- Gobierno peruano aprobó la intervención de las Fuerzas Armadas para realizar operaciones de interdicción en el distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
- La intervención se concretó el martes 15 de octubre con el ingreso de 60 policías y 40 militares a la localidad de El Tambo.
Los conflictos en la Cordillera del Cóndor por la presencia de la minería ilegal llevaron al gobierno peruano a autorizar una intervención militar para ponerle fin a un problema que afecta, desde hace varios años, la zona de frontera entre Perú y Ecuador.
Esta medida aprobada mediante una resolución Suprema —firmada por el presidente y los ministros de defensa y del interior— se hizo efectiva el martes 15 de octubre cuando 60 policías y 40 militares ingresaron al Cenepa, puntualmente, a la localidad de El Tambo, región Amazonas, donde se ubica la Cordillera de Cóndor.
La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.
“Por muchos años ciudadanos peruanos y ecuatorianos han extraído oro en esa frontera, mientras las autoridades no hacían nada. Pero ahora, siguiendo el Plan de Operaciones Venceremos, nos hemos instalado en esta zona”, dijo a Mongabay Latam el general Luis Alberto Vera, director de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú
Vera considera que se trata de una labor clave para erradicar la minería ilegal de la zona. “Además de los efectivos policiales y militares contamos con dos fiscales especializados. Se trata de un trabajo sostenido cuya primera fase durará seis meses”, aseguró Vera a este medio y confirmó que hasta el momento se han detenido a 21 personas dedicadas a esta actividad ilícita.
Wrays Pérez, presidente del Gobierno Autónomo Territorial de la Nación Wampis, saludó la decisión del gobierno peruano. “La minería se está realizando en cabeceras de cuenca, por tanto, es inviable”.
Una zona en conflicto
A inicios de setiembre, la noticia de un presunto secuestro de indígenas awajún en la Cordillera del Cóndor, en el norte de Perú, llamó nuevamente la atención sobre un problema latente que afecta esta zona desde hace años. En ese momento se alertó sobre la retención de al menos 15 personas por parte de mineros ilegales.
Jorge Abregu, representante de la Defensoría del Pueblo, comentó que se trata de un problema que involucra a grupos de mineros ilegales que se enfrentan entre ellos. Además, en medio de este conflicto de dos sectores que se disputan el territorio surgen las federaciones indígenas que se oponen a las actividades mineras. “Existe un área en controversia donde inicialmente ecuatorianos explotaban oro, pero luego las comunidades awajún los desalojaron”, recuerda Abregu.
Calixto Sejekam Asangkay, subgerente de Comunidades Nativas y Campesinas de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Amazonas, señala que los grupos que se disputan la explotación minera en esta zona en realidad defienden intereses de terceros.
Según el funcionario del gobierno regional, uno de estos grupos trabaja con la minera Afrodita, una compañía que en el año 2004 consiguió la autorización para explorar y explotar concesiones mineras situadas en las cabeceras de los ríos Cenepa y Comaina, permisos que años después fueron suspendidos. El otro grupo —dice Sejekam— está bajo la influencia de un ciudadano ecuatoriano.
Mongabay Latam se comunicó con la minera Afrodita para solicitarle su versión sobre este problema. Aunque en sus oficinas aseguraron que un vocero devolvería la llamada, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta alguna.
La denuncia presentada luego del presunto secuestro señalaba que por lo menos 25 personas ingresaron, con armas de fuego, a la comunidad nativa de Kumpanam, tomaron las instalaciones de este pueblo y secuestraron a unas 15 personas.
La lideresa indígena Augustina Mayan Apikai, expresidenta de Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) señala que los pueblos asociados a su federación están en contra de la minería ilegal y reclama por la contaminación que esta actividad ilícita está ocasionando en los ríos que atraviesan las comunidades awajún.
Mayán también comenta que los mineros ligados a la empresa Afrodita, así como un grupo de indígenas awajún que apuestan por la minería, se han inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para operar dentro de la zona en disputa.
Ahora, las Fuerzas Armadas peruanas buscan retomar el control de la Cordillera del Cóndor, el lugar donde se desarrolló el último enfrentamiento armado con Ecuador en el año 1995.
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El reclamo de un área natural protegida
La lideresa indígena también se refiere al reclamo que mantienen las comunidades nativas por el recorte del Parque Nacional de Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor (PNICC).
“Odecofroc ha presentado una acción de amparo para que sea restituida la totalidad de la extensión de este parque nacional. El 2 de julio hubo una audiencia por este pedido y estamos a la espera de que el juez emita su resolución”, comenta Mayán.
En el año 2007, durante el gobierno de Alan García, se recortaron 69 829 hectáreas del parque nacional. Fue también durante este gobierno que se suspendió de manera indefinida las actividades de exploración de la minera Afrodita porque no pudo acreditar el derecho de uso del terreno que iba a ser explotado.
Tuntiak Katan, vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónioca (Coica) señala que la minería ilegal en esta zona es un problema regional debido a la contaminación del agua que afecta a los países por donde discurren las aguas de estos ríos. “Desde mi punto de vista, los países que viven río abajo deberían tomar notas en el asunto porque sus territorios y ríos están siendo contaminadas por la minería. Nosotros como pueblos indígenas nos hemos pronunciado en contra de estas actividades”.
Imagen principal: Las fuerzas armadas y la policía ingresó a la Cordillera del Cóndor. Foto: Dirección de Medio Ambiente de la PNP.
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