferidas a compañías nuevas propiedad de Chairul por algunos de los nominales designados aparentes que tenían conexión con él y por una mujer llamada Desi Noferita.

Un documento judicial (PDF) muestra que Desi es la hermana de Edi Yosfi, una empresaria de perfil bajo pero exitosa, quien también tenía derechos sobre plantaciones propuestas en Boven Digoel. Aparte de sus intereses comerciales, Edi es conocida como una persona poderosa e influyente tras bambalinas en el Partido del Mandato Nacional, o PAN (National Mandate Party), un partido político influyente indonesio. El PAN también es el partido político de Zulkifli Hasan, el ministro de bosques, quien ha firmado las cartas de exención de responsabilidades forestales para cuatro compañías en los siete meses previos a la adquisición de acciones en estas por parte de Desi Noferita.

En respuesta a las preguntas enviadas por mensaje de texto, Zulkifli, ahora vocero de la asamblea legislativa suprema de Indonesia, la MPR, afirmó que no estuvo involucrado en decisiones técnicas mientras se desempeñó como ministro de bosques y que las cartas de exención de responsabilidades forestales se emitieron a compañías que cumplían con las normativas necesarias.

Chairul negó que Edi Yosfi haya tenido alguna participación en el proyecto. “Es un empresario importante que no quiere ayuda con algo como esto”, indicó. Cuando se le preguntó sobre el papel de la hermana de Edi, con quien Chairul era copropietario de una compañía, no se acordaba. “No recuerdo los nombres de todos los accionistas”, aseguró. Edi no respondió las consultas al respecto. No pudimos contactar a su hermana.

Chairul no hizo comentarios sobre una lista detallada de nuestros descubrimientos que le presentamos en una carta. No obstante, en una serie de entrevistas telefónicas antes de la publicación, brindó una serie de explicaciones circulares y en ocasiones contradictorias sobre las estructuras del Menara Group y los acuerdos con otros inversores. En respuesta a la acusación de que los accionistas antes de las ventas eran nominales designados, describió al Menara Group como una “compañía de un consorcio” que representaba los intereses de otros inversores así como los propios. Se negó a revelar la identidad de los otros inversores con base en que no sería ético hacerlo. “Somos una compañía privada”, indicó. “Violaría sus derechos humanos”.

La mayoría de los propietarios de las siete parcelas de tierra dentro del proyecto Tanah Merah, luego de las ventas de 2011-12.

Aunque los anuncios sobre las escrituras y la bolsa de valores muestran que la mayoría del patrimonio del proyecto Tanah Merah fue vendido, Chairul insistió en que todavía era propiedad del “consorcio” Menara. Describió los acuerdos como un “ejercicio corporativo” que le permitiría acceder a financiación internacional, y esto le daría los $1.4 mil millones que estimaba costaría la ejecución del proyecto.

Las finanzas de Tadmax no se encontraban en excelente estado tampoco. Sin embargo, los documentos publicados en la bolsa de valores malaya revelan cómo la firma planeaba financiar el proyecto. Un análisis solicitado por Tadmax estimó el valor de la madera solo de las concesiones en $1.7 mil millones. Sobre esa base, talar los bosques vírgenes en todo el proyecto tendría un rédito de casi $6 mil millones. Tadmax notó en sus anuncios de la bolsa de valores que la madera de las concesiones le darían un “flujo de ingresos inmediato y estable”.

Para sacar provecho de su verdadera mina de oro de madera, Tadmax tenía la intención de construir un molino gigante en las riveras del Río Digul. El molino era una empresa conjunta con Pacific Inter-Link y Shin Yang, una firma de explotación forestal multinacional importante del Borneo Malayo conocida por daño ambiental, corrupción y abusos a los derechos. (Pacific Inter-Link ha negado estar involucrado en el molino). La amenaza del molino indicaba que los bosques de Papúa del sur no permanecerían intactos por mucho más tiempo.

