Perú: asesinan a líder indígena y mafias siguen operando durante emergencia por COVID-19

Un disparo acabó con la vida de Arbildo Meléndez Grandes. En un incidente ocurrido el domingo 12 de abril, el jefe de la comunidad nativa de Unipacuyacu, ubicada en el límite entre las regiones Ucayali y Huánuco, fue asesinado por su acompañante cuando salió a cazar y pescar para abastecer a su familia.

“Desde que asumió el cargo ha recibido amenazas”, dice Zulema Guevara Sandoval, esposa de Meléndez, en una conversación con Mongabay Latam. Guevara cuenta que cuando lo nombraron presidente de Unipacuyacu, su esposo decidió impulsar la titulación del territorio comunal, un pedido que permanecía sin ser atendido por más de 20 años, desde que la comunidad fue reconocida en 1995.

Meléndez también enfrentaba a los invasores que ingresaron al territorio comunal para dedicarse al cultivo ilegal de la hoja de coca. Unipacuyacu es una de las comunidades establecidas entre las regiones Ucayali y Huánuco que es víctima del narcotráfico. Mongabay Latam denunció en noviembre de 2019 el mismo problema en la comunidad de Puerto Nuevo, ubicada en la misma zona.

La muerte de Meléndez se suma a una serie de delitos ambientales asociados a mafias que se han registrado desde que empezó el Estado de Emergencia en el Perú.

En Madre de Dios, una serie de operativos dan cuenta de cómo los mineros ilegales se las ingenian para seguir operando, pese a las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades.  Y en Ucayali y Loreto, decomisos recientes de cargamentos de madera confirman cómo los taladores ilegales han encontrado en la emergencia una buena salida para evadir a la justicia.

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El crimen de un líder indígena

“Siento indignación. Primero dijo que mi esposo se había disparado accidentalmente y luego, cuando entró en contradicciones mientras declaraba a la Policía, aceptó que fue él quien disparó. Dijo que lo confundió con un animal”, cuenta Zulema Guevara sobre la versión de Redy Rabel Ibarra Córdova, el colono que confesó el crimen.

Guevara, del otro lado de la línea, cuenta que Ibarra había sido contratado hace poco por el líder indígena para que lo apoye en los trabajos de reforestación con bolaina. “Ellos habían salido un par de veces juntos, esta era la tercera vez que lo acompañaba a cazar y pescar”, narra la esposa, quien desde el inicio dudó de la versión inicial que dio Redy Ibarra porque —asegura— su esposo tenía mucha experiencia cazando en el campo.

Sus sospechas se inclinan principalmente hacia los invasores que se dedican al cultivo ilegal de coca y el tráfico de terrenos, quienes podrían estar detrás del asesinato. La esposa del líder indígena asegura también que desde que su esposo asumió el cargo ha luchado por la titulación del territorio y contra los invasores, para que abandonen las tierras de la comunidad.

“Nuestra comunidad está invadida por cocaleros. Nosotros casi no tenemos terrenos para trabajar”, dice Guevara sobre las ocupaciones ilegales en las comunidades indígenas.

La fiscal a cargo del Caso, Verónica Julca, de la Fiscalía Penal Corporativa de Puerto Inca, Huánuco, dijo a Mongabay Latam que Ibarra fue liberado el viernes 17 de abril, luego de que el juzgado a cargo de analizar el pedido de nueve meses prisión preventiva decidiera que no había suficientes pruebas para considerar que se trata de un homicidio calificado en grado de alevosía, como argumentara Julca.

“Para el juzgado se trata de un homicidio culposo, cuya pena varía entre 4 y 6 años de prisión. El juez ha dictado comparecencia restringida”, precisó la fiscal Julca.

En un comunicado, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) condenó el asesinato del líder indígena a quien reconoció como defensor de los Derechos Humanos y territoriales de los pueblos indígenas.

Berlin Diques, presidente de la ORAU, recordó la denuncia pública que hizo Meléndez durante la visita al Perú del relator especial de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, Michel Forst, en enero de este año. En esa ocasión, el presidente de Unipacuyacu expuso las amenazas que recibía por la lucha que había emprendido para conseguir la titulación de su territorio.

A través de las redes sociales, Forst ha lamentado el asesinato del líder indígena del pueblo cacataibo. “Me reuní con él hace unos meses en Perú. Se deben esclarecer las condiciones de su muerte. Alta preocupación por la situación de su comunidad, amenazada por oponerse a cultivos y tala ilegales”, escribió el representante de la ONU.

Profundamente triste por la muerte de Arbildo Melendez, líder indígena Cacataibo. Me reuní con él hace unos meses en #Peru. Se deben esclarecer las condiciones de su muerte. Alta preocupación por la situación de su comunidad, amenazada por oponerse a cultivos y tala ilegales pic.twitter.com/LnQM90Tedu

— Michel Forst SR HRD (@ForstMichel) April 14, 2020

El presidente de ORAU señaló que son varios los líderes indígenas en la región que han sido amenazados. Recordó las agresiones que recibieron los líderes de la comunidad de Nueva Austria, ubicada en Puerto Inca, región Huánuco, en el límite con Ucayali, así como el crimen ocurrido hace más de cinco años en la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, cuando fueron asesinados los líderes ambientalistas Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez.

Diques también lamentó que el responsable del crimen del líder cacataibo esté actualmente en libertad. “Exigimos a Ministerio Público que continúe con las investigaciones. Hay un responsable material, pero se debe descubrir a los autores intelectuales”.

