En mayo de 2019, un megaoperativo de la SENAD y el MADES en pleno Parque Caazapá terminó con la destrucción de 13 500 kilos de marihuana: 1500 kilos estaban en su etapa de secado y el resto en bolsas recién recolectadas.

En la Reserva Morombí, a fines de febrero, la SENAD destruyó 600 toneladas de marihuana, localizó 202 parcelas con este cultivo ilícito y destruyó campamentos narcos. En una intervención anterior, los guardaparques y guardias privados de la misma reserva ya habían destruido dentro del núcleo del área protegida 40 hornos para hacer carbón, aunque dos semanas después, volvieron a encontrar 32 hornos nuevos en el mismo lugar donde habían destruido los anteriores. El carbón, según los fiscales ambientales, termina en Brasil, a donde va de contrabando.

Pero más allá de los operativos que se realizan, “no tenemos ninguna forma de hacerle frente a los narcos”, dice uno de los guardaparques.

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Vivir con los enemigos

A pesar de las muertes, del esfuerzo de trabajadores ambientales y de las constantes denuncias, nada ha detenido la extracción de madera y la destrucción de bosques destinados a parcelas de plantación de marihuana. El sistema de monitoreo de la organización WWF indica que, desde 2004 hasta el año pasado, se han deforestado 9500 hectáreas de bosques que corresponden a todas las reservas y parques del Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA).

El problema es que la mayoría de guardaparques vive en los pueblos donde también habitan los traficantes de madera o quienes controlan las parcelas de marihuana. “Yo no voy más a ningún lado. Este año no fui ni siquiera a la fiesta de San Juan del pueblo, porque tenía miedo. Es difícil vivir así”, lamenta un custodio de Mbaracayú.

Marihuana en Bosque Atlántico de Paraguay
Caminando por los senderos de las Reservas, se puede encontrar zonas incendiadas que serán utilizadas luego para plantaciones ilegales. Foto: Pánfilo Leguizamón

La nula acción judicial también les ha jugado en contra. Por ejemplo, en lo que respecta a la Reserva Mbaracayú, entre marzo 2019 y marzo de este año, 16 denuncias se presentaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente del departamento de Canindeyú. Sin embargo, hasta el momento, ninguna investigación judicial se ha iniciado.

La desconfianza no es solo hacia los vecinos del pueblo, sino también hacia la policía.

“Luego de que descubrimos una nueva parcela de marihuana, nos fuimos a hacer la denuncia en la comisaría local. Fue increíble que apenas cinco minutos después de salir ya me llegó un mensaje de un número desconocido a mi celular reclamándome”, cuenta  el custodio de una de las reservas. “Y era algo que nadie más sabía, salvo mi compañero que me acompañó en todo momento y, por supuesto, los policías que estaban en la comisaría en ese instante”, dice.

Para el comisario principal Oscar Brítez, encargado del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA) de la Policía Nacional, aquello de la desconfianza sobre el trabajo policial es relativo, ya que también se podría desconfiar de la gente que custodia los parques y asegura que  lo que se necesita, en realidad, es trabajar en conjunto.

El DEBOA, que está ubicado en Capiatá, una ciudad metropolitana distante a unos 350 kilómetros de la zona del Bosque Atlántico, tiene 60 oficiales y tres camionetas patrulleras para atender las denuncias sobre deforestación, tala o invasión de reservas y parques, en todo el país. “Hacemos lo que está a nuestro alcance. Dependemos de lo que hace el Ministerio Público, en base a la denuncia fiscal, acompañamos en las intervenciones”, dice Brítez.

Tras varios años de insistencia y reclamos, en junio de 2019, el Poder Ejecutivo promulgó una normativa —conocida como “De guardaparque”— que agregó cinco  artículos a la Ley 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”. Mediante estas modificaciones a la normativa, se creó el Cuerpo Nacional de Guardaparques, como una institución para albergar a todos estos trabajadores ambientales. Además, se establecieron medidas para mejorar sus condiciones laborales y nuevos incentivos, como el pago por remuneraciones extraordinarias, bonificación y hasta la posibilidad de tener jubilación.

Hasta ahora, sin embargo, los guardaparques aseguran que estas modificaciones no se ven reflejadas. El MADES no cuenta aún con los recursos financieros para implementar las nuevas medidas administrativas, como el pago de las bonificaciones establecidas, ya sea por horas extras y exposición al peligro. “No nos alcanza nuestro fondo, sobre todo para contratar más guardaparques y con las condiciones nuevas que se implementan en la Ley. Vamos a proyectar aumentar nuestro presupuesto para el 2021, pero seguro que sufriremos recortes como cada año en las comisiones”, dice Darío Mandelburger, director de Biodiversidad del MADES.

Marihuana en Bosque Atlántico de Paraguay
Puesto de control de guardaparques. La precariedad es parte del día a día en el trabajo de estos guardianes forestales. Foto: Pánfilo Leguizamón

José Gaspar Insaurralde, presidente de la Asociación de Guardaparques del Paraguay, dice que los jefes de áreas son los únicos que ya cobraron la bonificación, que es el único beneficio que se consiguió hasta ahora, ya que el MADES no tiene fondos para pagar a los demás trabajadores. “Es realmente muy triste, pero al menos conseguimos la ley que nos llevó cuatro años de lucha”, dice Insaurralde.

Por ahora, las demás reivindicaciones laborales prometidas en la ley aparecen tan simbólicas como lo es el día del guardaparque, que se celebra el 17 de febrero de cada año, en conmemoración a Bruno Chevugi, cuyo asesinato sigue impune.

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Artículo publicado por Michelle
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