- En la frontera colombo ecuatoriana, a más de dos horas río abajo de Puerto Asís en Putumayo, dos mujeres siona —Milena Payoguaje y Martha Liliana Piaguaje— gobiernan territorios indígenas en medio de una de las zonas más disputadas de Colombia.
- Hay una empresa que quiere sacar petróleo y unos explosivos para sísmica que no se sabe si serán detonados.
*Este reportaje es parte del Especial Tierra de Resistentes II que puede ser visitado aquí.
El agua le llega a la canilla, a unos diez centímetros del borde de la bota de caucho. El pantalón impermeable ya está mojado. En el cinto lleva la vaina para la peinilla (machete) y una cartuchera para guardar objetos esenciales. La gobernadora del resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco, Martha Liliana Piaguaje, lleva su bastón de mando cruzado en el pecho mientras registra con la cámara de su celular uno de los puntos donde la empresa Amerisur Resources (recién vendida a la chilena Geopark) instaló cargas explosivas con sismigel para realizar estudios de sísmica.
Esta foto fue tomada a comienzos de octubre de 2019, cuando Liliana y su guardia indígena fueron hasta los límites de su resguardo con representantes de Amerisur y del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios de Corpoamazonía y de los organismos de control locales, para decirles que nunca debieron haber enterrado ese material allí. La empresa asegura que las cargas están por fuera del territorio indígena siona, pero Liliana y sus compañeros dicen que tienen pruebas para demostrar que cruzaron los límites del resguardo, ubicado a dos horas aguas abajo de Puerto Asís, en la margen colombiana del río Putumayo.
“Somos originarios del Putumayo, no venimos de ningún otro lado, nuestros abuelos son familia, tenemos raíces de los tucanes, venimos con descendencia de ellos, también con los siona secoya del Ecuador”, dice Martha Liliana Piaguaje al describir a su pueblo. En el Putumayo, una de las puertas de entrada a la Amazonia colombiana, hay 12 comunidades siona. Santa Cruz de Piñuña Blanco es uno de los seis resguardos legalmente constituidos en el departamento.
Martha Liliana Piaguaje no usa su primer nombre. En su resguardo casi todos la llaman Liliana y es una de las líderes de esta comunidad indígena en Putumayo, en el sur de Colombia. A 30 minutos río arriba, en la ruta hacia Puerto Asís, vive Milena Payoguaje, gobernadora del cabildo Bajo Santa Elena, primera mujer que gobierna esta comunidad y una líder que no ha tenido contacto directo con los avances de las industrias extractivas, pero que conoce los riesgos de la defensa del territorio tanto como Liliana. Ambas han sufrido el conflicto, las dos ven de cerca los cultivos de hoja de coca que buscan ampliar sus fronteras, también son conscientes de que el río que es camino de entrada a sus comunidades es uno de los corredores de tráfico de drogas más disputados del país y tanto Milena como Liliana han sido amenazadas por distintos actores que buscan controlar estos territorios.
En estas dos comunidades, así como en otras organizaciones indígenas de la región y de toda Colombia, las mujeres son protagonistas de la defensa del territorio, y de sus derechos colectivos, en medio de un entorno hostil.
El 22 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una tutela a favor de la comunidad del resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco. El magistrado le ordenó a Amerisur suspender los estudios de sísmica, instó a las partes a conformar una mesa de conciliación para resolver la disputa y requirió a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) realizar una visita para determinar los límites geográficos del resguardo y así esclarecer si las cargas de sismigel están dentro o fuera del territorio indígena.
El último encuentro de esa mesa de concertación —medio de hacer seguimiento al fallo de tutela— ocurrió el pasado 6 de diciembre. Desde entonces, la comunidad de Santa Cruz de Piñuña Blanco no volvió a tener contacto con Amerisur Colombia, la filial colombiana de la británica Amerisur. Para esos días ya sonaba que la empresa iba a ser vendida. El negocio se hizo público el pasado 16 de enero. La chilena GeoPark, que además de su casa matriz tiene operación en Perú, Ecuador, Argentina y Brasil, compró Amerisur por 314 millones de dólares. Con la operación, GeoPark adquirió los 13 bloques que tenía la compañía británica en Colombia, 12 de ellos en el Putumayo.
En diciembre, cuando la venta parecía inminente, el resguardo Buenavista, el más grande del pueblo siona en el departamento y que también se enfrenta a los avances de la petrolera, anticipó: “Advertimos a la multinacional @GeoParkEmpresa, posible compradora de @AmerisurResourc, que NO permitiremos actividades extractivas y que al adquirir los referidos activos adquiere sus responsabilidades por la violación de los DDHH y los derechos de nuestro territorio”.
