Gran Chaco argentino 2030: el compromiso que busca defender una región en peligro

Desde hace varias décadas, los desmontes y los cambios en el uso del suelo se han convertido en una práctica habitual en tierras del Gran Chaco argentino, donde se estima que un 30 % del bosque nativo (alrededor de 20 millones de hectáreas) ya ha sido transformado en áreas de cultivo o pasturas ganaderas. La buena noticia es que todavía existe un 70 % que permanece relativamente intacto y debería ser protegido.

Con ese objetivo, acaba de ser lanzado el Compromiso Gran Chaco Argentino 2030, un programa de acción, presentado por diferentes organizaciones no gubernamentales, que pretende la participación de la mayor cantidad de actores posibles con el fin de lograr un cambio profundo en la explotación económica de una ecorregión que se extiende a través de once provincias y ocupa un 22 % del territorio nacional, además de abarcar amplias superficies en Bolivia y Paraguay.

La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam. 

Los compromisos

Consensuado y firmado por 55 organizaciones de diversa índole —ONG, fundaciones, entidades académicas y científicas, y entidades internacionales—, el Compromiso Gran Chaco 2030 es una convocatoria que busca trascender los límites de la propia ecorregión, la segunda más extensa del continente detrás de la Amazonía, en busca de profundizar la concientización en torno a la necesidad de conservación del monte.

El Compromiso apunta a la acción y la implicación de todos los sectores. Por un lado, alienta a la sociedad civil a la creación de una agenda común para lograr que la problemática se incorpore de manera efectiva al discurso político. Por otra parte, apela también al sector privado, al que insta, entre otras cosas, a cumplir y hacer cumplir de manera estricta la Ley de Bosques. Esta última, establece con claridad los usos del suelo según el ordenamiento que realizó cada provincia, dividiendo las áreas boscosas en zonas roja, amarilla y verde, lo cual establece los niveles permitidos de utilización productiva. Sin embargo, a través de múltiples argucias legales, los productores agrícolas y ganaderos han logrado, y continúan logrando, hacer caso omiso a la letra escrita.

Las mayores demandas, sin embargo, están dirigidas hacia el Estado. El control y fiscalización para que se cumpla efectivamente la Ley de Bosques ocupa el primer punto. Al mismo tiempo, se solicita la asignación de los recursos económicos indispensables para dichas tareas. “En 2019 solo se ejecutó el 4,5 % del presupuesto correspondiente”, indica la Fundación Vida Silvestre, una de las ONG que dieron el punta pie inicial al proyecto, en la web donde es posible firmar la adhesión al programa.

El listado de pedidos incluye también la creación de normas complementarias para ordenar el uso de agroquímicos, el fomento del cuidado específico de los humedales y la obligación de indicar la trazabilidad de los productos agrícolas y ganaderos que llegan a los consumidores. Además, solicita la restauración de áreas degradadas, la creación e implementación de corredores biológicos interprovinciales y la promoción de la educación ambiental y de actividades económicas alternativas para las comunidades locales.

El último punto recogido está directamente relacionado con la adecuación del territorio del Gran Chaco a los tratados internacionales firmados por Argentina, como el Acuerdo de París sobre cambio climático o el Convenio de Diversidad Biológica. En ese sentido, apenas un 3 % de la región tiene algún tipo de protección, por lo que se apunta a la creación de nuevas reservas naturales.

“En nuestro país, las políticas de Estado son bastardeadas por las políticas del gobierno de turno”, analiza Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre: “De ese modo, nos cabe a las organizaciones de la sociedad civil, cada una con sus diversos perfiles y motivaciones, la tarea de asumir la responsabilidad de llevar adelante y mantener en el tiempo estas iniciativas”.

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La transformación del ambiente

En el Gran Chaco argentino, la apropiación de tierras por parte de grandes empresas agrícolas y ganaderas se ha ido extendiendo de sur a norte, al mismo tiempo que se desplazaba la frontera productiva. Esto motivó a su vez que muchos campesinos aborígenes y criollos que habitaban la región se viesen obligados a dejar sus lugares de residencia, en algunos casos por la imposibilidad de seguir haciendo uso del espacio (sus vacas y cabras nunca habían tenido alambrados que limitaran su búsqueda de agua y alimento); en otros, directamente fueron expulsados por los nuevos dueños.

