- Yamid Alonso Silva Torres fue asesinado el 6 de febrero en la vereda La Cueva, zona rural del municipio de Güicán, departamento de Boyacá. Hace poco más de un año Wilton Orrego, del parque Sierra Nevada de Santa Marta, también fue asesinado.
Recién empieza el segundo mes del 2020 y ya queda demostrado que Colombia no puede esperar más para proteger a sus líderes ambientales, sociales e indígenas. En la mañana del jueves 6 de febrero fue asesinado el guardaparque Yamid Alonso Silva Torres, de 38 años de edad, quien trabajaba en el Parque Nacional El Cocuy, en el departamento de Boyacá.
Silva desarrollaba, desde hace dos años, labores de control al ecoturismo en el sector La Esperanza de esta área protegida, en el municipio de Güicán. Carolina Jarro, directora encargada de Parques Nacionales, lamentó el hecho y pidió celeridad para esclarecer el crimen. “Lamentamos y rechazamos el asesinato de nuestro operario Yamid Silva Torres. Se encontraba realizando labores de control y vigilancia cerca a la cabaña La Esperanza [uno de los puestos de control de la entidad dentro del parque]. Esperamos que las autoridades pronto puedan aclarar este hecho que afectó a una de las personas que vela por la protección de las áreas protegidas de este país”.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que realiza un monitoreo constante de la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, entre el 1 de enero y el 4 de febrero de 2020, fueron asesinadas 33 personas. Yamid Silva se convierte en la víctima 34. En noviembre de 2019 Mongabay Latam publicó el especial periodístico Áreas protegidas y guardaparques: objetivos de guerra en Colombia en el que revelaba las constantes amenazas y peligros a los que están expuestos hoy los funcionarios de esta entidad, peligros que pueden incluso terminar en muerte.
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Yamid Silva y otro líder asesinado en El Cocuy
El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, se refirió al asesinato del guardaparque Yamid Alonso Silva mientras participaba en una jornada de siembra de árboles en el departamento del Valle del Cauca. Lozano pidió un minuto de silencio durante el evento. “Nosotros somos un Ministerio de la vida. Rechazamos de manera rotunda la persecución y asesinato de nuestros funcionarios. Por eso el compromiso del presidente [Iván Duque] de firmar el Acuerdo de Escazú para la protección de la vida y los derechos de todos los ciudadanos”, dijo el ministro.
La muerte de Silva no es un caso aislado. Aunque su asesinato está en investigación, el año pasado Parques Nacionales también perdió a otro de sus funcionarios: Wilton Fauder Orrego León, guardaparque del Parque Sierra Nevada de Santa Marta. Orrego fue asesinado a tiros en la noche del lunes 14 de enero de 2019 en el sector de Perico Aguao, zona rural de Santa Marta, en el caribe colombiano.
En ese momento Julia Miranda, directora de la entidad, también rechazó el hecho y demandó acciones de las autoridades. El caso hasta ahora no ha sido resuelto y la situación en esta zona del Caribe sigue siendo igual de complicada. Sin ir muy lejos, en diciembre, hace menos de dos meses, la bióloga Nathalia Jiménez y el antropólogo Rodrigo Monsalve fueron encontrados muertos a pocos kilómetros de Palomino, en el departamento de La Guajira, luego de ser secuestrados días antes en el sector de Perico Aguao, el mismo lugar donde asesinaron al guardaparque Wilton Orrego. Esta zona tiene fuerte presencia de bandas criminales como el Clan del Golfo y un grupo antes conocido como Los Pachenca.
El año pasado Miranda mencionó que en 11 áreas protegidas la situación de seguridad era crítica: Sierra Nevada de Santa Marta entre los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar; Macarena, Tinigua y Picachos en el departamento del Meta; Catatumbo en el Norte de Santander; Paramillo entre Antioquia y Córdoba; Orquídeas en Antioquia; La Paya en Putumayo; Farallones en el Valle del Cauca; Nukak en Guaviare; y Sanquianga en Nariño.
En el listado aparece el parque Sierra Nevada de Santa Marta, donde asesinaron a Wilton Orrego. El parque El Cocuy, donde mataron a Yamid Alonso Silva, no aparecía entonces en ese trágico ranking, pero este año la seguridad en la zona parece empeorar. Ya son 12 los funcionarios de Parques Nacionales asesinados en la última década.
Leonardo González, director de investigaciones de Indepaz, le confirmó a Mongabay Latam que hace pocos días (4 de febrero) mataron a otro líder en Boyacá, en el municipio de El Cocuy. En este municipio, que tiene buena parte de su territorio dentro del parque El Cocuy, asesinaron a Libardo Arciniegas, tesorero de la junta comunal de Pachacual Centro.
