- Inundaciones periódicas, contaminación, sobrepesca, desmontes y sobre todo unos niveles muy bajos de inversión poblaron de sombras el año.
- Los primeros pasos para implementar dos nuevos parques marinos, la actualización de los inventarios de bosques y glaciares, y el nuevo estatus del Gran Chaco como tema a resolver fueron los pocos aspectos positivos.
Incertidumbre: una palabra de cinco sílabas y trece letras encierra todas las claves para comprender lo ocurrido en la Argentina de los últimos doce meses. Incertidumbre económica, con la agudización de una crisis que alteró el valor de la moneda local y todos los índices que miden la salud financiera de un país. E incertidumbre política, en un año electoral que se prolongó hasta finales de octubre y que paralizó buena parte de las iniciativas públicas y privadas.
Las arenas movedizas por las que trajinó el gobierno y la sociedad —además de los potenciales inversionistas extranjeros— tuvieron efectos directos también en cada faceta del mundo ambiental. Presupuestos recortados al extremo (en comparación con años anteriores), dificultades en el avance de los programas de conservación en funcionamiento o retrasos para poner en marcha nuevos, así como inundaciones, el uso excesivo de agrotóxicos o el irrefrenable avance de la frontera agrícola y ganadera a costa de los bosques nativos, son parte del cóctel ambiental de 2019.
Aun así hubo espacio para algunas buenas noticias. La declaración de nuevas áreas protegidas, la visibilidad de los problemas que afectan al Gran Chaco, el freno a la instalación de empresas salmoneras sobre el canal de Beagle o las sentencias que ayudaron a proteger territorios de comunidades de pueblos originarios fueron algunos de los puntos positivos en un año calificado como “perdido”, desde el punto de vista ambiental, por la mayoría de expertos entrevistados para este artículo preparado por Mongabay Latam.
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Lo preocupante: el medio ambiente no está en la agenda de prioridades
Los largos e intensos cruces de declaraciones propios de la contienda electoral sacaron a la luz algo que no resulta sorprendente: la cuestión ambiental está muy lejos de ser una materia importante para la sociedad argentina.
El tema brilló por su ausencia en las discusiones políticas, ocupó apenas un par de minutos en los debates oficiales entre los candidatos a presidente y, como mucho, fue relegado a las últimas páginas de los programas de las agrupaciones aspirantes a dirigir el país.
Dos datos expresan el escaso arraigo de estos asuntos en los votantes. “La candidata que con más profundidad habló de los problemas ambientales, perteneciente a un partido de izquierdas, no logró superar las elecciones primarias”, recuerda el biólogo Claudio Campagna, quien dirige el Foro para la conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. “Al país, y diría que al mundo, le interesan muy poco los bosques nativos. Es muy fácil darle un ‘Me gusta’ a una publicación de Greenpeace en Facebook, pero después casi nadie pone dinero para la conservación”, señala Luciano Olivares, subsecretario de Recursos Naturales de la provincia del Chaco.
Algunos de los expertos resaltan las contradicciones existentes entre el dinero que se invierte en conservación y el que se destina a estimular los sectores productivos que afectan al mismo sistema que se quiere proteger. “Es una posición tibia, muy parcial. Como si se quisiera que la protección no moleste las actividades económicas que se quieren apoyar”, precisa Pía Marchegiani, doctora en Ciencias Sociales y directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El sector energético brinda un buen ejemplo. Mientras por un lado este año se dio nuevos impulsos a la instalación de plantas renovables de electricidad, un estudio realizado por María Marta Di Paola, directora de investigación de FARN, informaba paralelamente que en el 2019 los subsidios estatales a los combustibles fósiles superaron los 6000 millones de dólares, cifra superior a la de años anteriores.
La utilización masiva de agrotóxicos es otro de los episodios polémicos vividos este año. En marzo, un fallo judicial obligó al gobierno provincial de Entre Ríos a retirar un decreto que reducía a solo cien metros la distancia entre las escuelas y los espacios de fumigación con este tipo de productos. Sin embargo, días más tarde, esta decisión judicial fue criticada por el Presidente de la Nación quien alegó que la misma era “irresponsable” porque ponía en riesgo “más del 20 por ciento de la capacidad productiva agroindustrial de la provincia”.