El involuntario abandono del monte añade un nuevo factor a su progresiva degradación. Las comunidades autóctonas, si bien cultivaban productos agrícolas y criaban ganado, nunca representaron una amenaza para el bosque puesto que las cantidades de producción siempre fueron más bien acotadas.

“Incluso desde antes de la Conquista, las personas que habitaban el Chaco fueron moldeando su paisaje de bosques alternados con pastizales y arbustales”, subraya Micaela Caminos, integrante de Proyecto Quimilero, otra de las organizaciones firmantes del Compromiso. “Lo que conocemos hoy es obra de la naturaleza, pero también de la gente que abrió canales, que quemaba periódicamente los pastos para cazar, que seleccionaba los árboles para obtener la madera”, dice esta bióloga que vive en Resistencia, la capital provincial chaqueña, y trabaja para entidades científicas de Inglaterra. “Aquí, la relación entre el paisaje y las personas siempre ha sido dinámica”, explica, “por eso, si se elimina del escenario a la gente será imposible hacer una buena protección del paisaje”.

Como factor añadido, los desplazados suelen verse obligados a radicarse en la periferia de pueblos o ciudades vecinas o que están alejadas de sus lugares de origen. Excluidos del medio donde nacieron y crecieron, deben afrontar un mundo hostil que en muchísimos casos los empuja a la marginalidad, afectando dramáticamente su estatus social y sus raíces culturales.

“El discurso de que la conversión de los ambientes genera desarrollo es un engaño y el Gran Chaco es un gran ejemplo al respecto”, señala Jaramillo, y agrega que “la ecorregión se ha transformado de manera salvaje durante los últimos 15 años y las localidades de la zona no se han desarrollado. Peor aún, las cuentas públicas nacionales basadas en lo que genera la expansión agrícola tampoco han mejorado y están cada vez peor”. Las provincias de Formosa, Santiago del Estero y Chaco ocupaban los tres últimos puestos en desarrollo social en el último informe disponible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de 2016, y muy poco ha cambiado desde entonces.

“Es probable que, aunque no se hubiera dado la transformación de los suelos, la carencia de estructuras para generar un crecimiento sustentable en la zona también hubiese impedido su desarrollo», opina Jaramillo, «pero al menos seguiríamos teniendo los recursos que ahora hemos perdido”, dice este ingeniero forestal que lleva más de 20 años trabajando a favor de la protección de los bosques nativos.

El compromiso que establece una mirada a diez años representa todo un desafío para Argentina. “Separar el desarrollo económico de la conservación ambiental ha sido el gran error de la política argentina en los últimos 30 años”, reflexiona Manuel Jaramillo, para afirmar que “si uno se olvida de lo ambiental, el desarrollo se transforma en una transferencia de recursos”.

Tras el cambio de panorama político que se presenta en la Argentina luego de las elecciones generales recientemente celebradas, el Director General de la Fundación Vida Silvestre no tiene dudas: “El buen uso de los recursos naturales tiene que ser parte de la agenda económica del nuevo gobierno nacional. En caso contrario no hay posibilidades de que haya desarrollo en nuestro país”.

Los efectos que provoca la pérdida del bosque nativo del Gran Chaco se están evidenciando desde hace varios años. El ascenso de nivel de las napas de agua subterránea, que ahora se encuentran más cerca de la superficie, y la salinización del suelo inciden directamente en la capacidad agropecuaria. La reducción de la conectividad de las áreas silvestres expone a una mayor vulnerabilidad a la biodiversidad en flora y fauna, con el peligro de extinción de especies que trae aparejado. La producción intensiva —agrícola, ganadera y forestal— aumenta la emisión de gases invernadero, y un estudio reciente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires demostró que en la región chaqueña las plantas están perdiendo capacidad fotosintética. La suma de todos estos factores aumenta el riesgo de inundaciones periódicas y de generación de efectos climáticos negativos que afectan la vida diaria de los habitantes locales.

El Compromiso Gran Chaco Argentino 2030 se ha echado a rodar. La expectativa es crecer en número de organizaciones adherentes e incorporar definitivamente el tema dentro de las preocupaciones cotidianas de los responsables de dictar y hacer cumplir las leyes.

“Sentimos que hasta ahora hemos ganado algunas batallas pero vamos perdiendo la guerra”, sentencia el director de la Fundación Vida Silvestre. Dentro de una década llegará el tiempo de hacer balance y determinar cómo se gestionó el futuro de todos.

*Imagen principal: Pequeño bosque de cardones. Foto: Rodolfo Chisleanschi

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