Cuarta parte: ‘Casi lo mataron a golpes en esa habitación’

Una mañana de abril de 2013, personas del pueblo originario Auyu del pueblo de Meto estaban rezando en la iglesia cuando escucharon que se aproximaban lanchas motoras río arriba. Cuando fueron a ver quién había llegado a su pueblo, encontraron un pelotón de soldados y policías. Los hombres estaban apurados y les dijeron a los Auyu que reunieran al resto de los habitantes en el pequeño puerto, para que pudieran cumplir el propósito de su visita: entregar sobres con dinero.

Meto es uno de los pueblos cuyas tierras abarca el proyecto Tanah Merah. Desde 2012, la policía y los soldados se han presentado reiteradamente en los pueblos. A veces desaparecen en los bosques circundantes para realizar estudios misteriosos. De a poco se conoció la noticia de que la tierra Auyu iba a ser el lugar de un proyecto de plantaciones. No obstante, la mayoría de los Auyu no tenía idea de qué tan grande era el proyecto o dónde se ejecutaría exactamente. Encendió alarmas, pero los habitantes sintieron que no tenían poder. “Podíamos ver a la policía y al ejército en las lanchas motoras”, relató uno de los habitantes. “Así que nos quedamos inmóviles. Nos preguntábamos a nosotros mismos, ‘esto debe estar relacionado con nuestra tierra, ¿pero por qué usan a la policía?’”.

Lugareños en un puerto en Río Kia, pueblo de Meto. Boven Digoel. Foto de Nanang Sujana para el Proyecto Gecko.

En Papúa, el uso de las fuerzas de seguridad para escoltar representantes de firmas de explotación forestal y plantaciones es rutina. “Los ayuda a hacer más fáciles sus operaciones comerciales”, explicó Franky Samperante, el director de Pusaka, una ONG que trabaja con comunidades de pueblos originarios en Indonesia. Desde que Papúa fue incorporada al estado de Indonesia en los sesenta, su población ha tenido una relación tensa con las fuerzas gubernamentales. En una región en la que la opresión y las matanzas extrajudiciales no se han castigado, la presencia de la policía y los soldados ha tenido un efecto escalofriante. “Le quita seguridad a la gente”, añadió Franky. “Tienen una memoria de violencia”.

Los habitantes de Meto y poblados vecinos afirmaron que se obstaculizaron sus intentos por descubrir más sobre el proyecto Tanah Merah y expresar lo que querían de este. Según quienes entrevistamos, y la información recolectada por Franky y sacerdotes locales, hicieron una serie de promesas a los lugareños para alentar su apoyo al proyecto: que se les pagaría un estipendio mensual; que la compañía les daría electricidad, instituciones educativas y asistencia médica.

“Nos hablaron con palabras dulces”, nos contó un hombre. “Fuimos estúpidos en creerles”.

Dessy Mulvidas con habitantes de Boven Digoel en abril de 2013. Imagen cortesía de Chairul Anhar.

Las reuniones finalizaron ese fin de semana de abril de 2013 cuando las lanchas motoras llegaron a Meto. La policía y representantes del Menara Group, incluida Dessy Mulvidas, viajaron a los distintos pueblos entregando dinero en efectivo. En el curso de cuatro días, distribuyeron el equivalente a $1.2 millones en solo cuatro pueblos, según los cálculos de un sacerdote local, Feliz Amias. Aunque es una fracción del valor real de la tierra, era una suma inmensa para los lugareños. No obstante, era una señal de mal agüero y no bien recibida. No les dijeron para qué era, si era solo dinero “de compensación”, como dijo Dessy, o si ahora habían vendido efectivamente su tierra.

Una semana más tarde, le dijeron a la gente que se reunieran en una escuela rural en Getentiri, un pueblo en el extremo sureste del proyecto Tanah Merah. Creyeron que les darían la oportunidad de trazar su tierra, descubrir qué superposiciones había con el proyecto y finalmente expresar sus opiniones. Sin embargo, cuando llegaron la atmósfera era de opresión. La escuela rural estaba cercada por soldados. Dentro estaban la policía y un comandante militar local.

