- La Amazonía se ha encontrado con tres posibles masacres en doce días —tal vez, un récord para la región—, ya que la violencia explotó en áreas de grandes deforestaciones donde la construcción de represas enormes ha traído un aporte de capital, ha encarecido los precios de las tierras y ha invitado a los hacendados, taladores y acaparadores de tierras a que especulen con ella.
- Un líder campesino del movimiento de los sin tierra y un destacado activista contra las represas figuran entre los asesinados. Los ataques se concentraron en áreas alrededor de la megarrepresa de Belo Monte; en la cuenca del Madeira, cerca de la represa Jirau, y en las proximidades de la represa Tucurí, sobre el río Tocantins, en el estado de Pará.
- Las investigaciones están en marcha, pero los primeros informes dicen que al menos nueve personas murieron, aunque algunos testigos sostienen que fueron muchos más, en particular, trabajadores rurales sin tierra. Antes de convertirse en presidente, Jair Bolsonaro demostró una gran hostilidad contra el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
- La administración de Bolsonaro todavía tiene que condenar o realizar una declaración sobre la reciente ola de asesinatos. Desde la publicación de este artículo, la comunidad internacional ha prestado poca atención al pico de violencia.
La violencia en las zonas rurales brasileñas va en aumento. El mes pasado, la Amazonía se encontró con un alarmante incremento de asesinatos selectivos, con tres masacres y al menos nueve muertes. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de la Iglesia católica define una masacre como el asesinato de tres o más personas.
Los asesinatos más recientes ocurrieron el 3 de abril en un campamento de trabajadores rurales sin tierra cerca del poblado de Vila de Mocotó, en el distrito municipal de Altamira, al sudoeste del estado de Pará, próximo a la megarrepresa de Belo Monte. No está muy lejos de Anapu, donde la hermana Dorothy Stang, una monja estadounidense que trabajó con las comunidades de campesinos sin tierra de la Amazonía, fue asesinada en 2005.
Los ocupantes ilegales estaban haciendo campaña para que el área se convirtiera en un asentamiento de la Reforma Agraria oficialmente autorizado. Según informes no confirmados, la policía militar intentó desalojar a los asentados a instancias de un hombre que clamaba ser propietario de la tierra. La policía presuntamente actuó sin una orden judicial. La acción terminó con una muerte confirmada, un miembro de la policía militar, Valdenilson Rodrigues da Silva. Algunos testigos dicen que hubo tres víctimas más, todos trabajadores sin tierra.
Estas muertes ocurrieron solo cuatro días después de que cuatro personas fueran supuestamente asesinadas en Seringal São Domingos, en Ponta do Abuña, una zona remota en el distrito municipal de Lábrea, cerca de la intersección de los límites de los estados de Acre, Amazonas y Rondônia, a unos ciento cincuenta kilómetros río arriba de la represa hidroeléctrica Jirau. Los ocupantes ilegales del movimiento de los sin tierra, traumatizados por la violencia tal vez, están demasiado asustados para hablar abiertamente, pero se cree que hay varias personas desaparecidas.
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Militar, cuatro hombres encapuchados y armados llegaron a Seringal São Domingos y les dijeron a las familias que vivían allí que debían irse de sus casas. Se dice que el líder de los ocupantes, Nemis Machado de Oliveira, de cincuenta y tres años, fue abatido a tiros. Los sicarios luego dispararon al aire y quemaron las casas para expulsar a los otros ocupantes.
Desde 2016, alrededor de ciento cuarenta familias viven en Seringal São Domingos, una antigua plantación de caucho, y sobreviven con la extracción de este y la agricultura de subsistencia.
La región tiene una larga historia de conflictos que incluye acaparadores de tierras, hacendados y taladores. Uno de los asesinatos más notorios ocurrió en mayo de 2011, cuando Adelino Ramos, conocido como Dinho —líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)— fue asesinado mientras vendía las verduras que él había cultivado en su asentamiento, oficialmente reconocido por el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria del Gobierno Federal). Dinho había sobrevivido a la masacre de Corumbiara en 1995, cuando ocho personas fueron asesinadas y cientos heridas. Dinho, al momento de su muerte, había denunciado talas ilegales a lo largo de la frontera entre los estados de Acre, Amazonas y Rondônia.
