Estefanía Arévalo, la hija de Hilda y Jaime, replicó el aviso a la comunidad porque su padre “estaba nervioso, no podía caminar”. Ella heredó el peso de la muerte de un hombre devastado y debía contar a las viudas el espeluznante escenario que encontraron sus padres en una quebrada a ocho horas de camino a Apiwtxa, la comunidad hermana de Saweto en Acre, Brasil.

Hilda Cushimba narró a la Fiscalía que tenía a su bebé en brazos cuando su esposo Jaime Arévalo le describió lo que había en la pendiente: huesos cerca del río Putaya con gallinazos que roían las ropas, botas y bolsas que flotaban en un pozo de agua. Asustados, decidieron regresar a Saweto por otra ruta distinta al recorrido que hicieron los cuatro dirigentes asesinados.

“Mis suegros (…) lograron visualizar un cadáver, no precisan haber podido reconocer de quién se trataba ni la vestimenta que tenía, se asustaron y regresaron de inmediato a la comunidad”, describió Alex Ríos, yerno de Jaime Arévalo, en su testimonio a la Fiscalía de Ucayali. Él narró a las autoridades que acompañó a sus suegros a la comunidad nativa de Apiwtxa, el 29 de agosto de 2014, porque debían participar en una asamblea en esa localidad de Brasil para organizar la defensa de los bosques.

Jorge Arévalo se había adelantado a la reunión en Apiwtxa y al volver por la misma ruta para saber qué había pasado con los otros líderes de su comunidad que no llegaban, se encontró con aquella escena de espanto.

Cuando Estefanía Arévalo empezó a describir a las otras familias de la comunidad lo que vio su padre, el temor se empezó a expandir. El recuento de los hechos y las amenazas previas, apuntaron como responsables de estas muertes a los taladores ilegales que rodeaban Saweto. Las familias comenzaron a escapar a Apiwtxa, en Brasil, y a Pucallpa, en Perú. Diana Ríos, hija de otro de los líderes asesinados y anterior pareja de Chota, mencionó que Alex Ríos, el yerno de Arévalo, nunca más regresó al pueblo “de miedo”.

Hoy en Saweto sobreviven 29 familias, de las cuales solo 20 permanecen en esta localidad asháninka, las otras van y vienen a otros lugares por trabajo o motivos familiares, asegura Karen Shawiri López, la actual jefa de esta comunidad de 28 años de edad.

Desde el asesinato de los cuatro líderes, las mujeres encabezan la lucha de Saweto frente al tráfico de madera. La mayoría de los hombres del pueblo ha preferido dar un paso atrás por temor a que acaben con sus vidas. Por eso luego de la tragedia, Ergilia Rengifo López, viuda del asesinado Jorge Ríos, se convirtió en la primera mujer en ser elegida como jefa de esta comunidad asháninka.

En medio del desconsuelo, la primera misión de Ergilia fue liderar una comisión de viaje hacia Pucallpa, la capital de Ucayali, para denunciar la muerte de los dirigentes. “Ni tiempo para llorar había”, recuerda. Era de noche, Ergilia decidida le dijo a su hija Diana: “Tú te quedas aquí, si me pasa algo te comunicas allá en la radio, si no aparezco en cinco días”, describe Diana, mientras viste su cushma azul y se dibuja líneas rojas en su rostro frente un espejo con marco plastificado.

La comitiva liderada por Ergilia estuvo integrada por su hija mayor, Juana Ríos, viuda de Leoncio Quintisima y Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, con siete meses de gestación. Las mujeres llegaron a Pucallpa luego de tres días: “hasta de noche viajamos, pero si llovía, dormíamos en dónde había casa”. “El primer día dormimos en la playa de Ucayina, en la madrugada escuchábamos motor [advierten que es un sonido de amenaza] y una noche después en una casa en el pueblo Nueva Amazonía Tomahao, a dos días de Saweto”, recuerda Ergilia.

Para llegar a Saweto desde Pucallpa en peque-peque, los comuneros pueden demorar tres días con el río caudaloso en periodo de lluvia y hasta siete días en época de sequía. En chalupa con un motor de 65 caballos de fuerza desde el puerto de Pucallpa, Convoca.pe hizo un viaje de 30 horas hasta la comunidad asháninka. Surcamos uno de los mayores tributarios del río Amazonas, el Ucayali, hasta navegar por sus afluentes Tamaya y Putaya, esquivando trozos de madera. A lo largo del viaje, aparecieron diferentes naves, las que transportaban gente, las que transportaban gasolina y las que transportaban la codiciada madera que sale de los bosques.

