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Crisis en Venezuela: gobierno censura información medioambiental y científica

  • Venezuela se encuentra entre las naciones con más biodiversidad del mundo. Sin embargo, medir, evaluar y proteger el medioambiente nacional se ha vuelto cada vez más difícil dado que el gobierno federal despliega un gran manto de secretismo sobre las estadísticas científicas y medioambientales y oculta datos invaluables de referencia, anuales y a largo pazo.
  • Lo que empeora las restricciones gubernamentales sobre la transparencia son las dificultades para recopilar datos científicos en una nación que sufre una caída libre económica y social. Por ejemplo, el 70 % de las estaciones meteorológicas de Venezuela no funcionan, lo que implica que ya no se miden los patrones de precipitaciones y de temperaturas regionales.
Matorrales de tepuyes en Venezuela. La falta de datos de referencia sobre este ecosistema y otros impide que los biólogos, los botánicos y los climatólogos sepan cómo ayudar a las especies a adaptarse a la crisis climática, que producirá temperaturas más elevadas y menos lluvias en Venezuela en los próximos años. Foto de Jailsoncmjunior con licencia de Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0; licencia genérica.

Se considera que Venezuela figura entre los países con más biodiversidad de la Tierra. Su riqueza acuática y terrestre se extiende, por el norte, desde las aguas, los pantanos de manglares y las playas del mar del Caribe; por el interior, a lo largo de la vasta red de ríos biológicamente exuberantes, como el Orinoco; hacia el oeste, hasta Los Andes; y por el sur, hasta las mesetas y montañas amazónicas cubiertas por la exuberante selva tropical. El país alberga de todo, desde manatíes, perezosos y jaguares, hasta 1400 especies de aves y 25 000 variedades de orquídeas de bosque nuboso solamente.

Es por esto que, en el pasado, era común que los venezolanos presumieran orgullosamente de que su país poseía tantas riquezas ecológicas que la gente ni siquiera sabía que tenían. Sin embargo, esa feliz perogrullada ahora se ha invertido y, en menos de una década, se convirtió en una realidad irónica.

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En 2012, el gobierno federal interrumpió oficialmente la publicación de su índice de producción pesquera nacional, junto con una lista de las playas adecuadas para el uso por parte del hombre: aquellas seguras para la pesca, la natación y el surf. Desde entonces, muchos otros índices medioambientales importantes se han ocultado de la vista del público. Esta tendencia hacia el secretismo de datos en una sociedad democrática se ha intensificado en gran medida en el gobierno de Nicolás Maduro (2013-actualidad) y ha tenido muchos efectos negativos.

El ocultamiento de datos nacionales sobre el medioambiente implica que los investigadores, los reguladores, las ONG, los activistas, los tribunales y otros organismos institucionales ya no tengan datos de referencia en función de los cuales realizar mediciones. La falta de estadísticas anuales y a largo plazo impide la comparación de condiciones pasadas y presentes y, así, paraliza muchas actividades vitales, entre ellas, la creación de evaluaciones de impactos ambientales (EIA), la aplicación de leyes en contra de los contaminantes, la realización de pronósticos y la adaptación exitosa al cambio climático.

Los venezolanos juntan agua del río Guaire contaminado durante el apagón nacional de marzo de 2019. Los datos actualizados sobre la calidad del agua han desaparecido de los sitios web gubernamentales oficiales de la nación. Foto de Christofer García.

El cierre de puertas a la información

Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013), muchos índices macroeconómicos y sociales se difundían públicamente para mostrar los avances de la sociedad en cuanto a la educación, la salud y los ingresos personales —en mayor medida, el resultado de la extracción que hizo Chávez de la riqueza petrolera de la nación (que entonces fluía a más de $100 por barril)  a través de varios mecanismos de distribución de ingresos que hicieron que Venezuela se convirtiera en la nación más acaudalada de Sudamérica—.

No obstante, cuando se produjo la dramática caída del precio del petróleo junto con el colapso de la producción petrolera de Venezuela, esos índices societarios empezaron a descender y llegó la censura estadística. Un ejemplo: en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, la sección “Ambientales” muestra cifras de deforestación, calidad del aire, energía producida y consumida, cantidad de autos en la ruta y hasta recolección de residuos congelados desde 2011.

“Todos los datos estadísticos se miden y recopilan, pero su publicación no está permitida”, explica un exempleado del Ministerio de Ecosocialismo que habló con Mongabay con la condición de mantenerse en el anonimato.

