Ninguna entidad del Estado protege eficazmente a los defensores ambientales. Esto dificulta el quehacer diario de los ambientalistas y el monitoreo ‘in situ’ de sitios importantes como los Parques Nacionales.En la última década, los asesinatos de los líderes indígenas Sabino Romero y Freddy Menare se vincularon directamente con sus luchas por la demarcación de sus tierras y contra la minería ilegal en sus territorios. Quienes continuaron con su legado viven en permanente amenaza. Hace tres años, los miembros de una organización ambiental del sur de Venezuela comenzaron a recibir amenazas. A sus teléfonos llegaban mensajes de texto y llamadas en los que les decían que dejaran de denunciar la presencia de la minería ilegal que extrae oro de los parques nacionales de la zona. Con los días, los recados fueron más violentos: los invitaban a no actuar si querían preservar su integridad física. Menos de tres semanas después, asaltaron su sede y se llevaron todas las computadoras y materiales de oficina. Uno de los activistas, cuya identidad y la de su organización no se difunden por motivos de seguridad, tuvo que irse de su casa por un tiempo hasta que todo se calmó. Este episodio muestra la condición de vulnerabilidad de los defensores ambientales en el país. Aunque el robo fue denunciado, una fuente ligada al caso aseveró que poco hicieron los cuerpos de seguridad del Estado para investigar lo que había sucedido y para dar con el origen de aquellas amenazas. Hoy, el miedo a señalar a los culpables obliga a los ambientalistas a documentar, en silencio, los delitos que atentan contra la naturaleza. Algunos, incluso, evitan hacer informes in situ por temor a persecuciones y represalias. La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam. De acuerdo con Global Witness, organización que documenta los asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente en el mundo, en Venezuela se registraron tres homicidios de activistas ambientales en 2018. Una constante en los hechos es la inacción del Estado en cuanto a la resolución del suceso y penalización de los culpables. Eso ha pasado, por ejemplo, con la muerte de Pedro Vielma, Ramón Rosario y Reyes Orlando Parra, a quienes un grupo de hombres armados mataron entre el 1 y 2 de agosto de 2018 en el fundo La Escondida del municipio Rojas de Barinas, en la región llanera del país. La esposa de Parra, Zuleima Contreras, exigió al presidente Nicolás Maduro que se hiciera justicia en el caso de su marido, quien era miembro de ‘Los lanceros de la Pescalinera de Zamora’ —una organización campesina que luchaba por recuperar tierras que antes les fueron usurpadas— y estaba siendo ayudado por Vielma y Rosario, propietarios de predios de la zona. El informe también hace énfasis en el caso de la abogada e indígena pemón Lisa Henrito, quien fue tildada de “traidora” y “secesionista”, por un militar venezolano cuando era entrevistado en un programa de la televisión pública. Henrito es conocida por su defensa de los derechos de las comunidades ancestrales así como por su férrea posición contra la minería. “Amnistía Internacional ha documentado una serie de casos en Venezuela, en los cuales altos funcionarios han estigmatizado a activistas y esto ha generado su persecución por parte de las autoridades”, apunta el documento. Los asesinatos de los líderes Sabino Romero (2013) y Freddy Menare (2017) siguen sin esclarecerse por completo. Quienes continuaron con sus legados por la defensa de las tierras en la Sierra de Perijá y el Amazonas venezolano continúan bajo amenazas, al igual que diferentes líderes de organizaciones ambientales. Mineros ilegales, grupos armados y usurpadores de tierras siguen dominando estas regiones.
