- El Perú fiscaliza actualmente el 100 % de los cargamentos de aletas de tiburón que ingresan y salen del país. Esta medida le ha permitido dar un importante golpe al tráfico ilegal.
- Los registros que llevan la contabilidad de las especies y cantidades de tiburones que se pescan en el Perú son deficientes lo que impide, muchas veces, que se pueda acreditar el origen legal de los animales.
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Perú ha empezado a aplicar medidas más estrictas de fiscalización a los cargamentos de aletas de tiburón que entran y salen de su territorio. Esto lo ha llevado a ser visto como uno de los países líderes en la aplicación de acuerdos internacionales como el de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Dicha Convención busca regular el comercio internacional de especies amenazadas y frenar el tráfico ilícito que, según las Naciones Unidas, anualmente mueve unos 20 mil millones de dólares.
La historia en 1 minuto: Depredador amenazado: 18 perturbadores imágenes sobre el comercio con aletas de tiburón. Video: Mongabay Latam.
Más de 37 000 especies de plantas y animales se encuentran bajo algún grado de protección en la CITES, pudiendo la mayoría de ellas ser comercializadas siempre y cuando, quienes lo hagan, presenten un permiso otorgado por las autoridades administrativas de su país y una serie de documentos que acrediten el origen legal de la mercancía.
Actualmente, todos los cargamentos de aletas de tiburón que pasan por un puesto aduanero en el Perú son revisados para asegurar la existencia de los permisos y documentos que obliga la CITES, asegura Alicia Kuroiwa, directora de hábitats y especies amenazadas de Oceana Perú. Como resultado, el Perú ha logrado, en parte, controlar el ingreso ilegal de aletas de tiburón, lo que ha permitido también concretar intervenciones como la del 2018, cuando un cargamento de 25 toneladas de aletas de tiburón, que tenía como destino China, fue detectado por personal de Aduanas en el puerto del Callao.
Actualmente, al menos 10 casos de comercio de aletas de tiburón están siendo investigados por el Ministerio Público. El Biólogo Sebastián Hernández, quien estuvo a cargo de capacitar a los fiscalizadores peruanos en el reconocimiento de aletas, señala que “si ya hay casos judicializados quiere decir que están haciendo un buen trabajo”, aunque asegura que ello “no quiere decir que no haya comercio ilegal; sigue ocurriendo”.
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Las primeras medidas de control
Alicia Kuroiwa, cuenta que las alarmas se encendieron en el país cuando comenzaron a ingresar por el norte, frontera con Ecuador, una serie de camiones cargados con aletas que, según sus transportistas, correspondían a tiburones que habían sido capturados antes de que las especies fueran incluidas en CITES.
Según Kuroiwa, cuando un comerciante tiene productos que se obtuvieron antes de que la especie haya sido incluida en CITES, es necesario contar con un certificado preconvención. La inclusión en CITES del tiburón diamante, por ejemplo, entró en vigor el 26 de noviembre 2019. “Si tienes aletas de tiburones diamante que fueron capturados antes de esa fecha, esas aletas son preconvención y necesitas un certificado que lo demuestre”, explica la bióloga marina.
La historia en 1 minuto: Sebastián Hernández: “el comercio ilegal de aletas de tiburón llega desde Ecuador”. Video: Mongabay Latam.
El problema, continúa Kuroiwa, es que “desde el Ecuador venían muchas aletas que decían ser preconvención”. Dichas aletas correspondían a tiburones que habían sido enlistados en CITES en octubre de 2017, “pero ya estábamos a finales del 2018 y seguían entrando. ¿Hasta cuándo tú, como país, recibes esos productos?”, se pregunta la experta. Además, “ya habían entrado un montón de embarques durante todo el año”, agrega.
Fue entonces que el Ministerio del Ambiente empezó a realizar capacitaciones al personal de Aduanas, inspectores del produce y peritos del Ministerio Público para enseñarles a reconocer a qué especie corresponde cada tipo de aleta.
El encargado de realizar dichas capacitaciones fue Sebastián Hernández y también la ONG Oceana, que desarrolló una guía de identificación y participó de las inspecciones en Aduanas que, a partir de octubre 2018, comenzó a inmovilizar cargamentos de aletas. El objetivo era revisar no solamente la documentación, sino también asegurarse de que las aletas que estaban siendo transportadas correspondían efectivamente a las que indicaban los papeles.
A partir de entonces, “ellos (Aduanas) revisan todo lo que sale e involucran a la academia y a expertos en el tema”, dice Hernández. “Eso es muy bueno porque esa es la manera de salir adelante y no que una institución monopolice las decisiones que se toman porque ahí es donde ocurren los problemas de tráfico”, agrega.