El ocultamiento de información estadística es rampante en toda la administración de Maduro. El gobierno no publica los datos oficiales sobre la desastrosa inflación de Venezuela desde 2017 —que fuentes externas han proyectado que alcanzó 1 millón por ciento en 2019—  y, desde el 2012, no publica ni las causas de muerte ni las cifras de vehículos robados. Las tasas de desempleo, los registros de asistencia escolar, incluso la cantidad de nacimientos, divorcios y suicidios están muy desactualizados.

La excusa habitual para la falta de datos a disposición de los ciudadanos, de los activistas y de los periodistas es la falta de “autorización de un superior”. Un informe de responsabilidad de 2015 publicado por el Ministerio de Sanidad demuestra la naturaleza kafkiana de la burocracia venezolana bajo el presidente Nicolás Maduro. El documento observa que los organismos estatales han proporcionado los datos al ministerio nacional para el índice de mortalidad de 2013, cuya publicación pendiente “solo está a la espera de su aprobación”. Al 2019, los datos de 2013 permanecen ocultos.

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La compañía Hidrocentro refleja los riesgos potenciales de la confidencialidad de los datos. Esta compañía regional de agua cerca de Caracas, que abastece a Aragua y Carabobo, dejó de publicar todos los datos sobre calidad del agua en su sitio web a mediados de 2018 sin explicación. Previamente, la empresa publicó solo 11 de los 58 índices exigidos por ley, que demostraban, por ejemplo, la cantidad excesiva de cloro usada para controlar la calidad deficiente del agua en las reservas y en las plantas de tratamiento de agua, según un informe de 2015 del Ministerio de Ecosocialismo. Los datos relativos a los derrames de petróleo en los ríos de Venezuela también han desaparecido.

El profesor Alejandro Álvarez Iragorry de la Coalición Clima 21 e integrante del equipo que proporciona información medioambiental a la Asamblea Nacional de Venezuela, explica los peligros relativos a la falta de transparencia: “Estamos pagando por esta falta de información y conocimiento medioambiental con nuestro derecho a un mediombiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, así como con la falta de servicios como agua y electricidad”.

Para él, la censura extrema está anclada a la perspectiva ideológica de la verdad que tiene el gobierno. La catastrófica crisis económica, la terrible inseguridad financiera y la diáspora nacional que se acentúa (aproximadamente, 4 millones de venezolanos se han ido del país) constituyen una gran vergüenza para el gobierno socialista de Maduro. De modo que los registros estadísticos, que es posible que aún se estén llevando, siguen sin publicarse porque proyectan una imagen negativa.

El estado venezolano de Falcón ya ha perdido cantidades importantes de terrenos costeros debido al aumento del nivel del mar ocasionado por el cambio climático. Sin embargo, será muy difícil predecir las tendencias futuras con precisión sin datos de referencia y continuos. Foto cortesía de Foto Arlenis Brito.

El misterio del cambio climático

Esta falta de transparencia también ha afectado la participación de Venezuela en la comunidad internacional. Por ejemplo, Venezuela ha presentado solamente dos comunicaciones nacionales de cambio climático (NCCC) a la Organización de las Naciones Unidas, en comparación con el promedio regional de seis que han presentado otros países.

Asimismo, Venezuela demostró ser uno de los pocos países que no fijó una INDC detallada en la COP21 como parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015. Una “INDC” o “contribución prevista y determinada a nivel nacional” es el objetivo voluntario de reducción de emisiones de dióxido de carbono presentado por cada país a la ONU. En París, Venezuela se comprometió a una reducción ambiciosa de gases de efecto invernadero del 20 % frente al status quo para el 2030 con una reserva importante: dichas reducciones dependen del cumplimiento de los compromisos que los países desarrollados hicieron a los países en vías de desarrollo en cuanto a finanzas, transferencia de tecnología y creación de capacidad. Debe observarse que las emisiones de dióxido de carbono de Venezuela son significativas. Su compañía de combustibles fósiles, Petróleos de Venezuela, se encuentra entre las 20 empresas que producen un tercio de todas las emisiones de dióxido de carbono.

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Posiblemente en defensa de la falta de datos oficiales y del hecho de que Venezuela no haya presentado varios NCCC a la ONU, la Academia de Ciencias de la nación brindó su propio informe, obstaculizado —según los expertos— por algunas limitaciones drásticas. “De los 63 investigadores [originalmente] citados [en los últimos informes], menos de la mitad asistió a la última revisión porque se habían marchado del país”, explicó la bióloga Alicia Villamizar, miembro del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU y secretaria de Cambio Climático de la Academia Nacional de Ciencias de Venezuela.