Luego de que los reunieran dentro de la escuela rural y esperaran que comenzara la reunión, una de las personas hizo una broma sobre que necesitaría comer y fumar cigarrillos primero, si iban a tener una conversación tan importante. “Había un policía en frente”, relató un hombre de Meto. “Empezó a golpearlo. A ese amigo casi lo mataron a golpes en esa habitación”.

Niños en el pueblo de Meto. Foto de Nanang Sujana para el Proyecto Gecko.

Las personas se quedaron con promesas poco claras y un sentimiento creciente de coerción. Les habían dado una fortuna en efectivo, pero no sabían para qué. “Ni siquiera sabíamos dónde iba a estar la plantación”, dijo otro. “Así que las personas del pueblo estaban viviendo bajo esta especie de presión… Esta es nuestra tierra y la gente de la compañía la ha comprado, nos han dado dinero y ni siquiera sabemos dónde está.

Quinta parte: “alguien en el gobierno debe estar violando la ley”

Chairul Anhar no solo controlaba una extensa superficie de tierras en Boven Digoel. Otros distritos en el este de Indonesia también habían corrido una suerte similar.
Desde el año 2010 en adelante, mientras el Menara Group sentaba las bases para el proyecto Tanah Marah, la empresa había avanzado sigilosamente con el desarrollo de un plan de idénticas características para establecer distintas plantaciones de azúcar en Aru, un grupo de islas con grandes áreas forestales y ubicadas a unos 500 km al oeste de Boven Digoel. Estas concesiones abarcaban 4800 kilómetros cuadrados, más de la mitad del archipiélago.

La similitud entre los proyectos era asombrosa. En Aru, el Menara Group había utilizado un laberinto de compañías fictícias para obtener los permisos. Estos habían sido expedidos por el bupati Theddy Tengko quien, al igual que Yusak, había sido enviado a prisión por saquear las arcas distritales. Y tal como Yusak, Tengko también buscaba aferrarse a su puesto a pesar de la condena que pesaba sobre él. En este contexto, los permisos en Aru habían sido concedidos en medio del fervor de la campaña electoral.

Sin embargo, Aru y Boven Digoel diferían en un aspecto fundamental. En Aru, el descubrimiento del proyecto había generado una corriente de oposición pública que culminaría en una poderosa lucha social. La enorme envergadura del plan había conseguido movilizar no solo a los pueblos indígenas de Aru, sino también a un grupo más experimentado de activistas con base en Ambon, la capital provincial. De este modo, estos grupos activistas utilizaron sus contactos y su conocimiento para tejer una red de apoyo al movimiento en Indonesia y en otros países. En abril de 2014, cuando la campaña “#SaveAru” alcanzó su punto máximo, Zulkifli Hasan, el entonces ministro de silvicultura, anunció que se suspenderían los proyectos relativos a las plantaciones de caña de azúcar.

Gráfico elaborado para la campaña Save Aru.

En Aru, el éxito de la campaña fue posible gracias a la habilidad de los activistas para hacer pública la descarada ilegalidad del proceso de concesión de licencias. Estos grupos habían descubierto que los permisos otorgados durante la etapa más avanzada del proyecto no contaban con las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) requeridas por ley. Y cuando por fin las EIA aparecieron, fue evidente que tales evaluaciones habían sido realizadas sin la previa consulta con la mayoría de las comunidades que se verían profundamente afectadas por el proyecto. Este era otro requisito legal.

Semmy Khow, profesor miembro de la comisión designado por el gobierno para revisar las evaluaciones, nos confió que los directivos de la empresa le habían ofrecido sobornos para que firmara los papeles. “Pero no quise aceptarlos”, confesó. Abraham Tulalessy, otro profesor a cargo de la comisión, sostuvo que todo el plan en sí había sido “delictivo”. “Deberían ir todos a prisión”, sentenció al referirse a todas aquellas personas que habían participado en la tramitación de los permisos.

