- La comercialización ilegal de especies marinas que no cumplen con la talla mínima exigida es una práctica recurrente en el Perú.
- Normar los aparejos de pesca y establecer una distancia mínima entre los barcos y la playa, permitiría disminuir la cantidad de juveniles que son capturados por los pescadores artesanales.
El 31 de marzo, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de la provincia del Santa en la región de Ancash, en Perú, incautó 8210 kilos de caballa que se encontraban por debajo de la talla mínima permitida para su comercialización.
El recurso era transportado en dos camiones desde el puerto de Sechura, al norte del país, hasta Lima donde sería vendido en un mercado mayorista. Tras el decomiso, el recurso fue donado a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la emergencia sanitaria por el Covid–19, señaló la Fiscalía en sus redes sociales.
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En lo que va del año, la FEMA del Santa ha realizado 20 intervenciones por tráfico de especies marinas que no cumplían con las tallas mínimas establecidas por ley, asegura la fiscal Evelyn Lamadrid, quien agrega que solo de caballa en tallas menores se han incautado este año, en total, unas 100 toneladas. Además, seis vehículos han sido decomisados y ahora se encuentran en manos del Estado, mientras que otros cinco que han sido incautados permanecen a la espera de que se determine qué hacer con ellos.
La fiscal Lamadrid precisó que tras el decomiso del 31 de marzo se ha abierto una investigación a nivel penal por el presunto tráfico ilegal de especies acuáticas, al mismo tiempo que el Ministerio de la Producción también ha iniciado una investigación como parte de un procedimiento administrativo sancionador.
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La importancia de incautar los vehículos
Lamadrid precisó a Mongabay Latam que la caballa decomisada el 31 de marzo tenía una talla de 27 centímetros siendo 29 centímetros la mínima aceptada para que el recurso pueda ser comercializado. “Tomando en cuenta que no era un recurso tan pequeño, pero que de todos modos no estaba dentro de lo permitido, se decomisó el recurso pero no los vehículos”, explicó la fiscal.
La investigación tendrá ahora que determinar si hubo intención de traficar ilegalmente el recurso hidrobiológico y si es que existe participación de las empresas transportistas en el presunto delito.
Lamadrid señaló que “es un hecho recurrente el transporte de especies en tallas menores” y que “en esta oportunidad, por el toque de queda, pensaban que no iba a haber control, sin embargo, estamos atentos a todo este tráfico que se despliega desde el norte”.
Para Juan Carlos Sueiro, director de pesquerías de la organización Oceana, el decreto legislativo de interdicción que se promulgó en 2018 y que permite el decomiso de los vehículos que transportan la carga, ha sido un importante avance que el Perú ha dado en el combate contra la pesca ilegal. Este delito “necesita de un acercamiento multiinstitucional”, señala Sueiro y dicho decreto “hace participar a la fiscalía en una acción de control que antes era exclusiva del Ministerio de la Producción (Produce)”.
Lamadrid agrega que la incautación de los vehículos ha permitido dar un mensaje claro: “los traficantes lo pensarán dos veces puesto que pueden perder el medio con el que operan”. Cuando en febrero pasado se decomisaron cinco camiones que transportaban cerca de 40 toneladas de caballa por no cumplir con la talla mínima permitida, la empresa responsable perdió, en un solo día, un millón de dólares solo en vehículos. “Cada cámara isotérmica está valorizada en 200 000 dólares”, asegura la fiscal de la FEMA del Santa.
Pero para Sueiro hay más acciones en conjunto que puedan implementar las municipalidades, el Produce, las fiscalías y la Marina para impedir la comercialización de especies marinas por debajo de la talla mínima permitida. “En el norte, que es donde se consume más pescado, hay ofertas de ceviche barato de filete que en realidad quiere decir que está preparado con un filete chiquito”, dice el experto. Además, “en los mercados hay una proporción importante de especies que están en venta y que están por debajo de la talla mínima. Entonces, ahí también hay una acción por hacer”, indica.
