- Un nuevo informe, con base en el análisis de imágenes satelitales, muestra que la deforestación en esta importante área protegida de la Amazonía ecuatoriana ha excedido las 300 hectáreas que el pueblo aprobó en la consulta popular de febrero de 2018.
- La explotación de los bloques 31 e ITT sigue causando polémica entre los científicos y organizaciones de la sociedad civil. Aseguran que no se tiene en cuenta el impacto del ruido sobre la fauna. Cursan tres demandas contra el gobierno y la industria petrolera por las actividades en el Yasuní.
El Parque Nacional Yasuní en el noreste de Ecuador no solo es una de las zonas más biodiversas de la Amazonía sino del planeta. A pesar de ser un área protegida, dentro de su territorio están permitidas las actividades petroleras. En 2018 los ecuatorianos, en una consulta popular realizada en febrero de ese año, le dijeron ‘Sí’ a limitar la explotación petrolera, reduciéndola de 1030 a 300 hectáreas.
Desde entonces, diversos estudios han mostrado que ese máximo de deforestación ya se habría excedido. Un nuevo reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de Amazon Conservation Association y ACCA Conservación Amazónica, documenta un área deforestada de más de 400 hectáreas relacionadas al impacto de las actividades petroleras en todo el Parque Nacional Yasuní.
“De ese total, calculamos la deforestación directa de 57,3 hectáreas para plataformas y carreteras dentro de los controvertidos Bloques ITT y 31. Además, incorporando los efectos de borde causado por la deforestación [impactos que se extienden hacia el bosque circundante desde el límite de la deforestación], el área impactada se eleva a por lo menos 655 hectáreas, superando el límite de 300 hectáreas establecidas en la Consulta Popular del 2018”, dice el reporte.
Los bloques ITT y 31 son polémicos no solo porque abarcan extensos territorios del Parque Yasuní sino porque se adentran en territorio del pueblo indígena waorani y de la denominada zona intangible, donde se mueven los pueblos indígenas aislados de Ecuador: los tagaeri y los taromenane.
Este avance petrolero preocupa a los científicos y a diversas organizaciones sociales por el impacto ambiental y cultural que se da en una de las zonas más intactas de la Amazonía ecuatoriana y por la dificultad de acceso a información sobre lo que ocurre dentro del Yasuní. Ninguna persona puede transitar libremente por los lugares concesionados en esta área protegida sin un permiso de la empresa estatal Petroamazonas, que según dicen las fuentes consultadas por Mongabay Latam, es prácticamente imposible de conseguir.
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Explotación petrolera que excedió el área permitida
El bloque petrolero 43, mejor conocido como ITT —por las iniciales de su principales campos: Ishpingo, Tambococha y Tiputini— ha sido controversial. En el 2007, el gobierno ecuatoriano lanzó una iniciativa para mantener el petróleo del ITT bajo tierra a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional. Sin embargo, la iniciativa fracasó y en 2016 empezaron las primeras explotaciones en este bloque.
“El Yasuní es un área protegida y un territorio de indígenas en aislamiento. Solo esas dos razones ya eran suficientes para que no se explotara petróleo. Sin embargo, allí están las reservas petroleras más importantes de Ecuador”, dice Esperanza Martínez de la organización Acción Ecológica.
Imágenes satelitales de MAAP muestran cómo, entre el 20 de julio de 2017 y el 30 de julio de 2019, ha avanzado la construcción de una vía de acceso y cuatro plataformas —que hacen parte de la fase Tambococha— en el bloque ITT. “La deforestación asociada es de 28.5 hectáreas (equivalente a 39 campos de fútbol)”, indica el reporte.
De acuerdo con Matt Finer, director de MAAP, hay planes para al menos dos plataformas más hacia el sur del Parque Nacional Yasuní y del bloque ITT, durante la fase Ishpingo. Estas plataformas estarían muy cerca del límite de la zona de amortiguamiento de la Zona Intangible.
En abril de 2018 la organización que dirige Finer ya había reportado una afectación directa e indirecta de 417 hectáreas en el Yasuní. Para el reporte actual, dicha deforestación y su efecto de borde aumentó en 238 hectáreas, es decir, un incremento del 57 %. Además, hoy la industria petrolera ya habría duplicado el máximo de hectáreas permitidas para explotar dentro del Yasuní.
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El debate por el ruido
Lo que pasa dentro de una de la zonas más biodiversas por metro cuadrado en el planeta es complejo. Una de las principales diferencias entre las organizaciones científicas y civiles y la petrolera estatal Petroamazonas es la forma en la que se entiende la zona de explotación.
La petrolera no considera que el ruido sea una variable de ocupación del territorio. “Un bosque que no ha sido talado pero que está a 10 metros de la plataforma y donde hay 80 decibeles de ruido para ellos es un lugar perfecto. Eso nos parece problemático”, indica Manuel Bayón, geógrafo y miembro fundador del colectivo Geografía Crítica. Según dice, el máximo de ruido a nivel industrial está en 70 decibeles y en algunos sectores de las plataformas en el bloque ITT se superan los 80.
Los análisis que han hecho Bayón y otros expertos tomaron como referencia los propios estudios de impacto ambiental de la compañía, donde se consideran como afectación directa por ruido zonas que alcanzan los 300 m alrededor de las plataformas. A pesar de esto, Petroamazonas asegura que el Plan de Manejo que les aprobó el Ministerio del Ambiente lo que exige es tomar una prueba de ruido en uno de los cuatro límites de la plataforma.