Las tensiones entre la petrolera y el pueblo siona iniciaron en 2013, cuando se dio el primer paso para un proceso de consulta previa. En una investigación publicada a finales de febrero de 2020, la organización ambiental Ambiente y Sociedad resalta que, por separado, Amerisur inició procesos de consulta previa con las comunidades de Buenavista, Bajo Santa Elena y Santa Cruz de Piñuña Blanco. El resguardo Buenavista rechazó cualquier intervención, pero las otras dos comunidades protocolarizaron acuerdos en 2014. Hoy Liliana, la gobernadora de Santa Cruz de Piñuña Blanco, dice que no tenían suficiente información, que al hacer la consulta por separado intentaron dividir al pueblo siona y que, en cualquier caso, la zona donde instalaron los explosivos para hacer estudios de sísmica no estaba dentro de lo que acordaron.
Por eso para ella la tutela a su favor que se falló en agosto fue una pequeña victoria en medio de una larga disputa entre la empresa petrolera y el pueblo siona. Pero la celebración duró poco. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) atendió al llamado del Tribunal para delimitar el territorio y ya emitió su concepto: “las cargas de sismigel se encuentran por fuera del Resguardo Indígena Siona Santa Cruz de Piñuña Blanco”. La comunidad interpreta que eso podría abrir la puerta para que la petrolera continúe con la exploración. Liliana Piaguaje y su comunidad no saben qué sigue en el proceso. La posibilidad de que el proyecto petrolero avance se suma a otras preocupaciones latentes, como habitar un territorio históricamente afectado por el conflicto, disputado por distintos actores armados al margen de la ley y rodeado de cultivos ilícitos.
Putumayo es el tercer departamento del país con más hectáreas cultivadas de hoja de coca, según el informe de 2018 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Esas 26 408 hectáreas equivalen al 16 % del total de cultivos registrados en el país. A estas cifras se suma que el 10 % de los cultivos de coca del país están ubicados dentro de los resguardos indígenas. Sobre las amenazas que esto implica, el informe es claro: “Una mayor presencia de los cultivos de coca se relaciona directamente con el desplazamiento forzado interno, con las afectaciones de la fuerza pública (asesinatos o heridos), y con los actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos efectuados a nivel municipal”.
No suficiente con eso, Liliana tiene que lidiar con su propia situación de seguridad. Por su condición de líder, en agosto de 2018 la Unidad Nacional de Protección del gobierno le designó un esquema de seguridad con dos escoltas, una camioneta blindada y un celular con minutos. El esquema llegó un año después de su designación como gobernadora y la acompaña únicamente en el casco urbano de Puerto Asís.
Pero las amenazas, que se transmiten por el voz a voz o por una nota anónima, las ha recibido en su resguardo, a donde no llegan camionetas ni la señal del celular.
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Los indígenas siona, un pueblo en peligro
“Somos gente de yagé”, dice Liliana, “tomamos mucho yoko, también nos purgamos con tabaco, que es parte de las creencias de nuestros mayores, y nosotros como jóvenes pues estamos también llevando esas creencias a nuestros hijos para que no se sigan perdiendo”.
En Santa Cruz de Piñuña Blanco viven unas 40 familias, casi 200 personas, que se han quedado a pesar de varios años de violencia y aislamiento. “Somos 105 familias en el censo general”, expone Liliana, aunque rápidamente aclara que la cifra incluye a las familias que han salido desplazadas, que como dice ella, “se han ido para mejorar su calidad de vida y viven en los cascos urbanos”.
Desde hace varias décadas el pueblo siona ha vivido en medio del fuego cruzado. Ubicados a lado y lado del río Putumayo, en territorio tanto colombiano como ecuatoriano, los indígenas han visto pasar grupos paramilitares, guerrilleros y Fuerza Pública.
Algunos, como los habitantes del Cabildo Bajo Santa Elena, cargan con cicatrices más fuertes. En 2011, antes de que iniciara el proceso de paz, desmovilizados de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) informaron que habían instalado minas antipersonales en las inmediaciones de este territorio. La Campaña Colombiana contra las Minas ya desminó una parte de los artefactos conocidos, pero hay un nuevo campo por desmantelar. La comunidad adelanta en paralelo el trámite ante el Ministerio del Interior para que su cabildo se convierta en resguardo. Milena dice que si fueran resguardo podrían acceder a presupuestos colectivos étnicos direccionados desde el gobierno central.