Alicia Abanto, Adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, considera que se trata de un problema estructural. “Los líderes comunales habitan en zonas donde el estado no está presente. Eso los coloca en una situación de indefensión frente a las actividades que los rodea”.

Abanto lamenta que cuando ocurre un hecho como el asesinato de un líder ambiental, las investigaciones tarden mucho y en muchos casos no se sancione a los responsables. “Un ejemplo terrible son los procesos que se siguen por el asesinato de Edwin Chota y los otros tres comuneros. Existe una vulneración sistemática de los derechos de líderes indígenas, no hay prevención y cuando ocurre un hecho lamentable como este, no se investiga ni sanciona a los culpables”.

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Minería ilegal que no se detiene

“Alrededor de 40 operativos contra la minería ilegal hemos realizado durante este tiempo de cuarentena”, dice la fiscal Karina Garay, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios.

En esta región amazónica, la ilegalidad no se ha detenido. Según cuenta la fiscal que lidera los operativos en La Pampa, como parte de la Operación Mercurio 2019, casi todos los días tiene que intervenir a mineros ilegales que entran a operar en esta zona.

En el operativo realizado el 17 de marzo, se destruyeron 29 balsas carrancheras y 8 balsas gringas —embarcación acondicionada para la extracción de oro—, así como motores, grupos electrógenos y combustible. “En total fueron 37 balsas en un solo operativo”, comentó Garay.

En Loreto, el fiscal Carlos Castro, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, dijo que la Policía realiza patrullajes constantes en el río Alto Nanay para vigilar que no operen las denominadas ‘pequedragas’ dedicadas a la minería ilegal.

Castro recordó que en el mes de febrero se encontraron y destruyeron varias dragas en el Alto Nanay, además que se decomisaron equipos de comunicación que utilizan los ilegales. “Encontramos radios de alta gama y equipos celulares que muchas veces utilizan para avisar de nuestra presencia en los ríos”.

Por ello, el fiscal señala que en los últimos operativos en el río Nanay se utilizaron embarcaciones de transporte para civiles para evitar ser descubiertos por los mineros ilegales. “Hemos utilizado el factor sorpresa, pero esa logística tiene un costo mayor”, dice Castro.

“La ilegalidad vive del día a día. Sobre todo, ahora que el precio de oro ha subido, su extracción es completamente rentable”, señala el abogado especilizado en temas ambientales César Ipenza.

Ipenza manifiesta que en el contexto mundial, frente a la incertidumbre que se está viviendo, el precio de este metal seguirá subiendo pues responde a un afán de acumular dinero y asegurar reservas de los capitales. “El Estado ha desplazado al personal policial y militar para la vigilancia y atención de la emergencia, y esta situación la están aprovechando los ilegales”, agrega Ipenza. Pese a ello —comenta— los operativos contra las actividades ilícitas continúan.

Operativos contra el tráfico de madera

A inicio de abril, la FEMA de Loreto junto con la Policía, la Marina de Guerra del Perú y personal de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre intervino una embarcación que transportaba madera de forma ilegal en el Río Huallaga, cerca a la carretera Jeberillos-Yurimaguas. Según el reporte de la Fiscalía, se trataba de una carga de 5000 pies tablares procedente del distrito de Lagunas que no contaba con documentos que acrediten su procedencia legal.

Durante el patrullaje, se intervino a tres personas y se decomisó la madera, además que se procedió inmovilizar y desinfectar la motonave ante el riesgo de contagio del coronavirus. Además, se puso en cuarentena a los dos detenidos, siguiendo las disposiciones del sector Salud.

“Los ríos están siendo custodiados por personal de la Marina, por tanto, es más difícil que se pueda transportar carga ilegal de madera, pues se detecta con facilidad ya que está completamente prohibido el tránsito de embarcaciones”, comenta el fiscal Castro y aclara que solo se permite el transporte de alimentos de primera necesidad.

Castro explica que cualquier embarcación que transporte madera será detenida de inmediato, aunque cuente con permiso y documentación en regla, puesto que las normas dictadas por la emergencia han prohibido el transporte por carreteras y ríos de cualquier insumo que no sea de primera necesidad. “Ninguna nave tiene autorización de zarpe, aunque la madera sea legal, igual se está cometiendo un ilícito”.

En la región Ucayali también se han realizado operativos contra la tala ilegal. El 28 de marzo, se intervino una embarcación que transportaba aproximadamente 100 pies tablares de madera por la quebrada Manantay, en Coronel Portillo. Entre las especies que se decomisaron figuran tornillo, catahua y pashaco, una carga valorizada en 130 000 soles en el mercado local. Durante el operativo se detuvo a cuatro personas.

Durante la cuarentena también se han intervenido aserraderos en los que se ha encontrado madera que no contaba con documentación que respalde su legalidad.

Para César Ipenza, los taladores ilegales están aprovechando la reducción de controles y los niveles de los ríos para intentar trasladar toda la madera que tenía un destino.

El fiscal Castro precisa que, si bien la vigilancia está destinada para la emergencia, la presencia de personal de la Policía y la Marina en los ríos amazónicos permite detectar con mayor facilidad los casos de transporte de madera ilegal.

Los operativos realizados en las regiones amazónicas de Perú están demostrando que las actividades ilegales no se han detenido pese a la orden de inmovilización que se ha ordenado en todo el territorio peruano.

Imagen principal: Operativo contra la minería ilegal en La Pampa. Foto: FEMA Madre de Dios.

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