Además, la fiscal en materia ambiental de la provincia del Santa, Evelyn Lamadrid, asegura que “ha servido mucho la conexión con todas las entidades administrativas competentes. SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración), Produce ( Ministerio de la Producción), Capitanía, Policía, Migraciones y Fiscalía hemos conformado una mesa de cumplimiento de trabajo”.
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Los problemas siguen
Aunque la aplicación de CITES en Aduanas ha generado importantes logros, la fiscalización en las fronteras es el último eslabón de una cadena de comercialización que aún tiene profundas debilidades. La mayor de ellas, según Kirowa, es la poca capacidad que tiene el Perú para asegurar que un producto fue obtenido de manera legal. “Desde la pesca hasta el procesamiento y el transporte, todo debe ser legal. Ese es el punto más débil que tenemos”, asegura la experta.
Según un estudio publicado por Oceana, 940 embarcaciones pertenecientes a 17 flotas pesqueras capturan tiburón de manera directa o incidental en toda la costa peruana. Según estimaciones realizadas para dicho estudio, unas 16 000 toneladas de tiburón se desembarcan anualmente. Sin embargo, las cifras oficiales hablan de poco más de 14 000 toneladas, es decir, unas 2000 toneladas menos.
La diferencia en las cifras estaría dada por desembarques que no son registrados por los funcionarios fiscalizadores porque no hay una cobertura del 100 % en los puertos y porque hay descargas que se realizan en sitios que no están autorizados. En esos casos, si los tiburones fueron pescados en temporada de veda, en tamaños pequeños o con aparejos no permitidos, no es posible saberlo.
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Además, el certificado de desembarque, que es el documento que indica qué especies y cuánta cantidad de pesca trajo a puerto una embarcación, no permite ingresar la información de manera detallada. Solo las 12 principales especies marinas que son capturadas en el Perú tienen una casilla en el papel que es llenado a mano por el inspector del Produce y todas las demás entran en la categoría ‘otros’, asegura el informe.
Por esta razón, del total del peso desembarcado entre los años 2006 y 2017, según los registros de Produce, solo el 18,9 % fue clasificado a nivel de especie, “mientras que el 81,1 % restante ha sido registrado a nivel genérico bajo la denominación ‘tiburón’ o ‘tollo’ ”, dice el estudio.
Renato Gozzer, ingeniero pesquero de la Asociación para la Sostenibilidad Pesquera Redes y coautor de la investigación, señala que “hay un sistema de recopilación de la información pesquera en desembarques que es deficiente y a la hora de querer normar la trazabilidad para cumplir los compromisos con CITES, se generan estos certificados (de desembarque) que en la práctica se terminan volviendo meros trámites que no proveen información de confianza”.
Produce, tras revisar los resultados del estudio, precisó que justamente las capacitaciones que han venido recibiendo los inspectores, para poder identificar las especies de tiburón a las que corresponden tanto aletas como troncos, responde a una medida que busca corregir las debilidades que tiene el sistema de trazabilidad.
La fiscal Lamadrid asegura, además, que es necesario reforzar el trabajo de fiscalización de las autoridades administrativas que otorgan permisos para manipular productos de tiburón, como por ejemplo, el secado de aletas. “Sabemos que dentro de estas entidades administrativas así como hay buenos elementos también habrá aquellos que no caminan por la ley […] Hablamos de las direcciones regionales de la producción, específicamente, que dependen de los gobiernos regionales. Ahí hay que ajustar a aquellas autoridades para una mejor fiscalización”.
Por último, Lamadrid asegura que es necesario continuar reforzando las fronteras terrestres, sobre todo la de Tumbes, que divide el país con el Ecuador. Sebastián Hernández explica que si bien es revisada la totalidad de la carga que es descrita como aletas de tiburón, “todavía hay problemas porque las empresas declaran una cosa, pero cuando vas a ver la carga esta es otra”.
“Yo digo, hagan la prueba de ir Machala a Salinas, por ahí, algún puerto de Ecuador, compra algunas aletas de tiburón, ponlas en un costalillo y pasa la frontera. Pasa de Huaquillas a Tumbes. Vé si es que realmente te revisan”, dice Lamadrid. “No hay un control, no hay un control idóneo. Yo pienso que entre la frontera de Huaquillas a Tumbes esa es la coladera”, asegura, por lo que capacitar al personal aduanero de esa frontera es, para la fiscal, una tarea urgente.
*Imagen principal: Secadero de aletas de tiburón en El Callao, Perú. Abril 2007. Foto: Oceana.
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