Sin estos papeles nadie puede aprovechar y menos comercializar las especies maderables.

Y quien viola la ley e incluye información falsa en los planes de manejo forestal sabe que comete el delito de tráfico ilegal de madera y falsificación de documentos y puede enfrentar penas que van de 3 a 7 años de prisión.

Por eso Paima Ríos repite que lo engañaron 58 veces, porque esas 58 veces asegura que solo firmó los planes de manejo que le trajeron a su oficina y no cumplió con visitar los predios y corroborar en campo que el número de árboles y especies incluidos en los documentos eran los correctos.

Y esto, en el mejor de los casos, porque en el peor, este regente forestal actuaba con pleno conocimiento de lo que hacía.

“Yo solamente firmaba el expediente”, insiste Paima Ríos, frente a la evidencia detectada por los inspectores del Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).

Y agrega, insistiendo en su defensa, volviendo sobre su error: “Yo no iba al campo. El que llevaba para firmar los documentos a mi oficina o a mi casa era el empresario que tenía todos los documentos autorizados por el representante legal o el jefe de la comunidad”.

Este es uno de los tantos casos identificados en la Amazonía peruana que aparecen en la base de datos de las inspecciones realizadas por Osinfor. Esta información nos ha permitido concluir que, en los últimos diez años, 110 regentes forestales que operan en cinco regiones de la la selva peruana alteraron 1091 planes de manejo forestal.

Más de 105 000 árboles inventados y consignados en documentos oficiales por malos funcionarios del Estado. Solo en Loreto, entre 2010 y junio de 2019, se elaboraron 579 planes de manejo con información falsa que han permitido la extracción ilegal de 64 000 árboles.

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Los malos regentes de Loreto

 

Esta modalidad es confirmada, además, por el fiscal Alberto Yusen Caraza de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto, quien narró en una entrevista el desenlace de uno de sus casos más recientes.

“Acabamos de conseguir una sentencia con pena de cárcel efectiva por el delito de falsificación de planes de manejo”, indica el magistrado.

Caraza se refiere al caso de Luis Manuel Gastelú Rodríguez, ex consejero regional, sentenciado a cinco años de prisión por coludirse con el regente forestal, Carlos Marcelo Zumaeta Vergara, responsable de alterar 42 planes de manejo forestal. Ambos personajes deberán pagar una reparación civil que asciende a 100 000 nuevos soles.

Un dato importante para entender este caso, es que todos los planes de manejo firmados por los regentes forestales deben ser luego aprobados por el Director Regional Forestal y de Fauna Silvestre o los responsables de las oficinas forestales en cada provincia.

Pero este no es el único episodio protagonizado por el regente forestal Marcelo Zumaeta Vergara. Según la información de Osinfor, este personaje incluyó más de 5300 árboles fantasma en 42 planes de manejo forestal, entre los años 2010 y 2015. Mongabay Latam lo buscó para conocer su versión del tema, pero hasta el cierre de esta edición no pudo encontrarlo.

El fiscal Caraza ve en este esquema de lavado de madera las prácticas propias del crimen organizado. Una red delictiva en la que participan funcionarios públicos, regentes y madereros. Recuerda el caso de “Los Cumaleros del Oriente”, una banda criminal que operaba en las regiones de Loreto y Ucayali, y en la que también aparecen algunos de los regentes que más han defraudado al Estado.

Hugo Paima Ríos, el regente forestal que sostiene que lo engañaron 58 veces, es uno de ellos, . Su nombre aparece en el expediente fiscal al que tuvo acceso Mongabay Latam. En el expediente se indica que Paima elaboró el plan de manejo forestal de la comunidad nativa Sinchi Roca, situada en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, y que este documento fue utilizado para el blanqueo de madera.

En conversación con Mongabay Latam, Paima Ríos reconoció que sí elaboró el plan de manejo forestal. “Yo solo hice el trabajo de campo. La comunidad buscó otro regente para movilizar la madera. No tengo nada que ver con eso. El jefe de la comunidad y el maderero se encargaron de todo el proceso, ellos siguieron el trámite para su aprobación”.

