- La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) avanzaba con una audiencia pública virtual para modificar el plan ambiental de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato en Colombia, que están suspendidas desde 2015. Una jueza del departamento de Nariño ordenó suspender la audiencia.
- Diversos sectores creen que las audiencias ambientales virtuales son una vulneración al verdadero derecho a la participación ciudadana pues las brechas de conectividad en el país son enormes. En plena pandemia, el gobierno también insiste en los proyectos pilotos de fracking a pesar del desplome en el precio del petróleo.
Los sectores sociales y ambientales de Colombia temen que el país avance hacia un camino de desregulación ambiental, justificado en la necesidad de una urgente reactivación económica producto de los fuertes impactos generados por la pandemia del COVID-19.
Todo empezó el pasado 3 de abril, cuando 25 empresarios enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que le sugerían simplificar trámites como la consulta previa, la licencia ambiental y de regalías. La primera entidad en acoger esa petición fue el Ministerio del Interior al emitir una circular en la que planteaba el uso de mecanismos virtuales para la legalización de consultas previas. Dicha decisión encendió las alarmas entre comunidades indígenas y afrocolombianas y movimientos ambientalistas. La Procuraduría se unió a la crítica y le pidió al Ministerio revocar esa decisión por considerarla inconstitucional.
Debido a las presiones, la ministra del Interior, Alicia Arango, derogó la decisión y hoy las consultas previas de forma virtual han sido desestimadas. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente emitió una resolución en la que les deja la vía libre a las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para que autoricen los procedimientos que puedan ser resueltos de manera virtual. Por esto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) planeaba realizar una audiencia pública virtual, el próximo 27 de mayo, para discutir la modificación del plan de manejo ambiental para las aspersiones aéreas con glifosato que se encuentran suspendidas desde finales de 2015. Sin embargo, esta audiencia fue suspendida el 18 de mayo por una jueza del departamento de Nariño.
A pesar de esto, la preocupación es que otros proyectos en el país intenten seguir ese mismo camino. Organizaciones ambientales y de derechos humanos se oponen a estos procesos ambientales virtuales pues, según dicen, violan el derecho a la participación ciudadana. La polémica crece y el gobierno avanza en otro tema controversial en Colombia: la reglamentación para los proyectos pilotos de investigación para fracking o fracturamiento hidráulico.
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Modificar la forma de participación
El asunto ambiental que actualmente está en boca de todo el país es el de la audiencia pública para la modificación del plan de manejo ambiental del glifosato. La audiencia estaba programada para el 27 de mayo y se alcanzaron a realizar tres reuniones informativas —trámite previo a la realización de la audiencia—. Estas se hicieron de forma no presencial los días 7, 9 y 11 de mayo.
Precisamente el punto de la discordia es el de ejercer el derecho a la participación de forma no presencial, haciendo uso de la virtualidad y las tecnologías de la información y la comunicación. Para Vanessa Daza, coordinadora de Justicia Ambiental de la organización Dejusticia, el problema con medios como Facebook Live y Youtube —algunos en los que se pensaba desarrollar la audiencia del glifosato— es que dificultan que la participación pueda darse de la manera que la jurisprudencia constitucional lo indica.
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“La participación debe ser informada, las personas deben tener la suficiente información sobre el proyecto y sus riesgos para poder presentar de manera adecuada sus preocupaciones y opiniones. Mucha información tendrá que llegar por medios virtuales y en Colombia tenemos brechas significativas de conectividad, en la mayoría de municipios donde se piensan reanudar las fumigaciones, menos de la mitad de la población tiene acceso a computadora y a internet”, dice Daza.
Un juzgado de la ciudad de Pasto, Nariño, admitió una tutela —mecanismo para la protección de derechos humanos fundamentales en Colombia— que presentó una asociación de cacaoteros del municipio de Policarpa en ese mismo departamento. La justicia suspendió temporalmente la audiencia y le pidió a la Anla que en dos días rinda un informe explicando por qué consideraban la realización de una audiencia pública ambiental de forma virtual. Hay por lo menos otras tres tutelas en trámite que también piden la suspensión de la audiencia.
La información de este tipo de proyectos es altamente técnica y las poblaciones afectadas no tienen una formación que les permita comprenderla. Daza asegura que la responsabilidad del Estado no termina simplemente con la entrega de información, sino que debe proveer formas de difusión para que sea comprensible para las personas. El plan de manejo ambiental tiene más de 3000 páginas, sin contar los anexos.
El pasado 23 de abril Dejusticia interpuso un recurso de reposición ante la Anla argumentando todos los problemas que podrían surgir si se continuaba con el proceso ambiental de forma virtual. Sin embargo, la autoridad ambiental desestimó la petición en ese momento y se mantuvo en su decisión.
Anla y la Policía —entidad encargada de presentar la modificación al plan de manejo ambiental para las aspersiones aéreas con glifosato— ya hicieron de forma no presencial las reuniones informativas previas a la audiencia ambiental.
