- Comunidades indígenas temen que trabajadores de empresas de hidrocarburos trasladen el coronavirus hacia las comunidades.
- Actividades ilegales como caza, pesca, tala y quema de bosques ponen en riesgo los territorios indígenas y áreas protegidas.
La cuarentena no ha detenido las actividades extractivas en Bolivia. Desde que se inició la emergencia, por lo menos 64 campos de extracción de gas y petróleo han mantenido sus actividades, informó el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.
Según el Decreto Supremo emitido a fines de marzo por el gobierno de Jeanine Añez, las empresas que “prestan servicios de abastecimiento de gasolina, gas, diésel y otros carburantes” tienen autorización para continuar sus operaciones de “forma ininterrumpida”, decisión que ha generado cuestionamientos y críticas por parte de las organizaciones indígenas.
“En Tarija y parte de Santa Cruz, así como en El Chaco siguen trabajando las empresas petroleras con total normalidad. Hay cambio de personal que llega en vehículos continuamente. Nuestro temor es que lleven el virus para las comunidades indígenas”, dice el líder indígena Alex Villca, de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígena, Originario, Campesino y Áreas Protegidas (Contiocap).
Villca reclama por la continuidad de las actividades de hidrocarburos, tomando en cuenta que representan un riesgo para las poblaciones indígenas que decidieron, como medida de precaución, cerrar sus territorios cuando empezó la emergencia por la pandemia del COVID-19. “También hay que sumar la caza, la pesca y la tala ilegales”, agrega el dirigente indígena.
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Conflicto por riesgo de coronavirus
Para Marco Antonio Gandarillas, investigador de temas ambientales, las actividades hidrocarburíferas son un problema para los pueblos indígenas porque se realizan dentro de sus territorios. “La autorización del gobierno para que continúen las actividades de hidrocarburos —asegura— ha significado una perturbación para los pueblos originarios en cuyos territorios existe explotación petrolera y de gas”.
Gandarillas menciona que el personal que se desplaza hasta las zonas extractivas llega de lugares donde existen muchos contagios como ocurre, por ejemplo, en El Chaco, ubicado en Santa Cruz, departamento boliviano que registra más de la mitad de los casos confirmados de COVID-19.
Las comunidades nativas han denunciado que el desplazamiento del personal que labora en los pozos de hidrocarburos no siempre cumple con las medidas de seguridad. Yenny Noguera, miembro del directorio de Contiocap, critica al gobierno porque su decisión de que continúen estas actividades no permite que algunas comunidades cumplan la cuarentena y el autoaislamiento.
“Las personas llegan desde distintas partes del país y aunque las empresas aseguran que se está cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, existe mucho miedo en los pueblos indígenas por el riesgo de contagio”, dice Noguera con relación a los campos instalados en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo integrado Aguaragüe.
En Lagunillas, Santa Cruz, se presentó un conflicto entre las autoridades, la población y la empresa Total E&P Bolivia, operadora de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En ese territorio de mayoría guaraní, la carretera La Herradura-La Peña, el principal acceso al pozo Ñancahuazú X1, fue cerrada por sus habitantes y autoridades para prevenir el avance del coronavirus. Según la versión de las autoridades locales, la empresa operadora de estos pozos no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para realizar sus labores.
En un comunicado publicado el 6 de mayo, YPFB anunció que ha interpuesto una denuncia contra el representante edil del municipio tras agotarse las instancias de diálogo para que se suspenda la medida.
“El panorama es complejo para los pueblos indígenas porque tomaron medidas de autoaislamiento que han sido perturbadas por la presencia de actividades extractivas”, agrega Gandarillas, quien también se refiere a la decisión del gobierno de declarar de prioridad nacional el trabajo en las carreteras. “Los sectores más débiles y vulnerables se están viendo más débiles aún durante esta pandemia”.
Alex Villca, de Contiocap, señala que la organización indígena ha emitido un pronunciamiento para que se paralicen las actividades de hidrocarburos o, por lo menos, exista un estricto control en la bioseguridad de sus trabajadores, para que no se “conviertan en vehículos potenciales de contaminación para los pueblos indígenas”.
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Aumento de incendios forestales
El comunicado emitido por la Contiocap, el 13 de abril, también pone énfasis en las actividades ilegales que afectan a los pueblos indígenas. En el documento, la organización indígena reclama por las actividades ilegales de caza, pesca, tala y quema de bosques que está ocurriendo es sus territorios. “Ante ello nos declaramos en estado de emergencia y exigimos a las autoridades un control efectivo”, dice el pronunciamiento.
La subcentral del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) ha denunciado la presencia de estas actividades ilegales en su territorio ubicado en el departamento de Beni. Esta organización agrupa a por lo menos 25 comunidades de los pueblos indígenas Ingaciano, Trinitario, Movimas, Yuracaré y Chimán.
Gandarillas, por su parte, menciona los problemas que existen en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis), donde los dirigentes indígenas han denunciado el avance de los cocaleros y la presencia de dragas para la explotación de oro.
A la amenazas de las actividades ilegales, se suma el récord de focos de calor que se está presentando por las quemas no controladas que se realizan para la ampliación de la frontera agrícola.
Según el último reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza, entre enero y el 24 de abril de 2020 se han registrado 15 354 focos de calor en Bolivia, una cifra que supera en 35 % la cantidad registrada en el mismo periodo del 2019.
Santa Cruz concentra la mayor cantidad de ellos, con 11 966, es decir, el 78 %. El reporte también indica que 1485 quemas corresponden a 38 áreas protegidas, principalmente Otuquis, Área Natural de Manejo Integrado San Matías, Ñembi Guasu y Laguna Concepción.
En el 2019, la quema de pastos que se salió de control ocasionó incendios forestales que duraron más de dos meses y devastaron la Chiquitanía y El Chaco. Fueron más de cinco millones de hectáreas de territorio que se quemaron en todo el país. Este año el panorama no se ve mejor pues las cifras indican que aumentaron los lugares de quemas.
“Hay un buen componente de ilegalidad en las quemas. Aparentemente los campesinos están aprovechando la ausencia de las autoridades debido a la inmovilización nacional”, dice Ivan Arnold, director de Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa).
Arnold muestra preocupación por la sequía que se ha reportado en El Chaco Paraguay, la mayor de los últimos 50 años. Se trata del territorio en la frontera con Bolivia, por tanto, cualquier incendio que se presente en Paraguay podría extenderse hacia Bolivia. “Con estas condiciones climáticas cualquier fuego puede convertirse en incendio. El año pasado en esta época no se hablaba de las quemas y mira como terminamos”.
El director de Nativa también se refirió a los focos de calor presentes en Ñembi Guasu, una de las áreas protegidas más afectadas por los fuegos en esta temporada. Arnold dice que están recibiendo apoyo de los parques nacionales Otuquis y Kaa-Iya del Gran Chaco. Sin embargo, le preocupa la vulnerabilidad del pueblo Ayoreo, el grupo indígena en aislamiento voluntario que vive dentro de Ñembi Guasu, en la frontera entre Bolivia y Paraguay, la zona que está enfrentando una dura sequía este año.
“Están expandiendo la frontera agrícola y siguen quemando los bosques. Muchos de estos incendios son en áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Son espacios ricos en biodiversidad sobre los que se ejerce más presión, cuando la cuarentena pudo haber ayudado a la recuperación de los ecosistemas”, agrega Villca.
Imagen principal: refinería de la empresa YPFB. Foto: YPFB.
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