Los cofán de la comunidad de Sinangoe usan GPS, cámaras trampa y drones para defender su territorio de la minería.Después de haber encontrado 52 concesiones mineras en su territorio, gracias al uso de drones, los cofán apuestan por nuevas formas de defensa. (Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador) Una tarde de 2018, un grupo de indígenas de Sinangoe, una comunidad cofán —una de las quince nacionalidades indígenas del Ecuador—, volaba un dron para detectar amenazas a su territorio. Un año antes, el hallazgo de una patrulla minera los había hecho hacerse una pregunta: cómo saber cuántas invasiones extractivas existen en su territorio, un área de más de 55 000 hectáreas. En su búsqueda de respuestas, se toparon con Amazon Frontlines y Alianza Ceibo, organizaciones de defensa de derechos indígenas, que les propusieron empezar a usar dispositivos tecnológicos para monitorear su territorio e identificar mineros, madereros y otras formas de explotación de recursos naturales que violentaran sus derechos. Con el paso del tiempo, lograron recabar tanta información con GPS, drones y cámaras trampa que les sirvió como evidencia estelar para ganar un juicio contra el Estado ecuatoriano por concesionar esas tierras sin consulta previa, violando su derecho a un medio ambiente sano. Aquella tarde de 2018, en la pantalla de monitoreo vieron a unos 50 hombres reunidos alrededor de unas retroexcavadoras. Era la primera vez que veían tantas máquinas que clavaban su brazo dentado en la orilla del río, removiendo la tierra. Para encontrar respuestas y entender lo que veían en la pantalla, revisaron el catastro de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) —un inventario donde están registradas todas las concesiones del país— y allí descubrieron que se habían concesionado, a empresas privadas, 19 556 hectáreas de su territorio ancestral— un área que equivale a casi dos veces el salar de Uyuni en Bolivia (considerado como el mayor desierto de sal del mundo). En esa lista que ellos nunca habían revisado antes, los cofán identificaron 52 concesiones en proceso de licitación para la exploración y explotación de pequeña y mediana minería metálica de oro. Estas estaban en las riberas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes. A ellos nunca les avisaron y menos los convocaron para realizar una consulta previa, libre e informada, un derecho que tienen todos los pueblos indígenas. Según la Constitución, se les debería preguntar sobre la “comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”. Pero a ellos nadie los buscó.
