- El Proyecto de Extensión Linhão de Tucuruí, que garantizará la autonomía energética de la provincia de Roraima, recibe nuevo aliento bajo el gobierno de Bolsonaro. Los organismos federales han estado maniobrando políticamente el trabajo para avanzar a toda costa, a pesar de cualquier oposición.
- La licencia ambiental de la obra se ha estancado desde 2014. Uno de los impases es el impacto que tendrá en la Tierra Indígena Waimiri-Atroari. De los 721 km planificados para la línea de transmisión, 125 km cruzarán la reserva en forma de 200 torres de energía.
- Otro obstáculo es la negociación con la empresa responsable del proyecto, que exige ganancias exorbitantes. El Gobierno Federal brasileño ha estado presionando a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) para que acepte las condiciones impuestas por la empresa.
Desde enero de 2019, el fantasma del desarrollismo persigue nuevamente a la Amazonía brasileña. En la presidencia de Jair Bolsonaro, los grandes proyectos de infraestructura recuperaron fuerza, alineados con la perspectiva de la dictadura militar brasileña, que governó entre 1964 y 1985. El caso de una línea de transmisión de energía eléctrica entre dos capitales regionales, Boa Vista y Manaus, ilustra la presión del gobierno para “abrir” la Amazonía, sin tener en cuenta ningún tipo de oposición, incluso si es surge dentro de la propia administración federal. Mongabay tuvo acceso a documentos que revelan enfrentamientos en la negociación detrás de la iniciativa.
El proyecto, una extensión del llamado “Linhão de Tucuruí”, tiene como objetivo garantizar la autonomía energética de la provincia de Roraima y fue parte de una subasta que ganó la empresa Transnorte —resultado de la unión de Alupar, una sociedad empresarial, con Eletronorte, una empresa estatal de energía. Desde el principio, la iniciativa presenta desafíos logísticos de orden ambiental y social: de los 721 km de línea de transmisión planificados, 125 km cruzarán la Tierra Indígena Waimiri-Atroari, en la frontera entre Amazonas y Roraima.
Se esperan impactos irreversibles en la cultura y en la vida de los indígenas por la instalación de más de 200 torres de transmisión en sus tierras —cada una de ellas ocupa un área equivalente a un campo de fútbol oficial.
Los Kinja —como se llaman a sí mismos los Waimiri-Atroari— señalan daños como la tala de especies de árboles y plantas que garantizan la alimentación de las tribus, la interferencia negativa en los lugares sagrados para los pueblos indígenas y una mayor presión política sobre las comunidades, además de las consecuencias comunes en grandes obras, como el aumento del flujo de personas ajenas, el riesgo de proliferación de enfermedades del “hombre blanco”, el miedo y las amenazas a su forma de vida tradicional.
Gracias a la complejidad de la ejecución del proyecto, la licencia ambiental de la obra se ha estancado desde 2014. Ni la Fundación Nacional de asuntos Indígenas (FUNAI) ni el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) le otorgaron las licencias necesarias.
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La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), responsable de monitorear toda la implementación de la iniciativa, no está de acuerdo con las condiciones impuestas por Transnorte para la implementación del “Linhão”.
Debido a los retrasos, la empresa negocia una actualización del proyecto, y existe un desacuerdo entre las dos partes en tres puntos centrales: la ganancia que recibirá anualmente la empresa; dificultades logísticas en el despliegue de torres de energía dentro del territorio Waimiri-Atroari; y la consulta con los indígenas sobre el daño que Linhão de Tucuruí puede causar.
Para tener una idea, en 2018 la entonces gobernadora de Roraima, Maria Suely, presentó una demanda en el Tribunal Federal Superior “para retirar la consulta a los indígenas”, una presión para que las obras comenzaran a cualquier costo.
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“De manera sistemática, la libre consulta con los Kinja nunca se realizó”, dice el fiscal federal Fernando Merloto Soave. Desde 2013, el Ministerio Público Federal (MPF) ha estado siguiendo el caso. El organismo defiende el derecho a la consulta y a la plena participación de los pueblos indígenas en las decisiones sobre el proyecto.
El MPF ya ha presentado dos demandas por incumplimiento del derecho de los Waimiri-Atroari —las demandas se presentan contra Transnorte, Aneel, Funai, Ibama y la Unión. Una de las acciones solicita la cancelación de la subasta inicial, y otra solicita la cancelación de totas las licencias ambientales otorgadas hasta ahora.
“Los militares han participado en un genocidio de la población Kinja en la década de 1970, y existen conflictos históricos [de los indígenas] con el Estado. La imposición del Linhão de Tucuruí ‘por las malas’ representa un gran revés, un regreso a un momento de violaciones graves”, dice Merloto, uno de los fiscales responsables de las demandas.