 

 

La comitiva de Ergilia hizo esta misma ruta pero a la inversa en busca de auxilio y de una justicia que aún es dolorosamente esquiva. Hasta hoy el caso continúa en la Fiscalía de Ucayali sin que se sancione a los responsables del asesinato de los cuatro líderes de este pueblo de la Amazonía peruana, cada vez más amenazada.

Cada día que transcurre, el Perú pierde 427.2 hectáreas de bosques amazónicos, según el gubernamental Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Solo durante 2017, en Perú se talaron 155 mil 914 hectáreas de cobertura boscosa y según una revisión histórica del propio Serfor se ha perdido 7.7 millones de hectáreas de bosques, una cifra que equivale al 6% del territorio peruano o a toda la extensión de la región imperial del Cusco.

En Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y Loreto se concentró el 60% de zonas deforestadas durante 2017. En estas regiones opera el millonario negocio de la minería ilegal y el tráfico de madera.

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II.Impunidad y tráfico de madera

 

Los diversos indicios señalan como presuntos responsables del asesinato de los líderes de Saweto a cinco personas, entre ellos el talador brasileño Eurico Mapes. Pero el 23 de febrero de 2018, el fiscal que investigaba el caso, Julio Reátegui, solicitó sorprendentemente el archivamiento de la acusación contra cuatro de los sospechosos. Nueve meses más tarde, el 19 de noviembre de 2018, la Fiscalía Superior de Ucayali, mediante la disposición N°037, pidió rectificar el polémico pedido de Reátegui y le ordenó que designe un nuevo fiscal para que emita un nuevo requerimiento para ampliar el pedido de acusación contra los otros implicados.

Poco tiempo después, Reátegui designó a su fiscal adjunto, Otoniel Jara, para que herede el caso, es decir, a su subordinado. En respuesta, el viernes 1 de marzo de 2019, el abogado de los dirigentes asesinados, Óscar Romero, solicitó a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada anular la designación del fiscal Jara porque respondería a la misma postura de su jefe.

Para Reátegui existen indicios necesarios para acusar al talador Eurico Mapes, pero no a los otros cuatro, de nacionalidad peruana, por presunta comisión del delito homicidio calificado: Hugo Soria Flores, José Carlos Estrada Huayta, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix.

“No tenemos elementos de prueba que los apunten. Una cosa es lo que los familiares dicen y otra cosa es que se pruebe eso, ni siquiera se puede establecer si el sujeto o los sujetos estuvieron ahí en la fecha de los homicidios”, dijo Reátegui a Convoca.pe.

Se espera que en los próximos días, el fiscal Otoniel Jara cumpla con el pedido de la Fiscalía Superior de Ucayali y amplíe la acusación contra los otros cuatro implicados en el asesinato de los líderes de Saweto.

 

 

Mientras eso sucede en las oficinas del Ministerio Público de Pucallpa, en la frontera con Brasil las viudas de Saweto continúan viviendo en medio del bosque y el desamparo. Margoth Quispe, ex defensora del pueblo en Ucayali y directora legal del Programa Perú de la fundación estadounidense Rainforest, asegura que por medidas de seguridad y  “por recomendación del abogado”, es mejor que se mantenga en reserva para estas mujeres la situación de las investigaciones fiscales debido a que siguen viviendo “con el enemigo al lado”. Saweto está ubicada a pocos minutos de la comunidad de Putaya en donde viven los taladores ilegales acusados de asesinar a los líderes.

Ellas saben que están en riesgo: conocieron de cerca las amenazas permanentes que recibieron los comuneros asesinados, quiénes fueron, dónde y cuándo sucedió.

“Eurico Mapes (el talador brasileño) es el único que paraba hablando, pero también pueden ser sus familiares (su padre Adeuso Mapes) y el señor (Juan Carlos) Estrada, porque él tenía su concesión (forestal) acá”, dice Ergilia Rengifo López, acompañada de Juana Pérez. Ellas son las viudas de Edwin Chota y Jorge Ríos, respectivamente.

Meses antes de ser asesinado, Edwin Chota había acusado como taladores ilegales ante las instituciones del Estado a Eurico Mapes; al representante de la empresa Eco Forestal Ucayali S.A.C, Juan Carlos Estrada Huayta, y a otras personas. Estas denuncias estaban respaldadas con fotografías de los árboles talados y la ubicación georreferenciada de estos daños al medio ambiente.

Chota estaba enfrentado de manera abierta con Eco Forestal Ucayali S.A.C. debido a que esta empresa tenía una concesión forestal superpuesta al territorio ancestral de Saweto. Como venganza, Estrada Huayta acusó a Chota de dedicarse al narcotráfico.