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La falta de regulación en los aparejos de pesca
En el Perú, son alrededor de 100 las especies que tienen transacción comercial. Sin embargo, solo unas 56 tienen establecida una talla mínima que es determinada a partir de un estudio hidrobiológico que hace el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Esta medida se refiere al tamaño en el que un pez han alcanzado la madurez sexual y ha desovado por lo menos una vez y “el objetivo fundamental es la conservación de las especies, ya que de esta forma se puede determinar si estas han transcurrido su etapa de juveniles y se han reproducido aumentando la biomasa del recurso”, señala la Sociedad Nacional de Pesquería.
Ampliar la regulación de tallas mínimas a más especies es una de las tareas pendientes que tiene el país en materia pesquera. Pero entre todas las acciones que figuran en esa lista de pendientes, Sueiro destaca la necesidad de regular los aparejos de pesca que se utilizan en la pesca artesanal, así como el lugar donde estos operan.
Rosa Vinatea, especialista independiente en pesquerías, explica que en el Perú la pesca industrial debe operar sobre las 10 millas de distancia de la playa y utilizar redes para la captura de sardinas cuando se pescan especies para el consumo humano.
La pesca artesanal, en cambio, no tiene límites de distancia puesto que por ley puede operar dentro de las cinco millas y tampoco tiene prohibido utilizar las redes que normalmente son empleadas para pescar anchoveta, en otras especies.
El problema de esto, dice Sueiro, es que barcos anchoveteros de menor escala que utilizan redes de cerco, los llamados boliches, pescan muy cerca de la costa. Al no haber la suficiente profundidad, las redes se arrastran por el fondo marino dañándolo. Además, al utilizar redes que son originalmente destinadas a la captura de anchoveta, múltiples especies de todos los tamaños caen en ellas. “Los barcos de cerco que son para anchoveta operan muy cerca de la orilla para pescar otras especies y al hacerlo funcionan como un chinchorro, pero a la inversa”, dice Sueiro.
El chinchorro es una red que es arrojada al agua por un bote que dibuja una media luna en el agua. De esa manera, los dos extremos de la red son jalados luego desde la playa por varias personas para recoger todo los que ella arrastra hacia el exterior. “Esa forma de pesca impacta mucho porque mueve todo el fondo”, explica el experto. Es por eso, de hecho, que en 2011 el Estado peruano prohibió la utilización del chinchorro. “Cuando operan los barcos cerqueros en la orilla provocan lo mismo solo que jalan la red hacia adentro del mar y no hacia la playa”, dice Sueiro.
Es por ello, que Vinatea concuerda con que “los boliches no deberían pescar tan cerca de la costa” porque “chocan el hábitat con las redes, arrastran todo y se vuelven muy poco selectivos”.
En opinión de Sueiro, las intervenciones que realizan las fiscalías y la policía son importantes sobre todo considerando que existen lugares de desembarque que son ilegales, de difícil acceso y donde, por lo mismo, Produce no efectúa controles. Sin embargo, asegura que la solución al problema de la pesca ilegal de especies hidrobiológicas por debajo de la talla mínima permitida no está en los operativos, sino en regular la manera en la que se realizan ciertas actividades pesqueras artesanales.
Pero además, Vinatea, quien durante siete años fue miembro del Comité de Investigación Científica de la Sociedad Nacional de Pesquerías del Perú, señala que es necesario darle herramientas a los pescadores artesanales para que puedan operar mejor. “No tienen instrumentos para medir la pesca a bordo ni tampoco un protocolo de muestreo”, asegura la experta quien, en su opinión, se trata de recursos mínimos que todo barco debería tener si se pretende pescar de manera sostenible.
Normar los aparejos que se utilizan para capturar especies costeras, establecer distancias mínimas de la playa para los barcos de menor escala, y dotar a los pescadores de instrumentos y protocolos de muestreo son acciones concretas que permitirían disminuir la cantidad de juveniles que salen en las redes y combatir, desde el origen, el tráfico de especies marinas que no cumplen con la talla permitida.
*Imagen principal: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de la provincia del Santa.
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