- Tras solo 100 días en el gobierno, la administración de Bolsonaro ya había aprobado 152 nuevos pesticidas, un récord para un periodo de tiempo tan corto. Además hay 1300 peticiones de empresas multinacionales para otros pesticidas que esperan aprobación. La mayoría de solicitudes son de empresas estadounidenses, alemanas y chinas.
- Brasil ya es el país que utiliza más pesticidas del mundo y tiene un problema reconocido de envenenamiento por pesticidas. Se informa de unos 100 000 casos al año y seguramente haya muchos más casos que no se conocen. La ministra de agricultura Tereza Cristina niega que acelerar la aprobación de estos pesticidas pueda causar daños graves al medioambiente o a la salud.
El grupo de presión ruralista tiene el control de sectores clave del gobierno federal y Brasil está aprobando nuevos pesticidas rápidamente. Según los críticos, algunos podrían ser innecesarios o excesivamente tóxicos. Durante los primeros 100 días de gobierno de Bolsonaro, el Ministerio de Agricultura autorizó el registro de 152 pesticidas y situó a Brasil en camino de autorizar más pesticidas este año que en ningún otro. Brasil ya es el país del mundo que más pesticidas utiliza.
El número de pesticidas que se autoriza cada año ha aumentado rápidamente, de 139 en 2015 con el gobierno de Dilma Rousseff a 450 en 2018 con el gobierno de Michel Temer (ver gráfico). Se espera que este año entren al mercado incluso más, ya que el Ministerio de Agricultura está considerando la aprobación de unos 1300 pesticidas más. La mayoría de las solicitudes provienen de empresas multinacionales extranjeras, la mayoría de Estados Unidos, Alemania o China, que es un proveedor cada vez más importante.
El gobierno propesticida contra los ambientalistas
A pesar del rápido aumento en las autorizaciones, la ministra de agricultura de Bolsonaro, Tereza Cristina, dice que “no existe una liberación general” de nuevos registros de pesticidas. Según su ministerio, los productos simplemente darán más opciones a los agricultores para elegir pesticidas y acceder a nuevos productos químicos, y no hay razón para preocuparse: “El uso [de estos pesticidas] es completamente seguro, siempre y cuando se utilicen como se indica y en un contexto de buenas prácticas de agricultura con el uso de equipo de protección individual”, dice el gobierno.
Los acontecimientos en Brasil parecen negar la realidad de las afirmaciones de Cristina. Brasil tiene un consumo per cápita más alto de pesticidas que cualquier otro país del mundo —7,3 litros por año por persona— y se enfrenta a un problema grave de envenenamiento por pesticidas.
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Según Guilherme Franco Netto, especialista de medioambiente, salud y sostenibilidad en la Fundación Oswaldo Cruz, una de las instituciones de investigación de la salud pública más importantes del mundo, cada año se registran unos 100 000 casos de envenenamiento por pesticidas en Brasil. Según Alan Tygel, de la Campaña Permanente Contra los Pesticidas y por la Vida, esa cifra subestima seriamente la situación real, ya que muchos trabajadores rurales no informan de esos envenenamientos.
En julio de 2018, la organización de derechos humanos Human Rights Watch publicó un informe que documenta envenenamientos graves en siete puntos de Brasil, entre ellos había comunidades indígenas, escuelas y quilombolas (comunidades de descendientes de esclavos fugitivos).
“Los pesticidas rociados en grandes plantaciones intoxican a los niños en escuelas en muchas partes de Brasil”, explicó Richard Pearshouse, subdirector de la división de medioambiente y derechos humanos de Human Rights Watch. Pero el informe descubrió que muchos habitantes locales estaban demasiado asustados para hablar: en cinco de las siete comunidades afectadas, la gente dijo que tenían miedo de sufrir represalias si hablaban. En 2010, un agricultor rural murió después de que le dispararan por presionar al gobierno local para que prohibiera el rociado aéreo de pesticidas —una práctica habitual en Brasil aunque permite que los aerosoles tóxicos que lleva el viento lleguen lejos de los cultivos hasta las comunidades de alrededor y las áreas naturales.