Según la investigación fiscal y policial en el caso de ‘Los Cumaleros del Oriente”, este plan de manejo fue utilizado para el blanqueo de madera, “valiéndose para ello del uso de las GTF (Guías de Transporte Forestal) sustentadas con este permiso de aprovechamiento”. El informe de supervisión y fiscalización de Osinfor determinó que de los 129 árboles que debían encontrar en campo, 58 nunca fueron hallados.

“La madera sale de cualquier lado. Es difícil determinar de dónde exactamente, pero es muy probable que la extracción sea de una zona no autorizada”, señala Rolando Navarro, quien ha sido jefe de Osinfor en Perú y ahora investiga casos de deforestación y tráfico de madera en la Amazonía para el Centro de Derecho Internacional Ambiental (CIEL por sus siglas en inglés).

En Loreto este mecanismo para lavar madera sigue vigente.

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“Los Cumaleros del Oriente”

 

Para un caso tan grande como este, un regente no bastaba. Tres nombres más figuran en el expediente fiscal y, coincidentemente, aparecen también en el ranking de los 15 casos más escandalosos detectados por los inspectores de Osinfor.

Luis Orbe Iñapi, según la carpeta fiscal del caso de “Los Cumaleros del Oriente”, elaboró el plan de manejo forestal de la comunidad nativa Atahualpa, ubicada también en Datem del Marañón, y como en el caso anterior, precisa la Fiscalía, incluyó información falsa que permitió la movilización de madera ilegal.

“Yo hice el trabajo de campo y me encargué del plan de manejo hasta la aprobación. La implementación y el traslado de los árboles lo hicieron con otro regente”, asegura Orbe Iñapi, cuya defensa se asemeja mucho a la del regente Paima Ríos.

Orbe Iñapi, según las inspecciones de Osinfor, incluyó información falsa hasta en 31 planes de manejo forestal, en los últimos nueve años. Sin embargo, cuando Mongabay Latam le preguntó sobre ello lo negó y se justificó alegando que en varios de los casos su firma fue falsificada. También sostuvo que la supervisión tardó tanto, que los árboles para entonces ya habían sido talados.

Sus procesos judiciales, sin embargo, continúan. Según la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental, este regente forestal mantiene una denuncia, del año 2018, que se sigue en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nauta, en Loreto.

Los documentos de otras dos comunidades nativas han sido utilizados en este esquema de lavado de madera que está siendo investigado por la Fiscalía. Una de ellas es la comunidad nativa de Monte Rico que tuvo como regente a Roberto Carlos Balseca Vásquez.

Balseca Vásquez, un consultor sancionado por Serfor, también sostiene que su firma fue falsificada en cada uno de los 45 planes de manejo fraudulentos que aparecen bajo su nombre. “Son 12 planes de manejo en los que falsificaron mi firma” sostiene.

Para los otros casos, Balseca, al igual que Paima, dice que solo firmaba los documentos que le llevaban, pues no iba al campo a verificar que la información sea correcta. Así justifica también que aparezca su firma en los documentos de la comunidad nativa El Cerro, otro de los casos que figuran en el expediente de “Los Cumaleros del Oriente”.

Otro caso emblemático en el que se repiten los nombres de los regentes forestales es la Operación Amazonas, un operativo del año 2015 en el que se incautó un cargamento de madera ilegal con más de 1000 metros cúbicos de este recurso que iban a ser exportados hacia México. Esta acción formó parte de la Operación Amazonas, el mayor decomiso de madera ilícita que se ha dado en el Perú hasta ahora.

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Comunidades nativas en la mira

 

El presidente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Corpi), Hammer Manihuari, dice que el lavado de madera está afectando a las comunidades nativas de Datem del Marañón y Alto Amazonas, las dos provincias de Loreto en las que está presente Corpi. La comunidad nativa de Sinchi Roca forma parte de esta organización indígena.

“Para nosotros el negociado de todos estos documentos es responsabilidad de las agencias regionales agrarias. Es un negocio hacer estos permisos sin ir al campo y son las comunidades las que pagan las consecuencias por un plan de manejo que no responde a la realidad de identificación de los árboles”, sostiene Manihuari y critica también a Osinfor por las multas impuestas a las comunidades nativas, las cuales considera imposibles de pagar por los indígenas que viven en situación de pobreza.