Los esfuerzos del líder de esta comunidad asháninka para defender el bosque llegaron a despertar el interés de las autoridades del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) tras varios años de insistencia. Chota sabía leer, escribir y había aprendido a enfrentarse a la burocracia mediante cartas, informes y denuncias.

El 22 de mayo de 2014, Chota y otros cinco miembros de su comunidad fueron recibidos por las autoridades de Osinfor en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, como consta en diversos documentos a los que accedió Convoca.pe. Poco tiempo después, los funcionarios coordinaron con el líder de Saweto la fecha de supervisión para verificar la denuncia de tala ilegal: 15 de agosto de 2014. Al fin, Chota había sido escuchado.

Aquella vez, la supervisión comenzó con la concesión forestal de Ramiro Edwin Barrios Galván y continuó el 25 de agosto con la inspección de las actividades de Eco Forestal Ucayali en la que participó como veedor el propio Edwin Chota. La diligencia duró hasta el 29 de agosto en medio de la inseguridad y la incertidumbre. Tres días después, el 1 de septiembre, el líder amazónico fue asesinado a punta de balazos.

La última denuncia de Chota sobre la depredación del bosque se confirmó dos semanas después de su muerte. Osinfor elaboró el informe de supervisión Nº 092-2014 con fecha 17 de septiembre de 2014 en el que daba cuenta que en las inspecciones realizadas en el mes anterior se constató las actividades de tala ilegal: la desaparición de árboles de las especies tornillo, cedro, lupuna, copaiba, ishpingo, estoraque, entre otras.

 

 

“Los hechos de aprovechamiento no autorizado (tala ilegal) son considerados graves por la cantidad de árboles movilizados y porque se afectaron las poblaciones naturales de especies protegidas por dispositivos legales específicos (cedro, ishpingo y lupuna), sin la menor posibilidad de que en el área se implementen medidas que permitan mitigar y/o resarcir los daños ocasionados al patrimonio forestal”, aparecía en el documento. Al igual que esos árboles, Chota ya estaba muerto.

“Aquella vez, yo quería saber quién mató a mi padre, quién participó, quería saber bien claro, entonces cuando yo tomé ayahuasca (una planta que genera efectos alucinógenos y que es usada en la Amazonía por sus propiedades curativas) me concentré y vi a mi padre, así igual que tú estaba parado. Se acercó a mí, me tocó y me dijo: ‘No llores, ya era para que me maten hace tiempo’. Yo le pregunté: ‘¿quiénes son?’. Él mismo dijo: ‘Señor Eurico y sus hijos estarían involucrados’. Eso no más me respondió”, recuerda Diana, la hija del asesinado Jorge Ríos.

Edwin Chota y Jorge Ríos habían sido amenazados de muerte en diversas oportunidades. Una de esas ocasiones quedó registrada en un acta ante la Fiscalía de Ucayali en abril de 2014. El líder comunal aseguró que tras un operativo que inmovilizó la madera extraída ilegalmente por la empresa Forza Nuova E.I.R.L., su representante Hugo Soria Flores lo amenazó a él y Jorge Ríos asegurando que “un sawetino iba a morir”.

Algunos documentos del expediente fiscal al que tuvo acceso Convoca.pe echan luces sobre el trasfondo del crimen. En la disposición superior Nº 037-2018 de la Fiscalía aparece que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, presidido por la jueza Melina Elizabeth Díaz, argumentó que “es posible que en el presente caso, los asesinatos hayan tenido como móvil el ocultamiento de un delito continuado (asesinato para ocultar otro delito), entre ellos, el tráfico ilícito de madera y toda la organización criminal detrás de ella”. Esta situación no fue tomada “en cuenta por el fiscal encargado del caso”, enfatiza la jueza.

— ¿Por qué la Fiscalía Superior ordena corregir su acusación?, le preguntamos al fiscal Julio Reátegui, a quien encontramos en Pucallpa.

—Claro, él (el fiscal superior) considera que ahí hay un tema de autoría mediata, que hay un autor intelectual detrás, él considera que eso se puede probar, yo considero que no (…). Yo pienso que esa acusación no va llegar a ninguna parte, procesalmente hablando.

Mientras tanto en la espesura de la selva, la inseguridad para los mujeres líderes y sobrevivientes de Saweto continúa. La tala ilegal no se detiene.

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III. La amenaza continúa

 

Un mapa de la pérdida de cobertura forestal al 2016, elaborado por Rainforest, reveló que una concesión forestal al norte de la comunidad, San Jorge E.I.R.L, talaba más allá de los límites de su predio.