El informe sobre cambio climático más reciente de Venezuela, publicado en 2018, pronostica que las temperaturas de la nación podrían aumentar hasta 3.5 °C (6.3 °F) para el 2100, con una pérdida en las precipitaciones de entre 36.5 y 109.5 milímetros (1.43 a 4.3 pulgadas) por año, especialmente en el norte del país, lo que aceleraría la desertificación. Si bien estos datos de resumen son útiles, el informe carece de precisión, en especial, de datos regionales críticos para la adaptación climática futura. Otras naciones en vías de desarrollo, como India, están mucho más avanzadas en cuanto a la planificación para afrontar la crisis climática.

Las comunidades aborígenes wayúu a veces cazan, matan y venden tortugas marinas ilegalmente para financiar la educación de sus hijos. Los sitios web oficiales que mantiene la administración de Maduro no presentan las estadísticas actuales sobre la producción pesquera ni las poblaciones de especies actualizadas. Foto de Héctor Barrios-Garrido.

“Vamos a tientas”

Lo que empeora las restricciones gubernamentales deliberadas sobre la transparencia son las dificultades para recopilar datos científicos en una nación que sufre una caída libre económica y social y donde la agitación pública y la delincuencia callejera son frecuentes. Villamizar cuenta cómo ella y un grupo de 60 profesores y estudiantes de la Universidad Simón Bolívar fueron asaltados por un grupo armado en una excursión a Puerto Cabello, donde planificaban medir la cantidad de área costera que se ha perdido por el aumento del nivel del mar.

El ecologista Luis Daniel Llambí le dijo a Mongabay que, actualmente, el 70 % de las estaciones meteorológicas del país están dañadas o fuera de servicio, lo que implica que los patrones de temperatura y precipitaciones ya no se calculan con precisión.

“No hay estudios suficientes sobre el inventario de dióxido de carbono en los ecosistemas o sobre la manera en que las variaciones climáticas pueden afectar a los tepuyes [mesetas del Escudo Guayanés], a los manglares, a la industria pesquera de sardinas o a la selva tropical”, dice Villamizar, quien observa, además, que “las empresas [han] dejado de obtener certificaciones de calidad medioambiental debido a la falta de [supervisión gubernamental y de] presupuesto”.

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En lo que respecta a las ciencias medioambientales: “Vamos a tientas. No sabemos cuán vulnerables somos”, dice Villamizar.

A pesar de estos problemas, la recopilación de datos y su publicación sigue siendo de vital importancia: la Comunicación Nacional del Cambio Climático de Venezuela de 2005 —que utilizó datos de 1999— advirtió que media docena de ciudades costeras de la nación podría quedar anegada por el mar del Caribe cuyo nivel asciende, incluida una zona urbana de la isla Margarita, junto con el puerto marítimo de Guanta para el año 2050. El informe climático de 2017 —que utilizó datos de 2010— advirtió que la nación podría perder el 30 % del delta del Orinoco, un territorio indígena rico en diversidad, para el 2050. Esas pérdidas podrían ser muchísimo peores si el país no está preparado para responder y adaptarse.

Un campo minero ilegal cerca de Las Claritas, parte del Arco Minero del Orinoco. Las piscinas de lodo, probablemente contaminadas con mercurio, han reemplazado la selva. Mientras que el boom de la minería continúa en Venezuela, las estadísticas del gobierno sobre la minería se han censurado. Fuente: Google Maps.

Los misterios de la minería y la deforestación

Ante la falta de datos oficiales del gobierno, ahora hay varias iniciativas de ONG que recopilan y divulgan datos sobre Venezuela, especialmente sobre temas relativos a la salud y los alimentos, pero también sobre asuntos medioambientales.

De acuerdo con RAISG, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, que incluye a las ONG Provita y Wataniba como socios locales, el índice de deforestación de Venezuela  aumentó entre 2005 y 2015.

Además, RAISG revela que, en ese mismo período, en Venezuela, la minería desplazó a la creación de terrenos de pastura y campos de cultivos como causa principal de deforestación.