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Colombia: el país más letal para los defensores
El asesinato sistemático de defensores ambientales, sociales, indígenas y de derechos humanos en Colombia es un tema que ya lleva varios años preocupando a la comunidad internacional. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, 107 activistas defensores fueron asesinados en el país durante 2019.
“Volvemos a pedirle al Gobierno de Colombia que realice un esfuerzo vigoroso para prevenir ataques en las personas que defienden los derechos fundamentales, investigar todos y cada caso y procesar a los responsables por esas violaciones”, aseguró Marta Hurtado, vocera de la ONU, en un comunicado a mediados de este enero. Otro dato que llamó la atención en el informe es que el 98 % de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales donde operan grupos armados y economías ilícitas.
En su más reciente reporte, la organización Front Line Defenders reveló que 304 defensores fueron asesinados en el mundo durante 2019 y 106 de estas muertes ocurrieron en Colombia (35 %). De acuerdo con los datos del informe, el país casi triplica en número de asesinatos a Filipinas (43 casos), el segundo país más letal del mundo para los defensores.
Diana Sánchez, directora de Somos Defensores en Colombia, organización que trabaja en la defensa de los derechos de líderes sociales, ambientales e indígenas, le dijo a Mongabay Latam hace unas semanas que solo hasta el 30 de setiembre de 2019, en el sistema de información que maneja la organización, se habían reportado 85 asesinatos.
Las cifras de asesinatos presentan algunas variaciones entre las diferentes organizaciones que trabajan con defensores y líderes. Sin embargo, la diferencia es muy grande en comparación con las cifras del gobierno. Leonardo González de Indepaz asegura que “existe una disparidad entre las cifras de organizaciones como nosotros y las del Estado. Hay versiones donde dice [el gobierno] que los muertos no eran líderes o que los asesinaron por motivos personales, como muchas veces lo ha manifestado el Ministerio de Defensa”.
González recuerda que hacia el año 2001 el asesinato de líderes era muy alto, más de 1900 al año. En 2005, con el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) —principal grupo paramilitar en el país—, bajó a cerca de 800. Luego, con el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el número descendió mucho más, llegando a su nivel más bajo en 2014, con 41 líderes asesinados.
Sin embargo, desde el 2016, la cifra de homicidios ha empezado nuevamente a crecer. “Este enero ha sido el más trágico de los últimos cuatro años, con un saldo de 30 líderes asesinados. Ya van tres casos en febrero y con este de El Cocuy tendríamos un total de 34 en lo que va del año”, dice González.
Según el director de investigaciones de Indepaz, los casos que más se están presentando son homicidios a personas que forman parte de grandes colectivos como Marcha Patriótica —movimiento político y social colombiano fundado en 2012— y comunidades indígenas, principalmente en el Cauca. “Nosotros no tenemos tan clara y directa la distinción de líder ambiental porque muchos líderes campesinos e indígenas defienden su territorio porque defienden el agua, los bosques y en general el medio ambiente. Es decir, ellos son líderes sociales y también ambientales”, asegura.
En 2019, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la UICN publicaron el libro Áreas Protegidas Amazónicas y sus Funcionarios como Víctimas del Conflicto Armado. Estos guardianes de la naturaleza han sufrido los estragos de la guerra en el país pero no son reconocidos oficialmente por el gobierno como víctimas.
El reciente asesinato del guardaparque Yamid Alonso Silva en el parque El Cocuy y el de Wilton Orrego hace poco más de un año en el parque Sierra Nevada de Santa Marta son prueba de que proteger la naturaleza colombiana los pone en riesgo pues esta labor se opone a los intereses de diversos actores ilegales. Estos dos casos están en manos de las autoridades, con la esperanza de que no queden en la impunidad como ocurrió con el guardaparque Martín Duarte, asesinado en el parque Sierra de La Macarena en 2008.
Varios funcionarios de Parques entrevistados en el especial Áreas protegidas y guardaparques: objetivos de guerra en Colombia, publicado por Mongabay Latam en noviembre pasado, señalaron en ese momento cómo son víctimas del robo de sus herramientas de trabajo, cómo les prohíben el ingreso a ciertas zonas del parque e, incluso, confirmaron que los han obligado a abandonar las áreas protegidas. “Al final todo el mundo se va y quienes quedamos acá somos nosotros, poniéndole el pecho a la brisa”, resume uno de ellos.
Imagen principal: Yamid Alonso Silva Torres fue asesinado el 6 de febrero en la vereda La Cueva, zona rural del municipio de Güicán, departamento de Boyacá. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
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