- Los incendios en los parques Tinigua y Macarena, y sus alrededores, amenazan con destruir la conexión entre Amazonía, Orinoquía y Andes. Este fenómeno se repite cada año y no solo es para sembrar coca sino para ganadería ilegal y acaparamiento de tierras.
- La operación Artemisa es una estrategia militar que busca proteger las áreas protegidas de la Amazonía, pero sus operativos han causado conflictos sociales con campesinos de la zona. Mientras esto ocurre, las disidencias de las FARC han amenazado a los funcionarios de 10 parques nacionales amazónicos.
La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.
Desde hace varias semanas se registran incendios en el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) que incluye varias zonas protegidas en Colombia, entre las que se encuentran los Parques Nacionales Naturales Sierra de La Macarena, Tinigua, Picachos y Sumapaz.
Sin embargo, el sábado 22 de febrero se reportó un intenso fuego en la vereda La Cachivera del municipio de La Macarena, 2 km al sur del emblemático sitio turístico Caño Cristales. Fue ahí cuando terminaron por dispararse todas las alarmas y entidades públicas como La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría manifestaron su preocupación.
El fuego se apagó en la madrugada del domingo y consumió cerca de 50 hectáreas. Sin embargo, Tinigua, el parque más afectado por la deforestación en el país, lleva varios días con incendios en su interior y aún no se sabe con certeza cuántas hectáreas de bosque se han perdido. A esto se suma que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) amenazaron a los funcionarios de al menos 10 parques amazónicos, exigiendo su salida inmediata del territorio, y varios operativos militares por retomar el control de los parques nacionales han dejado conflictos sociales en la zona. ¿En qué momento se salió todo de control?
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Tala e incendios: un fenómeno que se repite cada año
El sábado 22 de febrero, la Defensoría del Pueblo sorprendió al indicar que se habían excedido todos los límites y que “el incendio provocado contra la Serranía de la Macarena, a la altura de Caño Cristales, es un atentado contra la humanidad”. La entidad condenó el hecho y exigió toda la acción estatal para detener la expansión del fuego.
Mientras tanto, el procurador general, Fernando Carrillo, le ordenaba al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Diego Trujillo, que instaurara una denuncia penal y se constituyera como representante de la naturaleza como víctima, para que se investigue si hubo manos criminales en el incendio en Caño Cristales en la Sierra de La Macarena.
En comunicación oficial, la Procuraduría aseguró que ninguna persona natural o jurídica podrá explotar el territorio devastado por este incendio hasta que la investigación concluya. “Es un deber respetar la importancia ecológica de la Serranía y esperar su recuperación, como condición para permitir cualquier tipo de actividad”. La entidad incluso fue más allá y aseguró que “este tipo de incendios hace parte de un perverso método, que busca degradar categorías de protección ambiental en territorios estratégicos de importancia ecológica para conseguir licencias de uso. La ilegalidad no puede ser la puerta de entrada a la explotación del suelo”.
Bomberos, Defensa Civil, Cormacarena —autoridad ambiental en la región— , Ejército y hasta operadores turísticos de la zona ayudaron a apagar el incendio que duró desde las 14:00 del sábado hasta las 4:00 del domingo.
El director de Cormacarena, Andrés Felipe García, asegura que todavía están haciendo la evaluación de lo que ocurrió. “Tenemos información de que el afluente de Caño Cristales, llamado Caño Escondido, tuvo afectación en el margen derecho de su ronda. También tenemos graves afectaciones en bosques, morichales, nacimientos de agua, fauna y en una planta endémica de la zona: cacho venado (Vellozia macarenensis). García espera que en los próximos días se complete la valoración de daños ambientales.
Cormacarena se reunirá con expertos para definir la mejor forma de recuperar esta área. García estima que, con ayuda del Ejército, se realizará la siembra de unos 40 000 árboles en las zonas que se definan luego de la reunión.
La preocupación de los ambientalistas colombianos es que la atención sobre la grave situación de deforestación y quemas en la Amazonía se desvanezca debido al control del incendio que amenazaba a Caño Cristales, una zona turística y reconocida no solo a nivel nacional sino internacional.
Pero los incendios en estos parques no son hechos aislados. Son situaciones que se repiten cada año. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), ha alertado sobre esto. En varias conversaciones con Mongabay Latam, Botero ha manifestado que de diciembre a marzo es la temporada seca en la zona. “La tala se da generalmente en diciembre y parte de enero, y las quemas se hacen entre finales de enero y febrero principalmente”.
Expertos como Botero se preguntan por qué si se sabe que la Amazonía Norte de Colombia es la que más está sufriendo por la deforestación, y se sabe cuáles son las épocas del año cuando esto ocurre, no se toman acciones más contundentes y preventivas.