Esto suscitó una pregunta evidente: ¿Eran igual de deficientes las EIA llevadas a cabo para la ejecución del proyecto Tanah Merah? Los documentos gubernamentales muestran que las evaluaciones habían sido realizadas por una comisión convocada el día después de las elecciones en Boven Digoel, en agosto de 2010. Una semana más tarde, Yudak Yaluwo daba el visto bueno y expedía los permisos ambientales desde su celda.

Chairul insistió en que los permisos estaban en regla. “Siempre nos hemos ajustado a las normas”, sostuvo. “No somos oportunistas”.

Sin embargo, Franky Samperante, activista que trabaja con las comunidades de Boven Digoel, cuestionó si realmente se habían realizado las consultas pertinentes requeridas por ley. El activista descubrió que, años más tarde, cuando las evaluaciones ya habían sido aprobadas, los pobladores aún no habían visto el mapa del proyecto. Y cuando finalmente lo hicieron, descubrieron que sus áreas de caza, áreas sagradas y áreas de cultivo —“sus lugares más importantes”, según Franky— habían quedado comprendidos dentro del proyecto. “En Papúa, las personas no suelen recibir información [acerca de los futuros emprendimientos], pero sí se les pide que tomen decisiones al respecto”, sostiene Franky. “Sin embargo, esas decisiones son forzadas y no están basadas en información objetiva o en la verdad”.

Franky Samperante. Imagen de Sandy Watt para The Gecko Project.

Cuando Franky se propuso encontrar los documentos de las evaluaciones para poder mostrárselos a los pobladores, el panorama se volvió todavía más turbio. Buscó en los organismos de planificación forestal y desarrollo de Boven Digoel, pero la búsqueda fue infructuosa. Ninguno tenía los documentos. Sin embargo, en la agencia provincial del medioambiente le informaron que las EIA aún no estaban completas. Este organismo probablemente tenía copias de las evaluaciones, a pesar de mostrar desconocimiento respecto de la existencia de las mismas.

En Merauke, una ciudad costera al sur de Boven Digoel, seguimos al rastro de Ronny Tethool, quien trabaja para la oficina local del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Tethool era miembro de la comisión encargada del análisis de las EIA de Boven Digoel. Al respecto, Tethool nos comentó que había sido invitado a una reunión preliminar antes de que se llevaran a cabo las evaluaciones del proyecto Tanah Merah. Sin embargo, fue excluido de la comisión encargada de examinar los resultados. “No los compartieron [con nosotros]”, sostuvo. “Eso fue extraño”. Tethool señaló que su oficina tenía registros de todas las EIA del distrito, pero que no había sido posible hallar aquellos correspondientes al proyecto Tanah Merah. “Es como si la mafia los estuviera ocultando”, confesó.

Lo más próximos que estuvimos a encontrar esos documentos fue en Yakarta, cuando dimos con las fotocopias de dos de las EIA que se encontraban en la oficina de un auditor. Esto sugiere que los documentos en verdad existieron. Con todo, estas fotocopias no nos brindaron pistas acerca de su contenido. Franky concluyó que alguien ocultaba de manera deliberada los documentos. Su sospecha radicaba en el hecho de que si se hacía público el verdadero impacto del proyecto Tanah Merah, se avivaría la llama de la resistencia de las comunidades. En este sentido, Franky remarcó que las comunidades tenían el derecho legal a ver los documentos. “Pero si se ignoraban estos derechos era porque alguien en el gobierno había violado la ley”, concluyó Franky.

