- Ha sido declarada área protegida, pero ese nombre no le da protección ni logra mitigar el daño provocado por la explotación de petróleo y gas.
*Este texto es parte de una colaboración periodística entre Mongabay Latam y El Deber.
Lo que la Mburuvicha Cuña Isabel Borda solía observar de niña en la comunidad de Caigua ya no existe más. Sabe que los lugares que le recuerdan a su infancia no podrá mostrárselos a sus nietos. Ella es la capitana de su comunidad, es lo que significa Mburuvicha Cuña en guaraní, y ha sido testigo de cómo los árboles de cedro, quebracho, quina y lapacho han ido desapareciendo con el paso de los años. La aparición de los tigres, como suele llamar a los jaguares, se ha convertido incluso en un gran evento, con suerte se dejan ver una vez al año. Bañarse en la quebrada ha quedado en el pasado, ahora el agua provoca comezón en el cuerpo. Y ni hablar de tomar agua de la vertiente.
La anciana de 80 años dice que todo comenzó cuando se supo que los suelos de la serranía del Aguaragüe almacenaban inmensos yacimientos de petróleo. Luego encontrarían gas y lo que vino después es una larga historia de denuncias sin respuestas. Fue así como este territorio, históricamente habitado por guaraníes y weenhayeks, se transformó en lo que es hoy: una zona de sacrificio ambiental que enriquece el erario de Bolivia.
Las actividades petroleras en Tarija, departamento donde se encuentra el Parque Nacional Aguaragüe, comenzaron 42 años después de la fundación de Bolivia. Las poblaciones guaraníes y weenhayeks ya estaban en pleno apogeo cuando se libró la guerra del Chaco (1932-1935). Hay bibliografía que sostiene que la disputa por el control del Chaco Boreal entre bolivianos y paraguayos tuvo su origen en el petróleo. También que intereses de petroleras transnacionales azuzaron a ambos países y jugaron su propio juego. El panorama no ha cambiado desde entonces, solo las banderas.
La empresa estatal encargada de todas las operaciones energéticas en la zona, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), señala que desde 1927 se han perforado 54 pozos en los campos Caigua, Los Monos, Sanandita, Camatindi y Buena Vista, distribuidos al interior del parque y en los límites de este. En términos económicos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 Bolivia exportó al mundo el equivalente a 8756 millones de dólares y de esa cantidad, 2797 millones fueron generados por la venta de gas que vino a sumar ganancias millonarias a las ya generadas por el petróleo. Este recurso natural no renovable representa hoy hasta un 27 % del Presupuesto General del Estado (PGE).
Este dato muestra cuánto esfuerzo y recursos han destinado los gobiernos de Bolivia a la búsqueda de nuevos yacimientos dentro de un parque nacional como el Aguaragüe, creado para conservar un ecosistema representativo del país y que en la práctica debería ser intangible. Sin embargo, las poblaciones indígenas y campesinas que viven dentro no se cansan de denunciar los daños irreparables causados al medio ambiente por la actividad hidrocarburífera.
“El peligro son las petroleras por las contaminaciones de las perforaciones que realizan y los desechos que sacan y dejan”, dice Isabel Borda, mientras permanece sentada en el patio de su casa. Los años le han hecho más lento el caminar, pero la fuerza de su espíritu sigue intacta. Hurga entre sus memorias y saca retazos de la historia de una lucha en la que participó para defender el derecho al agua, denunciar la contaminación y exigir mejores condiciones de vida.
El testimonio de Isabel Borda es uno de los tantos que ha logrado reunir el equipo periodístico de El Deber y Mongabay Latam que viajó al parque nacional Aguaragüe para informar sobre los impactos de la exploración de hidrocarburos, las tareas pendientes en la remediación ambiental y la historia de denuncias acumuladas por las comunidades.
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¿Una ley para proteger el Aguaragüe?
¿Qué dejaron siete décadas de explotación del oro negro? El especialista del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini, experto en industrias extractivas que ha investigado el caso de esta área protegida, explica algunos de los impactos más evidentes.
Para Campanini, la herencia de la actividad petrolera son los pozos abandonados o mal sellados que generan emanaciones de hidrocarburos y ponen en riesgo la única fuente de agua del chaco tarijeño. A esto hay que sumar, según el experto, las brechas y caminos que se abrieron por la misma actividad y que agravaron el proceso de desmonte, de tala ilegal, cacería furtiva y cambios en el modo de vida de sus habitantes.
