- Líderes indígenas iniciaron una protesta el 10 de febrero en Santa María de Nieva para exigir que se derogue la resolución que otorga la legalidad a estas comunidades.
- También exigen la restitución del área total del Parque Nacional Ichigkat Muja, así como que no se otorguen más concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor.
En la región Amazonas, los intereses de la minería ilegal siguen detonando enfrentamientos. Un nuevo conflicto estalló el 10 de febrero en la localidad amazónica de Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, territorio de los pueblos indígenas awajún y wampis.
Esta vez, representantes del Comité de Lucha de la Provincia de Condorcanqui e integrantes de seis organizaciones indígenas llegaron con pancartas y megáfonos hasta la puerta del Gobierno Regional, para exigirles a las autoridades la anulación de las resoluciones que hasta ayer reconocían legalmente a las comunidades nativas Jempets y Kumpanam, ubicadas en la Cordillera del Cóndor, en el distrito del Cenepa.
Para Zebelio Kayap, líder indígena y expresidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), la anulación era una necesidad por tratarse de “comunidades fantasmas”. Según el dirigente awajún, estas comunidades están formadas por migrantes de otras regiones, quienes no pertenecen a los pueblos awajún ni wampis. Y asegura que han sido impulsadas por empresas mineras con el fin de que una vez legalizadas otorguen la licencia social para que estas operen en su territorio.
Tras la protesta y la solicitud formal presentada por los líderes indígenas, el Gobierno regional se vio obligado a retroceder y emitir ayer dos nuevas resoluciones para anular la decisión de la Dirección Regional Agraria de Amazonas de reconocer la existencia legal de ambas comunidades.
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Comunidades en la Cordillera del Cóndor
“Las resoluciones se emitieron erróneamente. Fue un error de la Dirección Regional de Agricultura”, asegura Luis Jaramillo, gerente general del Gobierno Regional de Amazonas.
Según el funcionario, la responsabilidad administrativa recae en el director regional de agricultura, Juan Núñez Gadea, por lo tanto, se iniciará una investigación administrativa para determinar las causas de este “error”. Hasta el momento —dice Jaramillo— no se ha solicitado la renuncia del funcionario. “Desconocemos por qué el director de agricultura tomó esa decisión”, dijo el gerente general de Amazonas a Mongabay Latam.
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De acuerdo con el documento emitido por el Gobierno Regional, se anula el reconocimiento de estas comunidades debido a que existen dos procesos judiciales sobre el área que corresponde a la Cordillera del Cóndor.
Uno de ellos es una acción de amparo para recuperar la extensión original del Parque Nacional Ichigkat Muja, que fue recortado en 69 829 hectáreas en el año 2007, durante el Gobierno de Alan García. El segundo juicio le pide al gobierno declarar la nulidad de todas las concesiones mineras otorgadas en la zona.
“Los pueblos indígenas aseguran que estas dos comunidades están relacionadas con la minería ilegal y que su reconocimiento se dio para favorecer a esta actividad ilícita”, señala Genoveva Gómez, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Amazonas.
Gómez agrega que además del problema con las comunidades denominadas fantasma, los reclamos se extienden a otros siete temas, entre ellos la renuncia de Hermógenes Lozano Trigoso, gerente subregional de Condorcanqui, a quien acusan de actos de corrupción.
Por lo tanto, las protestas continuarían en los próximos días puesto que, según indica el líder indígena Kayap, esperan que Lozano deje el cargo. “Existen pruebas de que hubo malversación de fondos y hechos de corrupción en la sede regional. Toda la documentación la hemos presentado a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría de la región”.
Hermógenes Lozano se defendió de las acusaciones y cuestionó a los dirigentes y líderes indígena que piden su renuncia. “Están solicitando mi cambio por intereses personales. Y en este caso, varios de los que reclaman mi salida también tienen denuncias en su contra”. La representante de la Defensoría del Pueblo en Amazonas indicó que se investigará las denuncias en contra de Lozano.
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Un problema histórico
Los conflictos en la Cordillera del Cóndor por la presencia de la minería ilegal no son recientes. Desde hace más de una década se extrae oro de manera ilegal en esta zona de frontera entre Perú y Ecuador, donde en el año 1995 se desarrolló el último enfrentamiento armado entre ambos países por el problema de límite fronterizo.
