- Las nacionalidades indígenas piden atención médica y pruebas de COVID-19 para evitar que se propague la enfermedad en sus territorios, pero el gobierno ecuatoriano ha tardado en dar respuesta.
- Se han registrado algunas muertes de indígenas posiblemente por el COVID-19. La falta de pruebas y la demora en la entrega de resultados impide saber la causa real. Por miedo, 40 siekopai decidieron aislarse en lo profundo de la selva.
*Este reportaje es parte de la alianza entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
Cuando comenzó el estado de emergencia sanitaria en Ecuador por el COVID-19, el 3 de marzo de 2020, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tomó medidas estrictas para evitar el contagio de la enfermedad en sus comunidades. Todas las nacionalidades decidieron prohibir la entrada y salida de personas, suspender actividades turísticas, cancelar reuniones y quedarse en sus territorios. Pero es probable que las medidas no hayan sido suficientes para evitar que la enfermedad afecte a estas poblaciones donde el acceso al agua potable es mínimo, la contaminación de los ríos es un problema latente, hay cuadros de desnutrición y falta de acceso a insumos de higiene para prevenir el virus.
El 17 de abril, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos conformada por organizaciones nacionales como la Fundación Pachamama, Fundación Alejandro Labaka e internacionales como Amazon Watch, Amazon Frontlines y Land is Life reportaron que en la Nacionalidad Siekopai, en la provincia amazónica de Sucumbíos, falleció un anciano con diagnóstico probable de COVID-19 y que alrededor de 20 personas estarían con síntomas del virus.
La Nacionalidad Waorani denunció que un proveedor de la Empresa Petrolera Repsol —que trabaja en la provincia de Orellana, cerca de su territorio— fue confirmado con COVID-19 y otro trabajador posiblemente tendría la enfermedad. Además, el pueblo Shuar Arutam exige la protección del gobierno al registrar la muerte de un hombre que tuvo contacto con personas de su comunidad que viajaron a una convención minera a Canadá en marzo de 2020, varios indígenas se sienten enfermo y exigen que se evite la rotación de los militares en la zona porque los consideran un factor de riesgo para el contagio de COVID-19.
Las distintas nacionalidades indígenas están alertas por el posible avance de la pandemia en sus comunidades y exigen apoyo del gobierno en salud, provisión de alimentos e insumos de higiene y protección: guantes, mascarillas, jabón, gel antibacterial o alcohol. Hasta hoy el gobierno no ha hablado sobre la situación de los indígenas en la pandemia.
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Murió un Siekopai con diagnóstico probable de COVID-19
En un comunicado difundido en redes sociales el 17 de abril, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos informó que desde comienzos del mes, alrededor de 20 personas tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal y dificultad respiratoria; síntomas asociados al COVID-19. Humberto Piaguaje, líder siekopai, dice que el 14 de abril murió un anciano que también tenía los mismos síntomas.
María Espinoza, Defensora de los Derechos Humanos de Amazon Frontlines, asegura que luego de emitir la alerta, equipos del Ministerio de Salud (MSP) de los cantones Cuyabeno y Shushufindi —ambos en la provincia de Sucumbíos— revisaron a algunas de las personas que tienen síntomas, pero no a todas, aclara Espinoza.
Según dice, los médicos que visitaron a los pobladores siekopai dijeron que los síntomas no tienen relación con COVID-19, sino que se trataba de sintomatología asociada a problemas de amígdalas o de neumonía bacteriana. Luego de la revisión médica, no se tomaron pruebas para detectar el COVID-19 “por la consideración técnica que la sintomatología no correspondía y la segunda razón porque no hay acceso, hay un déficit en el stock de pruebas”, dice Espinoza. Hasta el 23 de abril en Ecuador se habían procesado 34 420 pruebas, es decir, 1971 pruebas por cada millón de habitantes.
“Como población Siekopai estamos atemorizados psicológicamente y por tal razón se lanzó la alerta a las autoridades encargadas a intervenir de forma inmediata”, dice Piaguaje.
María Espinoza dice que, a criterio del Ministerio de Salud, el anciano que murió días atrás no tenía síntomas de COVID-19, pero tomó una muestra al hijo del anciano siekopai que vivía con él para detectar la enfermedad, “pero aún no hay resultados, por eso no es posible saber nada al respecto”, agrega Espinoza. La nacionalidad Siekopai está conformada por cerca de 700 personas, por eso el contagio de COVID-19 representa un factor muy alto de desaparición para este pueblo indígena ancestral.
Espinoza cree que en caso de que la pandemia llegue a territorios indígenas se creará un escenario muy frágil. Según comenta, el sistema de salud en estas zonas está totalmente precarizado o a veces es inexistente, muchas veces ni siquiera hay puestos de salud cercanos y las comunidades no tienen dinero en este momento. Además, se vive un desabastecimiento de alimentos.
Los pueblos indígenas ya han sido afectados por otras enfermedades. Según los Siekopai, hace más de 100 años la tosferina causó el fallecimiento de muchas personas. Sus memorias indican que eran más de 30 mil personas y ahora quedan menos de mil.
