- El mes pasado, las autoridades apagaron un incendio en el Parque Nacional Sierra de la Macarena que casi alcanzó las márgenes del río Caño Cristales.
- El Ministerio de Defensa colombiano informó que el incendio lo iniciaron disidencias de las FARC que intentan expandir los cultivos de coca en la región. Sin embargo, fuentes locales sospechan que los campesinos o los ganaderos iniciaron los incendios para protestar contra las recientes operaciones antideforestación del gobierno.
Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil. La región central de la Macarena, en particular, es importante para la biodiversidad, ya que sirve de zona de transición entre tres biomas principales: la selva amazónica, la sabana oriental y las montañas de los Andes. Además, esta cordillera aislada es el emplazamiento de tres parques nacionales: Sierra de la Macarena, Cordillera de los Picachos y Tinigua.
Por debajo de esta riqueza biológica, hay grandes depósitos de petróleo que atraen a las empresas. Mientras tanto, los ganaderos y agricultores están despejando el hábitat para sus pastos o cultivos, y los grandes propietarios de tierras están expandiendo sus propiedades hacia el bosque prístino que antes era intocable debido a la presencia de las FARC.
Los conservacionistas y los científicos están preocupados porque la biodiversidad excepcional la Macarena pueda caer víctima de los intereses económicos. Lucas Barrientos, profesor de biología evolutiva en la Universidad de Rosario, le contó a Mongabay que la región es muy importante desde el punto de vista de la conservación porque actúa como corredor ecológico a través del cual la vida silvestre y sus genes pueden pasar de un ecosistema y población a otro.
“Por una parte, hay muchas especies en esta región que ni siquiera hemos podido descubrir para la ciencia. Más que eso, esta región actúa de corredor para los flujos genéticos, lo cual significa que las poblaciones no permanecen aisladas unas de otras”, dice Barrientos. “Pueden ser pequeños organismos como insectos o anfibios y también grandes mamíferos. Este flujo de diversidad genética es importante para mantener las poblaciones sanas”.
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Barrientos procedió a explicar que la región se compone de hábitat de bosque seco, el ecosistema más amenazado de Colombia. Dijo que hay especies endémicas que están “sumamente especificadas y adaptadas a prosperar en este ecosistema particular”.
El mes pasado, sin embargo, las autoridades extinguieron un incendio en el Parque Nacional Sierra de la Macarena que casi alcanzó las márgenes del río Caño Cristales. El Caño Cristales es una conocida atracción turística y es el hábitat de una especie de planta subacuática sensible llamada Macarenia clavigera, que estalla en un arcoíris viviente de oro, verde, azul, negro y rojo durante unos meses cada año.
El Ministerio de Defensa colombiano y Reuters informaron de que el incendio lo iniciaron disidencias de las FARC, que han rechazado el proceso de paz, en su intento por expandir los cultivos de coca en la región. Sin embargo, las fuentes consultadas por Mongabay afirman que la versión de las autoridades es improbable porque la región no es atractiva para plantar coca a gran escala en comparación con otras regiones del país. Aunque la coca se cultiva para fines tradicionales, también se planta para producir cocaína.
Jhon Muñoz, guía local y biólogo que reside en el pueblo cercano de La Macarena, explicó a Mongabay que no necesariamente fueron las guerrillas las que empezaron el incendio. Sospecha que los campesinos o los ganaderos iniciaron los incendios para protestar contra las recientes operaciones antideforestación del gobierno culpables del desplazamiento de familias que residían dentro de los parques nacionales del país. No obstante, dijo que no está claro quién causó el incendio y nadie sabe las razones exactas por las que sucedió.
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“El ministro de defensa informó que eran disidentes de las FARC que intentaban plantar coca. Eso es completamente falso porque Caño Cristales está sobre tierra dura y rocosa”, dijo Muñoz. “Ese incendio lo podrían haber causado los campesinos como venganza por los desahucios forzosos que están sucediendo en los parques”.