Recientemente, la bióloga Dolors Armenteras, magíster en Conservación Forestal y doctora en Geografía, participó de la cátedra Nuestro Futuro, organizada por el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes (CODS), donde habló de deforestación y de lo que ocurre en la Amazonía.
“En Colombia, la reconversión de bosques a pastos ha incidido en que se presenten más incendios. Lo mismo sucede con la construcción de carreteras: los bordes van colapsando, se disminuye la biomasa, hay microclimas y probablemente fuegos que acentúen la deforestación”, dijo.
Armenteras manifestó su preocupación si el país continúa en esta tendencia, pues en 2030 la parte norte de la Amazonía se puede desconectar de la parte sur. “Si se reduce la tasa de conversión a pastos en un 50 % y se delimita la frontera agrícola con rigurosidad y precisión, la Amazonía podría sobrevivir”, afirma.
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Los polémicos operativos militares de la Operación Artemisa
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, indica que quienes hoy promueven los incendios son delincuentes que quieren destruir bosques y envenenar ríos. “Por eso nuestras Fuerzas Armadas tienen la misión de proteger estas zonas de los criminales depredadores, que destruyen los bosques para sembrar coca”.
Pero son varios los que difieren del argumento del ministro de Defensa. Rodrigo Botero recalca que en la zona donde se están dando los incendios hay una parte que se transforma para coca, pero esta es mínima comparada con el fenómeno de acaparamiento de tierras y usos para ganadería. Según dice, la zona del parque Sierra de La Macarena donde se está viendo una transformación para cultivos de coca es la parte oriental del área protegida, a unos 200 km de donde se están presentando los incendios.
Armenteras asegura que los cultivos siguen en las mismas zonas. La bióloga comenta que hubo un boom en el que Colombia tenía cultivos de 10 a 11 hectáreas, pero en los últimos años los cultivos pasaron a ser más pequeños. Las fronteras de colonización se han movido y los cultivos se han alejado de los bordes y se han ido escondiendo dentro de los bosques. “Al ser tan pequeños, no causan un impacto muy grande. Lo que hemos visto es que los cultivos se mantienen en las mismas zonas porque en 50 años no se han logrado desarrollar alternativas económicas para esos territorios a largo plazo”, comenta.
En medio de ese panorama, el incendio cerca de Caño Cristales y otros fuegos que aparecieron en la zona se dieron, coincidentemente, luego de un operativo militar que forma parte de la famosa campaña Artemisa, inaugurada en 2019.
El ministro Holmes Trujillo informó que durante la operación se retomó el control de aproximadamente 1900 hectáreas deforestadas del Parque Nacional Natural Tinigua y que también fueron capturadas 20 personas (8 mujeres y 12 hombres), por su presunta responsabilidad en delitos ambientales.
Este es precisamente uno de los puntos más cuestionados. Asociaciones campesinas de la zona aseguran que las personas capturadas no forman parte de ninguna estructura criminal ni de las disidencias de las FARC, lideradas por Gentil Duarte, y a las que el Ministro Holmes Trujillo atribuye gran parte de la deforestación y quemas en la región. Otra de las críticas que han recibido las operaciones de Artemisa es que sus resultados se centran en las personas más vulnerables y no hay capturas de los que verdaderamente financian la tala masiva de bosque.
En un comunicado conocido por Mongabay Latam, la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de La Cristalina del Lozada (Asopeproc) condenó las acciones del Ejército en contra de los campesinos del territorio del Lozada Guayabero —entre los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán, en los parques Tinigua y Picachos— especialmente en las veredas Tapir, Rubí, Platanillo y Termales “donde ya se encuentran decenas de heridos y más de 30 personas capturadas; causando guerra psicológica y violenta a los campesinos que suben a los helicópteros en contra de su voluntad, entre ellos hombres, mujeres, niños y ancianos”.
La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) programó una reunión el lunes 24 de febrero con entidades del gobierno para hablar sobre lo que sucede en la Sierra de La Macarena, pero a la conversación solo asistió la Defensoría del Pueblo y los alcaldes de La Macarena y San Vicente del Caguán. Los habitantes de la zona aseguran que hace años viven en esta región, que han cumplido con su palabra de sustituir cultivos de coca y que no están ligados al narcotráfico ni a los grupos ilegales.
La situación es aún más compleja porque no todos los que en este momento habitan en los Parques Tinigua y Macarena son campesinos con trayectoria de vida en el lugar. Sin embargo, a finales de 2018, Parques Nacionales le aseguró a Mongabay Latam que estimaban que entre 18 000 y 20 000 personas viven en las áreas protegidas del país y están causando un enorme impacto ambiental en zonas muy frágiles, pero a las que se les debe dar una respuesta adecuada como Estado.
