- Los planes económicos que presenten los países para superar la recesión que traerá el COVID-19 no deben prescindir de una visión ambiental si es que se quiere evitar la aparición de próximas pandemias.
- Para los expertos entrevistados por Mongabay Latam, los cambios en la agenda global de las reuniones ambientales no deben afectar las responsabilidades climáticas de los países.
Este 2020 fue catalogado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como un ‘Súper año’ para la biodiversidad. Diversas reuniones debían llevarse a cabo este año para evaluar avances en los compromisos adoptados por los países y acordar nuevos tratados para proteger ecosistemas que todavía se encuentran desatendidos. Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha alterado totalmente este escenario.
No solo fue postergada la vigésimo sexta Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sino también el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos, las negociaciones para un Tratado sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad en altamar y, ahora mismo, se está considerando una fecha alternativa para la cumbre del Convenio de Diversidad Biológica que debía celebrarse en octubre en la ciudad de Kunming, China.
Todas estas postergaciones han sembrado la duda sobre las metas que realmente se podrán alcanzar este 2020. Mongabay Latam conversó con expertos en políticas internacionales ligadas a asuntos medio ambientales para entender cuáles son las reales implicancias de estas postergaciones.
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Los esfuerzos para mantener los compromisos
La COP 26 es probablemente el evento que reúne mayores expectativas, puesto que de las negociaciones que se desarrollen durante la cumbre depende que el aumento de la temperatura del planeta no sobrepase los 1.5 grados Celsius. Si esto pasara, se produciría “un efecto dominó en cada gran desafío de desarrollo que enfrenta la humanidad, aumentaría la pérdida de vidas debido a emergencias climáticas extremas y retrasaría drásticamente la economía global”, señaló el Secretario General de la Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Para lograr esa meta, los países deben presentar planes nacionales que apunten a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero —las llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)— que sean más ambiciosos que los presentados hasta ahora. Esta meta es clave, pues los planes actuales “no nos ubican en la senda de no incrementar la temperatura del planeta en 1.5 grados centígrados, sino en camino de 2 o 3 grados, lo cual ya se ha dicho no es suficiente”, explica Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente de Colombia.
De cara a la crisis sanitaria actual, para Manuel Pulgar-Vidal, exministro del ambiente de Perú, hoy líder de Clima y Energía para WWF, “resulta razonable postergar el evento”. Sin embargo es enfático al decir que “ello no implica que pueda postergarse la responsabilidad climática”, sino todo lo contrario. Los países deben presentar este año sus NDC más ambiciosos y “se debe impedir que los Estados aprovechen el momento de emergencia para poner sobre la mesa planes climáticos menores en su ambición, como ha ocurrido con Japón”, dice el experto.
No se debe perder de vista la clara vinculación que existe entre esta pandemia y “el medio ambiente, el incremento de la temperatura, cambio climático y el deterioro de la naturaleza”, agrega Ximena Barrera, directora de política y asuntos internacionales de WWF Colombia. Por eso para Pulgar-Vidal hay que acelerar el proceso para “generar un marco internacional efectivo para enfrentar la pérdida de naturaleza y el deterioro de los ecosistemas”.
Esto se aplica a los demás tratados, acuerdos y convenciones que buscan detener el deterioro de los ecosistemas y establecer modelos de desarrollo que integren en su eje central a la biodiversidad.
La postergación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos, que tiene como meta ampliar las acciones basadas en la ciencia y en la innovación para conservar y utilizar de manera sostenible los mares y sus recursos, también genera preocupación entre los distintos científicos y especialistas. Uno de ellos es Mariamalia Rodríguez, experta en asuntos Latinoamericanos del High Seas Alliance, que reúne a 27 organizaciones no gubernamentales y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Rodríguez asegura que “todo el mundo está intentando ser muy creativo en ver cómo no perdemos el momento político que tenía océanos para este año”.
Los ecosistemas marinos tenían un claro papel protagónico en los acuerdos internacionales de este 2020. Es por eso que se está trabajando “para que se lleven a cabo una serie de diálogos virtuales en la misma fecha en la que iba a ser la conferencia”, dice la experta del High Seas Alliance.