La comunidad nativa Sinchi Roca, por ejemplo, una de las afectadas por el regente forestal Hugo Paima Ríos —quien firmó un plan de manejo forestal con información falsa— recibió una multa de 104 UIT, que equivale a 439 072 soles (alrededor de 133 000 dólares). Mientras que la comunidad nativa San Carlos —cuyo plan fue firmado por el regente Roberto Carlos Balseca— ha sido multada por 397 UIT, es decir, 1’667,484 soles (505 298 dólares). Un monto astronómico para la comunidad.

El presidente de Corpi dice que han detectado que lo que les interesa a los empresarios —con los que muchas veces firman los contratos de aprovechamiento— es el volumen de madera que se puede incluir en un plan de manejo, por eso se “siembran los árboles”, precisa Manihuari, en alusión a los árboles que figuran en el papel pero no en los predios “Los planes se arman de acuerdo a lo que pide el maderero, mientras que los regentes firman los documentos en sus oficinas, no van a los bosques, solo envían a quienes se encargarán de convencer a los jefes de las comunidades que firmen las autorizaciones”,denuncia el líder indígena.

Alicia Abanto, Adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, señala que el mercado de la madera ilegal es muy grande. “El lavado de madera es un negocio internacional y las intervenciones solamente nos muestran la punta del iceberg”.

Las mafias –dice Abanto– se sirven de la corrupción en instancias locales e internacionales y el perjuicio al país es enorme. Se pierden recursos forestales, se deja de recaudar impuestos, se agudiza la criminalidad y la trata de personas.

La representante de la Defensoría del Pueblo recomienda que se intensifiquen los operativos y que a la par se capacite a las comunidades indígenas, para que no sean sorprendidas por las mafias y firmen acuerdos que terminan perjudicándolas.

Las comunidades nativas han sido el blanco de los regentes por muchos años. Pero también los bosques locales aparecen en esta base de datos como lugares desde donde se extrajo una gran cantidad de madera.

Los bosque de la ilegalidad

 

En la práctica, los bosques locales han sido cientos de veces utilizados dentro de este esquema de lavado de madera. De los expedientes supervisados por Osinfor entre 2010 y lo que va del 2019 que contienen información falsa, 91 corresponden a bosques locales solo en la región Loreto.

Rolando Navarro, ex director de Osinfor, asegura que el organismo advirtió desde el año 2014 que estos predios eran fácilmente utilizados para blanquear madera. “El problema es que los bosques locales no pertenecían a una persona en particular, por tanto, no había forma de aplicar una sanción. Cuando se descubría una irregularidad, solamente se informaba al Serfor y a los gobiernos regionales”.

Los bosques locales son espacios forestales que establece Serfor en tierras de dominio público que ofrece a los pobladores de la región la oportunidad de beneficiarse mediante un aprovechamiento sostenible. En estos predios, corresponde al municipio realizar la identificación, empadronamiento y calificación de los posibles beneficiarios.

Al igual que en otro espacios forestales, los regentes se encargan de elaborar los planes de manejo que servirán para extraer la madera y, como sucede en todo el país, estos bosques también han sido utilizados para falsificar documentos destinados a extraer madera de lugares no autorizados.

Navarro agrega que la nueva ley forestal entrega la responsabilidad a los municipios, pero que todavía se utilizan los documentos de estos predios para el lavado de madera. “Loreto ha sido la madre de todo eso. En el caso Yacu Kallpa se encontró que mucha madera ilegal provenía de los bosques locales”.

Aunque Loreto es la región con más falsificación de documentos para la extracción de madera en Perú. Las otras 12 regiones que cuentan con bosques que deberían ser manejados de manera sostenible también tienen su cuota dentro de este mecanismo de lavado. Madre de Dios y Ucayali siguen en la lista.

Son miles los árboles que se pierden cada año y a pesar de que existen informes de Osinfor y procesos en el Ministerio Público por el fraude que se comete con los bosques, apenas cinco regentes forestales están prohibidos de ejercer esta actividad, mientras el resto sigue operando con total tranquilidad en la Amazonía peruana.

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Artículo publicado por yvette
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