“Hay taladores ilegales ahí, el territorio de nosotros es grande (…) Más al fondo ahí están (…) pero ellos hacen ver que por ese lado nomás están trabajando, no por acá”, advierte Karen Shawiri, la actual jefa de la comunidad y hermana de Ergilia de parte de mamá.

Karen Shawiri, de 28 años, piel trigueña y cushma (vestimenta típica) marrón, entiende que su responsabilidad es servir a su gente, salir del pueblo solo cuando sea necesario, llegar con resultados a su comunidad, luchar por sus bosques y delegar funciones a sus demás compañeras.

—Este cargo es muy fuerte para mí (…) Tenemos que luchar para poder estar dentro de nuestra comunidad tranquilos, unidos, alegres –dice Karen.

— ¿Contra quienes tienen que luchar?

—Contra los taladores ilegales –responde para luego pedir apoyo a las autoridades–.No porque somos de la frontera ya nos van a olvidar.

 

 

Convoca.pe accedió a un mapa analizado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) con imágenes Planet de diciembre de 2018 y febrero de 2019, que revelan puntos de deforestación y posible tala ilegal en el territorio de Saweto. Pero se requiere una visita de campo de las autoridades para conocer la dimensión de esta amenaza. A través de su oficina de Comunicaciones, Osinfor también fue consultado en reiteradas ocasiones para este reportaje sobre las últimas labores de supervisión realizadas a las concesiones forestales aledañas a la comunidad de Saweto después del asesinato de los cuatro líderes asháninkas, pero no hubo respuesta.

La inseguridad invade el territorio de Saweto. Los nativos cuentan que el número de trabajadores en la extracción de madera es imprecisa. Algunos se aventuran a calcular que superan los 30 taladores, todos con machete o algún arma de fuego. Si los hombres de Saweto llegan a estos sectores para supervisar, prefieren ignorar situaciones sospechosas por seguridad y miedo.

“Es el temor. A veces cuando los comuneros están viendo que están talando dentro de la comunidad no dicen nada y, si uno de ellos le dice, la otra persona le contesta: ‘Ya te voy a matar, tú eres el chismoso que va a avisar allá’ [a las autoridades]”, cuenta Karen Shawiri.

Milton Vásquez tiene 25 años, es trigueño y de mediana estatura. Se sienta y escucha  en la Casa Comunal de Saweto, junto a algunos hombres que observan callados, a la junta directiva presidida por mujeres. Él es uno de los pocos varones que asumió un cargo de apoyo como presidente de la asociación de padres de familia de la escuela primaria.

Vásquez dice que a pesar de las amenazas y que apenas son unos 20 varones, cuidan el bosque. Pero al otro lado, “los taladores que vienen de Brasil son más”. “Amenazan, talan y se largan. Y cuando reclamamos ellos vienen hasta tu puerta, ya nos pueden matar. A veces buscamos qué comer, qué pescar, pero ahí en el monte, pueden hacernos una emboscada”, advierte.

Cada tres meses, cinco hombres que temen morir hacen rondas de protección del territorio de Saweto. Pero no siempre es posible. La última vez que viajaron al límite de sus terrenos fue en octubre de 2018. “No es seguido porque no tenemos gasolina. Son dos días de viaje en bote hasta el límite de nuestras tierras, caminando es una semana, y ahora para regresar es otra semana. Es lejos”, describe Vásquez. Pero además son cerca de 80 mil hectáreas de territorio que hay que vigilar.

El sonido de la maquinaria pesada que lleva los troncos producto de la deforestación ahuyenta a todos. Hasta los animales que cazan y comen los comuneros tuvieron que huir hacia bosques más seguros. “El animal se ha vuelto mañoso [prevenido], más antes eran bien mansitos como una gallina. Ahora los animales te ven, ya se quitan, corren (…) Antes aquí había bastante peces, desde que hay madereras toditos los animales se han ahuyentado, se fueron lejos”, narra Guillermo Arévalo, hermano del líder asesinado Jaime Arévalo, junto a Roger Shawiri, padre de la jefa de la comunidad, Karen Shawiri. Los hombres y mujeres de Saweto son una sola familia de sobrevivientes.

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IV.Guardianas del bosque

 

Es el mediodía del miércoles 6 de febrero de 2019. En la Casa Comunal de Saweto se prepara el almuerzo, se comerá sajino (cerdo salvaje) en este pueblo donde alguna vez bebió masato, comió, tendió su cama y crió a sus hijos el exjefe de la comunidad, Edwin Chota. La junta directiva y los comuneros se reúnen para conversar sobre el futuro y lo que necesitan.