Estos dos casos, los que, luego de una investigación, resultaron en un número más grande de víctimas de las confirmadas en un principio, se produjeron después de otra masacre. El 22 de marzo, Dilma Ferreira Silva, activista socioambiental líder del Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), su esposo y un amigo fueron asesinados por motociclistas encapuchados en el distrito municipal de Baião, a unos sesenta kilómetros de la represa Tucuruí, en el estado de Pará. Los tres fueron encontrados dentro de la casa; Dilma había sido degollada luego de ver morir a su esposo y a su amigo.
Dos días más tarde, se encontraron tres cuerpos calcinados en un rancho ganadero a solo catorce kilómetros del asentamiento Salvador Allende, donde Dilma y las otras dos víctimas vivían. Las tres nuevas víctimas fueron identificadas como Marlete da Silva Oliveira y Raimundo de Jesus Ferreira, encargados del rancho, y Venilson da Silva Santos, quien trabajaba allí como conductor del tractor.
El hombre que presuntamente organizó ambas matanzas es Fernando Ferreira Rosa Filho, conocido como Fernandinho, cuya reputación a nivel local es la de bandido peligroso. La policía lo está investigando ahora con respecto a los seis homicidios a modo de ejecución. La Comisión Pastoral de la Tierra, que monitorea la violencia rural, considera que los dos incidentes son parte de la misma masacre, en gran medida, debido a la supuesta participación de Fernandinho en ambas.
De acuerdo con la policía, los testigos dijeron que los tres empleados del rancho pensaban iniciar acciones legales contra el empleador por no respetar los derechos laborales de ellos. El propietario del rancho también fue acusado de construir una pista de aterrizaje clandestina para facilitar el tráfico de drogas. Los informes locales sugieren que, tal vez, él podría haber deseado deshacerse de estos empleados que no se dejaban pisotear. Según la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social del estado de Pará, los crímenes se están investigando como una ejecución, pero la policía no ha establecido el motivo ni encontrado a los asesinos —algo común en estos tipos de ataques en la Amazonía—.
¿Qué tienen en común estos actos criminales?
Los tres ataques a los activistas involucrados en movimientos sociales o en organizaciones de trabajadores rurales tienen tres características en común: todos ocurrieron en áreas de influencia de una gran represa hidroeléctrica; todos sucedieron cerca o dentro de un asentamiento de la Reforma Agraria, y todos se encuentran junto a unos de los frentes de deforestación primarios de la Amazonía (ver mapa 1).
Vila de Mocotó, por ejemplo, se encuentra a solo veintiocho kilómetros de la controversial represa hidroeléctrica de Belo Monte. La construcción de dicha represa, la tercera más grande del mundo y en funcionamiento en 2016, significó un enorme aporte de capital para la región rural que no estaba preparada para recibirlo. Como no era de extrañar, esto provocó un recalentamiento en el mercado inmobiliario y desencadenó una estampida para comprar o robar tierras.
Hoy día, los precios de las tierras son incluso mucho más altos en la cuenca Xingú, ya que el gobierno de derecha de Bolsonaro determina la flexibilización de las regulaciones ambientales y la prontitud de los proyectos a gran escala, tales como la gigante mina de oro que la compañía minera canadiense Belo Sun quiere abrir cerca de Belo Monte.
Como resultado, los ladrones de tierras y taladores ilegales se mueven con rapidez en el vecino territorio indígena Ituna/Itatá. El monitoreo y análisis satelital del territorio muestra que el número de invasiones ilegales allí ha aumentado en gran manera desde 2017; esto está basado en observaciones realizadas por SIRAD-X (sistema de indicación por radar sobre la deforestación en la cuenca Xingú), que utiliza datos proporcionados por el satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea.