El uso agrotóxicos se mantuvo en la discusión pública, sobre todo cuando un mes más tarde se supo que el 60 % de las verduras y frutas que llegan al Mercado Central de la ciudad es descartado por tener restos de pesticidas, herbicidas y fungicidas por encima de los niveles permitidos. Esta mala noticia fue compensada con la primera detención, en noviembre, del dueño de un establecimiento rural de la ciudad de Pergamino (Buenos Aires) y del ingeniero agrónomo responsable por violar los límites en la aplicación de agroquímicos.
“Los problemas estructurales que existen en torno al tema de las fumigaciones agropecuarias no se han solucionado”, afirma Rafael Colombo, abogado especialista en la materia y director ejecutivo de la asociación civil Capibara. Naturaleza, derecho y sociedad. “En 2018 se dieron a conocer unos lineamientos de Buenas Prácticas Agropecuarias, pero el documento evita las referencias a varios de estos aspectos y, por otro lado, siguen sin estar reguladas legalmente ni la comercialización ni el modo de aplicación de las sustancias agrotóxicas”.
Lo malo: inundaciones periódicas y pesca sin control
En 2019, el agua fue la protagonista principal de las noticias. Todo comenzó el 8 de enero. “En dos días llovió lo mismo que suele llover en todo el verano”, fue la explicación de las autoridades al suceso que anegó amplias zonas de Resistencia, la capital chaqueña, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. El saldo fueron tres muertos y enormes pérdidas del sector agrícola. “Tendremos que acostumbrarnos a las inundaciones”, dijo el entonces presidente Macri, y lamentablemente acertó.
Apenas tres meses después, la escena se repitió en el este de Córdoba, Chaco, Corrientes y Formosa, con otras dos personas fallecidas y miles de evacuados. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. En junio, el sudoeste del Chaco sufrió “las peores inundaciones de los últimos 30 años”, como las calificó Juan José Zurita, técnico de la estación Sáenz Peña del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Antes, la vegetación natural colaboraba en la retención del escurrimiento del agua”, explicó en su momento Zurita, “en cambio ahora las lluvias impactan directamente en los sistemas agrícolas, ganaderos y mixtos que la reemplazan”. El imparable goteo continuó en octubre en los alrededores de Buenos Aires y en noviembre, en el sur de Tucumán. “El modelo agroindustrial imperante en Argentina hace un uso muy irresponsable del suelo”, sentencia Rafael Colombo.
Como contrapartida, el río Paraná alcanzó en los primeros días de diciembre su nivel más bajo desde 1978. La disminución del cauce alteró significativamente el ciclo reproductivo de varias de las especies de peces más representativas del río y obligó a los pescadores de la región a solicitar una ayuda extraordinaria para sobrellevar la imposibilidad de salir a efectuar su trabajo diario.
En el límite de la plataforma continental argentina, la abundancia de agua no garantiza la presencia de peces. “No es un problema de 2019, sino que se viene produciendo desde hace 20 años”, sostiene Claudio Campagna, quien también dirige el programa marino de Wildlife Conservation Society (WCS). El tema se agudizó cuando en noviembre, el buque Esperanza de Greenpeace captó imágenes submarinas del Agujero Azul, situado en el límite exacto de la zona económica exclusiva argentina. “Lo que encontramos a 120 metros de profundidad es una superficie absolutamente devastada”, relata Luisina Vueso, coordinadora de la campaña. Martín Brogger, científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) e integrante de la expedición, aporta una imagen concreta para definir la situación: “La pesca de arrastre provoca el mismo efecto que la deforestación o los incendios en el Amazonas”.
Vueso asegura que llegaron a contar hasta 400 barcos de pesca —en su mayoría chinos, taiwaneses, coreanos y españoles— faenando en la zona, “aunque algunos capitanes nos dijeron que el número podía llegar a mil”. La sobrepesca afecta directamente a las especies que transitan esas aguas, muchas de ellas migratorias, como la ballena franca austral, un ícono de la fauna argentina, ya que compite con ellas por el alimento, obligándolas a variar sus rutas y modificar sus hábitos y ciclos vitales.