En el año 2004, la minera Afrodita consiguió la autorización para explorar y explotar concesiones mineras situadas en las cabeceras de los ríos Cenepa y Comaina, permisos que años después, en el 2010, fueron suspendidos indefinidamente debido a que la empresa minera no acreditó la propiedad sobre el terreno.
Pero esta zona ha sido objeto de litigio en más de una ocasión. En mayo del 2016, la Superintendencia de Bienes Nacionales dejó sin efecto la servidumbre del sector denominado El Tambo, ubicado en la Cordillera del Cóndor, que se había otorgado también a la minera Afrodita en el año 2013.
Meses después, este mismo territorio de unas 57 hectáreas fue inscrito en registros públicos como predio eriazo del Estado por el Gobierno Regional de Amazonas, decisión que originó la protesta de los pueblos indígenas debido a que la Cordillera del Cóndor había sido reconocida de manera oficial como parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas Awajún y Wampis, por lo tanto, no podía ser inscrito como bien público.
En setiembre de ese mismo año, Afrodita buscó una forma de operar en la zona y solicitó que se le conceda el usufructo del mismo terreno bajo el argumento de que en este lugar cuenta con una operación minera con más de dos años de antigüedad. Este pedido fue rechazado por el gobierno regional.
Jaramillo dice que la minera está solicitando nuevamente que se reconozcan sus concesiones, por lo que investigarán si tiene relación con las comunidades que fueron reconocidas de manera irregular.
En octubre del año pasado, un destacamento de 60 policías y 40 militares ingresaron a El Tambo, en la Cordillera del Cóndor, e instalaron una base donde hasta ahora mantienen la guardia para que no ingresen mineros ilegales.
La presencia de la minería ilegal ha sido constante en este lugar con ingreso de ciudadanos ecuatorianos que trasladaban el oro hacia el país vecino. Los líderes indígenas aseguran que tanto la empresa Afrodita como mineros ecuatorianos están detrás del reconocimiento de estas comunidades.
Anuncian que continuarán protestas
Durante los enfrentamientos ocurridos el lunes 10 de febrero hubo un herido que permanece internado en el hospital de Santa María de Nieva, mientras que otras siete personas resultaron con golpes. La Defensoría del Pueblo está tomando medidas para que no ocurran hechos violentos en las protestas que, según los dirigentes indígenas, continuarán hasta que renuncie el gerente subregional de Condorcanqui.
Entre los pedidos presentados por el Comité de Lucha de la provincia de Condorcanqui y las organizaciones indígenas se reclama la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y la aplicación de la Ley de consulta previa sobre el proyecto de carretera Juan Velasco Alvarado a Tsamajain. Una vía de aproximadamente 35 kilómetros que se inicia en el centro poblado Juan Velasco Alvarado y pasa por las comunidades nativas de Santa Rosa de Pagkintsa y Bajo Pupuntas, hasta llegar a Tsamajain.
El gobierno regional ha catalogado la obra como “de alta prioridad para el desarrollo integral de los pueblos de la zona norte de la región Amazonas”, se indica en un documento de la Gerencia Regional de Infraestructura del gobierno regional.
También solicitan la restitución del área total del Parque Nacional Ichigkat Muja, así como que no se otorguen más concesiones mineras en la cordillera del Cóndor.
Gómez, representante de la Defensoría del Pueblo, señala que están recogiendo información sobre las denuncias y pedidos de los líderes awajún y wampis para atender aquellos reclamos que correspondan.
Mientras tanto, Joel Mashianda, un comunero del pueblo awajún, manifiesta que seguirán con su protesta, de forma pacífica, hasta lograr que se cumplan todos sus reclamos. “No queremos el continuismo”, dice en referencia a Lozano Trigoso, quien hasta el 2018 fue alcalde de la provincia de Condorcanqui y ahora es el gerente subregional. “El señor ha gobernado en la municipalidad y ahora está en la gerencia, el pueblo no está conforme con ello. Aquí en Condorcanqui, la mayoría somos awajún y wampis y no es justo que se aprovechen de nosotros”.
Imagen principal: pueblos indígenas protestan contra gobierno regional. Foto: Odecofroc.
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