Los guardaparques han sido víctimas del conflicto armado en Colombia y esperan ser reconocidos como tal. Hoy enfrentan amenazas y varios han sido asesinados.Los parques Tinigua, Macarena y Picachos son tres de los más peligrosos para los funcionarios de Parques Nacionales.Las disidencias de las FARC y otros grupos ilegales se disputan las tierras en estas áreas protegidas que, a pesar de su diversidad, son estratégicas para los intereses de los criminales. “Con mucha tristeza y enorme indignación informamos que un miembro del equipo de Parques Nacionales fue asesinado en el Parque Sierra Nevada de Santa Marta. Un hombre joven de 38 años con una familia, quien hacía una labor muy importante como es la protección de la riqueza natural extraordinaria que hay en la zona”. Fue así como Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), anunció la muerte de Wilton Fauder Orrego León, asesinado a tiros en la noche del lunes 14 de enero de 2019 en el sector de Perico Aguao, zona rural de Santa Marta, en el Caribe colombiano. Lo sucedido dejó una irrefutable prueba de que estos defensores ambientales se encuentran en grave peligro, a pesar de que han pasado poco más de tres años desde la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Miranda aseguró que las amenazas e intimidaciones no solo ocurren en este parque sino que se repiten en otras áreas protegidas del territorio nacional. Solo en 2018 hubo 17 denuncias de funcionarios de la entidad. Una de ellas fue la de Tito Rodríguez, jefe del Parque Sierra Nevada de Santa Marta —la misma área protegida donde trabajaba el funcionario asesinado—, a quien le llegó un mensaje con una amenaza de muerte. Aunque todo apunta a invasores, bandas criminales y disidencias de las FARC, aún no hay certeza de quién está detrás de la intimidación. Datos oficiales entregados por Parques Nacionales muestran que las áreas protegidas más críticas son: Sierra Nevada de Santa Marta entre los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar; Macarena, Tinigua y Picachos en el departamento del Meta; Catatumbo en Norte de Santander; Paramillo entre Antioquia y Córdoba; Orquídeas en Antioquia; La Paya en Putumayo; Farallones en el Valle del Cauca; Nukak en Guaviare, y Sanquianga en Nariño. Dentro del círculo negro se muestran las áreas correspondientes a los parques Macarena, Tinigua y Picachos. Entre los tres conforman un corredor de transición entre la cordillera de los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Un equipo periodístico de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto viajó hasta los parques Tinigua, Cordillera de Los Picachos y Sierra de La Macarena para narrar cómo sobreviven hoy los funcionarios de PNN y los líderes ambientales comunitarios que están expuestos a amenazas, difamación y persecuciones. Tres áreas protegidas donde la deforestación avanza producto de la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos y el acaparamiento de tierras, poniendo en riesgo la enorme riqueza natural que albergan estos parques donde confluyen ecosistemas amazónicos, orinocenses y andinos. Lee más | ESPECIAL | Los pecados de la palma aceitera en Latinoamérica Miedo en el AMEM Macarena, Tinigua y Picachos son tres de los cuatro parques que conforman lo que Colombia definió como el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) —el otro parque es Sumapaz, el páramo más grande del mundo—. Se trata de uno de los sectores más biodiversos del país, de vital importancia ecológica y biológica pues funciona como un gran corredor de transición entre los ecosistemas de la Amazonía, la Orinoquía y la cordillera de Los Andes. Estas áreas protegidas, a su vez, son algunas de las más impactadas por el conflicto armado en Colombia y por diferentes economías ilegales como el narcotráfico. Recientemente, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), con apoyo de la UICN, publicó el libro Áreas Protegidas Amazónicas y sus Funcionarios como Víctimas del Conflicto Armado, donde resaltan que las intensas presiones sobre los parques del AMEM son generadas por factores sociales y económicos, como la existencia de colonos en su interior que desarrollan actividades consideradas por la normatividad como prohibidas, y por la puesta en marcha de políticas sectoriales inadecuadas que inciden en la ocupación de las áreas y la ampliación de la frontera agropecuaria en ellas. “Pero principalmente lo son factores de orden público o inducidos por economías ilegales, como la presencia de actores armados ilegales en ellas, la siembra de cultivos de uso ilícito, la apertura de vías ilegales, la extracción ilícita de minerales, entre otras, que han causado enormes daños y deterioro de estas [áreas] dificultando o impidiendo la acción de la autoridad ambiental e incluso de la fuerza pública en dichas áreas, durante años”, se lee en el libro.
