En esta área protegida confluyen más de 200 familias en situación de vulnerabilidad, sectores ganaderos y grupos armados.Tras el operativo que la Fiscalía, el Ejército y otras instituciones realizaron en Picachos, las cifras dicen que la deforestación se frenó, pero las amenazas hacia funcionarios de Parques Nacionales Naturales incrementaron.Las múltiples versiones que hay en torno a la extracción petrolera en cercanías al parque generan preocupación en las comunidades. Durante décadas el costado suroriental del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos ha sido foco de tala de bosque con propósitos, en su mayoría, de ganadería. Un aproximado de 209 familias habitan el parque, muchas de ellas sin acceso a servicios públicos, educación, salud, entre otras necesidades básicas. Se habla de la presencia de disidencias de las FARC y de alias ‘El Paisa’ en el territorio. Las amenazas contra miembros de Parques Nacionales Naturales (PNN) se escalaron tras el operativo militar en octubre de 2018, en el que se incautaron cerca de 600 cabezas de ganado dentro del parque. Desde entonces, poco se sabe sobre los verdaderos dueños del ganado ilegal en Picachos. Mientras tanto solo 5 de los 16 integrantes del equipo funcionarios de Picachos desarrollan actividades dentro del área protegida y se relevan periódicamente. Lo hacen como respuesta al alto grado de inseguridad que enfrentan. La mayor parte del tiempo se encuentran en municipios como San Vicente del Caguán o Neiva, al otro costado de la cordillera. Funcionarios de PNN afirman que la degradación ambiental en Picachos no es culpa exclusiva de las comunidades. Aunque vivir dentro de un área protegida sí puede ocasionar cambios en el ecosistema, las cantidades de bosque tumbado indican que los responsables son personas con amplios recursos económicos, según Jairo García, funcionario de PNN. Campesinos que habitan cerca de esta y otras áreas protegidas como Tinigua, aseguran que talar cinco hectáreas puede costar tres millones de pesos (cerca de 900 dólares). A finales de 2017 Picachos ocupaba el cuarto lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por la tala indiscriminada en el país. Así lo informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La deforestación ha aumentado exponencialmente. PNN señala que en 2016 se talaron 137 hectáreas en esta área protegida, 1064 en 2017 y, para 2018, la pérdida de bosque ascendió a 2045 hectáreas. Al estar incrustado en la cordillera oriental colombiana, Picachos es escenario de transición entre ecosistemas de páramo, selvas basales y llanura. Su deterioro ambiental según expertos, significaría la desestabilización del ciclo hídrico de la Amazonía continental.