La gobernadora siente que, con ese reconocimiento estatal, la comunidad podría contar con mejores herramientas para hacerle frente a quienes de manera inescrupulosa talan el bosque, amplían la frontera agrícola o aumentan las hectáreas de cultivos ilícitos como la coca. Al final de cuentas, 13 903 hectáreas de bosque fueron taladas entre 2017 y 2018 en el Putumayo, el cuarto departamento con más área deforestada en el país, según el informe anual de deforestación del IDEAM.
Entre tanto, Milena y Liliana siempre han defendido su neutralidad y, desarmadas, han hecho lo posible para evitar que cualquiera de estos actores entre a su territorio.
“¿Amenazas? Todas”, dice la gobernadora de Piñuña Blanco. Ni ella ni la Guardia Indígena pueden hacer los recorridos de monitoreo que realizaban en las zonas más apartadas de su propio resguardo. “Si ustedes vienen por acá, saldrán con los pies pa’lante, si vuelven”, cuenta Liliana que le dijo un colono, uno de muchos campesinos que se han instalado en las inmediaciones del resguardo para talar el bosque, sembrar hojas de coca o explotar a su manera las tierras fértiles del pie de monte amazónico. Liliana prefiere no hablar de eso, no sabe si contar las amenazas es más riesgoso que callarlas y simplemente reconoce que el peligro la rodea a ella y a sus compañeros.
Solo se llega por río a esta comunidad. Una lancha rápida que sale de Puerto Asís cada mañana se tarda unas dos horas y media hasta llegar a las orillas de Piñuña Blanco. En esta zona del departamento el río Putumayo es amplio y caudaloso, pero no tiene rápidos ni giros abruptos. Serpentea en medio de la selva que se va haciendo más espesa a medida que se aleja de Puerto Asís. Pocos minutos después de abandonar el sencillo embarcadero de ese municipio, los postes de luz dejan de verse y casi al tiempo se pierde la señal de los celulares. Solo se vuelve a ver un poblado una hora después, sobre la margen izquierda del río se ve un cartel de tres o cuatro metros de ancho: “Resguardo Buenavista”, el más grande del pueblo siona en el departamento.
Los siona de Buenavista tampoco ven con buenos ojos a GeoPark. La empresa tiene dos bloques petroleros concedidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero sobre los cuales todavía no hay derechos de explotación. Se encuentran fuera de los límites del resguardo, pero en una zona que los indígenas vienen reclamando desde 2018 como parte de su territorio ancestral. Incluso solicitaron al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, que estudia los casos de despojo de tierras por cuenta del conflicto armado, que reivindicara su derecho sobre 58 000 hectáreas y solicitaron medidas cautelares sobre éstas. El juzgado otorgó las medidas cautelares, de modo que el 21 de agosto de 2018 ordenó a la empresa a detener sus actividades en la zona hasta que se defina la propiedad sobre ese territorio.
A una hora en río desde Buenavista y cerca de 30 km de distancia, Liliana dice que hasta su resguardo han llegado mensajes para que deje de oponerse a las intenciones de la petrolera, le han dicho que se “ahorre problemas”.
El historial de amenazas y medidas cautelares de protección es largo. En el auto 004 de 2009, la Corte Constitucional incluyó a los siona en la lista de los 34 pueblos indígenas más amenazados del país por el conflicto y el desplazamiento forzado. Nueve años más tarde, los resguardos Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco fueron amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con medidas cautelares para proteger la integridad de sus vidas y territorios. La Comisión le pidió al Estado colombiano, entre otras solitudes, adoptar medidas para que las comunidades de estos resguardos “puedan vivir de manera segura en su territorio, sin ser objeto de violencia, amenazas y hostigamientos”. Ambas comunidades reclaman que el Estado colombiano no ha respondido a estas obligaciones, mientras ven que los factores de riesgo se diversifican.
“Aquí ha llegado el Ejército y aquí ni el Ejército ni ningún grupo puede entrar”, dice Milena Payoguaje del cabildo Santa Elena. “Me ha tocado ir a decirles que se retiren. Entonces ellos dicen que nosotros estamos encubriendo a otros grupos, que nosotros somos los que los acompañamos a ellos”. Y la acusación se repite de muchas formas. La gobernadora les dice a los exguerrilleros disidentes de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz y mantuvieron las armas, que no pueden estar en su territorio, que a su vez la señalan de estar del lado del Ejército. Y si rechaza la presencia de un actor armado ilegal como la llamada ‘La Mafia’, corre el riesgo de que la asocien a alguno de los enemigos de estos. Los líderes indígenas han insistido por años en que no toman partido y por eso abogan por expulsar a cualquier actor armado de su territorio, algo que no es bien visto por ninguna de las partes.
