- Fiscal a cargo del caso, Lucio Sal y Rosas reveló en exclusiva a Mongabay Latam que solo se ha detenido a un sector de la organización criminal, que estaría integrada por unas 50 personas.
- Se trata de una red dedicada al lavado de madera que involucra a exfuncionarios de los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali.
Durante ocho meses, un equipo de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada y División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú se sumergió en las regiones de Loreto y Ucayali para seguirle los pasos a una red criminal dedicada al tráfico ilegal de madera en la Amazonía peruana.
El primer resultado de esta investigación se conoció el 9 de mayo, cuando más de 100 efectivos policiales y 17 fiscales ejecutaron un megaoperativo en simultáneo en ambas regiones. Durante la diligencia se logró la captura de 12 de las 13 personas pertenecientes a la organización criminal denominada los ‘Cumaleros del Oriente’, así como el allanamiento de 16 inmuebles, doce de ellos en Ucayali y cuatro en Loreto.
Pero los tentáculo de esta organización criminal habrían alcanzado a funcionarios de los gobiernos regionales. En declaraciones exclusivas a Mongabay Latam, el fiscal Lucio Sal y Rosas, a cargo del caso, reveló que por lo menos 50 personas formarían parte de esta mafia ambiental dedicada al tráfico de madera en estas regiones.
“Dimos por concluida la investigación preliminar para detener solamente una parte de la organización criminal. La verdad es que son bastantes, entre 40 y 50 personas de diferentes grupos que están vinculados entre sí y que corrompen a las autoridades para lavar madera”, señala el fiscal Sal y Rosas.
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La ruta de la madera ilegal
Mientras más avanzan en las pesquisas –comenta el fiscal– surgen más ramificaciones que se desprenden de esta red criminal. “Hasta ahora hemos detectado más o menos 40 personas, pero debe haber más”, precisa.
Sal y Rosas explica también que esta organización criminal cuenta con una estructura muy particular, pues no existe una cabeza visible, sino que se trata de varias personas que lideran la red a la vez y que mantienen vinculación entre ellas para intercambiar información y documentos con los que realizan las transacciones ilegales.
“Los Cumaleros del Oriente” están actualmente recluidos en la Prefectura de Lima para los interrogatorios que corresponden. En un plazo de 15 días, contados desde su arresto, la fiscalía podrá solicitar la prisión preventiva para continuar con sus investigaciones y, posteriormente, presentar los cargos por delitos contra los recursos naturales en la modalidad de tráfico ilegal de productos forestales; contra la administración pública por colusión simple y agravada; y contra la fe pública por falsedad ideológica, es decir, por la falsificación de documentos.
Entre los involucrados figuran tres exfuncionarios públicos, dos de ellos del gobierno regional de Ucayali y uno del gobierno regional de Loreto.
Ellos tres –según la fiscalía– estuvieron en funciones hasta fines del 2018 en las direcciones de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de sus respectivas regiones, dependencias responsables de la aprobación de los planes de manejo forestal, documento que debe ser presentado para sustentar la extracción, ubicación, cantidad y el transporte de la madera obtenida delos bosques.
Para cometer este crimen, “Los Cumaleros del Oriente” diseñaron al detalle un mecanismo complejo que involucraba a distintas personas en toda la cadena de tránsito del producto forestal. “La madera salía de zonas protegidas y era transportada con documentación falsa”, precisa Sal y Rosas.
Según las investigaciones, los árboles provenían de bosques ubicados en la región Ucayali, principalmente de la provincia de Atalaya, pero se transportaban con Guías de Transporte Forestal (GTU) falsas en las que se indicaba como procedencia la región Loreto.
Las GTU son documentos con carácter de declaración jurada utilizadas para el transporte de productos forestales de acuerdo con un formato aprobado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
De esta forma, la madera talada ilegalmente en zonas reservadas o comunidades nativas se “legalizaba” con documentos oficiales que, sin embargo, contenían información falsa, los mismos que eran validados por los funcionarios regionales involucrados en este hecho de corrupción y sellados en todos los controles hasta el puerto del Callao, para ser enviados a mercados internacionales de Estados Unidos, México y China.