Sexta parte: “Hay que parar todo este asunto”

Hacia el año 2015, Chairul Anhar ya había alcanzado la cima de la sociedad malasia. Ese mismo año, su hija contrajo matrimonio con el hijo de Ahmad Zahid Hamidi, vice primer ministro de ese país. Con motivo de la boda, Chairul organizó un fastuoso banquete en el hotel Ritz-Carlton de Yakarta. En febrero, jugó al golf en un complejo de Kuala Lumpur con el sucesor de Da’i Bachtiar al cargo de embajador indonesio en Malasia, en el marco de un evento para alentar las inversiones del país en Indonesia. A partir de ese momento, la revista Tatler, autoproclamada como lectura “de la alta sociedad”, registró en su sitio en línea cada paso de Chairul por las fiestas de Kuala Lumpur.

Pero si bien la imagen pública de este hombre se volvía cada vez más prestigiosa, su participación en el proyecto Tanah Merah —y la de sus socios— no estaba sellada aún. De las siete compañías de Boven Digoel, solo dos habían logrado los permisos necesarios para comenzar a trabajar. Una de esas compañías, con participación mayoritaria de una firma de los EAU y participación minoritaria de Chairul y Desi Noferita, ya se encontraba desmontando el bosque. Sin embargo, una serie de cartas obtenidas a través de la administración distrital demuestra que por aquel entonces, las siete compañías de Boven Digoel se encontraban en el ojo de una campaña de cabildeo con el fin de revocar sus permisos. La finalidad última era que nuevos inversores pudieran tomar las riendas del proyecto.

A principios de diciembre del 2014, un hombre influyente de Boven Digoel llamado Fabianus Senfahagi, jefe de la asociación de los pueblos indígenas del distrito, envió una serie de cartas al gobierno distrital solicitando que se anularan los permisos expedidos originalmente al Menara Group, y que estos fueran reasignados a nuevos inversores. En sus cartas, Senfahagi argumentaba que seis de las compañías interesadas aún no habían comenzado a trabajar, mientras que los pobladores de Boven Digoel se encontraban “esperando y deseando” el desarrollo de las tierras.

Niños que viven en los límites del proyecto Tanah Merah. Imagen de Nanang Sujana para The Gecko Project.

En 2015, durante los dos meses previos a la elección del nuevo bupati, el sucesor de Yusak, Yesaya Merasi, dictó un conjunto de decretos que revocaban los permisos de dos subsidiarias de Tadmax y de una séptima compañía, que se encontraba en manos del Menara Group. Estos permisos fueron entonces reasignados a tres empresas nuevas. Los registros corporativos muestran que las compañías eran propiedad de Ventje Rumangkang y su familia. Si bien Ventje es más conocido por su participación en la fundación del Partido Democrático en 2001, lo cierto es que es un hombre de negocios interesado en la minería y las plantaciones.

La campaña de Fabianus continuó durante los siguientes dos años, mientras buscaba conseguir los permisos suspendidos de las siete empresas originales. En 2017, logró obtener una cuarta concesión en manos de una firma autónoma de los EAU, ahora reasignada a una compañía indonesia denominada PT Indo Asiana Lestari. Los registros corporativos muestran que esta última compañía se encuentra en poder de dos firmas malasias. El accionista minoritario es Rimbunan Hijau, la mayor empresa de explotación de bosques tropicales del mundo, liderada por el multimillonario malasio Tiong Hiew King. El accionista mayoritario, Mandala Resources, es una empresa fantasma registrada en Kota Kinabalu, Borneo. Los dueños de la compañía son dos hombres que, además, poseen una empresa contratante dedicada al aceite de palma. Ninguno tiene presencia en línea, al igual que Mandala Resources.

En una breve entrevista telefónica, Fabianus insistió en que él solamente representaba los intereses de los pobladores, quienes se encontraban “traumatizados” por el fracaso del Menara Group en llevar adelante el desarrollo de las tierras. “Es por eso que nosotros, los líderes, buscábamos inversores que priorizaran sus derechos”, sostuvo Fabianus. Destacó que los pobladores habían firmado documentos en rechazo al Menara Group y como prueba de su apoyo al cabildeo de Fabianus.

Moses Wine regresa de su jornada de caza en el bosque de Meto. Imagen de Nanang Sujana para The Gecko Project.