Pero este no es el único obstáculo. Para Mariamalia Rodríguez, la postergación más lamentable para América Latina sea quizá las negociaciones para un Tratado sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad en altamar. Dicha reunión, que debía realizarse hace algunas semanas, tenía como objetivo crear un marco jurídico para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad marina en aguas internacionales. En eso América Latina, según la experta, venía trabajando con un bloque de 14 países, el cual ha ido tomando mucha fuerza y ha sido muy activo en presentar posiciones regionales. Aunque la reunión fue postergada, el grupo “sigue coordinando virtualmente y tiene llamadas periódicas para ir revisando sus posiciones y seguir así avanzando en el proceso hasta que tengamos una fecha”, concluye la especialista.
En cuanto a la postergación para enero de 2021 del Congreso Mundial de la Naturaleza, Jon Paul Rodríguez, presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aseguró a Mongabay Latam que ello no debería tener consecuencias negativas.
El científico explicó que durante dicho congreso se debe aprobar el programa 2021-2024 que, en condiciones normales, se comienza a aplicar en enero del próximo año. Desde ese punto de vista, “la postergación del congreso no es tan grave porque estamos en horario”, dice Rodríguez y agrega que “el proceso de aprobación del programa ha ido avanzado en una serie de foros regionales y ha habido bastante tiempo para consultar”. Bajo este esquema de trabajo, para cuando el congreso se realice, asegura el experto, “ya estaría aprobado el programa para que comience a implementarse”.
En lo que respecta a la 15ª Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, la posibilidad de una postergación aún está en discusión. En dicha reunión se dará por culminada la agenda ambiental vigente, conformada por las metas Aichi que son 20 acciones que deben ser implementadas por los 196 países firmantes, a más tardar el 2020, con el fin de proteger la biodiversidad del planeta.
Ello no implica, precisa Barrera, que los países tengan más tiempo para alcanzar estas metas. Desde antes de la crisis sanitaria se venía observando el comportamiento de varios países, algunos latinoamericanos, que están lejos de alcanzar algunos de los compromisos asumidos. Tal es el caso de Perú, por ejemplo, que actualmente tiene un 0,5 % de su mar protegido, aún cuando se había comprometido a resguardar el 10 %.
Superar la crisis de manera sustentable
Los expertos coinciden en que es necesario abordar la pandemia del COVID-19 paralelamente a la crisis climática, pues abre el espacio para reflexionar sobre nuestros modelos de desarrollo. En este contexto, “el año 2020 tiene un rol sin precedentes para cambiar la relación que tenemos con la naturaleza, estabilizar el clima y restaurar la naturaleza con el fin de lograr el desarrollo sostenible y contribuir a prevenir estas pandemias en un futuro”, dice Ximena Barrera.
En su opinión, ya existen buenos ejemplos en América Latina. Uno de ellos está relacionado al reciente anuncio que hizo el Gobierno de Ecuador sobre la construcción de una agenda ambiental entre los países suscriptores del Pacto de Leticia para enfrentar de manera conjunta, en un escenario post COVID-19, la reactivación productiva sostenible y el fomento de la bioeconomía.
“Lo que estamos viviendo hoy es un llamado de atención para replantear la importancia que le damos al cambio climático, a la protección del ambiente y a la conservación de las áreas protegidas en un escenario post COVID-19, como parte de las agendas de desarrollo de nuestros países para enfrentar los desafíos posteriores, tanto sociales como ambientales”, señaló Juan DeHowitt, ministro de ambiente y agua del Ecuador.
Chile, por su parte, ha presentado unas NDC más ambiciosas que incluyen mecanismos de finanzas verdes, las mismas que “podrían sentar las bases para una reactivación económica sustentable, post crisis sanitaria”, señala Barrera.
Para Pulgar-Vidal es fundamental pensar en una reconstrucción de las economías que considere una visión de desarrollo sustentable. “Si bien es cierto las consecuencias económicas de esta crisis conllevarán a una pérdida de liquidez por parte de los Estados, ni siquiera esa realidad debiera llevarnos a olvidar que si no incorporamos en dichos planes acciones climáticas y de recuperación de condiciones naturales, lo único que estaremos haciendo es postergando por un tiempo no muy largo una nueva pandemia para la humanidad”.
*Imagen principal: Entradas al bosque de Várzea por el río Mata Mata en el Parque Nacional Natural Amacayacu. Foto: Sebastián Ramirez.
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