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito hace un seguimiento de los cultivos de coca en Colombia con satélites. Los datos comparativos de 2015, antes de que las FARC se desmovilizaran, y de 2018 muestran que ha habido un descenso significativo en la densidad de cultivos de coca en la región desde que se firmó el acuerdo de paz. Un experto en el conflicto armado de Colombia al que se consultó para este artículo confirmó que “la coca dentro del parque es poco común desde hace alrededor de una década”.
Deforestación sin control
Desde la desmovilización de las FARC en 2016, la deforestación se ha disparado en la región, sobre todo en el Parque Nacional Natural Tinigua. La deforestación se disparó en un 400 % en Tinigua entre 2017 y 2018 según la información satelital del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de la organización Conservación Amazónica.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) descubrió que el municipio de La Macarena registró un aumento del 26 % en la deforestación en 2018, el mayor aumento de la deforestación en el país. “Casi la mitad de la pérdida forestal provenía del Parque Tinigua”, dijo a Mongabay Latam Rodrigo Botero, director de la organización ambiental FCDS.
Parece que la deforestación en el parque volverá a dar un salto en 2020. Los datos de la universidad de Maryland muestran una pérdida de la cubierta arbórea mucho más grave entre enero y marzo de este año que durante el mismo periodo en 2019.
En marzo de 2020, un estudio publicado en Nature descubrió que ha habido un aumento drástico en la deforestación en la mayoría de áreas protegidas y zonas de amortiguamiento de Colombia desde la desmovilización de las FARC en 2016. El estudio dice que esos grupos armados, sobre todo disidencias de las FARC, se están consolidando dentro de los parques nacionales como Tinigua, asignando territorios a los ganaderos y promoviendo los cultivos de coca como motor económico del proceso de colonización.
“Estos grupos están reactivando antiguas vías que se utilizaban en el conflicto pasado y abriendo otras nuevas para crear una red de transporte político-militar”, escriben los autores del estudio. “Esta estrategia de control territorial permite que se consolide una base social para estos grupos armados, medios económicos para el rearmamento y una población que explota esta ‘seguridad territorial’, que también representa una fuente de reclutamiento para las guerrillas”.
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En Colombia, se asesina a guardaparques de forma relativamente regular. Entre 1994 y 2020 murieron asesinados 12 guardaparques, según la revista Semana.
Colombia es un lugar peligroso para mucha gente. Esto es especialmente cierto para los líderes indígenas y comunitarios que se enfrentan sistemáticamente a la amenaza de ser asesinados a manos de mercenarios contratados por propietarios de tierras poderosos que ejercen el control territorial y económico, y también por grupos armados ilegales que operaban con impunidad en muchas de las regiones remotas del país.
La organización no lucrativa de monitoreo de conflictos Indepaz informa que 817 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia en los poco más de tres años que han pasado desde la ratificación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC, en noviembre de 2016, y el 28 de febrero de 2020.
¿Quién causó el desastre?
Estefanía Ciro es una investigadora que creció cerca de la región de La Macarena en Caquetá, un departamento que está en una región de laderas donde la selva amazónica se encuentra con las montañas andinas. Ciro le dijo a Mongabay que las comunidades indígenas y campesinas de La Macarena han sufrido mucho tiempo como epicentro de las políticas antidrogas y extractivistas de Estados Unidos que empezaron a principios del siglo XX.
“Las industrias extractivas como las empresas de caucho y petróleo llegaron a principios del siglo XX”, dijo Ciro. “Después llegaron los tigrilleros, un proceso en el que gente de Bogotá y los países extranjeros pagaban a gente para que entrara al bosque a conseguir pieles de tigrillos”. El tigrillo u oncilla (Leopardus tigrinus) es un pequeño felino moteado nativo de América Central y del Sur; está clasificado como Vulnerable por la UICN.