Las nuevas fórmulas aprobadas hacen saltar las alarmas
Muchas de las solicitudes a las que se ha dado luz verde este año son para nuevas fórmulas de pesticidas que ya están autorizados. Murilo Souza, de la Universidad estatal de Goiás, explica: “Una vez que el productor inicial pierde la patente, otras empresas empiezan a pedir el registro para poder usar los [mismos] ingredientes activos para producir nuevos productos agrícolas”.
Leonardo Melgarejo, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Agroecología, cree que esta práctica es perjudicial y llevará inevitablemente a un gran aumento en el consumo en todo el país: “estamos aprobando diferentes variaciones del mismo pesticida… Nos encaminamos a una situación en la que los agricultores podrán ‘automedicarse’ al haber dos tiendas de pesticidas en cada manzana”. Se ha llevado a cabo poca investigación para ver cómo cientos de varios pesticidas podrían interactuar y ser más perjudiciales.
El torrente de nuevas aprobaciones también hace más fácil que los agricultores de Brasil ganen acceso a pesticidas tóxicos que preocupan seriamente a la comunidad internacional. Uno de estos casos es el de 2,4-D, un ingrediente activo en el polémico defoliante Agent Orange, utilizado por el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y cuyo uso está cada vez más controlado en otros países después de que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud lo clasificara en 2015 como “posiblemente cancerígeno para los humanos”.
La última ola de autorizaciones del Ministerio de Agricultura que se vio el 10 de abril dio luz verde a 31 productos con un decreto federal oficial (Ley 24) que incluía tres nuevas fórmulas de 2,4-D solicitadas por productores y distribuidores multinacionales de pesticidas. Una solicitud era de la empresa china Rainbow Defensivos Agrícolas, mientras que las otras dos las inició Dow AgroSciences para que las fórmulas se produjeran en Suráfrica y se exportaran a Brasil.
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Estas nuevas autorizaciones brasileñas tuvieron lugar en un momento en que el Ministerio Público de Rio Grande do Sul, un grupo de fiscales públicos independientes, llevaba a cabo una investigación sobre una acusación del Instituto Brasileño del Vino de que el año pasado el estado perdió casi un tercio de su cosecha de uvas a causa del rociado aéreo de pesticidas que contenía 2,4-D. Los agricultores rocían este pesticida antes de sembrar soya, momento que coincide con la floración de la uva, la manzana y los olivos, y en que el aerosol puede desviarse hasta cultivos vecinos.
“Los datos de nuestro estudio [que mostraba una pérdida de casi un tercio de la cosecha de uva] son cifras conservadoras, ya que se basaban solo en la información que los agricultores nos daban de forma espontánea”, dijo Helio Marchioro de IBRAVIM. De hecho, los viticultores piden la prohibición del 2,4-D aunque el gobierno de Bolsonaro apruebe nuevas fórmulas.
Pesticidas polémicos aprobados para utilizarse en Brasil por primera vez
Varios de los pesticidas autorizados este año serán completamente nuevos en Brasil. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) ya ha clasificado algunos como “extremadamente tóxicos”. Entre ellos se encuentran el mancozeb, fungicida de amplio espectro que se utiliza en la agricultura y horticultura; el fungicida fluazinam, y el insecticida chlorpyirifos. En 2018, la agencia regulatoria de gestión de plagas (PMRA) prohibió el uso de mancozeb en Canadá, excepto para uso foliar en patatas, debido a sus “riesgos inaceptables para la salud”. La Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) iba a prohibir el uso ode chlorpyrifos en 2018, después de que se asociara con el desarrollo de discapacidades en niños. Sin embargo, esa posible prohibición ha sido recurrida en los tribunales.
Un producto químico que ha sido especialmente polémico es el sulfoxaflor, aprobado recientemente. Se cree que este es uno de los pesticidas que causaron un brote del problema de colapso de colonias en Brasil, la desaparición catastrófica y repentina de las abejas trabajadoras de una colonia que acaba con la muerte de la colmena. Según un estudio llevado a cabo por Agência Pública y Repórter Brasil, se encontraron quinientos millones de abejas muertas en cuatro estados brasileños en el primer trimestre de 2019, una cifra asombrosa que pone en riesgo la polinización de frutas y verduras y a la vegetación nativa.