Meses atrás, en el reportaje titulado ¿Podrá la ‘Operación Artemisa’ frenar la deforestación en Colombia?, expertos consultados le aseguraron a Mongabay Latam que la presencia militar es importante pero que no puede ser la única acción a ejecutar en el territorio.
“Es totalmente inocuo y contraproducente hacer este tipo de estrategias sin que haya política de tierras de manera paralela. Se convierte en algo meramente represivo y es cuestión de tiempo para que se vuelvan a dar procesos de invasión. Eso aplica para cualquier zona”, dijo en ese momento Rodrigo Botero de la FCDS, mientras que el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, indicó que se requiere una intervención integral con Ministerios como Salud, Educación y Agricultura para proveer bienes públicos y asegurar la presencia del Estado.
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Guardaparques obligados a salir de 10 áreas protegidas
El fin de semana del 22 y 23 de febrero se vivieron momentos difíciles en materia ambiental. La gota que derramó el vaso fue la denuncia que hizo el exdirector de Parques Nacionales, Carlos Castaño-Uribe en el diario El Tiempo. Allí reveló que “las disidencias de las FARC les dieron 48 horas a los funcionarios de Parques Nacionales para que salieran de las áreas protegidas de la Amazonía. Ese plazo se cumple hoy [lunes 24 de febrero]. Y de no hacerlo, sus vidas estarían en peligro”.
Según Castaño-Uribe, a principios de febrero, varios hombres armados llegaron a una de las cabañas localizadas en el parque natural Cahuinarí, ubicado en el sistema fluvial del Caquetá y Putumayo, con la intención de reunirse con los directivos de Parques. Allí les advirtieron que no querían ver a ningún funcionario del Estado y tampoco a turistas. En la lista de los parques donde los funcionarios fueron obligados a salir se encuentran Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y La Paya.
Mongabay Latam se comunicó con Parques Nacionales y no solo confirmó la veracidad de la denuncia, sino que muchos funcionarios ya habían tenido que abandonar el territorio. “Hay varios sitios en el país donde ha ocurrido esto, algunos son más antiguos y otros más recientes. La situación de orden público y lo que pasa en la ruralidad de Colombia afecta directamente a los guardaparques que son la autoridad ambiental en esas zonas, a pesar de que no tenemos nada que ver con enfrentar el orden público ni con ningunos operativos de seguridad nacional”, asegura Julia Miranda, directora de la entidad. “Solo estamos allí trabajando con la comunidad para la conservación de estas áreas”, agrega.
A finales del año pasado Mongabay Latam y Rutas del Conflicto entraron a los parques Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos, y constataron las amenazas y los peligros a los que están expuestos quienes protegen estas áreas protegidas. Los testimonios y hallazgos de esta investigación periodística se puede leer en el especial Áreas protegidas y guardaparques: objetivos de guerra en Colombia.
La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), con apoyo de la UICN, también publicó recientemente el libro Áreas Protegidas Amazónicas y sus Funcionarios como Víctimas del Conflicto Armado, donde resaltan que las intensas presiones sobre los parques del AMEM y sus funcionarios son generadas principalmente por factores de orden público o inducidos por economías ilegales, como la presencia de actores armados ilegales en ellas, la siembra de cultivos de uso ilícito, la apertura de vías ilegales, la extracción ilícita de minerales y la ganadería ilegal.
Funcionarios de otras entidades ambientales como Cormacarena también han sido amenazados. “Como Corporación hemos recibido comunicaciones de algunos grupos al margen de la ley donde nos señalan actividades en las que tenemos restricciones y espero que las autoridades tomen cartas en el asunto. Seguiremos cumpliendo con nuestras funciones hasta donde podamos garantizar que la integridad de nuestros funcionarios en la zona no corre ningún peligro”, dice Andrés Felipe García, director de la entidad.
Lo que ocurre con la deforestación e incendios en parques como Tinigua y Sierra de La Macarena es un tema que se repite cada año para estas mismas fechas. El intento del gobierno por tomar control de estas zonas por la vía militar ha exacerbado los conflictos sociales, aseguran los expertos, por lo que demandan una presencia integral del Estado.
El panorama es bastante complejo y por ahora el gobierno insiste en que continuará con los operativos en esta importante zona de interés ambiental para el país. El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo asegura que hay estructuras criminales utilizando a los campesinos para cometer masacres contra la naturaleza. “Les pido a las comunidades que nos ayuden, que denuncien estas acciones de los delincuentes y que no permitamos que el afán de lucro de los narcotraficantes destruya nuestro patrimonio más preciado”.
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