Precisamente por estos problemas, que no son recientes, y tras años de protestas de la comunidades, el gobierno de Hugo Banzer Suárez tomó la decisión de crear, el 20 de abril de 2000, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de la Serranía de Aguaragüe. En total 108 307 hectáreas destinadas a la conservación y distribuidas entre los municipios de Villamontes, Yacuiba y Caraparí.
Todos ellos albergan una muestra representativa de la biodiversidad existente en los ecosistemas de transición entre selvas de montañas y chaco serrano, y protegen la serranía del Aguaragüe por ser la única fuente de agua de las poblaciones del Chaco tarijeño.
Pero el problema es que esta declaratoria no detuvo el daño ambiental. Si bien el artículo 8 de la Ley 2083 prohíbe “cualquier actividad que atente contra la conservación del área”, el artículo 9 le abre las puertas a otras actividades: “En casos excepcionales y cuando sea de interés nacional el aprovechamiento de recursos mineros o energéticos (…), este deberá realizarse en estricta observancia de las disposiciones legales ambientales (…)”.
Evo Morales, desde el primer año de su gobierno y acogiéndose al polémico artículo 9, le dejó el camino libre a las petroleras, pese a que esta decisión no estaba en sintonía con su modelo del “Vivir bien en equilibrio con la Madre Tierra”.
Lo que el exvicepresidente Álvaro García Linera dijo en mayo de 2013, cuando YPFB Corporación organizó el IV Congreso Internacional, grafica parte de la política económica del MAS. “En una buena parte de esas zonas altamente petroleras y gasíferas se han ido declarando en los años parques, para que no los exploremos, para que guardemos, seguramente, para alguien”. En esa misma conferencia, García Linera ofreció incentivos a quienes quisieran invertir en actividades de exploración petrolera, lo que incluía por supuesto el Aguaragüe.
Para el 2013, el gobierno de Evo Morales ya tenía al 72,5 % del parque Aguaragüe comprometido y distribuido “entre contratos petroleros, contratos de Sociedad Anónima Mixta, convenios de estudio y áreas reservadas para capitales extranjeros”.
Actualmente en el área protegida opera la petrolera Chaco, que fue filial de la British Petroleum (BP) y socia de la argentina Pan American Energy (PAE), pero que en el 2009 fue nacionalizada y pasó a manos del Estado. Desde entonces es conocida como la YPFB Chaco, subsidiaria de YPFB Corporación, empresa estatal de hidrocarburos de Bolivia.
Según un documento enviado por esta petrolera a Mongabay Latam y El Deber, hasta la fecha se han perforado siete pozos (CAI-15, AGC-X1, CAI-1002, CAI-X1001, CAI-12, CAI-13 y LMS-X12) para la exploración y desarrollo de los campos Caigua, Los Monos y el Bloque Aguaragüe Centro. Hay un pozo exploratorio, el AGC-X1, que se encuentra en etapa de perforación y otro, el LMS-X13, en planes de perforación.
YPFB Chaco hace énfasis en que todas sus actividades están incluidas en “los contratos de operación y contratos de servicios petroleros firmados con YPFB [Corporación] en representación del Estado boliviano” y que ha obtenido las licencias ambientales que la normativa vigente exige.
La norma a la que hace referencia es el Decreto Supremo 2366, promulgado por el Gobierno de Evo Morales en 2015, que sostiene que al ser los recursos hidrocarburíferos de interés público y para el desarrollo del país, se da luz verde a las actividades petroleras en áreas protegidas.
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Cementerio de chatarras y filtraciones
Jenny Noguera no nació en Caigua, comunidad que se encuentra a los pies del Aguaragüe, pero sus padres se mudaron ahí cuando tenía apenas 13 años. Llegaron en busca de una mejor educación para su hija, pues en la comunidad Zapatera Norte de Caraparí no contaban con el nivel secundario en las escuelas.