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Ese informe dice que Venezuela perdió 2821 kilómetros cuadrados (1089 millas cuadradas) de selva tropical solo entre 2011 y 2015. Esto incluye 445 kilómetros cuadrados (172 millas cuadradas) dentro de áreas protegidas y 953 kilómetros cuadrados (368 millas cuadradas) dentro del Arco Minero del Orinoco, que incluye gran parte del Amazonas venezolano. Este índice de deforestación, que el gobierno venezolano no ha confirmado, se calculó utilizando sensores satelitales.

Otra mala noticia: a pesar del estado de depresión económica de Venezuela, la minería continúa su crecimiento meteórico, lo que provoca aún mayor deforestación. La falta de regulación y aplicación de leyes por parte del gobierno y la corrupción ha significado que la extracción de oro y de minerales de conflicto esté mayormente gestionada por el ejército, la guardia nacional, los grupos paramilitares y las mafias que suelen exportar de contrabando el mineral procesado.

El mismo enfoque de recopilación de datos por sensores remotos de RAISG, respaldado por los datos de campo de Provita y Wataniba, llevó a InfoAmazonía, una fuente de noticias medioambientales, a publicar un mapa histórico que halló 2312 “puntos mineros” nuevos en el Amazonas. De estos puntos, 1899 estaban en Venezuela.

Los datos de sensores remotos compilados como un mapa histórico ubican 2312 “puntos mineros” nuevos en todo el Amazonas. De estos, 1899 ocurrieron dentro de Venezuela. Mientras tanto, el gobierno venezolano ha publicado poca información para documentar el boom minero de la nación que está provocando una deforestación importante. Información de RAISG e imagen cortesía de InfoAmazonía.

Bibiana Sucre, directora ejecutiva de Provita, confirma estos datos. La mayoría de los puntos de datos mineros de Venezuela se deben al aislamiento que hay entre sí, mientras que otros países informan más áreas de explotación interconectada concentrada, tal como la cuenca Madre de Dios de Perú. “Con esta investigación, estimamos un aumento en la minería [en Venezuela] después de 2010”, explica Sucre. El período 2010-2019 coincide con el retiro de la concesiones a Gold Reserve y Crystallex transnacionales, el colapso económico de Venezuela y la invitación de Maduro a los mineros para que explotaran el Arco Minero del Orinoco.

Además de la minería, también hay muchos incendios forestales que conducen a la deforestación venezolana, aunque, de nuevo, los datos no provienen del gobierno. Alfredo Gil, ingeniero hidrometeorológico, contó 18 000 incendios en el primer trimestre de 2019, que destruyeron más de 16 000 hectáreas (39 536 acres) de selva. Oficialmente, se denunciaron 190 incendios.

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Otro mapa histórico, esta vez del grupo SOS Orinoco —una iniciativa ciudadana que recopila datos de satélites, servicios privados y científicos del campo— muestra gráficamente la destrucción causada por la minería descontrolada en el Parque Nacional Yapacana en el estado venezolano de Amazonas, causada por unos 2000 mineros artesanales, controlados por guerrillas ilegales y pandillas criminales, con algunos sitios registrados en un registro oficial creado tras el decreto del Arco Minero de Orinoco de 2016 de Maduro. National Park Traveler ha cubierto la historia.

El régimen de Maduro insiste en que la minería actualmente se realiza “respetando a los seres humanos y el medioambiente”. El presidente incluso convocó la creación de un Ministerio de Minería Ecológica para garantizar el uso de tecnologías ecológicas, sin precisar cuáles serían esos métodos. Maduro argumenta que, cuando las ganancias llenen los cofres de la administración, los índices de deforestación disminuirán y los hábitats afectados se recuperarán.

Sin embargo, otra vez, la falta de transparencia termina siendo un arma de doble filo que no solo obstaculiza a los reguladores, científicos, ONG y activistas, sino también al gobierno mismo: en tanto Venezuela oculte los índices de referencia y anuales, será imposible para esta administración y las futuras probar las declaraciones relativas a la disminución de la deforestación, a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero o a las protecciones medioambientales mejoradas.

Como resultado, la posibilidad de que los registros medioambientales de Venezuela se conviertan en una página en blanco es cada vez mayor.

*Imagen principal: Vista de las mesetas tepuyes en el Parque Nacional Canaima, Venezuela. Los tepuyes están entre las formaciones rocosas más antiguas del planeta y son la base de ecosistemas únicos del Amazonas venezolano. Foto de Paolo Costa Baldi GFDL / CC-BY-SA 3.0.