El proyecto enfrenta resistencia desde el principio
La extensión del Linhão de Tucuruí hacia Roraima está planeada para hacerse en paralelo a la carretera BR-174, en la región norte de la selva tropical, y está en marcha desde 2012. Pero, solo un año después del inicio del proyecto, la relación entre Transnorte y Aneel ya mostraba signos de desgaste. En aquel entonces, la compañía realizaba estudios obligatorios para el inicio de las obras, como el análisis de los impactos ambientales y sobre los posibles daños a los Waimiri-Atroari. Las contiendas sobre los estudios aumentaron rápidamente.
“Por primera vez, el 14 de noviembre de 2014, Transnorte expresó su intención de suspender su participación ‘solicitando una reunión (…) para hablar sobre la interrupción necesaria e inevitable del contrato (…) entre TNE [acrónimo de la compañía] y el Gobierno”, se registra en el historial del proceso, en una carta de Aneel obtenida por Mongabay a través de la Ley de Acceso a la Información.
Mientras tanto, el Ministerio Público ya había solicitado la cancelación de la subasta. La Justicia Federal de la provincia de Amazonas otorgó el pedido del MPF, que llevó la demanda a tribunales superiores; la acción aún está pendiente hoy. Hasta el momento, la subasta ganada por Transnorte sigue siendo válida, pero con una advertencia: no se puede otorgar ninguna licencia ambiental antes de consultar a los Waimiri-Atroari.
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“Esta no es una consulta simple, solo a favor o en contra [del proyecto]: es nivelar el poder de decisión de los involucrados, incluido los Kinja en el proceso. Lo que siempre sucedió en este caso fue una conversación ‘desigual’, en la que el gobierno habla ‘de arriba hacia abajo’”, explica Fernando Merloto.
Como base legal, el fiscal federal rescata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por el gobierno brasileño, que garantiza acciones coordinadas y sistemáticas para “proteger los derechos, el respeto y la integridad” de los pueblos indígenas.
Gangas y más del doble de ganancias ponen trabas a las negociaciones
Además de los procesos legales, en 2016 surgió un nuevo elemento para dificultar aún más la situación. En duda entre renunciar o reasumir la iniciativa, Transnorte presentó un estudio preparado por la Fundación Getúlio Vargas (FGV), con cálculos actualizados del valor de la obra —y también de sus ganancias.
El monto subastado de los ingresos anuales de la compañía por la operación de la estructura fue de aproximadamente R$ 121 millones. En otras palabras, es el beneficio autorizado por el gobierno federal a Transnorte en cuanto el Linhão de Tucuruí comenzara sus operaciones.
Según las cuentas de Transnorte, su ganancia anual tendría que ser mucho mayor, para compensar tantos esfuerzos: la empresa argumenta que tiene que recibir R$ 391 millones por año. La exorbitante diferencia en comparación con lo establecido en el contrato inicial detuvo el proyecto.
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“No hay (…) forma de reconocer los costos adicionales presentados como impredecibles. La información estaba disponible y era conocida por la compañía [Transnorte] y debería calcularse al precio ofrecido”, dicen los técnicos de Aneel en una carta de junio de 2019 sobre el caso.
En 2019, Aneel rehizo sus cálculos, estableciendo R$ 275 millones como nuevo beneficio permitido al proyecto. La sugerencia no salió bien: hasta ahora, Transnorte no aceptó la propuesta, que es válida hasta el 31 de octubre de 2019, según la agencia federal.
No es de extrañar que hubiera una división casi completa entre la empresa y la agencia durante las negociaciones. El clima insostenible entre las dos obligó al Ministerio de Minas y Energía a intervenir —Aneel está vinculada al Ministerio. Una de las razones de la insistencia de Transnorte en el proyecto es el respaldo del Ministerio.
“Fuego amigo” en las negociaciones
Durante seis años, el Ministerio de Minas y Energía permaneció en un segundo plano, sin intervenir en las negociaciones del Linhão de Tucuruí. Pero fue durante la administración del expresidente Michel Temer que el órgano cambió su postura.
En aquel momento, el Ministerio estaba encabezado por Fernando Coelho Filho —hoy investigado bajo sospecha de haber recibido soborno durante el gobierno de Dilma Rousseff. El exministro es del mismo partido que el expresidente, el actual MDB, que históricamente dirige el Ministerio de Minas y Energía. Bajo su tutela, el ministerio comenzó a presionar a Aneel para que aceptara la exorbitante solicitud de Transnorte.
Por carta enviada en febrero de 2018, el entonces Secretario de Planificación y Desarrollo Energético del ministerio, Eduardo Azevedo Rodrigues, solicitó a la agencia que analizara “la situación en su plenitud y matices, para promover, si así lo desea, la recuperación económica y financiera del contrato”.
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Es decir, el Ministerio de Minas y Energía le pidió sutilmente a Aneel que considerara un acuerdo, en el cual aceptaba un reajuste de más del 220 % en las ganancias de Transnorte.
Mientras tanto, otros actos de la administración de Michel Temer revelaron intereses detrás del aumento general en el suministro de energía a esta región de la Amazonía. En aquel entonces, el expresidente intentó habilitar la minería en la enorme Reserva Nacional de Cobre y Asociados, conocida como RENCA (por su sigla en portugués). Incluso hoy, las organizaciones que siguen el caso de Linhão creen que existe una relación, detrás de escena, entre los planes.