En marzo de este año, SIRAD-X registró la apertura de un nuevo camino ilegal, que invadía el área desde el oeste (mapa 2). Hubo más deforestación en Ituna/Itatá en 2018 que en cualquier otro territorio indígena de la cuenca Xingú. En total, se talaron 6785 hectáreas, un tremendo incremento de la tala ilegal. En este solo año, se taló casi el doble de bosques en comparación con la suma total de deforestación ocurrida allí en años anteriores.
El territorio Ituna/Itatá es especialmente vulnerable porque no es un territorio indígena delimitado de manera oficial. Más bien, es un área que ha sido vedada, en donde la entrada de la población no indígena está prohibida para proteger a los indígenas aislados que se sabe que viven allí. Aunque los antropólogos han reunido pruebas convincentes de la existencia de estos habitantes indígenas, no han sido contactados. Como consecuencia, no son capaces, sin duda, de organizar la expulsión de los intrusos y dependen por completo de la protección del Gobierno.
El decreto que autoriza la veda debe ser reexpedido cada tres años. Sin embargo, debido a la promesa electoral del presidente Bolsonaro de que “ni un centímetro más de tierra” será dado a los grupos indígenas, los ladrones de tierra, al parecer, confiaron en que el Gobierno no renovaría el decreto del territorio Ituna/Itatá y las 142 000 hectáreas quedarían disponibles para ellos.
Pero el 9 de enero de este año —en los primeros días de la administración de Bolsonaro—, la FUNAI (la agencia de asuntos indígenas), de forma inesperada, renovó el decreto por otros tres años. La tierra no puede ser vendida por los que la robaron mientras siga siendo designada como territorio indígena, pero, aun así, la deforestación parece continuar.
De acuerdo con un investigador que prefiere hablar de manera extraoficial por cuestiones de seguridad, “la deforestación dentro del territorio indígena es el resultado de una pelea entre al menos dos grupos de ladrones de tierras. A pesar de la renovación del decreto, ellos confían en que, a la larga, se quedarán con estas tierras y, si continúa el ritmo actual de deforestación, es muy probable que, junto con la gran pérdida forestal, los indígenas aislados sean exterminados”.
Una buena parte de la cuenca del Xingú está ahora inmersa en un clima en el que la ley se halla ausente. Los detalles de la masacre en el campamento cercano a Vila de Mocotó todavía se desconocen, pero el escenario encaja con el patrón histórico de conflictos por las tierras que ocurre en la región. Según el investigador anónimo, “un gran proyecto de infraestructura recalienta el mercado inmobiliario, las familias campesinas y las comunidades tradicionales son desalojadas con violencia por los ladrones de tierras, quienes luego deforestan el área y la venden a los grandes proyectos agropecuarios y mineros”.
Conflicto en el frente de deforestación del Madeira
La situación no es muy diferente en Ponta do Abuña, localizada sobre el río Madeira, a unos dos mil kilómetros al oeste de Belo Monte, sobre otro frente de deforestación.
Es aquí donde Nemis Machado de Oliveira, líder de la comunidad Seringal São Domingos, fue asesinado. De acuerdo con un informe de Plan de Amazonía Sustentable, realizado por el ministro de Medioambiente de Brasil, las familias campesinas de esta región están siendo desalojadas de los asentamientos para darles lugar a las grandes estancias ganaderas. Las ocupaciones de tierras ganaron impulso después de 2013, cuando la controversial represa de Jirau se puso en funcionamiento. La megarrepresa ha sido duramente criticada por los ambientalistas y activistas a causa del daño ocasionado a las comunidades indígenas y a los ecosistemas terrestres y acuáticos.
Ahora se está construyendo un puente de casi un kilómetro de largo sobre el río Madeira, en Ponta do Abuña, a unos ciento cincuenta kilómetros río arriba de la represa de Jirau. El puente, que será terminado este año, prolongará la autopista BR-364 en el estado de Acre. Los expertos temen que el nuevo camino lleve a una acrecentada especulación de tierras y posiblemente a la violencia.
Los empresarios locales están muy entusiasmados: “El puente sobre el río Madeira, en Ponta do Abuña, es un proyecto muy importante”, dijo Marcelo Thomé, presidente de la Federación de Industrias del Estado de Rondônia (FIERO). “Conectará el estado de Acre con la red vial nacional, lo que permitirá un mayor crecimiento para los estados del norte [de Brasil], en particular, Rondônia… Es un gran paso en la unión de Brasil con el Pacífico”.