En esta ruta de blanqueo de madera también se consignaban datos falsos de las embarcaciones y los pilotos que supuestamente transportaban los árboles desde los bosques hasta los aserraderos donde se transforma el insumo.
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Investigaciones en la Selva
Armando Shuña Fababa es exfuncionario del Gobierno Regional de Ucayali que colaboró por lo bajo con esta red criminal. Shuña laboró en el área responsable de las autorizaciones forestales durante la gestión anterior, entre los años 2015 y 2018, según informó el gobierno regional.
En Loreto fueron dos los ex funcionarios detenidos: Ricardo Mayhuasque Hernández y Lister Ramírez Bardales. Mayhuasque, además, en el 2017, fue incluido en una de las investigaciones de la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental por tráfico ilegal de productos forestales maderables y por consignar información falsa en informes.
En la lista de los detenidos también figuran cuatro miembros de una familia; Hitler Pérez Rodríguez,sindicado como el líder de la organización; su esposa Mauri Cárdenas Panduro, segunda a cargo en este esquema de falsificación de documentos para el lavado de madera; y Graciela Cárdenas Panduro y Jean Carlo Cárdenas Panduro, ambos hermanos de Mauri Cárdenas.
Entre los detenidos también figuran Jorge Miguel Aguirre Villacrez y Francess Padilla Ramírez, quienes se encargaban de tramitar los documentos falsos. Rodolfo Monteluiza Barbarán, Orlando Montalvo Cubas y Jorge Cárdenas Salazar han sido considerados financistas de la organización. Además, está involucrado Diago Jácomo Pérez Cárdenas, quien operaba desde el Establecimiento Penitenciario de Pucallpa, en Ucayali, donde actualmente se encuentra recluido.
Entre los inmuebles intervenidos aparecen las oficinas de los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali, así como la celda de Pérez Cárdenas que se encuentra preso en Ucayali, informó la Policía Nacional del Perú.
La Policía también informó que en el megaoperativo se incautó un automóvil marca Suzuki, modelo Celerio del año 2014, con placa de rodaje U1E-139; una escopeta sin marca ni número de serie; y 32 municiones calibre 9 milímetros.
La intervención policial sirvió también para confiscar celulares de diversas marcas y chips de varias empresas de telefonía móvil, memorias de almacenamiento, tarjetas de crédito, una computadora, dos laptops, una tablet y otros documentos. También se decomisó un monto de dinero que asciende en total a 42 000 soles (12 800 dólares aproximadamente).
El Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán, le dijo a Mongabay Latam que está a la espera del informe para sumarse a las investigaciones, puesto que este caso de crimen organizado deriva de delitos ambientales. “Participamos en los procesos de investigación y hacemos los requerimientos de la reparación civil”, precisó.
Guzmán añade que hay varias modalidades para llevar a cabo las actividades ilegales de extracción y comercialización de madera. Para ello, explica, se compran guías de transporte forestal (GTF), se falsifican planes de manejo y títulos habilitantes. Y , recientemente, han detectado la clonación de las GTF.
El procurador también señaló que es la tercera vez que se realiza una captura de esta magnitud. La primera fue con la banda “Los Patrones de Ucayali”, en el año 2016. El segundo caso corresponde a “Los Castores de Junín”, un proceso que aún continúa en investigación.
Julia Urrunaga, directora de Programas Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), indica que la lucha contra el tráfico de madera debe “enfocarse en acabar con el mecanismo del lavado”. Considera, por tanto, que se deben aplicar sanciones severas a quienes consignan información falsa en los planes de manejo forestales, es decir, a los regentes forestales, así como a los funcionarios involucrados en esta red de corrupción.
Urrunaga fue enfática en señalar la necesidad de que se mantenga una supervisión permanente para detectar estas cadenas de corrupción. Las autoridades regionales, Serfor, el Ministerio de la Producción, Aduanas, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, el Ministerio de Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Sociedad Nacional de Industrias y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) —entre otros organismos— deben velar por el patrimonio forestal, asegura la experta.
Foto principal: Diario Ímpetu de Ucayali.
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