Lagunas institucionales y política detrás de escena
Desde su toma del cargo, Jair Bolsonaro ha demostrado que el Linhão de Tucuruí puede convertirse en una especie de publicidad para grandes obras de infraestructura en la Amazonía.
Los actos normativos de su administración desde principios de 2019 dejan espacio para un precedente, institucional y legal, en favor de otras iniciativas. La hipótesis cobró fuerza cuando el Consejo de Defensa Nacional decidió, el 27 de febrero, que el Linhão de Tucuruí es estratégico para la seguridad nacional —una medida que puede ayudar a que avance la obra, a pesar de cualquier oposición al proyecto.
Otro artificio institucional usado actualmente es el poder de decisión de dos consejos interministeriales, ambos dirigidos por el ministro de Minas y Energía, el exoficial de la Marina, Bento Albuquerque. Los consejos tienen el poder de influenciar al Presidente de la República para que tome medidas excepcionales —como ordenar que se acepten las demandas impugnadas por Transnorte.
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En mayo, el Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico envió una recomendación al Consejo Nacional de Política Energética para su reconocimiento “por la Autoridad Otorgante [Aneel, en el caso] de las condiciones excepcionales y específicas para la implementación del proyecto, a fin de permitir el inicio de la construcción de la Línea de Transmisión“.
La recomendación deja espacio para que Jair Bolsonaro autorice la reanudación de las obras, incluso si los Waimiri-Atroari, Aneel, el Ministerio Público u otros organismos no están de acuerdo con las condiciones requeridas por Transnorte. Es, a fin de cuentas, una muestra más de la presión por el avance de la obra a toda costa.
Simultáneamente, en los últimos meses, el ministro Bento Albuquerque ha estado celebrando una serie de reuniones con organismos federales que pueden interferir en el caso, buscando el apoyo a las decisiones del gobierno de Bolsonaro.
Entre abril y septiembre, se reunió con el abogado general de la Unión, André Mendonça, quien dio luz verde al proyecto; con la presidencia de Funai, responsable de defender los intereses indígenas en la obra; con la junta directiva de Aneel y con el general Eduardo Villas-Boas, de la Oficina de Seguridad Institucional —una especie de representante de los militares que defienden un “neodesarrollismo” en la Amazonía.
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Según descubrió Mongabay, también hubo reuniones entre representantes del Ministerio de Minas y Energía y la Aneel para discutir las condiciones requeridas por Transnorte. En estos encuentros, la secretaria ejecutiva del ministerio ha estado presionando a la Aneel para que acepte los valores exorbitantes exigidos por la compañía. Cuando se le preguntó, el Ministerio de Minas y Energía no quiso comentar las quejas.
La Asociación de la Comunidad Waimiri-Atroari ha demostrado que seguirá resistiendo. Los indígenas refuerzan su petición de ser adecuadamente consultados y señalan que de los 37 impactos identificados por los estudios de la obra, 27 son irreversibles —lo que enfatiza la gravedad alrededor el caso.
“Hasta el momento, la única preocupación de la comunidad es la identificación correcta de los verdaderos impactos socioambientales que la empresa tendrá en la vida, la tierra y la cultura del pueblo Waimiri-Atroari y qué se debe hacer para prevenirlos o mitigarlos al máximo”, dicen sus representantes en un comunicado emitido en junio de 2019.
Linhão de Tucuruí no es la única alternativa, señalan investigaciones
Mientras tanto, tanto los investigadores como los fiscales argumentan que existen mejores alternativas para la autonomía energética de Roraima. Investigadores de universidades públicas, como la Universidade Federal de Rondônia (UFRO) y la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), así como organizaciones como el Greenpeace, sugieren que la producción de energía solar es la opción más barata y rápida.
Según los expertos, el costo total de la energía producida por Linhão (R$ 238,87/MWh) sería alrededor de un 30 % más alto que el de la generación solar fotovoltaica (R$ 177,00/MWh). Sin mencionar la ventaja en términos de agilidad: “Si se contrata en la subasta de mayo [2019], los proyectos se pondrán en marcha antes de que se entregue la Línea de Transmisión”, señala un informe técnico firmado por tres expertos y avalado por el MPF en la provincia de Amazonas.
“La energía alternativa es producida por estructuras más pequeñas, a menudo en una construcción más rápida, y el sector [de energía fotovoltaica] aún no tiene un grupo de presión tan consolidado y problemático como el de la energía hidroeléctrica”, dice Marcelo Laterman de Greenpeace, uno de los investigadores responsables del análisis. “La energía hidroeléctrica no es un problema por sí misma, sino la forma en que se produce aquí en Brasil”.
*Imagen principal: Tramo del Linhão de Tucuruí cerca de la frontera entre Amazonas y Pará. Foto: PAC/Divulgação
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