Ergilia Rengifo López, una mujer de 1.60 metros de estatura, piel trigueña y cabello azabache ondulado, cuenta que por la tragedia de Saweto quedó viuda con nueve hijos. No sabe cuántos años de edad tiene porque asegura que los registradores anotaron mal su fecha de nacimiento aunque su Documento Nacional de Identidad (DNI) revela que tiene 42.

 

 

Las viudas de Saweto no abandonan su lucha, pero ello no implica estar de luto por siempre. La vida sigue. Ergilia Rengifo López tiene una nueva pareja hace dos años. Julia Pérez tiene una niña con su nuevo esposo, junto a los otros tres hijos concebidos con Edwin Chota. Lita Rojas va de viaje seguido a la comunidad de Apiwtxa donde residen sus padres. Y la última, Adelina Vargas, ahora vive en otra localidad lejana a Saweto pero en la misma región amazónica.

A cinco años del asesinato de los líderes del pueblo, Ergilia confiesa que ese episodio doloroso le dio un impulso para buscar justicia para los suyos y concluir, sin saber leer ni escribir, las gestiones que había iniciado Edwin Chota para Saweto: el título de la comunidad y la antena para la telefonía móvil.

Karen Shawiri dice que seguirá en el cargo hasta cuando pueda debido a que ha escuchado rumores de que quieren acabar con su vida.

El puesto policial más cercano está ubicado en el caserío Putaya, a unos quince minutos en peque-peque, río abajo. Ahí existe una entrada que conduce a la garita de control de tránsito fluvial. Hasta este lugar llegó Convoca.pe, donde comprobó que no siempre este puesto de control está resguardado por efectivos policiales.

 

 

Margoth Quispe, de la fundación Rainforest y ex defensora del pueblo en Ucayali, alertó a la Policía de esta situación. Apróximadamente a las 5 y 30 de la tarde del último miércoles 6 de febrero, los efectivos llegaron a la Casa Comunal de Saweto para dejar constancia que siempre están alertas para resguardar a los comuneros. Pero Karen Shawiri dio una versión distinta.

— ¿Los señores de la Policía les acompañan a hacer las rondas de vigilancia?

—No, no nos acompañan. Están en el puesto policial aquí cerca [quince minutos], en Putaya.

— ¿Y ellos resguardan, allá y aquí?

—No resguardan, no resguardan. ¿Acaso están en su garita de control?

— Cuando reciben amenazas, ¿ellos reciben sus denuncias?

—Sí, dicen que pasan el informe a la Fiscalía. Hace poco ha sucedido un caso, viajaré a Pucallpa para ver, para confirmar bien, para ver si están haciendo su trabajo.

La Policía se comprometió en esa visita a colaborar todos los domingos, compartir con Saweto sus galones de gasolina para que los comuneros puedan navegar hasta los hitos de frontera y protejan sus terrenos. Ese fue el compromiso hasta el cierre de este reportaje.

El director de la Décimo Tercera Macroregión de Ucayali de la Policía Nacional del Perú, el general Miguel Fernando Lostanau Fuentes, menciona que existe personal policial haciendo labores de patrullaje las 24 horas del día. “Usamos embarcaciones de la Marina o del Ejército que puede estar en la zona, hay una presencia del Estado, en algunos lugares donde está el Ejército y la Marina pero no voy a afirmar que es un 100%”, admitió.

Margoth Quispe menciona que “el puesto policial de Putaya es la única institución que controla y resguarda la seguridad” en Saweto. Por eso es importante que cumpla con su labor. “Mientras el Estado no tenga presencia permanente en la zona de frontera cercada por el crimen organizado, esta situación de peligro para los pobladores de Saweto se va a mantener”.

La ayuda para Saweto se puso nuevamente aprueba el último 8 de abril con la desaparición de cuatro niños de la comunidad. Después de una semana los pequeños fueron encontrados por un equipo especial integrado por la Policía Nacional del Perú, los nativos y la Marina. En esos días, Saweto volvió a concitar el interés de la tribuna pública ante una posible desgracia, pero ahora todo volvió nuevamente a su estado habitual: el olvido.

La comunidad de Alto Tamaya – Saweto no está segura: tiene un territorio titulado en dos partes: de 64 mil 432.49 hectáreas de selva (título de propiedad A) y 13 mil 696.73 hectáreas (título de propiedad B), que no están totalmente resguardadas. Pero además, vive en medio de carencias y promesas incumplidas.

Lee el artículo completo de Convoca.pe para el ESPECIAL Tierra de resistentes aquí.

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Artículo publicado por alexa
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