Por ese temor, 40 siekopai se refugiaron en su territorio ancestral conocido como Lagartococha. Entre las personas trasladadas a ese territorio están los ancianos más vulnerables de contagiarse de la pandemia. En una publicación de redes sociales, el presidente de los Siekopai, Justino Piaguage, dice: “Estamos muy cerca del COVID-19. La intención es estar totalmente aislados. Esto nos hace pensar en los siglos anteriores; escapar, sobre todo, a ese sitio de mucha importancia cultural para nosotros y sitio estratégico”.
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Un caso de COVID-19 cerca de los waorani
Timoteo Huamoni se enteró el domingo 19 de abril que un trabajador vinculado a la empresa petrolera Repsol Ecuador S.A, operadora de los bloques 16 y 67 dentro del territorio waorani, tiene COVID-19 y hay otro empleado con síntomas a quien no le han confirmado el diagnóstico. Huamoni es líder del grupo del Comité de Gestión de Emergencias para las comunidades waorani del Yasuní, en la provincia amazónica de Orellana. Rápidamente alertó a organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos sobre la existencia del caso confirmado. La nacionalidad waorani vive entre las provincias de Napo, Pastaza y Orellana.
Las dos personas son trabajadores indirectos de la empresa, dice Huamoni. Según lo que ha podido averiguar el líder, la compañía tiene estricto control para el ingreso y salida de las personas del bloque 16 y realiza chequeos médicos en los que detectaron a la persona contagiada y a la persona con diagnóstico probable, “pero no son waorani”, dice. En una carta dirigida a tres líderes indígenas, el 19 de abril de 2020, la petrolera Repsol Ecuador S.A dice que suspende las actividades de transporte comunitario porque comenzarán un proceso de cuarentena.
Extraoficialmente, una persona que trabaja con Repsol Ecuador S.A confirmó a Mongabay Latam que un empleado de una compañía subcontratista resultó contagiado de COVID-19 y que la persona había sido diagnosticada con el virus antes de entrar al campamento. Además, vía telefónica, esta fuente recalca que ningún trabajador de Repsol Ecuador S.A tiene el virus. “Ninguna persona que tenga el virus puede entrar a la explotación, porque Repsol protege fundamentalmente a la población waorani”, dice.
Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad waorani del Ecuador (Nawe), dice que la persona con COVID-19 estuvo en Pompeya, un poblado a 32 kilómetros de la primera comunidad waorani. “Creemos que tuvo contacto con waoranis en la entrega de provisiones”, precisa Nenquimo.
A Nenquimo le preocupa que en las comunidades haya alguien con la enfermedad, en especial porque —asegura— es difícil que los indígenas usen mascarilla o guantes con el argumento de que no pueden respirar con la mascarilla o están incómodos usando los guantes. “Falta concientización y faltan insumos para evitar el contagio”. El líder waorani asegura que estos insumos no han llegado a las comunidades indígenas. A lo que sí han accedido —precisa— es a materiales de comunicación e instrucciones de higiene traducidas en su lengua.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) realizó un documento con indicaciones para prevenir el COVID-19 en las comunidades indígenas. El 21 de abril, la Conaie informó que la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud (OMS) y (OPS) revisaron y aprobaron el documento.
Nemonte Nenquimo, lideresa indígena waorani, señala que la empresa Repsol tiene la responsabilidad de prevenir posibles contagios. “Para evitar la posible propagación del virus, la Nawe decidió que no pueden ingresar a los territorios waorani los trabajadores u obreros de la empresa”. Según Nemonte Nenquimo, los trabajadores están ingresando a los campamentos cada 15 días y considera que esto es un peligro de contagio.
El 21 de abril también la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Nawe emitieron una carta dirigida al gobierno y a las autoridades de salud para solicitar que se realice un protocolo especial para la protección de las comunidades indígenas waorani y los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, que habitan cerca del bloque petrolero 16. Hasta ahora el gobierno no ha respondido sobre ese pedido.
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Pueblo Shuar Arutam insiste en posibles casos de COVID-19
El Pueblo Shuar Arutam (PSHA), asentado en la provincia de Morona Santiago, informó que el 10 de abril de 2020 murió el padre de una de las personas que viajó a Canadá en los primeros días de marzo a una convención minera. Días antes, el PSHA reportó que la madre de otra de las personas que estuvieron en la convención minera, también falleció. Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam, dijo que han recibido atención médica del Ministerio de Salud y que el grupo de personas que estuvo en Canadá “supuestamente está bien”.
Según un documento publicado por los indígenas, hay más personas que se sienten enfermas. Los shuar Arutam también se quejan por la rotación de militares en el cantón Tiwintza pues “provocaría un alto riesgo de contagio de COVID-19”. Las comunidades indígenas de Morona Santiago mostraron su preocupación desde el 6 de abril de 2020 cuando se detectó que un militar tenía el virus. “La constante rotación de personal ajeno a las regiones donde se desarrollan esas actividades constituye un factor de alto riesgo de propagación y peligro para todas las comunidades locales, indígenas o no”, indican en un comunicado público.
“La mayoría de pueblos indígenas están sometidos a procesos de discriminación, de falta de garantía para el goce de derechos de la salud o al saneamiento”, precisa María Espinoza. Los antecedentes de desnutrición y enfermedades respiratorias agudas hacen que, si el virus llega, las consecuencias puedan ser mucho más drásticas para ellos, asegura la defensora de derechos humanos.
*Imagen principal: En algunas comunidades indígenas no hay insumos de higiene para prevenir el COVID-19. Foto: Valentina Tuchie.
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