Benediktus Tambonop, elegido en 2015 por el término de cinco años como nuevo bupati, nos confió que él había apoyado a las nuevas compañías porque creía que contaba con el apoyo popular. Las cartas enviadas entre miembros del gobierno, promoviendo los permisos de las nuevas compañías, hacen referencia una y otra vez a las cartas enviadas por Fabianus.

Hasta el momento en que se volvió en contra del Menara Group, Fabianus había tenido un papel decisivo en la consecución de los derechos del proyecto Tanah Merah. También había sido visto junto a Dessy Mulvidas cuando este llevó a cabo los estudios de terreno en presencia de la policía. Fabianus remarcó que su iniciativa solo había tenido como fin garantizar el mejor trato para los pobladores. Sin embargo, Antonius Uweng Kandam, su sucesor como líder de la asociación de los pueblos indígenas, sostuvo lo contrario.

“Lo que sucedió aquí no se hizo atendiendo los intereses de la comunidad”, indicó. “Solo sirvió los intereses de Fabianus”. Antonius alegó que Fabianus había recibido una suma de dinero para lograr la aprobación de los pobladores. “La gente no quiere esto. Son tierras indígenas. Tierras consuetudinarias, comunales”. Ronny Tethool, director de WWF en Merauke, describió a Fabianus en términos similares; es decir, como un “intermediario” que había recibido pagos de las compañías. Por su parte, Fabianus dio por terminada nuestra entrevista cuando surgió el tema de las compañías.

Fabianus Senfahagi

En una entrevista, Ventje Rumangkang destacó que las comunidades locales eran las verdaderas dueñas de las tierras y que sin su apoyo el proyecto no avanzaría. Pero en una carta abierta publicada en enero de 2017 por Pusaka, la ONG de Franky Samperante, los pobladores alegaron que Fabianus los había embaucado y que los había hecho firmar documentos que no comprendían bien. Además, intentó convencerlos de que apoyaran la entrada de las compañías de Ventje. En octubre de 2017, Pusaka publicó más testimonios de los pobladores, en los que se denunciaban amenazas violentas y la firma forzosa de cartas de apoyo a la nueva compañía, PT Indo Asiana Lestari.

En la actualidad, estas compañías aún aguardan los permisos finales que necesitan del gobierno provincial y del Ministerio de Ambiente y Silvicultura para poder comenzar a operar.

En público, y entre sus accionistas, Tadmax continúa reivindicando sus derechos sobre las tierras. En este sentido, su último informe anual no hace referencia a las revocaciones, ni a la creciente fragilidad de sus permisos. Por su parte, Chairul también presenta al proyecto como un negocio inconcluso. Y sostiene, además, que ya lleva invertidos cientos de miles de millones de rupias desde la obtención de los permisos. “Nada constituye un problema siempre que tengas de tu lado a los políticos y al dinero”, mantiene. “Tengan un poco de paciencia. Todo marchará según lo planeado”.

De acuerdo con Felix Amias, pastor de Boven Digoel que trabaja en nombre de las comunidades locales, muchos pobladores se encuentran cada vez más perplejos por la sucesión de compañías que reclaman los derechos sobre sus tierras. Recientemente, Felix comenzó a recibir constantes solicitudes para resolver este asunto. Fue por eso que decidió contactar a Yusak, ahora en libertad, para que hiciera las veces de guía en medio de un mar de intereses. Juntos planean dar batalla a esta lucha de reclamos superpuestos.

Yusak Yaluwo. Imagen de Philip Jacobson/Mongabay.

Nos reunimos con ellos en Yakarta en octubre de 2018. Habían tenido contacto con Ventje Rumangkang recientemente y planeaban visitar distintos organismos gubernamentales. Yusak intentaba acercarse a los funcionarios de Boven Digoel y Papúa para tener más información. Sin embargo, no consiguieron esclarecer quién se encontraba detrás de todo esto. “La historia da tantos giros que estamos mareados”, confesó Felix. “Y las personas también lo están. Y si la historia no es clara, ¿cómo vamos a resolver el problema?”.