Junto con las actividades extractivistas llevadas a cabo con el apoyo de empresas norteamericanas, el estado colombiano promovió la colonización de la región. A mitad del siglo, una guerra civil violenta entre los liberales y los conservadores llevó a otra ola de colonización cuando los liberales huyeron a La Macarena para escapar de la violencia.
“Los liberales que huyeron de la violencia acabaron politizando a los campesinos de la región, que acabaron alimentando el levantamiento armado, la base de lo que después serían las FARC”, dijo Ciro. “En los tres años siguientes, los traficantes de drogas, las élites y gente de otras regiones llegaron e introdujeron la marihuana y la cocaína a los campesinos que no tenían acceso a los mercados y tenían problemas para satisfacer sus necesidades básicas”.
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Con la región inundada de cultivos ilícitos, los intereses de los Estados Unidos encontraron en la Guerra Contra las Drogas la justificación para intervenir en la región. El Plan Colombia, firmado en 1998 con el presidente estadounidense Bill Clinton en el poder, en combinación con la iniciativa de seguridad democrática del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en 2002, aportó “miles de millones de dólares para gastar en la campaña antiinsurgencia en la región”, dijo Ciro.
El Plan Colombia le costó a EE. UU. más de 10 mil millones de dólares y los expertos dicen que no consiguió reducir las plantaciones de coca ni el tráfico de cocaína en el país a largo plazo. Con la ayuda internacional, el Gobierno consiguió tecnología militar avanzada como helicópteros Black Hawk, mientras que los paramilitares diezmaron pueblos y mataron a líderes políticos que eran afines a la insurgencia. A pesar de los miles de millones de dólares en ayuda militar, el gobierno no pudo vencer a los insurgentes en el campo de batalla y las negociaciones para encontrar una salida pacífica al conflicto no empezaron, de forma informal, hasta el mandato del expresidente Uribe entre 2008 y 2010.
Para 2016, las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos llegaron a un acuerdo de paz histórico después de cuatro años de negociación. Las FARC se desmovilizaron a finales de ese año, entregaron miles de armas a las Naciones Unidas y trasladaron a sus soldados desmovilizados a campos de reintegración.
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Aunque las FARC cometieron muchos abusos de derechos humanos contra los campesinos durante el medio siglo de conflicto armado, los rebeldes se consideraban a sí mismos un levantamiento armado de la clase rural campesina. De este modo, los rebeldes trabajaron de cerca con las comunidades para producir “manuales de coexistencia” que creaban normas claras y regulaciones sobre muchos asuntos, como prácticas agrícolas, protección ambiental y conducta criminal.
“Con la reincorporación de las FARC, los manuales de coexistencia y las regulaciones comunitarias quedaron en el aire. El estado no pensó en mantener o fortalecer los comités de acción comunitaria, sino que hizo lo contrario”, dijo Ciros.
Barrientos añadió que las FARC tenían un gran interés en conservar la cubierta forestal para no perder las rutas de narcotráfico que mantenían escondidas de las autoridades que patrullaban desde el cielo.
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Aunque las altas esferas y miles de soldados de a pie fueron desmovilizados de las FARC, los críticos dicen que el presidente actual, Iván Duque, le ha dado la espalda al acuerdo de paz y ha incorporado a personas conservadoras de extrema derecha que rechazan las concesiones que se hicieron para acabar con más de medio siglo de violencia. Desde su elección en 2018, el gobierno de Duque se ha visto envuelto en escándalos casi constantes que se están investigando por posibles vínculos con la mafia, compra de votos y el papel de Uribe en la formación de un grupo paramilitar en los 90.
Con el reclamo de los ingresos récord del tráfico de drogas aún sobre la mesa, y combinado con la falta de garantías de seguridad básica para los rebeldes desmovilizados, miles de guerrillas bajo el mando del comandante rebelde Gentil Duarte han vuelto al campo de batalla y han luchado contra el Estado por el control —o más bien se han negado a entregárselo— de la Amazonía norte de Colombia y La Macarena.