—La primera impresión que tuve cuando llegué a Caigua fue la de encontrarme frente a un cementerio de chatarras. Había maquinaria abandonada por todos lados y pozos con grifos de los que se podía uno llevar petróleo a casa para los mecheros ante la falta de luz eléctrica. Yo me pasaba preguntando por qué esto, por qué lo otro, a mis padres, a mis nuevos compañeros, a mis profesores, así entendí que todo eso era por el petróleo que se llevaron. Por eso también no me podía bañar ni tomar el agua. Así comencé a involucrarme en la defensa del Aguaragüe.
Cuando Noguera conoció Caigua, en el 2007, el Aguaragüe ya había sido declarado parque nacional, pero aún no había comenzado la era del gas. La constante presencia del agua contaminada, la represa que no abastecía lo suficiente, los pozos mal sellados, llevó a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) a liderar una marcha en el 2010 desde Yacuiba hasta Villamontes. En esa masiva manifestación participó Jenny; la ex Mburuvicha Cuña de Caigua, Isabel Borda; el dirigente de Taiguati, Pablo Eguez, y la Mburuvicha Cuña de la Comunidad Indígena Guaraní San Antonio, Elena Cuéllar, entre otros tantos.
En aquella oportunidad, el Gobierno los escuchó y aceptó firmar un convenio para detener las actividades extractivas en el Aguaragüe y dar paso a la remediación ambiental pendiente en los pozos abandonados en la era del petróleo. Lo que no se les dijo, explica el especialista en industrias extractivistas Jorge Campanini, “es que ese trabajo de sellado de pozos, de los más riesgosos, iba a dar lugar a nuevos procesos exploratorios, procesos de perforación. Entonces, el problema socioambiental cambió e incluso se incrementó porque ahora hay centenares de personas moviéndose por ahí, en medio de emanaciones de gas, de filtraciones de petróleo y con el agua contaminada”.
Así fue como comenzó la segunda ola de explotación en el Aguaragüe. En la segunda década del siglo XXI se han extraído, informa YPFB Chaco, 31.7 billones de pies cúbicos (BCF) de gas y 19.1 miles de barriles (MBLS) de petróleo que han sido “entregados a YPFB, en conformidad a lo previsto en los contratos de operación y contratos de servicios petroleros”. En términos monetarios, estas cantidades de gas y petróleo recuperados de este parque nacional se traducen en una renta petrolera de aproximadamente 120 millones de dólares, de los cuales 60 millones han sido destinados al Erario nacional, por concepto de regalías y tributos.
El remedio resultó peor que la enfermedad, dice Pablo Egüez, dirigente de la comunidad Taiguatí (Villamontes) que participó en la gran marcha de la APG y que por promover movilizaciones que denuncian la contaminación del agua ha sido procesado por daño económico al Estado.
—Como si nosotros no tuviéramos derechos, como si no fuéramos bolivianos, como si el Aguaragüe no fuera también del Estado.
La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.
Lo mismo sucedió con Elena Cuéllar, la capitana de San Antonio, quien enfrenta un proceso por daños al Estado tras liderar, a principios de este año, un bloqueo a un campo administrado por YPFB Chaco.
—El agua está contaminada, no solo daña a la salud, también a los cultivos y tampoco tenemos trabajo. Pedíamos que la empresa contrate a la gente de la comunidad, conforme a ley, pero nos iniciaron procesos. Conozco las leyes, no tengo miedo.
Sobre los procesos, YPFB Chaco responde de forma general: “En el pasado se ha iniciado procesos por daños contra el Estado. A la fecha ningún proceso se encuentra vigente o activo”.
En lo que sí se explaya, en la entrevista escrita que concedió para esta publicación, es en los trabajos que realiza en las comunidades del área de influencia. “La empresa —indica YPFB Chaco— cuenta con una política de inversión social mediante la cual, de forma voluntaria, financia la implementación de proyectos sociales con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las poblaciones vecinas de las operaciones y actividades de la empresa”.
Cuando solicitamos una entrevista con el Ministerio de Hidrocarburos y la petrolera estatal para incluir sus versiones sobre las denuncias por las emanaciones de gas, filtraciones de petróleo y contaminación del agua, no recibimos respuesta alguna. Solo YPFB Chaco, que tiene a su cargo la operación hidrocarburífera en el Aguaragüe, atendió la solicitud.
“El fuerte olor a petróleo del agua extraída de la quebrada Aguaragüe —según la subsidiaria de YPFB— es producto de las emanaciones naturales presentes en el Subandino a lo largo de las zonas que tienen relación con las fallas geológicas”.