Yusak, quien había “encendido” el interés por los bosques hacía más de una década, comprendió en aquel entonces que todo el asunto del proyecto había sido un gran error. Este emprendimiento causaría un daño irreversible a las personas del distrito.

“No quiero pecar contra mi gente”, afirmó. “Hay que parar todo este asunto”.

Séptima parte: “Es como si las nubes se hubiesen caído”

Cuando un equipo de Greenpeace sobrevoló en helicóptero la selva de Boven Digoel a principios de 2018, un fino manto de neblina cubría el verde dosel del bosque, aún intacto, que se extendía hasta el horizonte. Durante su recorrido, también divisaron una bandada de unos 12 cálaos volando rasantes sobre la copa de los árboles. Finalmente, llegaron al límite del proyecto Tanah Merah. Y en este punto, el paisaje verde y frondoso que habían admirado dio paso a un suelo rojo y lodoso, saturado de hoyos y con palmas aceiteras cuidadosamente plantadas siguiendo un patrón. Completaban esta imagen los árboles grises que yacían talados en el suelo.

El desmonte había comenzado junto al río Digul, cerca del pueblo de Anggai, y avanzaba hacia el oeste. Los pobladores locales nos comentaron que sus fuentes de agua potable se habían vuelto rojas, del color del suelo. Ahora debían recorrer largas distancias para encontrar alimentos. Pero esas travesías se habían vuelto más difíciles, el dosel del bosque ya no los protegía del sol durante sus caminatas. “Todos los recursos naturales que Dios nos ha dado… Es como si las nubes se hubiesen caído”, sostuvo un hombre mayor de Anggai. “Han destruido todo en un abrir y cerrar de ojos”.

En la actualidad, el proyecto ya ha desmontado una superficie mayor que la de Manhattan. Dos compañías explotan estas tierras, y ambas se encuentran en manos de firmas anónimas con sede en los EAU, a 7000 km (4300 millas) de Boven Digoel. Chairul continúa siendo accionista minoritario, pero amasará una gran fortuna si tan solo esta parte del proyecto se concreta. Actualmente, Chairul se desempeña como secretario general del Consejo de Negocios Indonesia-Malasia y, a menudo, aparece en fotos en los distintos medios gráficos junto a diversos políticos de primera línea de ambos países. Durante la entrevista, Chairul se jactó de su amistad con los ministros y de sus “conversaciones amistosas” con el nuevo primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad.

La superficie de bosque desmontado hasta la fecha representa tan solo el 2 por ciento del total del proyecto. Sin embargo, se encuentra en marcha la construcción de un aserradero gigante. Por su parte, Tadmax ha vendido las acciones que poseía de la empresa conjunta a cargo de la construcción. Ahora, la copropiedad se encuentra en manos de la famosa compañía maderera Shin Yang y Malindo Investments, una compañía anónima registrada a nombre de un notario con sede de trabajo en un bloque de edificios de Dubái. Chairul insiste una y otra vez en que la demora en la construcción del aserradero ha generado un “cuello de botella” que impide que el proyecto avance más rápido. Es que sin el aserradero, las compañías no pueden hacer nada. Sin embargo, si se completa su construcción, la destrucción del bosque circundante se acelerará de manera exponencial.

2018: construcción en curso de un aserradero gigante. Imagen de Ulet Ifansasti para Greenpeace.

El secretismo en torno del proyecto ha dejado incluso al gobierno distrital al margen. Durante un festival culinario celebrado en Boven Digoel en septiembre de 2018, el actual bupati, Benedikus Tambonop, nos confesó que él también desconocía la identidad de los titulares de los permisos. Tras asumir en el cargo en 2015, Tambonop descubrió que el distrito había expedido más licencias que cualquier otro distrito de Papúa. Según su versión, la KPK (la agencia anticorrupción), había tenido a su cargo comunicarle acerca de las más de 20 compañías en poder de permisos en su propio distrito. Sin embargo, los titulares de esos permisos solo aparecieron cuando Tambonop anunció por radio que planeaba revocarlos.