“El resto del Mar Argentino, apunta Campagna, se encuentra muy descuidado. Este año tampoco se avanzó en la generación de nuevos contextos para tener representatividad de ecosistemas y de especies en las áreas protegidas”. La provincia de Chubut, por ejemplo, hubiese dado un paso adelante con la declaración como reserva de un sector al sur de la península de Valdés. Se trata de una franja de alrededor de 70 kilómetros que ha sido colonizada por animales que nunca antes había ocupado el lugar. Sin embargo, los legisladores locales prefirieron dejarlo para más adelante.
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Lo triste: la discriminación de los pueblos originarios continúa, pese a las sentencias favorables
“Los reclamos de recuperación de sus territorios ancestrales son desatendidos, el cumplimiento de las sentencias a su favor se demoran eternamente, apenas se les consulta su opinión sobre el uso de los recursos naturales que existen en sus áreas de residencia, y cuando protestan, la represión violenta es moneda corriente”, resume Raúl Romero, coordinador de la Junta Unida de Misiones, defensora de los intereses indígenas.
Dentro de ese contexto, este año tuvo lugar una sentencia que fue calificada por distintos sectores como “histórica”. “Por primera vez en un caso argentino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los derechos de un pueblo indígena”, señala Romero. Se trata de la demanda en la que se reconoce a la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat —integrada por 45 comunidades indígenas— los derechos sobre 400 000 hectáreas de tierras en Rivadavia, al norte de la provincia de Salta, un área limítrofe con Bolivia y Paraguay.
“Todo lo que se consigue es a base de luchar y pelear en las calles, contra los criollos, las grandes empresas y las fuerzas de seguridad”, subraya Romero.
Los mapuches de la Patagonia sufren un problema añadido llamado Vaca Muerta. El yacimiento de petróleo y gas considerado uno de los más ricos del mundo, y cuya extracción debe realizarse por el discutido método del fracking o fractura hidráulica, ha sido una fuente constante de conflictos desde su puesta en marcha en 2013, con la contaminación como amenaza principal.
El 14 de septiembre de este año, un escape de gas provocó un enorme incendio en el pozo Loma La Lata. Situado en la zona de los lagos Mari Menuco y Los Barreales, que alimentan de agua a las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario, el pozo se halla en el interior de un territorio que la comunidad mapuche Wirkaleu reclama como propio.
El hecho se agrega al derrame que en octubre de 2018 afectó a unas 50 hectáreas (otras fuentes hablan de 80) a escasos kilómetros de Añelo, el “centro” de Vaca Muerta, y a un escalofriante dato que brinda la secretaría provincial de Ambiente: el promedio de derrames es de dos al día. La militarización de la zona para prevenir y combatir las protestas de los mapuches completa el panorama. Lo preocupante es que toda la dirigencia política argentina considera ese yacimiento como la gran apuesta de desarrollo del país.
“La opinión de las comunidades locales debería ser un tema central en cualquier proyecto de desarrollo económico que se quiera emprender, y hasta ahora es un factor que apenas ha sido tenido en cuenta”, dice Pía Marchegiani, de FARN, y agrega: “El Estado no es un interlocutor que parezca dispuesto a gestionar esa preocupación. La gente es poco y mal informada. Hay grupos que aceptan algunos proyectos, pero no es la tendencia, y el planteo de acciones legales suele ser el único camino que encuentran para detener el avance de la puesta en marcha de una obra”.
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Lo feo: cuando las buenas ideas son víctimas de la falta de interés o presupuesto
La Ley de Bosques de 2007 fue uno de los hechos recogidos con beneplácito por toda la comunidad ambiental. De manera unánime se aplaudió la llegada de una norma que debía servir para ordenar, conocer, proteger y regular el uso de los bosques nativos distribuidos por todo el país. Sin embargo, doce años más tarde, son los fallos en su ejecución los que concentran idéntica unanimidad.