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Gobernadoras en medio del fuego cruzado
El 26 de septiembre de 2019, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana que resaltó la situación de riesgo por la que atraviesa la zona de Piñuña Blanco, donde además del resguardo que gobierna Liliana, hay otras veredas y pequeños poblados.
La entidad estatal que vigila el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia relata ocho episodios violentos entre julio y septiembre de 2019. Entre otras cuando uno de esos grupos —que insiste en que le llamen FARC— llegó el pasado 28 de julio a la vereda Pueblo Bello. Le dijeron a la comunidad que planeaban quedarse y en la tarde, en una vereda vecina, se enfrentaron a la llamada ‘Mafia’, un grupo integrado en parte por antiguos paramilitares. Un campesino resultó herido y fue trasladado a un hospital en el casco urbano de Puerto Asís. Entre el 29 de julio y el 2 de agosto no hubo clases en esas veredas, los pobladores se resguardaron en la escuela y el centro de salud, las únicas estructuras en concreto del caserío.
Liliana recuerda que en el resguardo vivieron episodios similares durante la década del 2000. El Ejército y la guerrilla se enfrentaban a escasos metros de sus casas y la comunidad tenía que resguardarse tras las paredes de la estructura más sólida. Por eso muchos se fueron.
“Los continuos desplazamientos individuales han conllevado también riesgos para las personas que vienen ejerciendo el liderazgo al interior de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, pues toda acción violenta en su contra necesariamente impacta de manera directa la autonomía territorial de las comunidades y sus mecanismos de autoprotección y resistencia ante las disputas armadas entre disidencias de las FARC-EP y La Mafia”, dice la Defensoría.
Entre sus recomendaciones, la Defensoría le pidió al Ejército —en línea con las peticiones que ha hecho por varios años la Corte Constitucional— “dar plena aplicación a los principios del DIH” y “evaluar” la mejor acción para la “protección efectiva de sus habitantes”. El ente de control también resaltó que los operativos deben “contener medidas concretas para reducir los riesgos que puedan surgir como reacción a la presencia de la Fuerza Pública”.
Además, la Defensoría pidió acciones urgentes al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Putumayo, a la Alcaldía de Puerto Asís y a la Fiscalía General. Pero el riesgo sigue ahí. “Los entes de control no hicieron nada”, dice la gobernadora Liliana.
“La recomendación es no acercarse allá hasta que la situación no mejore”, dice Amanda Camilo, una respetada líder de víctimas que hoy además es coordinadora territorial en Putumayo y sur del Huila de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, una entidad estatal creada con el acuerdo de paz para reconstruir lo que ocurrió en el país durante 52 años de guerra. Amanda, quien trabaja en el casco urbano de Puerto Asís, no ha podido trasladarse con su equipo al resguardo de Santa Cruz de Piñuña Blanco para entrevistar a los pobladores y esclarecer la verdad de lo que les sucedió a los siona.
La coordinadora conoce distintos procesos de defensa del territorio, del agua o de la fauna liderados por mujeres en el Putumayo. Sabe que, para limitar sus acciones, algunos actores dirigen sus amenazas a sus familias, a sus hijos, y en no pocos espacios desacreditan sus argumentos por su condición de mujeres. “Desafortunadamente hay liderazgos fuertes de mujeres en el Putumayo, pero las mujeres somos estigmatizadas, porque aún se maneja mucho concepto de cultura patriarcal en donde en esos espacios la negociación no debe ser con mujeres, sino que debe ser entre varones”, dice.
Ella también ha trabajado por varios años con la Ruta Pacífica de las Mujeres y es una de las fundadoras de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, una organización que apoyó a Liliana Piaguaje y al pueblo siona de Piñuña Blanco en el proceso de tutela que falló a su favor en agosto.
Amanda Camilo, en particular, sabe lo que han enfrentado los indígenas siona. “Es un pueblo que históricamente ha sido afectado y ha ido perdiendo su integridad y su condición de pueblo originario de la Amazonía”, dice. “Ellos se han mantenido entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo y cada vez que sale este boom de economías extractivas, entre ellas la explotación petrolera, pierden un poco de su idiosincrasia y su comunidad se afecta. Han tenido que irse moviendo y perdieron mucho de lo que significa una vida armónica en el territorio”.