Los grandes propietarios de tierras, la clase rural latinoamericana conocida como latifundistas, en el pasado tenía miedo de invertir en la región del norte de la Amazonía porque temían la extorsión, los secuestros y los ataques a la infraestructura. Sin embargo, Ciro sostiene que los latifundistas vieron el acuerdo de paz como una oportunidad de expandir sus propiedades con la compra de pequeños terrenos y con el fomento de la colonización de territorios de la selva que se pudieran convertir en pastos “productivos” para ganado.
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Ciro explica que las empresas petroleras multinacionales están entrando al mismo tiempo y se ganan la simpatía de las comunidades pagando mejoras en la infraestructura de carreteras que reducen los costes para los campesinos al facilitar el comercio con los mercados externos.
“La entrada de grandes propietarios de tierras y extractivistas a la región explica la mayoría de los aumentos en la deforestación… Gentil Duarte ha tenido una permisividad con los grandes propietarios que no existía con las FARC”, dijo Ciro. “No puedo decirlo con seguridad, pero es posible que esté intentando reforzar el apoyo local y su legitimidad”.
La lucha contra los pequeños agricultores mientras se da bienvenida al petróleo
En abril de 2019, el presidente Duque lanzó una ofensiva contra la deforestación en el norte de la Amazonía llamada “Artemisa” en cooperación con el ejército, la policía y la Fiscalía, y acompañado por el Ministerio de Medioambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Nicacio Martínez Espinel, máximo comandante del Ejército para esa época, dijo que el 10 por ciento de los recursos del ejército se redistribuirían para enfrentar los delitos ambientales, en particular la deforestación ilegal.
Para Ciro y otras fuentes en La Macarena consultadas por Mongabay, las operaciones militares contra los campesinos acusados de deforestación siguieron la misma línea firme de las políticas antidrogas y antiinsurgencia de las décadas anteriores.
“Con Artemisa, Duque declaró la protección del agua y los bosques como asunto de seguridad nacional. ¿Pero eso qué significa? No significa frenar las represas multimillonarias como Hidroituango en Antioquía ni llevar a cabo acciones serias contra la minería ilegal”, dijo Ciro. “Significa un ejercicio de fuerza contra una población de campesinos muy vulnerable que vive en territorios que se demarcaron como área protegida en Bogotá”.
La organización de derechos humanos Parques con Campesinos publicó una declaración en la que criticaba cómo trata el gobierno los problemas socioambientales de la región: “Desde 2017, el gobierno optó por adoptar la vía de la violencia y las promesas rotas como solución al conflicto socioambiental en el territorio”.
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Las autoridades de Parques Nacionales Naturales de Colombia declinaron múltiples peticiones de realizar una entrevista.
El biólogo Lucas Barrientos le dijo a Mongabay que el Ministerio de Minas ha dado luz verde a la exploración petrolera en los parques nacionales Tinigua y Picachos. Añadió que, aunque hay polémica por estas acciones en Bogotá, los intereses petroleros tienen la ventaja de tener más recursos y más abogados que los parques.
“Las entidades gubernamentales están separadas las unas de las otras”, dijo Barrientos. “Las agencias petroleras están interesadas en el petróleo. No les importa la biodiversidad”.
*Imagen principal: caño Cristales. Foto de Gicaman vía Wikimedia Commons (CCBY-SA 4.0)
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Nota editorial: Esta historia fue impulsada por Places to Watch, una iniciativa de Global Forest Watch (GFW) que fue diseñada para poder identificar con facilidad la pérdida de bosques en todo el mundo y catalizar más investigación en esas áreas. Places to Watch recurre a una combinación de datos satelitales casi a tiempo real, algoritmos automatizados e información de campo para identificar áreas nuevas todos los meses. En colaboración con Mongabay, GFW apoya el periodismo basado en los datos con la información y los mapas generados por Places to Watch. Mongabay tiene independencia editorial completa sobre las historias que publica con estos datos.
El artículo original fue publicado en Mongabay News. Puedes leerlo aquí.