“La gestión es muy pobre debido a que el dinero destinado resulta irrisorio”, opina Hernán Casañas, director ejecutivo de la ONG Aves Argentinas. “La ley está perdiendo credibilidad porque el presupuesto que se le asigna año tras año es cada vez menor”, confirma Alejandro Brown, presidente de la Fundación ProYungas. “El problema no es de ejecución, sino de asignación de fondos, que no se corresponde con lo que establece la ley, y también de eficiencia en los trámites para poder utilizar esos fondos”, explica Diego Moreno, quien ha sido Secretario de Política Ambiental de la Nación durante la gestión del gobierno que está finalizando su mandato.
Si el recorte de recursos económicos en relación a lo que está establecido en la misma norma ha sido una constante desde el mismo día que la ley vio la luz, 2019 conoció su punto más bajo. El Congreso Nacional aprobó entregar apenas el 6,5 % de lo que correspondería, amparándose en el ajuste fiscal generalizado promovido por la crisis financiera y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
“La escasez de dinero impide que las provincias puedan fortalecer de manera apropiada su capacidad de fiscalización, control y vigilancia de los bosques nativos”, sostiene Manuel Jaramillo, de la Fundación Vida Silvestre. “Sin un financiamiento adecuado se hace muy difícil mantener el uso del bosque, pero nadie le reclama a los legisladores que aporten lo que exige la ley”, señala Luciano Olivares, el subsecretario de Recursos Naturales del Chaco, desde el conocimiento que da la gestión.
Además, los dueños de fincas privadas en las que existen este tipo de ecosistemas tampoco reciben adecuadamente las compensaciones por conservar los mismos a salvo de desmontes, incendios u otras catástrofes, lo cual termina facilitando el avance de la deforestación. En ese sentido, Diego Moreno destaca “la creación este año de un fideicomiso nacional para darle agilidad a la llegada del dinero al territorio, ya que permite la transmisión directa a los beneficiarios. Hasta ahora, los fondos podrían demorarse hasta tres años en llegar a su destino”.
En la misma línea, Jaramillo resalta que este año, y por segunda vez consecutiva, el Congreso se abstuvo de tratar alguno de los proyectos elevados por diversos actores de la sociedad civil para elaborar una ley de Presupuestos Mínimos para Áreas Naturales Protegidas, “lo que demuestra la falta de interés legislativo por el tema”.
Otro ejemplo al respecto es lo que ocurre con el Plan de Extinción Cero, aprobado en 2016 por la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad. Un informe oficial de la Auditoría General de la Nación dado a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable aceptaba en mayo de este año que “solo se realizaron acciones de conservación en siete tipos de especies, lo que representa el 2,7 % del total”, y que “la fauna objeto de las acciones en lugar de incrementarse progresivamente, se redujo de doce a siete especies vulnerables”. El informe habla de “recursos humanos insuficientes”. Hernán Casañas lo resume de un modo más contundente: “El programa nunca tuvo dinero para funcionar”.
El avance de las obras de dos represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, el único cauce que hasta ahora no ha sufrido alteraciones en su recorrido desde su origen glaciar hasta la desembocadura en el Atlántico, completa este apartado. En el transcurso de 2019, los trabajos han presentado problemas de diseño que obligan a modificar los planos originales, lo cual debería promover un nuevo estudio de impacto ambiental.
“Esas dos represas son una aberración desde todo punto de vista y ni siquiera tienen sentido dentro de la ecuación energética del país”, denuncia Casañas.
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Lo bueno: el Gran Chaco y la sociedad civil se hacen escuchar
Pese a todo lo expresado con anterioridad, 2019 también deja algunos aspectos positivos en el universo ambiental argentino.
La mayoría de los expertos consultados apuntan a la declaración de las Áreas Marinas Protegidas Namuncurá-Banco Brudwood II y Yaganes como el logro más importante del año en la materia.