Según Anla, se atendieron 574 inquietudes de la ciudadanía a través de una línea gratuita nacional. En las tres jornadas —7, 9 y 11 de mayo— se invirtieron más de 27 horas de transmisión a través de 76 emisoras de radio en los municipios de las zonas de influencia del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG).
“Equipo de la ANLA y de la Policía Nacional de Colombia atendieron las más de 570 inquietudes de comunidades, personerías, entes de control, alcaldías, gobernaciones, concejales, diputados, Corporaciones Autónomas Regionales, entre otros. Como complemento, las tres reuniones se transmitieron, vía streaming, por las redes sociales y canales digitales de Anla y la Policía Nacional, cuyas reproducciones ascendieron a 98 546”, señala la autoridad ambiental en un comunicado.
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Adicionalmente, dice la Anla, se obtuvo un estimado de 1869 espectadores que siguieron la transmisión de estas reuniones informativas y el micrositio dispuesto en su página web ha recibido hasta la fecha (15 de mayo) 4035 visitas.
Mongabay Latam se comunicó con la Anla y por solicitud de la dirección de Comunicaciones de la entidad se envió varias preguntas a través de un correo electrónico. Sin embargo, hasta el momento de publicación de este texto no se ha recibido respuesta.
A pesar de todas las cifras de las reuniones informativas, la preocupación continuó y el Senado de Colombia realizó el 15 de mayo un debate de control político sobre la participación virtual ambiental. El senador Jorge Eduardo Londoño insistió en que “esas audiencias virtuales no corresponden a lo que es un proceso de verdadera consulta”.
Si el limitado servicio de internet ya es una preocupación, la participación de las personas que sí tienen acceso también se puede ver afectada porque esas plataformas “se vuelven instancias de comunicación unilateral, el administrador es el que decide quién puede participar y las intervenciones se ven limitadas por el número de caracteres en los comentarios”, asegura Vanessa Daza de Dejusticia.
Arnobi Zapata, presidente de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas, comenta que en muchas regiones es imposible conectarse a una audiencia pública, hacer preguntas y despejar dudas. “Las ciudades van a opinar por los campesinos como se ha hecho siempre a través del tiempo. Las rechazamos porque no ofrecen garantías de participación para los campesinos. Tenemos derecho a participar, no solo a que nos informen”, dice.
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Por su parte, Nidia Quintero, representante de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) afirma que es preocupante que el gobierno haya abierto nuevamente el debate de volver a fumigar con glifosato “cuando tenemos una larga historia de violaciones a los derechos de las comunidades campesinas por más de tres décadas de aspersiones aéreas”.
Quintero también menciona que las comunidades afectadas por esta política, que se pretende reactivar, están en las zonas más apartadas del país y allá no llega ni siquiera la señal de teléfono, “¿cómo aspira Anla y Policía que esas comunidades puedan acceder a sus derechos de participación?”, se cuestiona, y agrega que esas audiencias son escuchadas por la gente de las regiones urbanas, la gente de las zonas rurales más apartadas de departamentos como Nariño y Putumayo no van a poder participar.
Reviviendo las aspersiones aéreas con glifosato
El 30 de diciembre de 2019 el gobierno de Duque publicó el borrador del decreto que pretende reanudar las aspersiones aéreas con glifosato y lo habilitó para comentarios. “Vimos la posibilidad de solicitar una audiencia pública ambiental y eso fue antes de que empezara todo el tema del coronavirus, nunca nos íbamos a imaginar que todo iba a cambiar tan rápido y que la decisión de la Anla fuera sostener la reunión de manera virtual en lugar de suspenderla temporalmente”, dice Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas de Dejusticia.
Según Pereira, Dejusticia le solicitó a la Anla que, teniendo en cuenta los problemas de conectividad que hay en zonas rurales, aplazara la audiencia. En la respuesta que les dieron les dijeron que la virtualidad permitiría más participación porque los campesinos no tienen que incurrir en costos de traslado ni en los problemas de seguridad por pronunciarse de manera pública.
De hecho, esto lo confirmó la Anla en su comunicado del 15 de mayo, donde el subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental, Paulo Pérez, dijo que “los interesados en participar lo pueden hacer sin asumir ningún costo de transporte, hospedaje o alimentación, adicionalmente se garantiza el cumplimiento de las medidas de prevención del COVID-19, también pueden expresar con toda la tranquilidad y exponer su punto de vista, desde sus hogares”.
Isabel Pereira dice que en las reuniones informativas no presenciales hubo voces disidentes y muy críticas con el glifosato pero que hay unas preocupaciones muy serias sobre el formato de la virtualidad: “la Anla casi que está tomando el lado de la Policía y eso pone en entredicho la imparcialidad de la autoridad ambiental”. También le preocupa que la mayoría de preguntas de las personas tenían que ver con afectaciones a la salud o por cómo funcionará el programa de sustitución de cultivos ilícitos, paralelo a la fumigación. “Respondieron que esas preguntas no eran competencia de las autoridades que estaban ahí sentadas, ni objetivo de las reuniones. Esto es preocupante porque un estudio de impacto ambiental sí debe tener en cuenta los impactos en salud, son cosas que están conectadas y más en el ambiente rural”, enfatiza Pereira.