La respuesta no convence a las comunidades indígenas, ni a los expertos ni a los habitantes que encuentran el material aceitoso con solo escarbar en la tierra.
Un líquido aceitoso emana del suelo
Los habitantes de las comunidades de los municipios de Villamontes, Caraparí y Yacuiba, vinculadas a esta área protegida, dicen que están cansados de denunciar la contaminación, especialmente del agua, y de pedir que esta tenga las condiciones sanitarias necesarias para que puedan consumirla.
Vidal Bautista, habitante de Caigua, hizo una pausa en medio de la búsqueda de una de sus vacas para guiarnos a una zona dentro del Aguaragüe, a unos 200 metros de unos pozos de explotación inactivos. En el lugar se observó emanaciones de gas y filtraciones de petróleo que afectan las fuentes de agua.
Habían pasado 40 minutos, desde que el vehículo partió de Caigua rumbo al parque Aguaragüe, cuando a la vera del camino apareció la quebrada que lleva el mismo nombre de la comunidad. Vidal pidió que nos detuviéramos y se dirigió hacia el afluente. Se inclinó, escarbó la tierra desesperadamente hasta que empezó a aparecer un líquido aceitoso, de tono marrón claro y con un olor intenso a petróleo.
Vidal se puso de pie, caminó unos metros y repitió la operación. El resultado fue el mismo.
—Aquí está el petróleo, aquí está. Antes eran emanaciones naturales, pero como han venido a perforar hay más contaminación. Ninguna autoridad nos hace caso.
Mientras habla muestra el líquido aceitoso entre sus manos. Luego invita a que el equipo periodístico tome una muestra en una botella.
Un análisis ordenado por la Gobernación de Tarija, en enero de 2015, concluyó que el agua examinada “no era apta para el consumo humano sin antes un tratamiento previo”.
Sobre esta situación se le pidió explicaciones al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). A través de una entrevista escrita señaló, sin especificar fecha, que analizó 29 tomas de agua destinada al consumo humano con el fin de determinar su calidad. Los resultados mostraron que en 23 pruebas había contaminación pero por restos fecales de animales.
En relación a la contaminación por las filtraciones de petróleo, Sernap dijo que se tomaron muestras de cuatro lugares cercanos a donde hubo actividad petrolera, para evaluar la concentración de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en el agua, y “no se evidenció presencia significativa de TPH”.
Paralelamente, la Unión Europea destinó 250 millones de euros para la elaboración de un estudio en el área, así como en todas las áreas protegidas del país, que contó con la participación del Gobierno boliviano. Los resultados, en el caso del Aguaragüe, le dieron la razón a la historia de denuncias de los indígenas y campesinos.
El proyecto, denominado Gestión de pasivos ambientales en áreas protegidas y su influencia en el recurso hídrico y ejecutado entre los años 2015, 2016 y 2017, encontró pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos en 15 de los 22 parques nacionales de Bolivia.
En el estudio realizado en el Aguaragüe se analizaron 41 pozos de hidrocarburos. Cinco de ellos presentan un nivel alto de riesgo que se evidencia en las fugas de gas y las filtraciones de hidrocarburos líquidos generado por daños en sus estructuras.
El impacto ambiental más severo se presenta en el aire, por la emisión constante de gas a la atmósfera. El estudio también encontró altas concentraciones de hidrocarburos totales cerca de un pozo, el SAN-13, así como sedimento a 35 metros de la quebrada.
Eso no es todo, hay un impacto ambiental severo para el agua, por las concentraciones de TPH muy por encima de los límites permisibles.
Pese a que el Ministerio de Medioambiente, a través del Sernap, señala que en el 2016 y 2017 evaluó los pasivos ambientales en la zona y realizó seguimiento al cierre técnico de 11 pozos en el campo Sanandita, 4 en el campo Los Monos, 1 en el Bloque Aguaragüe Centro y 7 el campo Caigua; los indígenas y campesinos consultados por Mongabay Latam y El Deber coinciden en que esto no es suficiente. Para ellos el problema no pasa por la falta de pruebas y análisis del agua, sino porque estos resultados no se socializan o simplemente no se convierten en una acción contundente que ponga fin a su calvario.
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