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En una rueda de prensa el 9 de abril, la ministra de agricultura parecía no ser consciente de que Brasil ya había autorizado el sulfoxaflor. Dijo: “El problema con las abejas es que se utilizó un producto llamado sulfoxaflor. Esta [toxina] no está registrada en Brasil […]. Probablemente llegara a Brasil de forma ilegal y se esté utilizando de forma incorrecta, lo cual ha causado la muerte de las abejas”. En realidad, el gobierno de Temer autorizó el sulfoxaflor a finales del año pasado, aunque el decreto oficial no se publicó hasta enero de este año con el gobierno de Bolsonaro.
La ANVISA clasifica al sulfoxaflor como “medianamente tóxico”, pero esta evaluación es diferente en otros países. Inicialmente, Dow Chemical desarrolló el sulfoxaflor como alternativa más segura a los neonicotinoides, que son perjudiciales para las abejas. Lo aprobó por primera vez la EPA en Estados Unidos en 2013, y esa decisión fue revertida en 2015 cuando los estudios descubrieron que el sulfoxaflor también era peligroso para las abejas. Hoy en día todavía se puede utilizar en Estados Unidos, pero solo en circunstancias restringidas.
La desregulación de los pesticidas en marcha
El activista ambiental Alan Tygel cree que el rápido aumento en las autorizaciones de pesticidas está directamente relacionado con el aumento de poder de la bancada ruralista en el Congreso. Este grupo de presión, según cuenta, hizo que su apoyo a la destitución de Dilma Rousseff en 2016 dependiera de si el gobierno respaldaba medidas favorables para la agroindustria. “Desde entonces, el contrapeso de los sectores progresistas, de la agricultura familiar y de la agroecología se perdió y hoy en día los planes ruralista se enfrentan a menos obstáculos para conseguir que se aprueben más pesticidas y leyes más permisivas”, dice Tygel. La campaña de Bolsonaro para las elecciones se benefició muchísimo del apoyo de los ruralistas, lo cual ayudó destacablemente a que el antiguo capitán del ejército y legislador se hiciera con la victoria en octubre.
El siguiente objetivo de los planes ruralistas (tener leyes más permisivas) puede avanzar de forma importante este año con la aprobación en el Congreso de laPL 6299/2002, nombrada el “paquete del veneno” por los detractores. La ley, que desregularía los pesticidas, recibió el apoyo de una comisión de la Cámara de los Diputados en junio de 2018 y ahora espera ser debatida en el pleno. El gobierno justificó la ley, presentada al Congreso por el que fuera ministro de agricultura entonces, además de ruralista entregado, Blairo Maggi, con el argumento de que el país necesitaba simplificar el complicado progreso de autorización de nuevos pesticidas desesperadamente para poder ayudar a los agricultores.
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Castro Moreira, presidente de la prestigiosa Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), que representa a más de 100 sociedades científicas, se opuso firmemente. Dijo en la época que la ley “podría tener graves consecuencias para la salud de la población brasileña y el medioambiente […]. Su aprobación sería un paso atrás, porque sigue la lógica de la agricultura mecanizada, con grandes inversiones en fertilizantes y pesticidas, lo cual es una forma obsoleta de pensar que data de finales de la Segunda Guerra Mundial”.
La actual ministra de agricultura es una gran defensora de la PL 6299/2002, pero seguro que habrá oposición a la aprobación de la ley, aunque será difícil que los detractores bloqueen la medida. Los ruralistas nunca han tenido más fuerza sobre los órganos legislativos y ejecutivos, y parecen decididos a presionar para conseguir sus planes para la agroindustria.
Cuando el presidente Bolsonaro llegó a sus primeros 100 días en el gobierno, su popularidad estaba cayendo rápidamente, un 30 por ciento de la población ya calificaba su gobierno de “muy malo” y los mercados creen que el gobierno se está volviendo inestable. Sin embargo, esa percepción de más incertidumbre parece haber hecho que los ruralistas avancen con más urgencia. Mientras tanto, los conservacionistas y expertos alimentarios siguen alertando de las repercusiones nacionales y globales que tendrá en el medioambiente el uso desregulado de pesticidas en Brasil.
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