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Los siona y su territorio ancestral
Liliana Piaguaje explica, mientras señala sucesivamente su coronilla, su vientre y el suelo, “en el ambiente nosotros tenemos nuestro ser, el vientre de nuestros hijos, y la vida, que está en la tierra, que es la que nos da la fortaleza para seguir en esta lucha de defender el territorio”.
Esa defensa del territorio está en sus conversaciones diarias. Liliana recuerda sin mucho esfuerzo una excursión de reconocimiento del resguardo cuando charla con sus vecinos, su lucha por la tierra hace parte de todas sus asambleas, se la inculcan a los más jóvenes y en no pocas ocasiones es tema de conversación con su esposo, Manuel Carlosama, presidente de todo el pueblo siona en el departamento. Cuando toman el remedio, como llaman al yagé muchos pueblos del sur de Colombia, piden consejo a sus abuelos —sus ancestros y guías espirituales— para que los orienten en esa lucha.
Pero ahora hay unos explosivos enterrados en uno de sus cananguchales, un complejo ecosistema inundable, dominado por unas palmas cuyas raíces sobresalen de la superficie y que, para los siona, son fuente de vida y conexión con la tierra. Cuando se escucha hablar a Manuel sobre estas cargas de sismigel, en su voz se siente la angustia. Él y la gobernadora sienten incertidumbre frente a cuál será la próxima acción de la empresa GeoPark. “Ahora estamos en el último paso, en el final, se podría decir, donde el juez ordena que se haga una mesa de concertación entre las partes, entre la empresa y la comunidad”, explica Liliana. Ya se han hecho tres reuniones. En la última, el pasado 6 de diciembre, la ANT concluyó que la petrolera estaba actuando por fuera del territorio siona.
Dado que la venta es reciente, GeoPark dice estar estudiando sus procesos y aún no quiere reunirse en persona con periodistas. Luego de varias semanas intentando, no fue posible concretar una entrevista.
“GeoPark ha entrado en una etapa de evaluación y entendimiento de todos los procesos y detalles de operación en la zona. Una vez tengamos toda la información necesaria, trazaremos un plan de acción que compartiremos con nuestros públicos de interés”, nos escribió vía correo electrónico el pasado 23 de enero, en respuesta a una solicitud de entrevista.
Ocho días más tarde, su coordinadora de conexiones, María Camila Casallas, nos volvió a escribir. “El 22 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió una sentencia en la cual dispuso crear una mesa de concertación y cumplimiento presidida por el Ministerio del Interior y conformada por delegados de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, Corpoamazonía, dos delegados del resguardo indígena elegidos por la comunidad y representantes de la empresa. Desde tal fecha, el proyecto de adquisición sísmica se encuentra suspendido de manera preventiva a la espera de los acuerdos a los que llegue la mesa de concertación”, expresó.
Sin embargo, la empresa no le ha llevado esta información a la comunidad. Días antes a este último correo, esta era la versión que tenía la gobernadora Liliana: “La empresa nos dice que tienen el cronograma listo para venir a detonar las cargas de sismigel que tienen enterradas, y hasta ahorita estamos pues con mucha preocupación porque donde ellos vengan a detonar eso es una pérdida grande que tendríamos en nuestro territorio porque se perdería toda la fauna y la flora que está en esa parte”.
En la foto tomada por uno de los miembros de la Guardia Indígena del resguardo a comienzos de octubre, a casi cuatro horas a pie del centro poblado del resguardo Santa Cruz de Piñula Blanco, sobresale del cananguchar la rama de un árbol con un letrero hecho a mano en el que se lee “STK 1241”. Esas son las siglas con las que se marcan los puntos donde se instalan los sensores para determinar, a partir de la detonación de unas cargas, si hay petróleo en el subsuelo. Otros letreros, marcados también a mano sobre carteles rojos, dicen “SP”, marcando los puntos de disparo de las cargas. Algunas ramas con letreros están rotas, otros no son legibles.
Las cargas están enterradas a cerca de diez metros de profundidad y nadie está tranquilo con que permanezcan ahí.
Lee el reportaje completo que forma parte del ESPECIAL Tierra de Resistentes II en este enlace.
*Imagen principal: Milena Payoguaje, gobernadora del cabildo Bajo Santa Elena, mira hacia el río Putumayo. La mayoría de su pueblo, los siona, viven a orillas de estas aguas que en este punto son la frontera natural entre Colombia y Ecuador. Foto: César Rojas Ángel.