Brasil tiene numerosos planes para un ferrocarril transcontinental, con una ruta propuesta prevista para cruzar Acre y Rondônia. La vía férrea de costa a costa le permitiría a Brasil reducir de manera significativa los costos de envío de la materia prima a China, aunque los conservacionistas temen que sea una sentencia de muerte para la selva amazónica, los indígenas y los modos de vida tradicionales.
La otra masacre —la muerte de Dilma Ferreira Silva y de dos personas más—, en el distrito municipal de Baião, tuvo lugar dentro del área de influencia de la represa Tucuruí, un proyecto iniciado por el gobierno militar y completado en 1984. Los habitantes afectados por la represa todavía están luchando, treinta y cinco años después, por una compensación y la región, que sufre una terrible deforestación, ve con frecuencia un alto nivel de violencia.
Si las muertes de al menos seis campesinos en los dos ataques más recientes se confirman, Brasil habrá alcanzado un récord histórico —tres masacres en menos de dos semanas—.
En respuesta al aumento de la violencia rural, la CPT ha creado una nueva página web: Masacres en el campo. La página será actualizada con los informes confirmados recientes de las masacres —una matanza que involucre a tres o más personas—. Entre 1985 y 2017, la CPT registró cuarenta y cinco masacres en las cuales murieron doscientas catorce personas en nueve estados. El estado de Pará tuvo el número más grande de masacres durante este período —veintiséis en total, en las que murieron ciento veinticinco personas, más de la mitad de las víctimas de todas las masacres.
Bolsonaro ignora el aumento de la violencia rural
El Gobierno Federal no ha condenado hasta ahora el incremento de la violencia que viene ocurriendo desde la llegada al poder de Jair Bolsonaro en enero.
Cuando Mongabay le preguntó al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) su punto de vista, respondió con una declaración que decía: “Con respecto a las muertes mencionadas, es necesario esperar los resultados de las investigaciones policiales para ver si están relacionadas con los conflictos rurales”.
Al asumir sus funciones, Bolsonaro transfirió el INCRA, que solía estar unido a la Presidencia, al Ministerio de Agricultura, lo que representa un conflicto de intereses según algunos analistas. El INCRA está ahora dirigido por un oficial militar, el general Jesús Corrêa. Luego de la designación, dijo que su objetivo era sacar “las yemas podridas sin romper los huevos”. Los movimientos sociales interpretaron esto como una expresión de su determinación por erradicar de los asentamientos a los activistas del movimiento de los sin tierra. Al momento de la impresión de este artículo, el Ministerio de Justicia no le había respondido a Mongabay el pedido de una declaración.
A Isolete Wichinieski, coordinadora nacional de la CPT, no le sorprendió el error de la administración de hacer una declaración pública sobre la oleada de crímenes: “La posición del Gobierno con respecto al campo es que no hay conflictos o que los conflictos son creados por las comunidades”, dijo a Mongabay. “Y la solución es criminalizar los movimientos sociales, no resolver los conflictos territoriales”.
Wichinieski no cree que el Gobierno esté abierto al diálogo: “Está trabajando en la dirección opuesta, liberando el uso de armas, abriendo la selva al capital y oponiéndose a cualquier política de resolución de conflictos”.
A juzgar por los comentarios de Bolsonaro un año antes de las elecciones, lo mejor que los movimientos sociales podían esperar del gobierno era ser ignorados. “Si depende de mí, los agricultores [a gran escala] recibirán al MST [el movimiento de los sin tierra] con la descarga de un cartucho de una 762”, dijo, en referencia a un arma que usa municiones de 7.62 mm. Para dejar las cosas en claro, agregó: “Si preguntas si esto significa que quiero matar a estos vagos, pues sí, quiero”.
Imagen de cabecera: Velorio de Nemis Machado de Oliveira, líder de los sin tierra asesinado. Foto: Cortesía de CPT.
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