“Nos impiden tomar medidas de ruido a mayores distancias de la plataforma, incluso se lo prohíben a agencias de control como la Defensoría del Pueblo”, asegura Bayón. El reporte más completo de verificación de lo que sucede en los campos petroleros del ITT y del bloque 31, también en el Yasuní, lo publicó la Defensoría junto con Geografía Crítica hace un año, en noviembre de 2018, después de muchos obstáculos para obtener los permisos de Petroamazonas. Ahí se estima que la deforestación combinada con el ruido de las plataformas y carreteras impacta 597 hectáreas en estos dos bloques, también superando el límite de 300 hectáreas establecido en la consulta popular del 2018.
“Ahora mismo se quieren llevar plataformas a límites de los pueblos en aislamiento, a 300 metros, y si ellos [Petroamazonas] reconocen que las afectaciones pueden llegar incluso hasta los 700 metros en algunas zonas, están reconociendo, implícitamente, que van a generar afectaciones dentro de los territorios indígenas”, destaca Bayón.
A Carmen Josse, directora científica de la fundación EcoCiencia, también le preocupa lo que indican los informes sobre ruido en las plataformas petroleras del bloque ITT en el Yasuní. “Esto afecta a la fauna y a su vez se conecta con la disponibilidad de recursos para alimentación, sobre todo de los grupos no contactados”, asegura.
Mongabay Latam quiso conocer si existen informes de verificación y monitoreo, hechos por el Ministerio del Ambiente, de lo que sucede con la explotación petrolera dentro del Yasuní pero hasta el momento no se obtuvo respuesta de la entidad.
Este medio le preguntó a Manuel Bayón, Esperanza Martínez y Carmen Josse si tenían información del Ministerio del Ambiente sobre el seguimiento a la deforestación en el Yasuní, pero todos respondieron que no han recibido documentación a pesar de haberla solicitado a través de los canales oficiales designados por el Estado. Además de la deforestación y el ruido, les preocupa el impacto de la contaminación del aire y del agua.
“Se necesita acabar con el hermetismo y que haya una auditoría y una apertura hacia la comunidad científica para que se dé un debate sobre qué es explotación e intervención en el territorio y averiguar si se han cumplido o no las 300 hectáreas que están marcadas en la consulta popular, que es un mandato constituyente, el máximo rango de obligación para el Estado”, enfatiza Manuel Bayón.
Mongabay Latam le preguntó a Petroamazonas su opinión sobre el nuevo reporte de MAAP y si efectivamente se ha superado la deforestación permitida en el parque Yasuní de acuerdo a lo aprobado en la consulta popular de 2018, pero todavía está a la espera de una respuesta por parte de la compañía.
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Siguen las acciones legales
A pesar de que en 2018 el gobierno realizó una consulta popular donde se les preguntó a los ecuatorianos si querían limitar el área de explotación petrolera en el Yasuní y ampliar la Zona Intangible para los indígenas aislados, dicha pregunta no era la misma que diferentes organizaciones de la sociedad civil querían hacer años atrás, también a través de consulta popular. “Nosotros queríamos que se preguntara si se quería explotar o no el petróleo del Yasuní”, afirma Esperanza Martínez.
Por esa razón, las organizaciones ciudadanas plantearon nuevamente que esa consulta se realice. Aseguran que, en su momento, consiguieron las firmas necesarias pero la propuesta fue negada por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE). Hoy, organizaciones como Acción Ecológica insisten en que se realice esa nueva consulta pues se demostró que hubo fraude en la revisión de las firmas. Sin embargo, no se ha dado trámite a este mecanismo de participación ciudadana, entre otras cosas, por argumentos que Martínez considera absurdos. “Quien firmó los procesos legales acaba de fallecer [Julio César Trujillo] y por eso el CNE dice que ya no hay derecho a una consulta. Nosotros argumentamos en una queja que este proceso está respaldado por más de 600 mil firmas, no solo por un abogado”, dice. Martínez cree que uno de los argumentos que el gobierno dará para negar la nueva consulta es que el tema ya fue tratado en la consulta popular de 2018, aunque no se tratara de la misma pregunta. Hay una demanda en curso que todavía espera una sentencia.
Además de la controversia por la pregunta, varios colectivos han demandado que se anule el decreto 751 con el que el presidente Lenín Moreno pretende implementar lo ordenado en la consulta popular de 2018 sobre el Yasuní. El decreto del gobierno responde una pregunta básica sobre la cual no fueron consultados los ecuatorianos: ¿dónde —en qué parte del parque Yasuní— se reducirá la explotación petrolera y en qué parte se ampliará la Zona Intangible?
Para Martínez, la respuesta del gobierno es un acto inconstitucional “porque amplían la zona de protección de los pueblos aislados no dónde está el petróleo del Yasuní, el que queríamos dejar en el subsuelo, sino en los territorios del pueblo waorani”. Esa demanda aún no se ha resuelto y está pendiente una audiencia en los próximos días.
Así mismo, está en trámite otra demanda por, presuntamente, haberse ocupado más de las 300 hectáreas permitidas dentro del Yasuní. Aunque la acción judicial fue rechazada en primera instancia argumentando que no se estaba probando el daño en materia ambiental y a los pueblos aislados, hubo una audiencia de apelación en la semana del 18 de noviembre y la decisión final también está pendiente.
El tema de la explotación petrolera en el Yasuní es un asunto complejo donde se libran batallas técnicas y legales que están lejos de terminar.
*Imagen principal: bosque del Parque Nacional Yasuní en el bloque 31. Foto: Ivan Kashinsky.
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