Aunque estrictamente su fecha de declaración es diciembre de 2018, ha sido durante este año que se dio comienzo a la implementación de ambos parques nacionales, y más allá de las críticas respecto a los recursos existentes para llevar a cabo dicha tarea, lo cierto es que se procedió a la creación de la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas. “Un avance considerable en la dirección correcta”, según Claudio Campagna, especialista en estos temas. Además, se han firmado convenios con la Armada y la Prefectura Naval Argentina para dar comienzo a las indispensables tareas de vigilancia. “Es muy importante incorporar al sistema de parques a ecosistemas que no estaban integrados en él”, señala Hernán Casañas, dirigente de Aves Argentinas.
Sin salir del agua, el éxito logrado por un movimiento que unió a organizaciones civiles, fundaciones ambientales y turísticas, investigadores y personas anónimas para detener la instalación de empresas salmoneras en las costas del austral Canal de Beagle fue otro punto destacado.
La experiencia de lo ocurrido en Chile, donde la industria del salmón ha dejado secuelas que llevará décadas reparar en la fauna y la flora del Pacífico austral, encendió las alarmas y logró frenar un emprendimiento que contaba con el beneplácito de las autoridades nacionales y los fondos de inversionistas extranjeros. “Fue un hecho ejemplificador de lo que se puede conseguir cuando existe una coincidencia de intereses”, analiza Campagna.
La realización del Inventario Nacional de Glaciares, con un resultado de 16 968 cuerpos de hielo que ocupan 8848 kilómetros cuadrados, y la ratificación de la Ley de Glaciares por la Corte Suprema de Justicia en junio es el siguiente punto a tener en cuenta. La norma, cuyo proceso judicial llevaba ocho largos años de idas y vueltas, afecta a 44 proyectos mineros sobre la cordillera andina y debió superar obstáculos diversos. “Es una ley que sufrió embestidas de todo tipo”, recuerda Pía Marchegiani, especialista en temas mineros, “se intentó reducir las áreas protegidas, eliminar algunas zonas de exclusión o directamente modificarla, como ocurrió en la provincia de San Juan”. La ley entiende que los glaciares son fuente de agua para el consumo, la agricultura y abastecimiento de los ríos e impide la explotación minera y la liberación de elementos contaminantes sobre su superficie y en las zonas que los circundan.
La crisis económica, aunque sin quererlo, ha frenado el avance de la megaminería y marcado el descenso en los niveles de deforestación. “La escasez de inversiones debido a la situación incierta de la economía local y la falta de apoyo social a la actividad en la gran mayoría de los lugares donde se quieren establecer nuevos yacimientos son por ahora un freno a la megaminería”, precisa Marchegiani.
Diego Moreno, desde su posición en la Secretaría de Política Ambiental, subraya a su vez la presentación por tercer año consecutivo del Informe de Estado Ambiental que abarca todo el país, así como la elevación al Congreso de un proyecto de ley para reformar el Código Penal e incluir en el mismo los delitos ambientales y otro de Biodiversidad para actualizar y mejorar las normas existentes al respecto como hechos positivos de 2019.
En cuanto a la deforestación, si bien los datos precisos solo se conocerán en los primeros meses de 2020, los pronósticos apuntan a una disminución del ritmo de desmonte con relación a años anteriores, aunque las hectáreas perdidas de bosque nativo sigan estando muy por encima de las 100 mil.
Para finalizar, el Gran Chaco se lleva la última sonrisa de 2019. “La mayor visibilidad alcanzada por la región hay que contarla como un hecho positivo, aunque también deje más expuestos los problemas que se padecen”, subraya Alejandro Brown. El presidente de ProYungas celebra que haya pasado “de ser una región invisible a formar parte de las noticias cotidianas”.
Las acciones emprendidas por ONG como Greenpeace o Vida Silvestre, que lanzó en octubre el Compromiso Gran Chaco Argentino 2030 al que ya se han sumado 103 organizaciones, y el esfuerzo cotidiano de un alto número de organizaciones civiles que trabajan sobre el territorio han logrado sacar del anonimato una de las regiones más olvidadas del país.
No es poco en un año que la Argentina pretende olvidar lo más rápido posible.
*Imagen central: Vaca Muerta, uno de los mayores repertorios de hidrocarburos no convencionales. Foto: Cortesía Gobierno de Argentina.
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