“Uno a uno empezaron a llamarnos”, sostuvo. Así fue como Tambonop descubrió que las compañías tenían sede en Singapur o Malasia, pero que ninguna era de Boven Digoel. “Al día de hoy, aún intentamos descubrir dónde se encuentran sus oficinas y cómo fue que obtuvieron los permisos”.

En la actualidad, el secretismo corporativo y las licencias para la explotación de las plantaciones preocupan tanto a los activistas, como a los periodistas y a los funcionarios gubernamentales más allá de los límites de Boven Digoel. Durante el año 2017, distintos análisis revelaron cómo los grandes conglomerados dedicados a la palma aceitera y a la madera en Indonesia —los responsables históricos de los niveles catastróficos de deforestación de ese país— ocultaron la magnitud de sus operaciones mediante “sociedades pantalla”. Si bien estas sociedades son dirigidas por los propios conglomerados, a su vez se mantienen a cierta distancia gracias a los accionistas. De este modo, muchas de estas compañías canalizan las ganancias a través de estructuras corporativas opacas facilitadas por los distintos paraísos fiscales.

En las últimas décadas, pero principalmente en las últimas dos, unos 210 000 kilómetros cuadrados de tierras indonesias han sido cedidas a compañías dedicadas a las plantaciones. Los permisos de esas tierras fueron expedidos de manera poco transparente, generalmente por políticos distritales con una marcada tendencia hacia la corrupción. Este año, la KPK alcanzó su centésimo caso contra un líder regional. Sin embargo, este botín parece ser tan solo la punta del iceberg. Muchos de los políticos que fueron condenados por malversación de fondos y contrataciones fraudulentas han desempeñado un papel fundamental en la ola de licencias que permitió la entrega de un área del tamaño de Kansas a manos privadas.

Estos dos asuntos requieren un análisis más profundo: es preciso descubrir quién esconde qué cosa y cómo obtuvieron sus bienes. Sin embargo, el proyecto Tanah Merah hace manifiesta la intrigante superposición que existe entre estos dos fenómenos. Es decir, que el descubrimiento de la identidad de la persona que se encuentra en las sombras de esta telaraña de empresas fantasma y accionistas podría revelar exactamente por qué tales empresas fantasmas han logrado tener acceso a bienes tan valiosos.

Sin embargo, la agenda gubernamental no se mueve al ritmo necesario para dar respuesta a estas preguntas. En septiembre de 2017, el presidente Joko Widodo ordenó al su gabinete revisar todos los permisos expedidos en el país para la explotación de plantaciones de palmas aceiteras. Y en marzo de 2018, otra normativa presidencial entró en vigor, obligando a las compañías a revelar la identidad de sus “beneficiarios efectivos”. Si esta normativa finalmente se implementa, podría revelar las identidades de los accionistas designados.

Los avances podrían arrojar más luz sobre aspectos clave de la historia por detrás del proyecto Tanah Merah. Es una historia a la que aún le queda mucha tela por cortar y en la que se encuentra en juego el destino de esta gran extensión de bosque —como también el destino de los pueblos indígenas que dependen de él—. Las decisiones que se han tomado hasta la fecha están envueltas en hermetismo. Sin embargo, puertas adentro, la lucha por decidir quién se quedará con los derechos de explotación de las tierras continúa.

Hace cuatro años, el plan del Menara Group de llevar a cabo un conjunto de plantaciones de azúcar en Aru logró ser desbaratado cuando salió a la luz y se hundió bajo el escrutinio popular. Por el momento, el proyecto Tanah Merah permanece en las sombras y no corre la misma suerte.

“Toda esta cuestión está llena de secretos”, comenta el pastor Felix. “Pero solo aquellos que tienen problemas tienen algo que ocultar”.

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Artículo publicado por Maria Salazar
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