Las aspersiones aéreas no son un tema menor en Colombia. En 2017, la Corte Constitucional dijo que el gobierno no podría reanudar las aspersiones aéreas hasta que no cumpliera con ciertas condiciones, entre las que se incluye un estudio imparcial que demuestre la ausencia de daño del glifosato y que la agencia que vaya a ejecutar el programa debe ser independiente de la que lo evalúe.
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Desde que el presidente Iván Duque estaba en campaña se supo que uno de sus objetivos era volver a las aspersiones con glifosato, “todo esto que sucede actualmente se da en medio de un debilitamiento de todas las acciones para la sustitución de cultivos ilícitos”, dice Pereira.
Otro asunto que le llama la atención a Pereira es que durante las reuniones informativas la Policía dijo que los cultivos de coca ya habían destruido la capa vegetal en algunas zonas de la Amazonía y que fumigar con glifosato iba a salvar esos territorios de la coca para que luego el bosque pudiera regenerarse. “Una lógica muy complicada de sostener y muy perversa en su caracterización del campesino”, dice Pereira.
Si la audiencia del 27 de mayo que fue suspendida por un juzgado de Pasto se llega a realizar, la política de aspersión aérea con glifosato sería casi un hecho. Anla tendrá 30 días para otorgar la licencia ambiental y con eso el gobierno irá a una sesión en el Consejo Nacional de Estupefacientes donde emitirán la resolución que aprueba el nuevo programa de aspersión aérea. Según lo que ha dicho la misma Policía, hacia septiembre ya estaría cayendo glifosato desde el cielo.
¿Y los proyectos pilotos de fracking?
Este ha sido otro proyecto polémico en Colombia que también tuvo su origen en plenas festividades navideñas de 2019. Un decreto para realizar proyectos de investigación que permitan determinar si es viable hacer fracking en el país se publicó para comentarios el 26 de diciembre del año pasado. En marzo fue aprobado.
Durante la época de pandemia la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha estado avanzando en su reglamentación y en abril publicó el borrador de un documento que busca establecer la delimitación de las áreas, la selección de contratistas y los términos contractuales especiales para la ejecución de proyectos de pozo de investigación. La idea es dejar listos los pasos para que las empresas puedan presentar propuestas y la forma cómo se evaluarán.
Juana Hofman, coordinadora legal de AIDA en Colombia, una organización que utiliza las leyes para proteger el derecho a un ambiente sano en América Latina, asegura que el decreto “trae cosas muy raras” como el dimensionamiento del pozo. Para ella no es claro que los pilotos se realicen con fines investigativos y científicos sino como un puente hacia la exploración y extracción comercial.
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“La ANH empezó con la reglamentación, sacó una resolución diciendo cómo van a ser los términos contractuales para los contratistas de los proyectos, eso mientras todos estamos en cuarentena y no tenemos las garantías de participación”, dice Hofman.
Para ella, es increíble que el gobierno todavía piense en avanzar con los proyectos pilotos, moviendo institucionalmente toda la maquinaria, cuando los precios del petróleo se han cotizado negativo y que muchas empresas están quebrándose en Estados Unidos.
Mongabay Latam se comunicó con la ANH para conocer más sobre cómo avanza la reglamentación para los pilotos de fracking, desde la oficina de comunicaciones aseguraron que el presidente de la agencia era el único autorizado para hablar del tema pero que en estos momentos no haría comentarios a la prensa.
David Alirio Uribe de la Alianza Colombia Libre de Fracking afirma que la estrategia del gobierno ha sido aprovechar una crisis humanitaria como el COVID-19 para avanzar en sus intereses, “tomando decisiones temerarias para limitar la participación ciudadana. La gente está concentrada en atender la crisis que está viviendo. Este tipo de decisiones son arbitrarias, deben tomarse en épocas de normalidad y no de espaldas a la sociedad”, asegura.
Por su parte, Juana Hofman de AIDA dice que “cada actuación que está haciendo el gobierno colombiano en este momento es más terrible que la anterior, es una regresión a la participación ambiental que debe hacerse evidente ante la comunidad internacional”.
Esa preocupación ya está teniendo eco en diferentes organizaciones internacionales que trabajan en medio ambiente. En una conversación reciente con este medio, Manuel Pulgar-Vidal, exministro del Ambiente de Perú y hoy líder de Clima y Energía para WWF, lo resumió: “no podemos aceptar lo que han planteado algunos empresarios en Colombia, en donde debido a la crisis piden se posterguen obligaciones ambientales o se relajen exigencias derivadas de los Estudios de Impacto Ambiental. Ello sería altamente irresponsable”.
*Imagen principal:El gobierno colombiano ha utilizado la fumigación con glifosato principalmente para erradicar los cultivos de coca. Foto: archivo/Ministerio de Defensa.
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